2016: El Año en que la Industria de AFP Empezó a Vivir en Peligro

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El sistema de pensiones fue creado en 1981, a partir de un decreto emitido por el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, en 1980. El sistema anterior, de reparto, exigía altas tasas de cotización, por lo que la Dictadura usó la mejor fórmula para incentivar que la gran mayoría de chilenos y chilenas se sumara al nuevo sistema: rebajó el porcentaje de cotización, elevando el sueldo líquido y provocando el traspaso masivo a las AFP.

Ningún gobierno de la Concertación se animó a corregir los cálculos de Piñera y menos de dos décadas después el sistema hacía crisis: el mercado laboral es sustancialmente informal, los incentivos no están en el ahorro y la población no conoce el sistema ni tiene foco en ahorrar para su vejez.

El 2008, Bachelet encabezó la primera gran reforma al sistema con foco en mejorar las pensiones. El Estado asumía la responsabilidad de subsidiar pensiones de los más pobres, pero la gran masa seguía expuesta a bajos niveles de densidad de cotizaciones mientras aumentaban las expectativas de vida y los recursos se hacían insuficientes para que cada afiliado obtuviera una pensión por el 70% de su sueldo en los últimos diez años de actividad laboral, como prometió el Gobierno de Pinochet.

La reforma de Bachelet no fue suficiente y el mismo 2008 el sistema financiero estadounidense estalló con la crisis subprime. Los fondos en Chile cayeron en casi US$ 40.000 millones, destruyendo cerca de un tercio de los fondos acumulados. Fue el punto de partida de los cuestionamientos al sistema, con particular encono sobre las AFP.

Ocho años después, la Comisión Bravo marcaría un nuevo hito en el terremoto que han venido viviendo las administradoras privadas: en septiembre de 2015, la instancia presidida por David Bravo emitió un informe que develaba pensiones mayoritariamente miserables, con tasas de reemplazo cercanas a un tercio de los sueldos y con proyecciones aún más dramáticas  para los jubilados en la siguiente década.

A eso se sumó el escándalo de los “jubilazos”, gatillado por la millonaria pensión de la ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade.

El movimiento No + AFP tomó las banderas contra las AFP e inició la coordinación de masivas marchas en las calles de Santiago y el resto de país. Un millón de personas llegaron a movilizarse y la agenda se copó de exigencias de cambio.

Desde entonces, el temor de las AFP fue creciendo y no se ha detenido.

El año 2016 fue el punto de inflexión para hacer impostergables los cambios al sistema de pensiones y ha abierto una posibilidad de cambio que la industria de AFP ve con temor, pensando en que su negocio se destiña a tal nivel, que los niveles de rentabilidad de años pasados no puedan repetirse.

En el último año de Gobierno de Bachelet, y con su compromiso de presentar modificaciones antes de que se lancen las candidaturas presidencial y parlamentarias, el 2017 puede ser la continuación de un 2016 en que la industria comenzó a sentir presión y aún no se sabe si solo hay riesgo de menores de utilidades y definitivamente hará carne el año en que comenzó a vivir en peligro.

Por unos dólares más

Las críticas al sistema de pensiones y a las AFP en particular no se desataron por las bajas pensiones. Tampoco ocurrió en 2008, el año del peor registro de rentabilidades de los fondos.

Ocurrió en mayo de 2015, cuando se destaparon las operaciones de fusión de dos AFP de las más relevantes del sector, con sociedades ad hoc creadas por sus dueños, dos grupos aseguradores estadounidenses, para eludir impuestos.

Usaron fórmulas legales, aprovecharon la última ventana que les dejó la “cocina” de la Reforma Tributaria e, inducidos por la entonces superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, crearon unas AFP de “papel” que luego fusionaron con las reales y, con ello, concretaron la obtención de un goodwill –o beneficio tributario– que les permitió postergar por décadas el pago de impuestos por casi US$ 400 millones.

Los beneficiados fueron el grupo Metlife, dueño de AFP Provida, y Principal Group, propietario de AFP Cuprum.

La revelación, en mayo de 2015, copó la agenda mediática y le noche se le vino encima a Agnic, a la vez que las AFP comenzaron a pagar el costo del impacto.

Nació una comisión investigadora y un grupo de diputados, liderados por el presidente de dicha instancia, el DC Fuad Chahin, iniciaron una escalada de acciones administrativas y legales para detener la operación aprobada a fines de 2015. Hasta hoy sigue pendiente en el Ministerio Público una investigación por presunta prevaricación administrativa de Agnic. Y aun la Contraloría continúa exigiendo clarificaciones a la Superintendencia de Pensiones por la validación que hizo de las operaciones.

En enero de 2016, Agnic terminó abandonando su cargo, luego que sintiera que La Moneda le quitaba el piso frente al caso, pese incluso al respaldo que le dio a la operación el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, genuino promotor del sistema de capitalización individual.

Pero la noche se le vendría con mayor espesor a las AFP en septiembre de 2015, cuando se publica el informe de la Comisión Bravo, que realiza un diagnóstico dramático del nivel de pensiones que se pagan en el país y de lo aun peor que se verá en los próximos años.

Según han denunciado algunos ex integrantes de dicha instancia, el líder de la comisión, David Bravo, apoyó decididamente la Opción A , que promueve mantener el sistema de capitalización individual como eje de sistema de pensiones sin cambios estructurales. Además, con su voto, Bravo permitió a esa opción figurar con el apoyo del 50% de la comisión.

En el otro grupo, 11 consejeros apoyaron una propuesta B, que plantea instalar un pilar de reparto parcial con las nuevas cotizaciones que podrían aportar empleadores.

Las cifras del informe, sumadas al escándalo de los “jubilazos” de Gendarmería, fueron suficiente incentivo para que la coordinadora No +AFP activara a las masas y convocara a la primera gran movilización de chilenos y chilenas a la calle para terminar con el modelo de pensiones imperante. Casi un millón de personas caminó por las calles de la capital en julio y septiembre de 2016, respaldando la crítica al sistema de pensiones y exigiendo el fin de las administradoras privadas.

Luis Mesina, antiguo dirigente de los trabajadores bancarios, ha encabezado esta movilización, incluyendo un primer llamado a abandonar las AFP Provida y Cuprum, y un segundo que comenzó a complicar al negocio de las AFP, cuando invitaron a abandonar el Fondo A, el más riesgoso de sistema, y recluirse en el E, el más conservador, con solo hasta 5% de los fondos destinados a acciones.

El derrumbe del Fondo E

El llamado tuvo efecto y en pocos meses el fondo se acercaba a su máximo nivel histórico de participación en la industria. De paso, preocupó a las AFP, que advirtieron del impacto en rentabilidad que podría tener esta movilización de fondos de un lado a otro. Esto, pues al traspasar fondos a instrumentos conservadores, los afiliados están forzando a sus administradores a poner los dineros en inversiones de menor retorno promedio. Y ello, en el contexto de retornos bajos en el mercado internacional, solo profundiza las dificultades de las AFP para tener amigos.

Eso sí, la ‘tormenta perfecta’ había comenzado a germinarse desde principios de año, cuando las dudas sobre el crecimiento en China y la situación de los bancos en Europa golpearon duramente a los fondos. El A, el más riesgoso pero también el que más rentabilidad deja en promedio y –en teoría– en el largo plazo, cayó más de 6% y, junto con las críticas, surgieron las dudas sobre un nuevo 2008.

Un segundo factor, igual o más letal que las bajas pensiones, fue la revelación de la millonaria jubilación que recibía la esposa de un diputado de Gobierno por ser parte de los funcionarios que están cubiertos por el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que funciona al margen de las AFP y que asegura montos muy superiores y financiados por el Estado, en el marco de la Ley Reservada del Cobre impuesta por la Dictadura.

El escándalo estalló a comienzos de julio de 2016, apenas un par de semanas antes de que se realizara la primera marcha de No+AFP. Algunos aún recuerdan los carteles de los manifestantes declarando “Andrade, cásate conmigo”. Aunque las AFP poco tenían que ver con estos pagos, la sensación de injusticia copó al territorio nacional y la industria poco pudo hacer para defenderse. La urgencia de cambios se instalaba.

“Fue un año en que diversos hechos influyeron en el ánimo de la gente que, muchas veces, de manera desinformada, se fue armando una opinión, que luego fue difícil de revertir”, dice una fuente de la industria.

La fuente agrega que otro factor que impulsó las críticas al sector fue el anuncio en Perú de la autorización para que los afiliados puedan retirar, incluso antes de pensionarse, parte de sus ahorros. La medida generó interés en Chile e incluso hoy está radicado en el Congreso un proyecto de ley, de iniciativa de parlamentarios, que sigue la misma línea.

Marco Kremerman, de Fundación Sol, no tiene dudas sobre el impacto de año 2016 para las AFP y el actual sistema de pensiones de capitalización individual.

“El año 2016 fue un año muy malo para la industria de AFP y eso tiene que ver con un problema básico, de sentido común, que tiene que ver con un problema material. Uno debería hacerse la siguiente pregunta: cómo es posible que donde hay tanta riqueza, vale decir, una industria que administra entre US$ 170 mil y US$ 180 mil millones, que equivale al 70% del PIB, se entregue tanta pobreza.

Dice que «es una situación insostenible, por lo tanto ningún país puede darse el lujo de pagar malas pensiones prácticamente para la globalidad de las personas que están jubiladas».

El “zapato chino” para las AFP, cree el economista de Fundación Sol, está proyectado para el 2017 pues si no hay cambios drásticos al sistema de pensiones, las jubilaciones no cambiarán y el problema persistirá. Y si cambia, dice, y se transforma en un verdadero sistema de seguridad social, implica también un escenario adverso para las administradoras pues se apuntaría en contra de su existencia.

”Porque nos vamos a enfrentar a que las propuestas que ha hecho la CPC, que pueda hacer el gobierno, que han hecho algunos empresarios y académicos que defienden el sistema de AFP ninguna de ellas puede demostrar que las pensiones actuales mejoren sustancialmente, o que las pensiones futuras, en 20, 30 o 40 años más, también mejoren sustancialmente porque la tasa de rentabilidad bien bajando de manera ostensible. Eso combinado con las marchas y coordinación de No + AFP, lo cual va de la mano con mayor información por parte de la población, por la oportunidad de reflexionar de manera sostenida los últimos 30 a 40 años sobre seguridad social, y vislumbrar y entender que en otros países existen y se pueden pagar las pensiones cuando no todo queda en las manos de las cuentas individuales va a significar una complejidad mayor para la industria, y para el debate sobre las pensiones, porque los candidatos presidenciales no van a poder dar propuestas cosméticas porque los cambios van ser marginales”, recalca.

Bachelet y el polémico 5%

En el intertanto, otro pelo entró a la sopa. El 9 de agosto de 2016, la Presidenta Bachelet anunció, por cadena nacional, los lineamientos principales de la propuesta que el Gobierno prepararía para presentar antes que concluyera su periodo en marzo de 2018.

Y por primera vez desde el inicio del sistema de pensiones, un gobierno democrático se planteaba la idea de romper, al menos parcialmente, la estructura central del sistema de pensiones de cuentas individuales, proponiendo la idea de que la cotización aumentase en cinco puntos porcentuales y que dichos fondos fuesen a dos destinos distintos de las cuentas individuales que administran las AFP.

Bachelet habló de crear un Fondo de Ahorro Colectivo Solidario, donde parte del dinero fuera a mejorar las pensiones de un grupo importante de afiliados y, otra parte, a la acumulación de dineros en una cuenta fuera de las AFP y que reúna recursos destinados. Según indicó el Banco Central en estos días, los recursos provenientes del 5% de cotización adicional podrían llegar a representar 2,5 puntos del PIB.

La propuesta de Bachelet terminó de convencer a las AFP de que su negocio estaba en riesgo de verdad. Si las cotizaciones adicionales que se plantea no van a cuentas individuales, el sector está condenado a ver estancados sus ingresos y su única opción de crecimiento, además de la insulsa competencia por afiliados entre las AFP, comenzaba a deslavarse.

Y aunque esas nuevas cotizaciones en teoría no significarían ingresos adicionales para las AFP, pues estas cobran comisión sobre el sueldo imponible y no sobre el saldo administrado, desde las administradoras la preocupación apunta a que, si ese porcentaje no va a las cuentas individuales, en unos pocos años las personas volverán a reclamar a las AFP por no ver un alza en su pensión –o proyección de la misma– equivalente a sus nuevos aportes (aunque fueran hechos por el empleador). Y es que, aunque no se conocen detalles de las propuestas que todavía evalúa el Gobierno, las AFP plantean la duda de qué pasará cuando comiencen a agotarse los recursos generados por las nuevas cotizaciones y las pensiones no suban equivalentemente.

Desde entonces las AFP han sido agresivas en instalar la necesidad de que los ahorros vayan a las cuentas individuales. Incluso, recientemente, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, señaló que no consideran excluyente que sean las gestoras privadas las que manejen ese dinero, pero que es imprescindible que vayan a cuentas individuales.

Directo al corazón de las ganancias

Pero no es la única preocupación para las AFP. Impedir que el 5% adicional de cotización se utilice parcial o totalmente en mejorar las pensiones actuales es la principal batalla que llevan a cabo, pero no la única.

Tanto la Comisión Bravo como Bachelet y distintos precandidatos presidenciales han apuntado sus dardos a tomar medidas que permitan reducir las ganancias de las administradoras de fondos, las que dejan un retorno superior a los que obtienen gran parte de los sectores económicos del país.

En esa línea, tres son las ideas que ganaron fuerza en el Gobierno y distintos partidos políticos: ordenar la devolución de parte o todas las comisiones cobradas por las AFP, en caso de que haya pérdidas de los fondos en un año; traspasar a las AFP el cobro que se hace con cargo a los fondos de pensiones por la comisión de intermediación, que cobra fondos de inversión extranjeros por poner los recursos en distintas partes del mundo; e incluir a afiliados actuales al sistema en las carteras de afiliados, que se licitan cada dos años para quien cobre la comisión más baja.

Cualquiera de las tres medidas tendrá un impacto importante en la última línea de las AFP, aunque hasta ahora este debate se mantiene en el margen, pues el foco del debate está en el destino y la gestión del 5% de cotización adicional propuesto por Bachelet.

Sin embargo, la convicción con que la Mandataria hizo sus anuncios, ha devenido en timidez y dudas. Esto, por el impacto que pudiera tener, en el mercado de capitales y la economía neoliberal que sostiene el crecimiento de la empresa, en el aporte en financiamiento que otorgan los fondos de pensiones administrados por las AFP y compañías de seguros, en medio de una economía que ya acumula casi tres años con un crecimiento frío.

La sensación de que es un sector intocable ha impulsado al ministro de Hacienda a disputar con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (en particular con su titular hasta diciembre pasado, Ximena Rincón) el destino del 5% y las medidas para reducir la rentabilidad de las AFP.

Como han recordado reiteradamente estas últimas y tanto diversos economistas como ejecutivos del sector financiero, rebajar las ganancias no mejoraría radicalmente las pensiones. Pero cual han dicho algunos académicos, efecto en las pensiones habría y, aún más, se podría legitimar el sistema si la población percibe que las AFP tienen ganancias menos ostentosas.

Fuego interno en las AFP

El clima anti-AFP ha llegado a tal nivel, que las tensiones pasaron del ámbito público al interno de las administradoras de fondos de pensiones y el empresariado. La casta que controla el poder económico en Chile sabe del cuidado que requieren los fondos de pensiones, que financian casi un cuarto de la inversión de las empresas y bancos a nivel local. Pero ni siquiera entre las AFP hay acuerdo sobre lo que se debe hacer, tanto para mejorar las pensiones como para reducir la tirria de la población con la industria.

Así lo vivió el gremio que las agrupa, la Asociación de AFP. En mayo de 2014, dos meses después de dejar de ser ministro de Vivienda de Sebastián Piñera, el ex ejecutivo de Deutsche Bank, Rodrigo Pérez Mackenna, asumió la presidencia de la señalada asociación gremial.

Su misión era agrupar a las AFP en torno a un discurso y una estrategia para contener las críticas al sistema. Con la crisis de Cuprum y Provida la industria se tensionó. Algunos señalan incluso que hubo incomodidad entre algunas AFP por las operaciones de fusión de las administradoras, por el ruido que abrieron en la agenda pública.

Su intervención en junio de 2016, cuando señala que tener a las mujeres jubilándose a los 60 años, y no a los 65 como los hombres, era un acto de “galantería” muy caro, terminaron de enredar su posición al interior del gremio. A esas alturas, su futuro en el sector perdía fichas indefectiblemente.

En ello, además, era clave el factor político: dado que en 2017 habrá elección presidencial, era muy probable que las pensiones fueran tema de campaña y tener a las AFP representadas por un ex ministro de Piñera no era la mejor carta de presentación para la industria.

Más aun después de conocerse la intervención que intentó el ex ministro Pablo Longueira para ser director de empresas en representación de las AFP y considerando que el último presidente del gremio también era UDI, el ex ministro del Trabajo de Pinochet, Guillermo Arthur.

Las diferencias entre Habitat, la AFP de la Cámara Chilena de la Construcción, y otras gestoras con perfil distinto de negocios, además de la llegada de grupos internacionales –como Metlife, Principal y Prudential– a cambio de altos precios de compra, intensificaron las diferencias al interior de gremio.

Hasta hoy, las AFP no tienen una posición única en el debate público. A excepción del destino a cuentas individuales del 5% de cotización adicional en ciernes, lo cierto es que subsisten diferencias entre las administradoras, sobre todo respecto de las medidas para dar mayor relación directa entre las comisiones y la rentabilidad de los fondos. Para ordenarlas, llegó Andrés Santa Cruz a liderar la asociación.

A ello se agrega el mal momento que viven algunas AFP. Provida, de hecho, pasa por momentos difíciles. Su rentabilidad ha sido escuálida y la elección de Donal Trump en Estados Unidos aumentó esa situación, lo que terminó –junto con el llamado de No + AFP a abandonar las AFP Cuprum y Provida– por golpear la posición de liderazgo de la administradora del grupo Metlife en activos y afiliados, siendo superada por Habitat.

Y mientras las grandes administradoras intentan enfrentar el debate sobre las ganancias de las AFP, respecto a que no mejoran las pensiones, las gestoras más pequeñas y baratas –Modelo (de Andrés Navarro, dueño de Sonda) y Planvital (controlada por un banco italiano, aunque los derechos económicos los manejan empresarios privados desconocidos hasta hace poco)– mantienen su estrategia de buscar captar afiliados apostando al discurso de que una comisión más baja aumenta el sueldo líquido, exactamente el incentivo que las AFP grandes no quieren que se potencie, pues lleva el foco a las comisiones, la llave de las grandes utilidades del sector.

Fuente: El Mostrador

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