Negociado con Arriendos de Residencias Sanitarias: De Baja Tres Funcionarios del Minsal (Por Ahora)

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Hasta el momento, tres altos funcionarios del Ministerio de Salud han debido dejar sus cargos, como consecuencia de denuncias periodísticas sobre irregularidades en los arriendos de inmuebles, para ser desti9nados a residencias sanitarias.

El programa de residencias sanitarias es el as bajo la manga que sacó el gobierno cuando se percató de que la mayoría de los chilenos no tiene condiciones para guardar cuarentena, porque entonces morirían de hambre y ni por covid-19.

La medida en sí va en la dirección correcta. Pero como el país está administrado por un gobierno de derecha, se ejecutó tardíamente y mal, pero, en lo principal, abrió posibilidades de negociados particulares entre funcionarios del Ministerio de Salud.

Incluso, los antecedentes apuntan a que las responsabilidades llegan hasta el propio subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, caracterizado escudero de Mañalich, y como él, militante de la UDI.


Otra crisis en Salud: falta de probidad en arriendo de hoteles provoca salida de funcionarios

Las irregularidades en la contratación de Residencias Sanitarias abrió un nuevo flanco en el Ministerio de Salud que ha salpicado a varios y que obligó al recién asumido Enrique Paris, a remitir los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte por la comisión de eventuales delitos de fraude al fisco.

También se instruyó una revisión por regiones de todos los contratos con empresas hoteleras. El asunto escaló en gravedad y el viernes, a las 16.00 el titular de la cartera se reunió con el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, junto a su jefe de gabinete y al equipo de de adquisiciones y contratos.

En medio de la lucha contra el Covid-19 aparecen las luces y sombras de cómo la administración de Sebastián Piñera ha enfrentado la peor crisis sanitaria que ha vivido el país en las últimas décadas.

Si bien desde el inicio, el gobierno transmitió con seguridad que nuestro país estaba “mucho mejor preparado que Italia” para enfrentar el avance del virus, los resultados exhibidos en número de contagiados y muertos echaron por tierra esa afirmación. De hecho, en medio de los cuestionamientos salió el entonces ministro del ramo, Jaime Mañalich, luego que Ciper revelara que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud (DEIS) informaba de dos listas de decesos a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto, fue la gota que rebalsó el vaso.

Sin embargo, otra crisis está instalada puertas adentro en el ministerio, y de la cual está al tanto el Ministerio Público, pero que no tienen que ver con metodologías de conteo de muertos o frenar el avance del Covid-19, sino que apunta hacia la probidad o corrupción, motivo que ha elevado las desconfianzas entre los funcionarios de las subsecretarías Redes Asistenciales y Salud Pública, todo gatillado por la contratación de los llamados “hoteles sanitarios” para personas contagiadas por coronavirus, acuerdos que se autorizaron vía trato directo.

El mejor ejemplo es que durante la semana se desvinculó a los funcionarios de la División de Atención Primaria (DIVAP), D’angelo Iasalvatore Silva y Orlando Durán Ponce, este último en el ojo del huracán luego de que una publicación de Interferencia develara que su nombre estaba ligado a una empresa contratada por el Ministerio de Salud (Minsal) como residencia sanitaria.

A estos dos nombres se une un tercero que decidió renunciar. Todos pertenecen a la subsecretaría de Redes Asistenciales que dirige Arturo Zúñiga.

Pero el tema escaló. Los polémicos contratos generaron un conflicto, hasta el momento desconocido, al interior de las subsecretarías del Minsal. Según fuentes de Salud, es tal la tensión, que temen que podría zanjarse con la salida de Arturo Zúñiga de su cargo.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reconstruyó en base a documentos, correos electrónicos y testimonios de quienes conocen “la interna”, los que califican de “desorden” y “falta de transparencia” en la contratación de hoteles para personas infectadas con la pandemia mundial.

Todo comenzó el pasado 22 de abril.

En aquella jornada, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, firmaron la Resolución Exenta Nº 311. Este texto, aprobó la creación del Comité Integrado de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, ente al que le fue otorgada la misión de “efectuar evaluación favorable para que la División de Finanzas y Administración Interna de la Subsecretaría de Salud Pública pueda ejecutar de manera informada y fundada, todos los procesos de compra en la alerta sanitaria”.

Lea la resolución

Dicho comité quedó presidido por el jefe de la División de Finanzas y Administración Interna de la subsecretaría de Salud Pública, Patricio Herrera Carazo (58), hombre cercano a la Democracia Cristiana (DC) y reconocido como la sombra de Paula Daza, junto a otros jefes de división del Ministerio, incluyendo al integrante de la unidad jurídica Lorenzo Bascuñán, también ligado a la DC e incluso ex candidato a concejal de ese partido por La Cisterna.

En el documento se dejó explícito, en el punto 2º, que es el comité que dirige Herrera el que debe “efectuar la evaluación de los requerimientos de compras de las distintas dependencias ministeriales, para asegurar la integridad total del proceso que permitan generar procedimientos de compras transparentes en un contexto de máxima probidad, como, asimismo, procesos de pagos seguros y sustentables”.

En su primera sesión, realizada al día siguiente, el comité delegó funciones dejando establecido que Herrera, representante de la subsecretaría de Salud Pública y un equipo transversal del Minsal, estarían a cargo de velar por los actos administrativo relacionados a los hoteles sanitarios. Si bien se emanaba una resolución exenta desde la subsecretaría de Redes Asistenciales que daba la autorización sería Salud Pública la encargada de tomar los compromisos económicos con los dueños de los hoteles.

Y el mejor ejemplo de ese hecho, es que el mismo día de la reunión fue el equipo de Redes Asistenciales que dirige Arturo Zúñiga, que cuestionó la forma en que sus pares estaban desarrollando los contratos con las empresas hoteleras.

De hecho, en la Acta de Sesión del Comité, con fecha 23.04.2020, y que revisó en detalle Radio Bío Bío, se cuestiona la negociación de precios de las Residencias Sanitarias. Sobre los hoteles, el documento sostiene que el “procedimiento -de compra- carece de un capítulo dedicado a cómo se negocian los precios de los servicios” (sic),

Lea el acta de sesión

Quien afirmó ese punto en la sesión fue el entonces jefe de la División de Atención Primaria del la subsecretaría de Redes Asistenciales, Orlando Durán. Según los antecedentes revisados, ese argumento fue una constante en las semanas posteriores en que vía correo electrónico desde Redes se le hizo ver a Salud Pública los “problemas” que estaban evidenciando en los contratos que firmaban con hoteles o residenciales.

Incluso una fuente interna del Ministerio explicó que se cuestionaban en silencio contratos como el que se firmó con el hotel Alma Cruz de Santiago, en que el valor -cercano a los $90.000- consideraban demasiado alto y que operó hasta fines de mayo. Esta residencia, sin embargo, recién el 4 de junio comenzó a ser administrada por el Servicio de Salud Metropolitano Central, reduciéndose el valor a poco más de 40 mil.

Otro ejemplo que entregó un funcionario de Salud son los “peros” con que se encontraron, por ejemplo, en el hotel Sheraton. La empresa, supuestamente, habría llegado a un acuerdo con Salud Pública de que no limpiarán con sus funcionarios las habitaciones de los pacientes con Covid-19, lo que molestó a los representantes de Redes Asistenciales.

Diversas fuentes explicaron que eso, sumado a lo que está ocurriendo con las residencias sanitarias en Antofagasta u otras regiones donde se ha denunciado desorden y falta de control, demuestran que los errores o problemas han pasado por las resoluciones que han tomado sus pares de Salud Pública puesto que ellos son los que definen los lugares para que Redes Asistenciales asignen los cupos para los enfermos en coordinación con la autoridad sanitaria local.

Es más, otras fuentes que conocen de los correos que se han venido intercambiando desde el inicio del Comité de Aprovisionamiento explicaron que existen días en que aparecen hoteles disponibles para infectados con coronavirus sin que en el sistema de Redes Asistenciales estén contabilizados.

Esto ocurriría puesto que los acuerdos no son inmediatamente notificados a esa unidad.

Desorden que hasta ahora solamente ha recaído en la subsecretaría de Redes Asistenciales, con dos despidos y una renuncia, y que ha obviado la responsabilidad administrativa que tendría Salud Pública.

Un punto que llama la atención en la revisión de los antecedentes es la situación del entonces jefe de la División de Atención Primaria, Orlando Durán. Si bien fue él quien remarcó en su presentación ante el Comité la falta de un protocolo establecido esto lo hizo 24 horas después que se visara la resolución exenta Nº 276, en que se le aprobó el contrato de forma directa de Hotel Clínico SpA., residencia que corresponde a un cercano de Durán y que prometía el pago de $205 millones de pesos.

Sin embargo, cercanos a Durán, cuestionado públicamente por estos hechos, sostienen que él podrá demostrar tanto en la fiscalía como en la investigación interna del Minsal que no tuvo poder para ingresar la residencia al sistema de contrataciones.

Interrogantes sobre ventiladores

En los documentos que revelamos íntegramente en Radio Bío Bío aparece otra referencia que llama la atención. Al 23 de abril, es decir a casi dos meses desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile, y a casi 3 meses desde el anuncio de Sebastián Piñera sobre la compra de ventiladores, los encargados de adquisición todavía no tenía claro cómo se debían facturar esas compras.

El grupo que lidera Patricio Herrera, en esa fecha, afirmó que se debe “entender el proceso de compra de ventiladores y cómo se está haciendo la coordinación entre las Divisiones de Inversión y Presupuesto. Debe existir un gestor único”, alertaban los involucrados. En aquel periodo, Chile registraba 11.812 personas diagnosticadas con Coronavirus, con una tasa de positividad, según el Minsal, del 7% y 8%. Además, se informó de 316 personas conectadas a ventilador mecánico.

Factor Santelices

Dentro del ministerio no son pocos los que indican que el recién asumido ministro de Salud Enrique Paris, debería optar por lo sano y pedirle la renuncia a los dos subsecretarios ya que con la fiscalía y la Contraloría General de la República investigando los hechos esto podría ser perjudicial para el buen ánimo del corazón de la salud pública.

Frente a esto algunos en los partidos políticos les ha llamado la atención cómo la subsecretaria Paula Daza se ha ido armando políticamente, todo en desmedro de Arturo Zúñiga.
Por eso no sería casual el arribo al gabinete de Daza de la ex alcaldesa y madre de la ministra Secretaria General de Gobierno Karla Rubilar, Vicky Barahona.

Este ingreso, sostienen en los partidos, podría estar vinculado a una acción rápida de la subsecretaria para sostenerse en el cargo.

Pero existe otro factor: Daza ha buscado tomar distancia dentro de su círculo con el ex ministro de Salud Emilio Santelice – el mismo que la llevó a su cargo – puesto que es sabida la mala relación entre el médico y el actual secretario de Estado, Enrique Paris.

Los que conocen las desavenencias, explicaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que se arrastra desde hace años.

Por ahora, según altas fuentes, Enrique Paris citó a una reunión a las 16 horas de este viernes al subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, al jefe de gabinete de este y al equipo de de adquisiciones y contratos.

Fuente: Radio Bío Bío


Bonus track


Diputados denuncian en Fiscalía irregularidades en contratos de residencias sanitarias

por Maximiliano Alarcón G.

Una denuncia de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, y otra del congresista de Renovación Nacional, Andrés Celis, fueron presentadas el pasado martes en el Ministerio Público, con tal de que se investiguen los hechos revelados por INTERFERENCIA que dan cuenta que en al menos dos contratos de residencias sanitarias destinadas a pacientes o casos sospechosos de Covid-19, se vieron beneficiados funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera.

El domingo nuestro medio informó que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, contrató por 205 millones de pesos una serie de departamentos que son parte del negocio hotelero de Orlando Durán Ponce, quien hasta el lunes era el jefe de la División de Atención Primaria de la misma Subsecretaría.

En tanto, ayer miércoles este diario digital publicó los antecedentes de que por 187 millones de pesos el mismo organismo benefició un negocio de la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

“A mi juicio acá podrían existir diversos tipos penales comprometidos. En primer lugar, aquellos referidos al tráfico de influencias, previstos en los artículos 240 y 240 BIS del Código Penal, que podrían afectar al funcionario Durán, en la medida que éste se encontrara involucrado en la decisión de contratar a la sociedad. Y, también sería aplicable el artículo 246, que refiere al caso de que un empleado público, indebidamente se anticipe a ciertas decisiones estatales por el conocimiento que le da su cargo, lo que podría aplicar siempre y cuando la sociedad se haya constituido para el solo objeto de ser contratada por trato directo, sirviendo de residencia sanitaria. Lo anterior es sin perjuicio de otros delitos de mayor envergadura que pudieren investigarse, cuya definición, dependerá del fiscal a cargo de la investigación”, dijo en un comunicado de prensa el diputado Celis, quien además denunció los hechos en Contraloría el pasado lunes.

En representación de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el parlamentario Gabriel Silver explicó en un punto de prensa lo que motivó esta acción.

“Los propios funcionarios públicos se están auto adjudicando contratos por cuantiosas sumas de dinero por residencias sanitarias, y la respuesta no puede ser solo sumarios administrativos, no hay funcionarios ni suspendidos ni cesados en sus cargos, y además hay antecedentes que desde la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales se ha dado instrucciones para acelerar pagos, y en consecuencia, lo que corresponde es investigar», manifestó el parlamentario.

Los falangistas también solicitaron al fiscal nacional que, a raíz de estos casos, se conforme una unidad anticorrupción para vigilar los gastos del Estado en medio de la pandemia del coronavirus, con tal de que se les dé un buen uso.

De esta manera, los antecedentes actualmente se encuentran en el Ministerio Público pero también en Contraloría, desde donde ordenaron una investigación administrativa que comenzó el pasado martes con la extracción de datos de los computadores de distintos funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Descargue la denuncia del diputado Celis al Ministerio Público

Descargue la denuncia pública del diputado Silber

Fuente: Interferencia

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