Aprueban Proyecto que Tipifica Delito de Desaparición Forzada

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Dando curso a una sentida y antigua demanda de las organizaciones de derechos humanos, este miércoles 23 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó con 98 votos a favor el proyecto de ley que modifica el Código Penal, para tipificar el delito de desaparición forzada de personas.


El proyecto que pasa a su segundo trámite legislativo en el Senado, reemplaza el actual título tercero del libro segundo del Código Penal definiéndolo como «De la desaparición forzada de personas, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución”.

Para el diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Hugo Gutiérrez, sostuvo que el tipificar el delito de desaparición forzada a todo evento y no sólo en situación de guerra sin duda es una avance significativo:

“Hay muchos casos que hoy están ocurriendo en nuestro país, incluidos un caso muy cercano para mí, en Alto Hospicio, como lo es el caso de José Vergara, un joven que fue detenido por Carabineros y hasta el día de hoy está desaparecido. Los funcionarios inculpados están siendo procesados por el delito de secuestro y falsificación de instrumento público, pero con esta ley, hubieran sido formalizados por desaparición forzada”.

“Es un gran paso que se ha dado en la Cámara de Diputado y espero que el Senado así también lo comprenda. Lamentablemente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que creo que va a ser comprensiva con este proyecto, muy por el contrario, seguirá amparando a los violadores de los Derechos Humanos, como lo ha hecho hasta el día de hoy”, agregó.

Por su parte, el diputado por la región de Atacama, Lautaro Carmona, durante su intervención en Sala recordó algunos de los casos que han impactado a la sociedad chilena y que hasta el día de hoy siguen sin penas para los violadores de los Derechos Humanos y solicitó:

“Sancionar este delito que no prescribe y que tiene connotación de lesa humanidad, por lo tanto es inamnistiable y tampoco tiene derecho a beneficios carcelarios, como es el debate de hoy de quienes por edad piden contemplaciones que no tuvieron con otros de la misma edad que la que tiene ellos hoy día”.

Diputado Teillier solicita a Gobierno pedir información sobre el paradero de Santiago Maldonado

El 1 de agosto de este año, la Gendarmería Nacional Argentina desarrolló un operativo en contra de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut al sur de la República Argentina, donde se produjo la desaparición del ciudadano argentino Santiago Maldonado, de 28 años. Los testigos del hecho indicaron que Santiago fue visto última vez mientras era golpeado y subido a una camioneta de Gendarmería.

El diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, ingresó este jueves 24 de agosto un proyecto de acuerdo al Congreso Nacional, que tiene como objetivo que el Gobierno de Chile le pida información al Gobierno de Argentina sobre el paradero del joven Santiago Maldonado, quién fue detenido en un violento allanamiento a la comunidad mapuche Pu Lof por parte de la Gendarmería Nacional trasandina a comienzos de este mes:

«Lo que hemos pedimos a la Presidenta de República, Michelle Bachelet, es que por intermedio de la Cancillería pregunten e informen desde Argentina que es lo que sucede con este joven. Además, queremos que se plantee al gobierno argentino la necesidad de una preocupación exhaustiva sobre este caso porque todo esto nos recuerda a nosotros el tiempo de los detenidos desaparecidos y no queremos que esto se vuelva a repetir en ninguna parte”.

Fiscalía argentina redefine como “desaparición forzada” el caso de Maldonado


La Fiscalía Federal de Esquel, en la provincia de Chubut (sur), cambió de “NN sobre averiguación de delito” a “desaparición forzada” la carátula de la causa que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado durante un operativo de represión conducido por la Gendarmería contra una comunidad mapuche.

“Sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 “N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal”, sostuvo la fiscalía en un comunicado.

El cambio de denominación apoya la tesis de la familia del joven y de organizaciones de derechos humanos, que desde el comienzo del caso insistieron en que se trataba de una desaparición forzada.

Maldonado, de 28 años, desapareció el pasado 1 de agosto durante un operativo de la Gendarmería (policía de fronteras) contra la comunidad mapuche Lof en Resistencia, que ocupa un terreno entregado a la multinacional Benetton desde el 15 de marzo de 2015 en el departamento chubutense de Cushamen.

“Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables”, informó el organismo.

La fiscalía investiga tanto el proceder de la Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad, como otras “conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia”.

Como medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal ordenó averiguar parámetros “de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos” de la Gendarmería.

La fiscal a cargo del caso, Silvina Ávila, informó de que “se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado –distante a aproximadamente 100 kilómeotros de la sede de esta Fiscalía Federal- y testimoniales en esta dependencia”.

“También se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas”, señaló.

En el caso, en el que interviene como querellante la familia de Maldonado, participa la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas.

La fiscalía solicitó el secreto de sumario, lo que fue concedido por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, el pasado 14 de agosto.

“Si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa”, la medida “tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma”, argumentó.

El Gobierno de Mauricio Macri, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestiona que el caso se trate de una desaparición forzada, y ha acusado a las entidades de derechos humanos y a la familia de Maldonado de no colaborar con la investigación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió el miércoles una medida cautelar para que se protejan los derechos del joven desaparecido.

La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó, por su parte, un escrito ante el juez Otranto reclamando que la Gendarmería no tenga acceso al expediente judicial.

Familia de joven desaparecido en Argentina pide una investigación seria e imparcial

La familia de Santiago Maldonado, un joven argentino que se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto luego de una represión que llevó a cabo Gendarmería contra una comunidad mapuche en la provincia de Chubut (sur), solicitó a la Justicia que la pesquisa se realice de forma seria, eficaz e imparcial.

Los allegados de Maldonado piden “una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas”, según afirman en un comunicado.

Para darle credibilidad a la investigación, los familiares demandaron la participación del jurista Mario Coriolano, reconocido por su defensa de los derechos humanos, y la del abogado Alejandro Mejías Fonrouge, especialista en derecho penal y procesal.

La familia de Maldonado también exigió su “participación activa en la investigación”, y que se garantice la seguridad de todos los que participen en las indagaciones, de acuerdo al documento subido en la página web santiagomaldonado.com.

Tras desconfiar del genetista designado en la causa para realizar los exámenes genéticos, Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado, padres del joven desaparecido, aceptaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) les extraiga este viernes muestras de sangre y de saliva.

Esas muestras serán cotejadas con rastros hemáticos que se encontraron durante una inspección realizada en escuadrones pertenecientes a Gendarmería, una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich.

Desaparición forzada

Con el apoyo de una decena organizaciones de derechos humanos, los allegados del joven remarcaron que “la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada”.

La familia insistió que la Justicia debe investigar este “delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades”.

“Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis”, añadió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el miércoles una medida cautelar para que se protejan los derechos del joven argentino.

El Gobierno de Mauricio Macri, a través de Bullrich y del ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestiona que se trate de una desaparición forzada, y han acusado a las entidades de derechos humanos y a la familia de no colaborar con la investigación.

La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó, por su parte, un escrito ante el juez federal que investiga el caso, Guido Otranto, para que la Gendarmería no tenga acceso al expediente judicial.

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