En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, se inició el segundo juicio contra de los diez comuneros mapuche, además de la Machi Francisca Linconao, acusados de incendio terrorista con resultado de muerte en contra del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013.


Durante la primera jornada se presentó el caso y se expusieron los alegatos de apertura del Ministerio Público, de los querellantes y de dos de las y los defensores.

El 29 de diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones de Temuco decidió anular el juicio absolutorio, dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el 25 de octubre del mismo año, fallo que dejó en libertad a todos los imputados en este caso, luego de que considerara insuficientes las pruebas que presentó el Ministerio Público en contra de los diez comuneros mapuche y la machi Francisca Linconao.

Sobre la estrategia que presentará la defensa de los comuneros y de la machi Francisca Linconao en este nuevo juicio, la abogada Manuela Royo expresó:

“Seguiremos la misma línea que trazamos desde un principio, dando cuenta de que no existen antecedentes respecto de la participación de nuestros representados en estos hechos. Además, evidenciaremos nuevamente, de que no existen pruebas por parte de la Fiscalía para poder inculparlos de estos ilícitos. Por lo tanto, seguiremos en la misma línea esperando la absolución en este caso”.

Al igual que al comienzo de este proceso judicial, el Ministerio Público está solicitando cadena perpetua para todos los imputados, a excepción de José Peralino, comunero del cual se habrían obtenido declaraciones bajo apremios ilegítimos por parte de efectivos de la PDI en el primer juicio y para quien la Fiscalía solicita 10 años de cárcel.

Sobre los antecedentes que presentará el Ministerio Público contra los comuneros, la abogada defensora manifestó:

“No hay nuevos antecedentes por parte de la fiscalía, son las mismas pruebas con las que han sido puestos en libertad, las mismas pruebas por las que a ellos se les absolvió en el juicio anterior, por lo tanto estamos absolutamente tranquilos de que este será nuevamente un resultado beneficioso”.

Caso Luchsinger y Operación Huracán

En este nuevo juicio se cruzarán los antecedentes del caso Luchsinger Mackay y la cuestionada Operación Huracán, en la que quedaron al descubierto las viciadas prácticas de la sección de Inteligencia de Carabineros de Chile, en cuanto a la manipulación de las pruebas para incriminar a figuras del movimiento mapuche.

Sobre esta situación, la defensora aclaró:

“Si bien no es el mismo juicio, es importante destacar que dentro de las pruebas del juicio Luchsinger, quienes realizaron el allanamiento y la obtención de las supuestas pruebas en la casa de la machi Francisca Linconao, justamente eran policías de inteligencia de Carabineros (Dipolcar). Estos funcionarios son los mismos que hoy se ven en tela de juicio por la llamada Operación Huracán, por lo tanto, creemos que aquí hay un vínculo importante y evidencia aún más lo que hemos estado señalando desde el comienzo: existe falsificación en las pruebas, o sea, existe montaje”.

Sobre el mismo tema, el abogado de la machi, Jaime López, agregó:

«El juicio volvió al estado inicial, vale decir, el anterior se anuló y todo parte de nuevo. Eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, naturalmente hay cosas que por ya haberse dicho, no pueden volver hacia atrás. Esta famosa geolocalización, que jamás se señaló bien lo que era de acuerdo a los mismos peritos de la Fiscalía, que permitía ubicar personas en la casa de la machi minutos antes del atentado, ya dijeron que no sirve para lo que pretende el Ministerio Público. No puede decirse algo distinto: ese instrumento que permitía ubicar personas a través de los celulares no es hábil para llegar a ese objetivo. Esa prueba no existe, y jamás existió esa reunión que, además, jamás pudieron probar».

-¿Se genera alguna sospecha en el caso Luchsinger Mackay a partir del montaje Operación Huracán?

«Mire, cada juicio es diferente. Operación Huracán no tiene ninguna influencia. Sin embargo, debemos tener un espíritu crítico respecto de actuaciones y diligencias policiales. En el primer juicio, por ejemplo, se había anotado una diligencia de inteligencia policial que fue señalada como ilegal por un tribunal y anteriormente otro tribunal había señalado algo similar, por cuanto no se respetaban determinados protocolos para un allanamiento. No se trata de protocolos formales, que tiene que ver con que no hay acta; se trata de protocolos que tienen que ver con resguardar la transparencia de las actuaciones policiales.

Ese fue uno de los puntos que la sentencia anuló, atacó, y señaló que no se habían cumplido. Eso dio como consecuencia que a esa prueba se le restara valor contra la machi. Cuando se reclama en contra de esta sentencia, tanto por la Fiscalía como por los querellantes, esa ilegalidad no la reclama, no entran a defender la legalidad de la actuación de la policía de esa diligencia específica, sino que reclaman por otras cosas. Tampoco la Fiscalía defendió que esa diligencia no haya tenido ilegalidad».

De esta manera comenzó una nueva arremetida por parte de la Fiscalía y el Ministerio Publico contra José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Tralcal Quidel, José Córdova Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Sergio Catrilaf Marilef, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel y la machi Francisca Linconao Huircapán.

El caso continuará este miércoles 28 de febrero desde las 9 de la mañana en los tribunales de Temuco.

Machi Celestino Córdova en huelga de hambre

El único condenado en este caso es el Machi Celestino Córdova, quien deberá cumplir 18 años de presidio por el crimen. Su abogado ha denunciado que también las pruebas para condenarlo fueron viciadas.

Córdova cumple hoy 45 días en huelga de hambre, solicitando que se le de el beneficio de salir 48 horas a su Rewe, entre otros, para cumplir con su rol de líder espiritual de su comunidad.

Juventudes Comunistas apoyan a mapuches

Las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Secretario General Reynaldo Morales llegaron este lunes 26 de febrero a La Moneda para entregar una carta en el marco del nuevo juicio que se desarrollará contra los 11 comuneros mapuche y la Machi Francisca Linconao.

En esta misiva, solicitan la derogación de la ley antiterrorista y el término de la judicialización de la causa mapuche.

«Hemos entregado una declaración que apunta principalmente a exigir un trato justo, acorde a la ley, dado que los antecedentes que tenemos dan prueba de que no ha sido lo más riguroso posible, por el contrario, se ha apostado por una criminalización y una judialización de un proceso y un problema histórico con nuestros pueblos originarios, y no es la forma de abordarlo» declaró Reynaldo Morales.

Declaración de las Juventudes Comunistas

En vista de la nueva audiencia de juicio que se realizará este lunes 26 de febrero a los 11 comuneros mapuche imputados, las Juventudes Comunistas de Chile manifestamos lo siguiente:

1. Es inadmisible que el Estado chileno insista en la aplicación de la Ley Antiterrorista, que ha sido altamente cuestionada por organismos internacionales de Derechos Humanos, recientemente por Amnistía Internacional. Su uso como herramienta política amedrentadora además de sus inexistentes estándares que no respetan el derecho al debido proceso, el derecho a defensa, el derecho a un juicio justo y racional. Nuestro llamado es a terminar con esta norma legal que atenta contra los derechos humanos, derogándola.

2. Muchos son los antecedentes que nuestro sistema judicial, instituciones policiales, instituciones investigativas y el Estado de Chile, no han estado a la altura de solucionar el conflicto con el pueblo mapuche. Prueba de ello es la denominada Operación Huracán y el montaje sobre la causa histórica del pueblo Mapuche. Esto, sobrepasa los límites democráticos.

3. El Ministerio del Interior debe actuar de manera diferente, resistiéndose al trato prácticamente criminal que se ha desarrollado al calor de la judicialización. Debe existir la máxima transparencia en todo el proceso que, con todo lo que ha sucedido, nos despierta una duda razonable en torno a la administración real de la justicia que se lleva a cabo.

4. Se debe continuar y profundizar las políticas empleadas por el Gobierno, que se hacen cargo del conflicto desde una posición de dialogo y generosidad. La consulta indígena debe seguir abordando la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas, apostando incansablemente por la solución del conflicto histórico.

5. Hacemos un llamado nacional a movilizarse en solidaridad con los comuneros y nuestra autoridad ancestral, la Machi Francisca Linconao, quien ha demostrado su inocencia en múltiples ocasiones e incluso la justicia chilena así lo ha dictaminado, pero que el tratamiento que se le ha dado desde las instituciones y del Estado ha sido atentatorio contra todos sus derechos básicos en todo su proceder.

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