Odiosa Campaña contra Juez que Liberó la Plaza de la Dignidad

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El «delito» del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, de amparar el derecho a la libertad de reunión al dictaminar que que se podía celebrar año nuevo en Plaza de la Dignidad, sin autorización de la Intendencia Metropolitana, recibió una estridente condena de la derecha cavernaria.

En redes sociales, la derecha tuitera y su ejército de cuentas zombies y bots, difundió la etiqueta #RemocionJuezUrrutia.

Con éxito menos que módico, machacaron su libreto habitual de acusaciones sin fundamento, basadas en la mentira y el rencor, repetidas al infinito, como un mantra.

Los «argumentos» de esta caterva odiosa e ignorante, entre los que no faltaron políticos de ultra derecha, hoy fuera del parlamento y ojalá para siempre -Gustavo Hasbún y José Manuel Edwards- se limitan a majaderías tales como que se trata de un “activista encubierto”, un “lacayo de la zurdería” y un «vendido al vandalismo».

Entre otras barbaridades, hay mensajes que apelan a la desaparición de Urrutia, mientras que un grupo de extrema derecha hizo un llamado a “ponerlo en lista de espera”.

En este clima, el magistrado interpuso una presentación ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público Centro Norte, en la que denuncia la intervención, tanto de su teléfono personal como el que le asigna el Poder Judicial.

Entregó los dos aparatos para que sean periciados, y ofició a los ministros de la Corte de Apelaciones que resuelven las autorizaciones a medidas intrusivas amparadas en la Ley de Inteligencia, para que informen si dentro de las peticiones de los servicios de las policías y Fuerzas Armadas, están contenidos los números de los celulares que usaba hasta entonces.

Apoyo nacional e internacional

Como siempre sucede cuando se intenta torcer la lógica de los hechos, al final del día se han acumulado más respuestas en apoyo del juez, que avances en la exigencia de su remoción.

Organizaciones nacionales e internacionales activaron una campaña en la que exigen al Estado chileno, que garantice la vida e integridad física del magistrado.

La Organización Mundial Contra la Tortura condenó enérgicamente la persecución del juez:

«Estos actos parecen tratar de deslegitimar sus actividades en defensa de los derechos humanos”.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenó la persecución del juez Daniel Urrutia, que «apunta a deslegitimar sus actividades en defensa de los derechos humanos, como operador de justicia», y exigió «una investigación inmediata, a los actos de intimidación, amenaza, vigilancia y posible espionaje a sus comunicaciones”.

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, creado por el Papa Francisco, solicitó al presidente Sebastián Piñera, que garantice la seguridad del magistrado Urrutia.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, destacó el trabajo del magistrado Urrutia:

«Hizo valer el derecho que tiene la persona, en movilizaciones pacíficas, de ocupar los espacios públicos».

A la fecha, más de 2.700 personas de diversas partes del mundo han firmado la exigencia del cese de agresiones y amenazas contra el juez Daniel Urrutia.

El juez Urrutia ostenta una actitud proactiva en la defensa de los derechos humanos.

Fundamenta sus decisiones en el enfoque de derechos humanos, en cuestiones como el derecho de voto de personas en prisión preventiva, derechos de adolescentes en internación provisoria o el derecho a la protesta social, entre otros.

Entonces, ¿por qué tanto odio?

Un juez que defiende los derechos humanos

Primero, porque es un firme exponente de la vigencia del estado de derecho.

Luego, porque descarta tácticas policiales que apuntan a encubrir sus responsabilidades en violaciones de derechos humanos,

A modo de ejemplo, declaró ilegal la detención de Juan Yantén, el pasado 23 de diciembre, puesto que, en su opinión, se vulneraron sus garantías constitucionales. Además, exigió explicaciones a la Intendencia Metropolitana y a la Tercera Comisaría de Santiago de Carabineros respecto a por qué “interrumpen y niegan el derecho de manifestación del imputado”.

En semanas anteriores, el magistrado ya había contravenido las disposiciones del Gobierno al declarar inadmisible la querella por Ley de Seguridad del Interior del Estado que la Intendencia Metropolitana presentó en contra de Dauno Tótoro, acusado de “incitar al odio”.

En julio de este año, el juez declaró inadmisible la querella que interpuso la entonces intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, contra del presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, a quien acusó de haber «amenazado de muerte» al alcalde Felipe Alessandri.

Además, criticó a la intendenta por haber divulgado por redes sociales el rostro y nombre del alumno.

Un día después de que el Congreso aprobara el proyecto de Ley de Aula Segura, Urrutia declaró ilegal la detención de un estudiante de 15 años del Liceo Darío Salas, realizada por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, y denunció a los policías por los golpes que recibió el joven.

Días después del estallido social, Urrutia dio una entrevista al medio alemán Deutsche Welle, donde aseguró que en Chile existen violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos.

Persecusión y hostigamiento

Esta no es la primera vez que se acusa de hostigamiento al magistrado.

La Corte de Apelaciones de Santiago abrió siete investigaciones disciplinarias en su contra, incluyendo una solicitud de traslado, en virtud de actuaciones jurisdiccionales.

La primera,por una decisión de agosto de 2013, al solicitar que se garantizase el derecho de voto de personas detenidas en prisión preventiva, que dejó sin efecto la Corte Suprema; la segunda, por un orden emitida en marzo de 2015, en tanto Presidente del Comité de Jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, de transcribir resoluciones dictadas en audiencia, lo que generó denuncias de maltrato de algunos funcionarios; la tercera, por la denuncia de otro magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, en relación a la asignación de una causa; la cuarta, por la decisión de Urrutia, el 17 de octubre del 2015, de autorizar a 12 internas adolescentes del Centro de Internación Provisoria de Santiago, a que visitaran a parientes y parejas, que se encontraban detenidos en diversos penales de la capital; la quinta, por su decisión, el 3 de marzo de 2016, de dictar el sobreseimiento definitivo de un caso por desórdenes públicos en una protesta de ANDHA Chile, la sexta, por insistir en el derecho a voto de los imputados en prisión preventiva, para lo cual ordenó al Servicio Electoral realizar las acciones pertinentes, y la séptima por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a solicitar a la Corte Suprema el traslado del juez, para «mejorar la gestión y el clima laboral del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago».

Salvo en tres, que están pendientes, todos esos sumarios han resultado favorables al juez Urrutia.

Lo mismo sucedió con una sanción de la Corte Suprema, en 2005, por el trabajo académico “Propuesta de Política Pública de Introducción del Enfoque de Derechos Humanos en el Trabajo del Poder Judicial de la República de Chile”, en el que criticó la actuación del Poder Judicial frente a la dictadura de Pinochet, consistente en una censura por escrito, rebajada después a amonestación privada.

El caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resolvió a favor de Urrutia y este año pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El periódico electrónico de ultraderecha, El Líbero, lo acusa de haber fallado, en varios casos de ataques contra autoridades, de forma de disminuir su gravedad, como la agresión al ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, el año pasado; el escupitajo al Presidente Sebastián Piñera en 2013; o el ataque a pedradas al vehículo de la ministra Gloria Ana Chevesich en 2007.

Queja disciplinaria del intendente

El Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, presentó una queja disciplinaria por «conductas de abuso y falta», contra el juez Daniel Urrutia.

Guevara no acudió a la audiencia de control de garantía citada por el magistrado para explicar por qué prohíbe el derecho a reunión en el marco de una causa por una detención declarada ilegal por Urrutia, ya que a su juicio se vulneraron garantías constitucionales. Según Guevara, nunca fue notificado.

La queja contra el magistrado se funda en no haber requerido información, actuar fuera de sus competencias y formular declaraciones de orden político.

«Este oficio no se informó a esta institución por la vía correspondiente, considerando que no se trata de un interviniente del proceso (…) Tampoco se entregaron los antecedentes necesarios para cumplir con dicho requerimiento de información», señala la queja ingresada por el abogado del intendente, Simón Manson.

El escrito añade que el juez «actúa fuera de sus competencias legales haciendo un uso inadecuado del artículo 10 del Código Procesal Penal», relacionado con la cautela de las garantías constitucionales del imputado en cuanto al derecho a reunión o manifestación, y objeta que el magistrado se haya cuestionado dichos del Presidente de la República en su resolución.

En esa parte de la resolución, Urrutia señala

“Lamentablemente hemos escuchado de parte del propio Presidente de la República señalar que hay un enemigo. No puede considerarse, está prohibido por parte del sistema que las autoridades se refieran a los manifestantes como enemigos”.

Para el abogado de Guevara, “este pasaje es particularmente grave, al emitir pronunciamiento sobre una acción de la máxima autoridad del país, el señor Presidente de la República, dando además por ciertos hechos que se encuentran actualmente bajo investigación por parte de los órganos competentes».

En rigor, acusaciones como esa, y la odiosa campaña del la extrema derecha en redes sociales, constituyen una condecoración para la trayectoria jurisdiccional del juez Daniel Urritia, invariablemente apegada al respeto de los derechos hukmanos.

Odio bastardo

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