Asalto a un País: el Registro de Guaido en Diez Casos Emblemáticos

0
312

El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó juró como «presidente encargado» de Venezuela. Evidentemente, encargado por el gobierno de Donald Trump.

En ese momento anunció como una de sus prioridades, «salvaguardar los activos de la nación del peligro de caer en manos extranjeras debido al incumplimiento de las autoridades chavistas».

Con el apoyo de la administración de Trump, se crearían las condiciones para la confiscación ilegal de activos venezolanos en el extranjero y la administración de millones de dólares con la excusa de «ayuda humanitaria a los venezolanos».

Gracias al «gobierno de Guaidó», Estados Unidos y sus aliados europeos han adquirido una fuente ilegal de recursos, con la expectativa de hacerse cargo de la principal reserva de petróleo del mundo y de importantes depósitos minerales.

A cambio, Guaidó y sus aliados administran sumas por millones, mientras que el país es víctima de un bloqueo criminal y el robo de sus activos. Una lista amplia que intentamos condensar en diez puntos.

1- Los primeros US$20 millones

Como obsequio de autoproclamación, el 24 de enero de 2019, el Departamento de Estado anunció su intención de otorgar más de US $20 millones al «nuevo gobierno» para ser utilizados en «ayuda humanitaria» y en la «lucha contra la escasez de alimentos y medicinas».

2- Caso Citibank

El Banco Central de Venezuela (BCV) acordó en 2015 un préstamo de US $ 1.6 mil millones con Citibank con oro de reservas internacionales como garantía. En marzo de 2019, el banco alegó «retraso en el pago parcial de los compromisos» y decidió liquidar el oro para cobrar toda la deuda de una vez. La diferencia entre el valor de la garantía y el monto por el cual se otorgó el préstamo a la República se entrega al «gobierno interino».

Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, Citibank transfiere US$340 millones de la cuenta del BCV a una cuenta de la Reserva Federal en poder de la Asamblea Nacional.
El BCV describió el acto como un despojo vulgar del patrimonio de Venezuela.

En mayo de este año, como resultado del debate sobre la Ley Especial para el Fondo para la Liberación y Atención de Casos de Riesgo Vital de Venezuela, Carlos Vecchio, representante de Guaidóen los Estados Unidos, declaró que este dinero solo había logrado movilizar la aprobación de US$80 millones, luego de llegar a acuerdos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La declaración se produce después de la información de la agencia de noticias AP, sobre la asignación de un salario mensual de US$5,000 para cada diputado de los que componen la Asamblea Nacional paralela liderada por Guaidó.

En una declaración del Centro Nacional de Comunicación del interino, se explica la distribución de recursos: US$14 millones para el programa de apoyo al Parlamento, y no para el pago directo de los diputados; US$4,5 millones en «la defensa de la democracia»; gastos sociales para atención humanitaria, US$35,9 millones); fortalecimiento de las comunicaciones, US$ 5,5 millones; relaciones internacionales y servicio exterior, US$8,8 millones); contralor especial y poder judicial, US$1,9 millones y la ejecución del presupuesto, US$ 9,3 millones.

3- Desmantelamiento de CITGO

En 2014, la transnacional minera canadiense Crystallex gana ante el Centro Internacional de Solución de Controversias de Inversión (CIADI) el arbitraje contra Venezuela por las pérdidas causadas por la nacionalización en 2008 de la mina de oro Las Cristinas.

El centro ordena al Estado venezolano que pague US$1.400 millones de dólares en compensación.

En mayo de este año, el Tribunal de Distrito de Delaware aprobó la posible venta de acciones de CITGO, considerando por separado los reclamos de Crystallex y el productor independiente estadounidense ConocoPhillips, cuyo reclamo podría alcanzar los US$ 8,7 mil millones.

Hubo acuerdos con ambas compañías que impidieron que las sanciones se cumplieran. Desde la firma en 2019 de la orden ejecutiva de congelar todos los activos de Venezuela en territorio estadounidense, se estima que la apropiación ilegal de Citgo le costó al país US$11 mil millones en pérdidas de dividendos congelados.

El «gobierno de Guaido» asumió ilegalmente la directiva de Citgo para «proteger los activos de Venezuela». Pero en la acción contra Criystallex, Guaidónombró como fiscal general a José Ignacio Hernández, «testigo experto» de la firma que defendió a la transnacional en el proceso legal contra la República Bolivariana de Venezuela en 2017.

Hernández presentó el argumento de que PDVSA era «un alter ego». del gobierno del presidente Nicolás Maduro, «para que la compañía canadiense pudiera cobrar la deuda con las ventas de activos de Venezuela en los Estados Unidos. A pesar del claro conflicto de intereses, el» gobierno interino «asignó US$ 20 millones para la» defensa legal «.

Luego de la ratificación por la Corte Suprema de los Estados Unidos de la venta de las refinerías de la Corporación Petrolera CITGO, la Corte de Delaware emitió una orden para proceder con la venta.

Según los registros legales, CITGO está valorado en US$8 mil millones. Tiene tres refinerías ubicadas en Louisiana, Texas e Illinois y una red de tuberías que cruzan 23 estados, y contribuye entre el 5 y el 10 por ciento de la gasolina que se consume en los Estados Unidos.

El ejecutivo venezolano describió estas acciones como «terrorismo económico» y denunció la participación de Juan Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos en un plan para apropiarse de los recursos de la nación bolivariana: Citgo; Monomeros (Colombia), PDV Caribe (en todo el Caribe) y PDV América (en el continente).

4- El caso de Novo Banco en Portugal

En abril de 2019, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó al gobierno portugués que se declarara a favor del secuestro en Novo Banco en Portugal de más de US$1.700 millones de dólares que fueron destinado a la compra de medicamentos, alimentos, vacunas, suministros industriales, semillas y fertilizantes.

El banco que heredó los activos de limpieza del extinto Banco Espírito Santo pertenece en un 75% al ​​fondo de capital de riesgo estadounidense Lone Star. Desde Novo Banco (Portugal), se realizaron transferencias a Banca Versilia (Italia) para pagar la Asociación Italiana ATMO, con la cual se acordó realizar trasplantes de médula ósea en niños y adultos.
El programa de salud con Italia se ejecutó a través de CITGO, que fue confiscado por los Estados Unidos.

La Asamblea Nacional, en desacato presidida por Guaidó, presionó a la administración estadounidense para que no se liberaran los recursos. Decenas de pacientes fueron afectados en su tratamiento en Italia y Argentina y varios niños murieron.

5- Caso de oro venezolano en el Banco de Inglaterra

La disputa con el Banco de Inglaterra comenzó cuando el Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El gobierno nacional presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra por la retirada de lingotes por valor de US$1.000 l millones, que se venderían y utilizarían para abordar la pandemia de coronavirus.

En julio de este año, el Tribunal ratificó la posición del Reino Unido a favor de Guaidó. El congresista admite que había intercedido para que los recursos no fueran otorgados al presidente Maduro.

«Si el dinero se transfiere (…) será utilizado por el régimen ilegítimo y cleptocrático de Nicolás Maduro para reprimir y maltratar al pueblo venezolano», dijo en una carta enviada a la entonces primera ministra británica Theresa May y al gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney.

8.- La batalla contra el coronavirus

En marzo de este año, Guaidó anunció la administración de US$20 millones de «cuentas rescatadas» en el extranjero por su gobierno para enfrentar la pandemia decretada por el coronavirus.

Los recursos se utilizarían para adquirir material para el personal médico y de enfermería, como máscaras, guantes, batas, gorras, zapatos, gafas protectoras y agua.

Al igual que con todo el tema de la «ayuda humanitaria», la fórmula se repite: las organizaciones no gubernamentales relacionadas con las organizaciones políticas que apoyan a Guaidó serían responsables de adquirir y administrar los implementos.

La ayuda también incluiría un bono de US$100 para el personal de salud del país que nunca llegó.

Las primeras listas conocidas revelaron que la mayoría de los beneficiarios no eran médicos o enfermeras, sino militantes de organizaciones políticas de oposición que apoyan al «gobierno interino».

La realidad es que el gobierno nacional, encabezado por Nicolás Maduro, es uno de los pocos en el mundo que garantiza pruebas, atención y tratamiento gratuitos para pacientes con coronavirus.

9.- El bloqueo

Hasta marzo de 2019, se habían emitido treinta y cinco instrumentos para aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. La Organización Sudamericana de Derechos Humanos, en su informe a la Corte Penal Internacional este año sobre los beneficiarios de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países contra Venezuela, establece 140 personas, 118 empresas, 65 aviones y 52 barcos.

Durante el «gobierno interino», las órdenes ejecutivas se orientaron a confiscar ilegalmente varios activos (financieros y energéticos) del país.

Según el economista Pascualina Cursio, todas las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos han generado una pérdida de US$21.450 millones para la nación; el ataque a la moneda, de US$41.691 millones; el sabotaje de la producción de petróleo, de US$51.161 millones de dólares.

Un total de US$114.302 mil millones en pérdidas para la nación.

10.- Nueva legislación para la gestión de recursos

En julio de este año, la Asamblea Nacional que apoya a Guaidó anunció la aprobación de la Ley Especial de Contratación Pública asociada a la Defensa, Recuperación, Protección y Protección de los Bienes, Bienes e Intereses. del Estado venezolano en el exterior y la Ley de Administración de Recursos Bloqueados en el Exterior.

El primero tiene como objetivo ubicar demandas extranjeras en ejecución o con potencial de ejecución, que se estiman en $ 15 mil millones correspondientes a activos venezolanos en el extranjero.

El segundo propone ubicar los recursos en un «Fondo de Liberación» que comenzará con $ 80 millones con el apoyo de la OFAC y la OEA.

El «gobierno de Guaidó» está trabajando en la «recuperación para el país» de 500 millones de euros depositados en la entidad Novo Banco en Portugal, a la espera de un tratamiento similar al dado por el gobierno británico a la junta ad hoc del BCV (Central Banco de Venezuela) para mantener la custodia del oro en las reservas internacionales.

Fuente: La Hora

DEJA UNA RESPUESTA