por Hernán González.

El gobierno plutocrático de Sebastián Piñera viene cayendo en las encuestas sistemáticamente, a lo menos desde octubre del año pasado. No hay, no ha habido, ninguna circunstancia que lo detenga.

No sólo el Presidente de la República es el peor evaluado, el más impopular y rechazado de todos desde Pinochet.

También su gabinete y sus políticas, las que el pueblo interpreta, correctamente, como variaciones de una misma receta basada en la sobreexplotación de los trabajadores y el medioambiente y en el favor y las concesiones más descarados e impúdicos al empresariado, para lo cual resulta indispensable la limitación de las libertades políticas y los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la sociedad.

El gobierno actual simplemente no tiene ninguna legitimidad, excepto la de haber ganado las anteriores elecciones presidenciales, cuestión que es una mera formalidad, dada su incapacidad de gobernar con el consenso de la sociedad.

En esas condiciones, el único recurso que le queda es la represión más brutal. Miles de detenidos; decenas de muertos, centenas de desaparecidos, mutilados y torturados es el trágico saldo de esta política.

Resulta inexplicable que un gobierno con menos de cinco por ciento de aprobación ciudadana y responsable de brutales violaciones a los DDHH descritas en sendos informes de organismos internacionales, siga haciéndose cargo de la administración de los asuntos del Estado.

En los hechos, actúa como un «régimen», sólo que en este caso, no lo hace a través de puros decretos y medidas administrativas.

Lo extraño es, precisamente, que pese a todo lo anterior, la oposición le haya aprobado en el Parlamento varias joyitas, como las leyes represivas y que castigan la protesta social, la reforma tributaria y momentáneamente la del sistema de pensiones.

En efecto, un Parlamento de mayoría opositora –a lo menos, formalmente y salvo honrosas excepciones- actúa de un modo incompensiblemente sumiso, cuando no obsecuente, frente a un gobierno hundido en el marasmo y que como algunos parlamentarios han planteado, se acabó.

No tiene legitimidad social y su política no es otra cosa que un refrito de recetas neoliberales que han demostrado no sólo su impopularidad sino su fracaso estrepitoso.

No es de extrañar, pues, que sea el Poder del Estado peor evaluado, incluso más que el propio Presidente de la República, el que ya que ostenta un ridículo guarismo.

¿Qué legitimidad pueden tener entonces leyes y políticas resueltas por autoridades tan impopulares y que parecen ser los únicos que no lo reconocen?

Es la esquizofrenia misma. Un pueblo alzado y que no afloja. Que va por todo, seguramente porque es todo lo que le han arrebatado, un gobierno ilegítimo, una máscara, y un Parlamento que ha actuado todo este tiempo como salvavidas de una administración que hace rato naufragó.

¿Quién se hace cargo de esta sopa? Lo que, a primera vista, parece incomprensible sólo puede explicarse porque lo que en este momento se ha puesto a la orden del día, es el proyecto de país para los próximos cincuenta años. El plebiscito de abril, contra todo lo que intentan la derecha y los pusilánimes que esperan que todo vuelva a «la normalidad», es precisamente lo que consulta.

Va a inaugurar una nueva situación histórica en la que las contradicciones más fundamentales se van a hacer evidentes.

Modelos de desarrollo que expresan intereses de clase que pujan por reemplazar la dirección actual de la sociedad y que en los últimos treinta años la llevó hasta este punto donde la desigualdad y la precarización de la vida se hicieron intolerables para la mayoría mientras unos pocos viven en un lujo asiático, teniendo como complemento una institucionalidad política ilegítina precisamente porque sólo ha servido para perpetuarlas.

Por esta razón, la izquierda tiene la responsabilidad de señalar una alternativa a la mojigatería de sectores del centro político, enredado en sus acuerdos con la derecha e incomprensiblemente seducido aún por el libremercado, las privatizaciones, el individualismo más vergonzante y la política de los consensos. Todo ello resumido en un concepto de republicanismo grotesco.

Es como si para algunos, desde el 18 de octubre a esta parte no hubiese pasado nada o supusieran que el acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre fuera la piedra filosofal, el punto culminante de toda esta historia.

Repiten, entonces, como un mantra que la ciudadanía espera consensos entre gobierno y oposición, que se expresen en políticas públicas que «la favorezcan.” Ello, como si oosición y gobierno, Parlamento y Ejecutivo, pudieran acordar algo que tuviera alguna legitimidad en estas condiciones.

Una candidez imperdonable o simplemente una hipocresía que sólo culta el connubio entre sectores opositores y la derecha para defender –cada uno desde su lugar- un modelo que sólo ha favorecido a los ricos, a los empresarios, a las transnacionales, a costa del medioamiente, los trabajadores, las trabajadoras y la clase media y contra lo que el pueblo de Chile se ha levantado, sin que haya vuelta atrás.

Fuente: Blog del autor

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