La Corte Suprema de Chile condenó este jueves a siete ex-agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que accionaron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por el secuestro y la posterior desaparición de la estudiante María Angélica Andreoli Bravo, informó el Poder Judicial.

La Corte Suprema condenó a siete ex-agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de la estudiante de nutrición y dietética y secretaria ejecutiva María Angélica Andreoli Bravo, quien fue detenida ilegalmente el 6 de agosto de 1974, en el marco de la denominada «Operación Colombo».

En fallo unánime (causa rol 2.661-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) Jorge Lagos y María Cristina Gajardo– rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra la sentencia que condenó a los exagentes Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 13 años de presidio; en tanto, César Manríquez Bravo, Nelson Alberto Paz Bustamante, José Enrique Fuentes Torres y Osvaldo Pulgar Gallard deberán purgar 10 años de presidio, como autores del delito.

El tribunal del fondo dio por acreditado los siguientes hechos:

«Que en horas de la tarde del día 06 de agosto de 1974, María Angélica Andreoli Bravo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida en su domicilio ubicado en Bilbao N° 5989 de la comuna de las Condes, Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) quienes la introdujeron en la parte posterior de una camioneta y la trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado ‘Yucatán’ o ‘Londres 38′, ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA.

Que la ofendida Andreoli Bravo durante su estada en el cuartel Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendada y amarrada, siendo continuamente sometida a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político a fin de proceder a la detención de sus miembros, siendo vista además sometida a interrogatorios bajo tortura en el cuartel de la misma DINA denominado Villa Grimaldi.

Que la última vez que la víctima Andreoli Bravo fue vista con vida, ocurrió un día no determinado del mes de agosto o septiembre de 1974, encontrándose desaparecida hasta la fecha.

Que el nombre de María Angélica Andreoli Bravo apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O’ Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de 18 junio de 1975, en la que se daba cuenta que María Angélica Andreoli Bravo había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros.

Que las publicaciones que dieron por muerta a la víctima Andreoli Bravo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

Angélica Andreoli era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por lo que fue perseguida y detenida en su casa en Santiago. Luego la trasladaron a un centro de reclusión clandestino, donde fue vendada, amarrada, interrogada y torturada, para que confesara los nombres y direcciones de sus compañeros, según detalló el fallo de la Corte.

La joven fue vista con vida por última vez en septiembre de ese año, y aún permanece desaparecida. Este crimen forma parte del plan conocido como “Operación Colombo”, ejecutado por la DINA en los años 1974 y 1975, cuyo resultado fue el asesinato de unos 119 opositores a la dictadura de Pinochet.

Los asesinatos fueron disfrazados y se hizo creer a la opinión pública que habían ocurrido como producto de rencillas internas, matándose entre ellos mismos.

Actualmente, todos cumplen largas condenas de cárcel por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Además, se dictaron penas de diez años de prisión para otros cuatro miembros de las fuerzas del Estado.

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