La Golpiza que Instaló la Salida de Piñera como Solución a la Crisis

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por Francisco Herreros.

La salvaje golpiza de un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros a Patricio Bao, manifestante de 69 años, que previamente le había encajado una patada, viralizada en redes sociales incluso a nivel mundial, el 8M pasado, dibuja una suerte de punto de inflexión, en la incierta y trepidante situación del país.

Coincidencia o no, el hecho es que a partir del episodio, no pocos, dentro del partido del orden, empezaron a preguntarse si el hilo de corte por lo más delgado, pasa por la inhabilitación de Sebastián Piñera, por incapacidad mental.

El caso Bao es una especie de «aleph» que reúne en un punto, los desaciertos, errores y torpezas de un gobierno que perdió la brújula, así como los desacatos, mentiras y montajes de una policía que extravió la ley.

Es tan evidente que el cabo segundo de la 28ª Comisaría de Carabineros que golpeó repetidamente a Bao en el suelo, con su bastón, actuó fuera de toda norma, protocolo, proporcionalidad y autocontrol, que la propia institución lo reasignó a tareas administrativas mientras curse el sumario; lo que aún no ha sucedido ni siquiera con los oficiales que cegaron a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay; sin perjuicio de que en parte, ello obedece a que el primero es un suboficial de baja graduación, mientras que los segundos, son al menos capitanes, grado a partir del cual está autorizado el uso de escopetas.

En el discurso de Piñera y el general Rozas, se trataría de un «exceso» individual; del error de un funcionario que se salió de protocolo.

Falsificación de los datos

Si ese fuera el caso, no se entiende el montaje de Carabineros para justificar la agresión.

En rueda de prensa, la noche del 9 de marzo, el general Enrique Monras, dio vuelta la figura, y mostró a Bao como el agresor:

“La persona que protagoniza el video viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a Carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica”.

“Su detención fue decretada legal por el Juzgado de Garantía e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar, en un radio de 500 metros”, añadió.

Luego, prorrumpió la fórmula de rigor:

“Hemos dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de la fuerza empleada se encuentra dentro de los protocolos”.

Ante una nutrida asistencia de periodistas y camarógrafos de medios de comunicación formales -ninguno de los cuales juzgó oportuno hacer preguntas- exhibió un vídeo de unos tres minutos de duración, que muestra cuatro repeticiones de la patada voladora de Patricio Bao a un efectivo policial que retenía a un joven en el suelo, captada por la cámara del efectivo que venía detrás.

El general Monras mintió al país, al omitir la otra mitad de la ecuación.

Es el minuto que empieza donde termina el video editado por Carabineros:

El general Monras describió un contexto de agresión generalizada a funcionarios de Carabineros, en desventaja numérica.

Pero el siguiente registro también lo desmiente:

En suma, es cierto que Bao fue capturado en flagrancia, tras perpetrar maltrato de obra a un funcionario policial.

Grosera violación de derechos humanos

Pero nadie ni nada puede justificar lo que vino después.

De no mediar las inmensamente valerosas intervenciones de la muchacha que se jugó el pellejo en el afán de contener al energúmeno que en ese momento habitaba al policía, y aquella que lo notificaba de voz en cuello que lo estaba grabando, Bao pudo fácilmente pasar a engrosar el listado de personas con trauma ocular o pérdida de la visión; fractura de cráneo; lesiones de diversa gravedad, e incluso, fallecidas por violencia policial.

Libró con diez puntos de sutura en la cabeza, y cuatro puntos en el párpado inferior del ojo derecho.

Por tanto, Bao, el autor de la madriza, y la propia institución, deben mucho a esas valerosas mujeres, cuyo coraje en acción evitó una tragedia mayor.

El registro, que se viralizó a nivel mundial, y que a esa altura el alto mando de Carabineros no podía desconocer, reestableció la figura a su posición natural: un no menos flagrante caso de abuso policial, un delito de uso indebido e innecesario de la fuerza y una violación de derechos humanos; consagrados en los artículos 5 y 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las personas mayores, suscrita por Chile.

Independiente de la edad del agredido, y de que éste lo agredió primero, la reacción del funcionario no deja de ser abuso policial por uso desmedido e innecesario de la fuerza; más aún si se considera su indumentaria acorazada, y que la patada inicial no le causó impedimento alguno para perpetrar la golpiza ulterior.

Ese es un hecho irredargüible, no susceptible de justificación, negación o relativización alguna.

Fisuras en el discurso del orden público

Es tan rotundo, que el gobierno y Carabineros mostraron fisuras, matices y vacilaciones en el impenetrable discurso del orden público.

Abordado por los periodistas a la salida de su comparecencia a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el director de Carabineros, general Mario Rozas, lució claramente a la defensiva.

“Nuestras actuaciones han sido dentro del ámbito legal y reglamentario“, sostuvo.

Agregó:

“Hemos tenido una cantidad infinita de graves alteraciones del orden público, con una violencia inusitada“.

Consultado por la agresión a Bao, contestó con un galimatías casi inaudible, y no mucho más comprensible:

“En este caso se produce una agresión; ¿hay algo más indigno que atacar a alguien por la espalda y escupirlo?. Frente a esa agresión se realiza la detención, ese fue un acto legal“.

Pero, a reglón seguido musitó:

“Ilegítimamente fue agredida esta persona. Por tanto, acá, esta situación de esta persona tiene dos ribetes y tiene dos aristas y que están en conocimiento del Ministerio Público“.

Y de ahí no lo movió nadie.

El caso instaló, como pocas veces sucede, la contradicción en el seno del gobierno, en un contexto donde la derecha aparece visiblemente dividida en torno al plebiscito del 26 de abril.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reconoció el uso excesivo de la fuerza en la detención de Bao, no sin previamente condenar su agresión al funcionario policial:

«En medio de un procedimiento policial para resguardar el orden público, se observa una agresión a un funcionario policial por parte de una persona que agrede al funcionario, en un hecho que es intolerable, que incluso está sancionado por la ley, y que tiene que ser juzgado y sancionado. Sin embargo, en medio de dicha situación, en la reacción del funcionario al detener esta persona se nota que hay un uso excesivo de la fuerza”.

Agregó que se ha dispuesto una investigación interna para determinar las responsabilidades y se ha entregado a Fiscalía los partes policiales, los antecedentes y las imágenes conocidas para que sea los tribunales los que determinen las eventuales responsabilidades.

Era que no.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó la agresión a Bao como un «acto brutal»:

«Lo que yo he visto, lo que presencié en la televisión anoche, me pareció un acto brutal, pero no tengo todos los antecedentes para hacer un juicio definitivo. En principio me pareció complejo y obviamente una acción que a la luz de lo que uno ve no resulta profesional y, por lo tanto, debe ser analizada a la luz de estos estándares y serán los tribunales los que verificarán todos los antecedentes, porque uno ve solo una fracción de toda la actuación de esa persona con Carabineros»

Admitió que el uso de fuerza aplicado por el efectivo “no resulta proporcional»:

“Cuando se dice que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y en situaciones necesarias, se debe definir cómo usarla. Lo que vimos se sale de esa categoría».

“Lo sucedido en este caso es chocante y espero que se analice debidamente. Si es como se dice que habría pasado, se deben tomar sanciones”, remachó.

En la derecha, el Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quién aparece en franca liza con su homóloga de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, esbozó tibias críticas a Carabineros, lo que en el «sector», es mucho. Naturalmente, primero atizó el taco:

“No es un ancianito que fue agredido. Él dio una patada voladora que debe ser perseguida y sancionada, pero, en mi opinión, hay un uso de la fuerza que va más allá de lo que es el uso legítimo de la fuerza de Carabineros».

«La fuerza se usa para reducir, y una vez reducida la persona, no corresponde todo lo demás, y eso tiene que investigarlo la Justicia. Hay que cuidar mucho el legítimo derecho que tienen en todo el mundo las Fuerzas de Orden y Seguridad para hacer uso de la fuerza», concluyó.

El lunes 10 de marzo el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN), declaró:

«La violencia hay que condenarla venga de donde venga; me pareció exagerada la reacción de Carabineros».

Vuelta de carnero

Por tanto, resulta obvio que en la interna del gobierno y la derecha se impuso el sector más duro e intransigente, toda vez que, en un nuevo error no forzado, y del todo innecesario, al día siguiente el mismo Guevara interpuso una querella contra Bao, fundada en el artículo 268 septies del Código Penal, más conocido como nueva ley antibarricadas y saqueos, que sanciona a quienes interrumpen la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, “mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos”; lo cual demuestra que la torpeza del gobierno, y su incomprensión de la crisis que sacude Chile desde hace ya casi cinco meses, alcanzaron un nuevo nivel.

Es tan absurda la insistencia en la estéril táctica de confundir víctima y victimario, que mereció este cáustico comentario:

El vocero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carlos Bellei, aseguró:

«En ningún caso, cuando una persona está reducida por la fuerza policial, existe una justificación legítima para provocar ese tipo de golpes y agresiones a una persona”.

Añadió que los registros dejan en evidencia la necesidad de una reforma profunda a la institución policial para que el control del orden público se haga con respeto a los derechos fundamentales:

“Lo que nosotros hemos señalado ante situaciones como esas, es que el uso de la fuerza tiene que ser legítimo por parte de los agentes del Estado y ceñirse estrictamente a los protocolos institucionales y que no existe justificación alguna que permita comprender que, cuando una persona está reducida por parte de un agente del Estado, posterior a ese hecho se produzca una golpiza como la que todos fuimos testigos”.

La académica Lucía Dammert, socióloga, especializada en temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, y Directora de Espacio Público, puso las cosas en su justo término:

«El que crea que la violencia contra Patricio Bao en las calles de Santiago se justifica por su supuesto ataque a carabineros no entiende que la policía no es una pandilla de matones contratada por el Estado. Es justamente lo contrario. Su deber es no enganchar en la violencia. La policía es entrenada y preparada para saber detener a las personas sin uso de la fuerza excesiva. Para no desarrollar batallas campales callejeras y para contener y desescalar los problemas. En operativos como el del domingo, todo el equipo sabe que debe funcionar en conjunto. La policía no debe andar sola para evitar que la adrenalina, pasiones o venganza se apodere de sus acciones. Los otros efectivos de Fuerzas Especiales no hicieron mucho para parar la golpiza porque 1) es algo que hacen siempre o 2) no les importa. En cualquier caso, se requiere respuesta rápida y castigo».

Es la misma figura que utilizó José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch, organización de derechos humanos que expresa la visión del Departamento de Estado norteamericano sobre el tema:

“Una paliza propia del actuar de una pandilla en un callejón».

Agregó:

«Tres comentarios: a) espectáculo grotesco de brutalidad policial; b) imposible que Carabineros recupere legitimidad ciudadana con conductas repugnantes como esta; c) difícil que Carabineros eleve la moral de sus funcionarios si siguen cometiendo estos abusos».

Para aquellos que creen posible trocar una grave violación de derechos humanos por la criminalización del afectado, lo peor está por venir, en la medida en que su flagrancia necesariamente tendrá que ser establecida y configurada en cualquiera de las investigaciones en curso: el propio sumario interno dispuesto por Carabineros; una investigación de oficio iniciada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por apremios ilegítimos; una investigación de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI; una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por apremios ilegítimos agravados, y una querella que presentará el Partido Socialista, colectividad a la que Bao es cercano.

Iniciado un proceso judicial, solo hay dos alternativas: sobreseimiento o condena.

No es posible concebir que semejante golpiza pueda ser sobreseída en una investigación mínimamente imparcial y objetiva; menos si se considera el nivel probatorio existente, la exposición mediática alcanzada y el escándalo internacional que el caso ha suscitado.

La sorpresiva tesis de la incapacidad mental

En el plano político, una emergente corriente del partido del orden empieza a caer en cuenta de la inutilidad de la estrategia de enfrentar la mayor rebelión social de la historia de Chile sobre la base exclusiva del discurso de la intangibilidad del orden público, la reducción de la protesta ciudadana a violencia y la consiguiente represión policial.

Los más lúcidos comprenden que la escalada perpetua del conflicto solo puede conducir al descalabro, y que llegó el momento de considerar seriamente la alternativa de apartar a Sebastián Piñera del poder.

Simultáneo a las esquirlas del caso Bao, se conoció la noticia del informe que solicitó el Senado para esclarecer el mecanismo establecido en la Constitución para inhabilitar al Presidente, por impedimento físico o mental.

El origen de la solicitud es un escrito de lo/as diputado/as de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, a la Cámara Alta donde plantean:

«El comportamiento errático de Piñera durante estos cinco meses de crisis social, hace necesario despejar el mecanismo que establece el artículo 53, N°7, de la Constitución sobre la atribución exclusiva del Senado para declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones”.

Es cierto que el documento es anterior a la golpiza de Bao, pero también lo es que hasta entonces, había pasado casi inadvertido,

Sin embargo, en conjunción con la sensación de hastío que generó el errático manejo del gobierno del caso Bao, y su incapacidad de controlar a Carabineros, el tema escaló ostensiblemente al primer plano.

Tanto que el jueves 12 por la tarde, los cuatro presidentes de los partidos de la alianza derechista, Chile Vamos, se reunieron con el ministro del Interior en La Moneda, para analizar lo que denominaron «embestida de sectores de la oposición contra el Presidente Sebastián Piñera».

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cual cumplida demócrata, manifestó:

“Creemos que es completamente impresentable lo que está haciendo parte de la extrema izquierda, que está solicitando procedimientos para poder inhabilitar a un presidente democráticamente electo y presentando un proyecto para adelantar elecciones. Estas prácticas son absolutamente antidemocráticas, son acciones que atentan contra la democracia y que parecen más bien una especie de golpe blanco”.

Y claro, en golpes, duros o blandos, la UDI acredita doctorados.

Su colega de RN, Mario Desbordes, con quién esta vez no tuvo inconveniente de posar para la foto, no le fue en zaga:

“Este tipo de acciones lo que buscan es enrarecer el ambiente. Quienes están detrás de estas acciones son personas que no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre y que muy probablemente están buscando por todos los medios echar abajo ese acuerdo. Rechazamos con fuerza este intento de complicar la gestión del Presidente y de instalar, de forma mañosa, la idea de un término anticipado de un gobierno que fue legítimamente electo”.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, optó por bajarle el perfil al tema:

«Esto ratifica que hay algunos parlamentarios, pocos, porque es una cosa que no representa ninguna mayoría, ni mucho menos, que al final más que convicciones democráticas lo que quieren es obstaculizar las acciones que está impulsando el Gobierno para ir avanzando en la superación de esta crisis».

El gobierno y la derecha tienen razón en preocuparse, pero carecen de ella al encapsular el problema en la «extrema izquierda», sector al que, por lo demás, la Federación Regionalista Verde Social no pertenece.

El ex candidato presidencial y senador por la Región de Antofagasta, Alejandro Guillier, que mal puede ser calificado de «extrema izquierda» aseguró que son crecientes los sectores del país, entre ellos políticos y empresarios, que ya piensan en destituir a Sebastián Piñera, debido a su incapacidad de solucionar la crisis tras casi cinco meses de estallido social:

“Van a ir pasando los días y si la situación sigue empeorando como ahora, empieza a parecer el sentido común. Hay muchos que admiten que esto no se sostiene dos años más, aunque no quieran decirlo en público”.

Conminado por entrevistadora, a identificar a esos sectores, respondió:

“Políticos de todos los sectores y empresarios que ven que esto no da para más. Otros tienen miedo y dicen, ‘ok, pero qué pasa al día siguiente’. Esto no es una salida anarquista, sino una solución política: adelantar las elecciones con compromiso de todos los sectores acerca de un plan mínimo para estabilizar el país, darle gobernabilidad y restaurar las confianzas”.

Opínese como se opine, y gústele o no a quién lo haga, queda de manifiesto que el tema se instaló.

Se lo planteó derechamente el alcalde de Talagante, Carlos Alvarez, al ministro del Interior, y al intendente metropolitano:

«¿No le han dicho al Presidente que la mejor solución es que renuncie, que dé un paso al costado, que si siguen apostando al desgaste están muy equivocados?

Hoy hubo movilizaciones, hay para mañana y pasado, esto no va a parar».

Así como las evasiones del metro precedieron el estallido social del 18 de octubre, la salvaje golpiza a Patricio Bao está desempeñando un papel catalizador hacia la eventual salida de Piñera, por la vía de la inhabilidad.

El tema está tan sensible, que la derecha tuitera contraatacó con la etiqueta #CongresoGolpista, donde sus huestes de bots no escatimaron ningún recurso de la polvorienta campaña del terror, ni del anticomunismo más cerril, ni del odio más primitivo, ni de la impotencia más penosa.

Pero no es allí donde se va a decidir la contienda.

Después de la comedia de equivocaciones del gobierno y Carabineros en el caso Bao, algo nuevo empezó a moverse, que es preciso examinar con atención.

No se trata de una arremetida de la extrema izquierda, como plantea erróneamente el gobierno, sino de una salida de compromiso, hegemonizada por sectores moderados, que en la historia ha solido conocerse como gobiernos de salvación nacional.

El desenlace del proceso está abierto; no necesariamente va hacia allá. Pero es obvio que se instala entre el repertorio de salidas posibles de una crisis que ha batido todas las marcas precedentes, en cuanto a duración.

Desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares protagonistas de la revuelta, está lejos de representar la solución de sus problemas, pero es claramente un avance respecto al gobierno neoliberal de Piñera.

De otro lado ni una debilitada izquierda histórica, ni el potente movimiento social, pero desprovisto de conducción política, han logrado proponer algo que se parezca a una alternativa de salida.

En cuanto a Piñera, una vez más perdió una estupenda oportunidad de guardar un prudente silencio, más aún cuando le proporcionó valioso combustible a la percepción de que no está en sus cabales.

En el programa Meganoticias Prime, sacó nuevamente a relucir sus delirantes tesis sobre los atentados al metro, que lo llevaron a afirmar, esta vez, barbaridades al estilo de que el 18 de octubre sabían que iban a atacar las 136 estaciones del metro, y que no había suficientes carabineros; lo cual no le impidió irse a comer pizza.

Si es verdad, está incapacitado por inepto; si no lo es, por mentiroso.

Agregó que se han impedido numerosos atentados a plantas de agua potable y de energía eléctrica, sin presentar la menor prueba, lo cual expone su ya proverbial mitomanía.

Así como están la cosas, no es posible vislumbrar con claridad hacia dónde se inclinará la balanza de la salida de la crisis, si a una regresión autoritaria o a un cambio de paradigma de desarrollo, pero difícilmente Chile podrá soportar dos años más a Piñera en la presidencia de la República, cargo otrora investido de credibilidad, integridad, prestigio y respeto.

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