Los Pinochet Siguen sin Pagar la Cuenta: Lucía Hiriart Recibe Millonaria Pensión

0
476

De acuerdo a la información que entregó Capredena vía Ley de Transparencia, Lucía Hiriart recibe mensualmente $ 3.119.944, monto que le fue otorgado el 10 diciembre de 2006, día en que falleció Pinochet; es decir, heredó la jubilación que recibía desde su retiro el ex dictador.

Según informó La Tercera, al solicitar conocer la situación previsional actual de la ex presidenta de CEMA vía transparencia, la institución -que está a cargo de las jubilaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden- informó del monto y, además, reveló que éste le fue decretado desde el día en que murió Pinochet, el 10 de diciembre de 2006.

De esta forma, la ex primera dama heredó la jubilación que recibía desde su retiro el ex comandante en jefe del Ejército.

Otro miembro del clan Pinochet que recibe una pensión de Capredena es el hijo del dictador, Augusto Pinochet Hiriart, quien aclaró que, «con los descuentos», recibe sólo 461 mil pesos y no 900 mil.

Esta información surge después de que se hicieran públicas las pensiones que reciben distintos militares condenados por delitos de lesa humanidad, actualmente presos en el recinto penal de Punta Peuco. El ex Fiscal Militar, Fernando Torres Silva, recibe poco más de 3,2 millones de pesos y el promedio que reciben allí se alza por el millón 600 mil pesos.

Es más: algunos reciben estos dineros como una suerte de indemnización por estrés postraumático… por las cosas que hicieron en dictadura.

Proyecto para degradar a ex militares condenados lleva siete años sin avances

Actualmente, en el Parlamento existen dos proyectos de ley que buscan degradar los rangos militares de los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que se encuentren condenados por causas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ambas iniciativas presentan escasas actividades legislativas.

Esta materia volvió a ser tema de debate ayer, luego que La Tercera diera a conocer que los reos que se encuentran en el penal Punta Peuco tienen jubilaciones que, en promedio, llegan a $ 1,6 millones. En el caso del ex fiscal militar Fernando Torres, que tiene la más alta, alcanza los $ 3,2 millones.

La primera de las iniciativas se presentó ante la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2010 y su última tramitación es del 8 de septiembre de ese año, cuando se pidió que una vez que el proyecto sea analizado por la Comisión de Derechos Humanos, pase a la instancia que analiza los temas de Defensa.

La segunda ingresó al Senado el 11 de agosto de 2015. Ese mismo día, la Cámara Alta acordó que luego de ser analizada por la Comisión de Defensa, sea vista en conjunto por las delegaciones que estudian los asuntos de Constitución y Derechos Humanos.

La DC y la senadora PS Isabel Allende pidieron ese año que se les pusiera urgencia a estos proyectos , pero ninguna de las solicitudes fue acogida. Uno de los efectos que podría generar su promulgación sería la rebaja de la pensión, dado que el factor del grado militar influye en el monto final, o la posible revocación de la jubilación.

El diputado PPD Tucapel Jiménez, uno de los autores de la iniciativa que está en la Cámara, indicó que “este proyecto ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, hay colegas que los hacen cambiar de comisiones y ahí los hacen morir”.

Añadió que “si esta moción estuviera aprobada, a estos condenados se les quitarían todos los grados militares, que incluye la jubilación”. Dijo también que “el gobierno debería poner algún tipo de urgencia a esta iniciativa”.

Estas cuestionadas pensiones serán abordadas en una iniciativa que el Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento. Así lo anunció ayer el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, quien indicó que “en el proyecto de ley que el gobierno debe presentar sobre el sistema previsional chileno, donde el ministro de Hacienda ha informado que lo hará dentro de los próximos tres meses, abordaremos temas de esta naturaleza”.

Alicia Lira: “Las pensiones de los torturadores son a costa de la sangre del pueblo”

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestó su indignación porque un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad reciban estas millonarias, e hizo énfasis en que los ascensos conseguidos por estos ex militares fueron otorgados por sus labores en los aparatos represivos:

“Esa pensión millonaria que tienen es a costa de la sangre del pueblo chileno”.

La dirigente relevó la importancia de que exista una sanción como es la degradación, ya que al interior del Ejército ellos continúan formalmente con sus grados de oficiales y con todos los beneficios que ello acarrea:

“La degradación es un hecho moral y ético que el gobierno ha mirado para el lado habiendo un proyecto de ley que cuando empezó este gobierno, el señor Jorge Burgos ministro de Defensa, lo dio a conocer, participamos con él, después (José Antonio) Gómez y después Isabel Allende y hasta la fecha ese proyecto de ley duerme, o sea no les interesa y esa es la indolencia, la falta de política real que tiene este gobierno en términos para parar tanta impunidad existente, y cuando vemos hoy día estas pensiones millonarias de criminales que se han ganado sobre esa base estas pensiones”.

El diputado independiente y miembro de la comisión de Derechos Humanos, René Saffirio recordó que en muchos países de Centro y Sudamérica se ha utilizado la figura de la degradación luego de finalizados los gobiernos dictatoriales “como una sanción moral de algunos institutos armados” para quienes violaron los DDHH.

Saffirio sostuvo que llevar a cabo procesos de degradación incluso podrían ir en beneficio de las propias Fuerzas Armadas como una manera de hacer una clara separación entre quienes efectivamente participaron en crímenes de lesa humanidad y quiénes no.

“Además es un tema de salud mental, por decirlo así, para quienes perteneciendo a las Fuerzas Armadas no incurrieron ni han incurrido en violaciones de DDHH, porque las generalizaciones son muy engañosas, aquí se trata de oficiales y personal que violó DDHH, que han sido procesados, muchos de ellos condenados nunca vamos a las dimensiones exactas de lo que ocurrió, muchos actos que no van a ser sancionados, pero creo que la degradación beneficia a los países y beneficia a las propias instituciones armadas”.

Por su parte el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló:

“La degradación es una sanción que le imponen los Tribunales de Justicia, no la impone la opinión mía”.

A reglón seguido, hizo énfasis en las complejidades que implica reformar la entrega de pensiones a quienes están condenados por violaciones a los DDHH:

“Les advierto que este es un tema súper complejo, no se queden con el titular o la caricatura, acá hay derechos previsionales, acá hay un problema de DDHH, aquí hay problemas constitucionales. Si ustedes creen que esto es decir sí o no lo único que van a conseguir es que se creen juicios sobre el particular para que ganen los abogados”.

Finalmente y en relación con este tema, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acusó que el Colegio Médico se ha sumado a la campaña por la impunidad de los condenados por crímenes de lesa humanidad luego que este jueves que una delegación del gremio visitara a los reos de Punta Peuco, quienes buscan “victimizarse y lograr el término y reducción de sus condenas”.

DEJA UNA RESPUESTA