A principios de octubre la Corte Suprema comunicó una resolución que dio un giro en el caso del cierre del diario La Nación. El dictamen determinó que el Estado de Chile deberá pagar a los privados accionistas de Colliguay S.A. –propietarios de cerca del 30% de las acciones preferentes del diario– alrededor de $5.600 millones más, tras una demanda interpuesta por sus socios en 2014, luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera decidiera la venta del medio por su inviabilidad económica.

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En 2012, por el cierre del diario, los accionistas privados ya habían recibido 3 mil 880 millones. La semana pasada la Corte declaró inadmisible un recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y dio la razón a Colliguay S.A. y a los sindicatos del medio, ya que definió que La Nación era una empresa perfectamente rentable y que tenía una vida económica sana, por lo que no existían razones que hicieran conveniente su término anticipado.

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De esta forma la Corte Suprema echó por el suelo uno de los principales argumentos que dio el ex Presidente Piñera para terminar con casi 100 años de historia del único diario con participación estatal.

La ex presidenta del Sindicato N°3 de La Nación, Nancy Arancibia, recuerda todo el proceso de negociación con el Gobierno de Sebastián Piñera para intentar salvar el inminente cierre del diario. Recuerda que el objetivo de terminar con el medio antecedía su periodo presidencial, ya que en mitad de la campaña presidencial de 2009 el entonces candidato declaró que La Nación no era un diario objetivo que estuviera al servicio de todos los chilenos, sino que se había transformado en una máquina de propaganda y de descalificaciones.

Según la ex dirigenta, allí se levantaron las alarmas entre los trabajadores del medio.

Ya en el Gobierno de Piñera las intenciones de cierre fueron variando, y se pasó a la idea de vender el medio de comunicación y hasta hubo voces al interior de La Moneda que buscaron una reestructuración del mismo, que este pasara a ser únicamente digital, pero el objetivo estaba claro: que La Nación dejara de depender en cualquier medida del Estado.

Según declaraciones del ex Presidente, había dos nudos centrales respecto al diario. Por un lado, había una fuerte crítica a su línea editorial, lo llamaba el “brazo armado” de la Concertación, y planteaba que los ex gobiernos mezclaban sus intereses y operaban a través del diario para perjudicar a la entonces “Alianza por Chile”.

Por otra parte, se instauró la tesis de que mantener a La Nación se constituía en una pérdida constante de recursos para el Estado, lo que era insostenible.

Arancibia explica que efectivamente, si se observaban los números del tiraje diario de La Nación, no podía sostenerse sola, pero su estructura financiera estaba diseñada para tener una entrada constante de recursos –independientes del gobierno de turno– y así poder sustentar el proyecto de un medio de comunicación público.

La Nación S.A. estaba constituida en tres partes: el diario La Nación, una imprenta y el Diario Oficial; era este último el que financiaba al periódico impreso y, de acuerdo a la ex dirigenta, hasta le “entregaba recursos al Estado”.

A juicio de Arancibia, el problema de Piñera con el medio de comunicación pasaba por dos puntos: por una parte, su línea editorial era vista como partidista y, por otra parte, su mixtura público-privada en su propiedad parecía molestar al ex Mandatario.

En opinión de la ex dirigenta, la línea editorial de La Nación era “disruptiva” e independiente, “hoy queda claro el entramado entre la política y los negocios, y el de los medios en relación con el poder. Hace diez años las empresas eran intocables y La Nación Domingo pudo escribir de eso, fue el primero, los otros diarios nunca lo iban a investigar”, dice.

Según fuentes cercanas al ex Gobierno, esto causaba problemas al interior de La Moneda, “sobre todo en las portadas que estaban claramente direccionadas a atacar” a la Alianza, utilización en ciertas ocasiones que reconoce la ex dirigenta, aunque hace hincapié en que el contenido interior de La Nación tenía “una mirada mucho más plural” y que, en momentos críticos a nivel editorial, el tener un equipo periodístico “con procesos de activación mucho más fuerte”, propició el rechazo ante cualquier censura o intervención.

Junto a las supuestas pérdidas generadas por el diario para el Estado, la composición público-privada de La Nación parecía ser otra piedra en el zapato al interior de La Moneda de Piñera.

La figura de la sociedad Colliguay S.A., compuesta por un ex funcionario de Pinochet, un democratacristiano y un socialista –Enrique Alcalde, Luis Thayer y Raimundo Valenzuela, respectivamente–, que tenía porción importante de las acciones preferentes del diario, controlaba buena parte de las definiciones del directorio, y este «era un problema” para los gobiernos de turno.

“Los accionistas privados recibían recursos de una gestión de una empresa estatal, eso era lo que le molestaba a Sebastián Piñera, aunque era raro que le molestara en La Nación pero no en todas las otras empresas, como las AFP, sanitarias, ya que no es una cosa que no ocurra en Chile”, dice Arancibia.

Según la dirigenta, el Gobierno de la época se las arregló para “ir mermando y destruyendo la estructura de La Nación, para terminar ahogándola”. Una de esas medidas habría sido la aprobación en 2011 de la Ley N°20.494, que flexibiliza la creación de empresas, entre cuyos cambios se cuenta la sustitución de la publicación en papel en el Diario Oficial de las sociedades nuevas, por una publicación en la página web de este diario para todas las personas jurídicas; con esto se rebajó la tarifa de publicación, lo que mermó los ingresos que sostenían a La Nación.

Pero, a pesar de que la idea del cierre parecía estar clara en la cabeza del ex Presidente Piñera, al interior de su equipo asesor respecto al tema había posiciones contrapuestas. Es así como el director designado por el Estado, Daniel Platovsky (RN), se convenció de optar por una salida alternativa al cierre o la venta: generar un plan con reglamentaciones estrictas que permitieran la independencia de La Nación respecto del Gobierno de turno, y resguardando la necesidad de tener un medio de comunicación que tuviera como fin último lo público.

La idea no prosperó y las presiones de los sectores más conservadores de la UDI, que apuntaban por el fin del diario, se impusieron y Sebastián Piñera lo vendió a Macarena Duarte, representante de Novia y Compañía Limitada, en 320 millones de pesos, transacción que fue solapada en medio de la cobertura del fallo de La Haya por el litigio entre Chile y Perú y dejó la incertidumbre sobre las reales razones de su cierre, razón por la que Colliguay S.A. demandó al Estado chileno, en el año 2012.

De acuerdo al Juez Árbitro Patricio González Marín, “el fisco actuó de manera antijurídica, abusiva, arbitraria y dolosa” en dicho momento, por lo que hoy deberá pagar más de 5 mil millones. Así, finalmente, a pesar de los intentos de Piñera por resguardar el bolsillo fiscal, las decisiones adoptadas hicieron que “el Estado perdiera por todos lados”.

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Porque la pugna por el cierre de La Nación, entre sus accionistas, también reabre un debate sobre la necesidad de mantener espacios de comunicación con vocación pública y si el Estado de Chile, independientemente del Gobierno de turno, debe preocuparse por sostener y mantener estos medios de comunicación.

Discusión que, según muestra la serie de reportajes “La Nación Gate”, de la periodista Alejandra Matus, publicada en El Mostrador, parece diluirse con el paso de las décadas, con la transición concertacionista a la democracia y la imposición del modelo de mercado en el seno de uno de los denominados “pilares de las sociedades democráticas”: la libertad de prensa y los medios de comunicación.

El peso concertacionista

A pesar de que fue el Gobierno de Sebastián Piñera el que sepultó a La Nación con su venta, la Concertación también cumplió un rol preponderante a la hora de profundizar el proceso de “privatización” del diario y, además, de determinar una línea editorial apegada al Gobierno de turno, en lo que algunos denominan “el peso concertacionista”, un estigma que los personeros de Piñera no pudieron tolerar y que llevaron a vender el diario.

Con la llegada de la transición y el mandato del DC Patricio Aylwin, los ánimos al interior del diario parecían ser más calmados, la dictadura quedaba atrás y el aire de renovación y democracia parecía ser parte fundamental de una nueva etapa para el diario. Hasta los funcionarios habían logrado sobrevivir a una maniobra del general Pinochet, que intentó aprobar vía decreto ley la privatización de La Nación –al igual como ocurrió con una serie de servicios básicos y derechos sociales–.

La jugada fue frenada por dos dirigentes sindicales de la época, Pedro Guzmán y Carlos Ponce, junto con el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de ese tiempo, Fernando Matthei, y el entonces Director de Carabineros, general Rodolfo Stange, integrantes de la Junta de Gobierno.

Durante 1989, Guzmán y Ponce mantuvieron una serie de reuniones en la llamada “La Moneda Chica” –oficina ubicada en Almirante Simpson– con quien sería el próximo ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa. Él les presentó al abogado Raimundo Valenzuela (PS), quien asumiría el cargo de presidente del Directorio de La Nación S.A.

De esta forma, la Concertación inició su arribo al centenario del diario. A pesar de que no había consenso en la necesidad de mantener a La Nación con vida en el nuevo Gobierno, finalmente se optó por que ese medio se regenerara junto con el proceso transicional.

Raimundo Valenzuela venía con una marca registrada: fue representante en Chile de la socialdemocracia alemana, a través de la Fundación Friedrich Ebert en los 80, y gestionó fondos a revistas opositoras, como la Revista Análisis, y a la campaña por el NO. Con estas credenciales se comprometió con los trabajadores a sacar adelante el diario, promesa que no tardó en desvanecerse, según relataron ex dirigentes sindicales.

Ya en marzo de 1990, se empezó a concretar el perfil del directorio. En una Junta Extraordinaria de Accionistas, el fisco nombró a sus nuevos representantes: Jorge Donoso (DC), cercano al ministro Correa, y Amador Navarro (PR), amigo de Raimundo Valenzuela. Así se iniciaba el camino de la consolidación de la Concertación, la que mantenía el equilibrio en las cuotas partidarias al interior del diario, lo que causó molestia entre los antiguos trabajadores.

Además, en el directorio quedaban vestigios de la dictadura, que fueron implantados con el masivo arribo de los “Chicago Boys”. A principio de los 80, el fisco comenzó a comprar las acciones preferentes a los accionistas privados: 11 mil 440 acciones preferentes fueron compradas a nombre de un funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno: el abogado Cristián García-Huidobro Ruiz-Tagle.

De esta forma la división público-privada del diario pasaba a tener un tercer origen, el de funcionarios del Gobierno que compraban acciones para aumentar el poder del fisco al interior del medio de comunicación. Junto con esto, la estatal Radio Nacional compró las acciones de García-Huidobro, de manera tal que el fisco podía nombrar a 4 directores y se convirtió en el accionista controlador del diario.
Después, en mayo de 1988, el funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Juan Jorge Lazo, compró las 15.840 acciones pertenecientes a una familia que las tenía desde el origen de la empresa, en los años 20 del siglo pasado, quedando gran parte de La Nación en manos del régimen de Pinochet.

En 1990, Juan Jorge Lazo, quien aún figuraba como el dueño personal de parte de las acciones, nombró a un peculiar empresario para representarlo: Enrique Alcalde, quien era “considerado un sabueso para detectar buenos negocios».

En su currículo figuran dos brillantes negocios: la representación en Chile de la española Sacyr, constructora que se había adjudicado la concesión de 620 kilómetros de nuevas carreteras bajo los gobiernos de la Concertación, incluidas la renovación de la Ruta 68, la Autopista Vespucio Sur, así como el proyecto de unir Vitacura con el Valle de Chacabuco, señala el reportaje “La Nación Gate II: el comienzo del club privado”.

Las otras acciones estaban en manos de Radio Nacional, que era manejada por otro histórico de la Concertación, Eugenio Tironi; además, como la radio era estatal y dependía de la Segegob, también estaba bajo el mando de Enrique Correa.

“Con el paso de los años la visión editorial del diario fue cambiando”, aseguraron fuentes cercanas a La Nación. Hubo grandes golpes periodísticos, temas de derechos humanos fueron portada del periódico, pero poco a poco «empezaron a pasar cosas raras». “Prácticas que creíamos que se habían terminado con el régimen militar, comenzaron a aparecer. Echaban gente que había trabajado toda una vida en el diario, para reemplazarla por otra que era amiga de las nuevas autoridades”, relató el ex dirigente sindical Guzmán a El Mostrador.

Según cuenta el dirigente, “se multiplicaron los cargos innecesarios para pagar favores políticos. Los cócteles y recepciones eran apoteósicos, y después nos decían que nuestras condiciones laborales no podían mejorar porque la empresa era deficitaria. Hablar con el ministro Correa, para denunciar estos hechos, se hizo cada vez más difícil».

Otra situación a lo menos “irregular” que ocurrió en dicha época fue el silencio que se mantuvo tras el “perdonazo” que dio el fisco a La Nación S.A. Por medio de la ley de Condonación Tributaria Nº 19.041, se le perdonaron casi 1.400 millones de pesos al diario, frente a los 1.700 millones que la empresa adeudaba desde 1978.

Tras esto, La Nación S.A. comenzó a repuntar y a tener números azules. Esta información se mantuvo oculta y solo era conocida por el presidente, Raimundo Valenzuela, y el representante de Juan Jorge Lazo, Enrique Alcalde, señales que empezaron a cimentar la realidad al interior de La Nación, y el peso eterno de cargar con la mochila de responder al Gobierno de turno.

Colliguay: el verdadero patrón

A pesar de que el arribo de la Concertación en La Nación se dio con fuerza, la ex dirigenta Nancy Arancibia asegura que esto no se constituyó en el principal problema, sino que en paralelo se debieron enfrentar a un tema más profundo: la propiedad del diario. Un origen que se debatía entre el fisco y distintos privados que tenían desde su inicio parte de sus acciones.

Es así como en 1991, en medio de la crisis de uno de sus accionistas, la Radio Nacional, el ministro Enrique Correa de a poco avanzaba en una profundización de la privatización de La Nación. Correa por esos años convencía al Presidente Aylwin de que mantener dicho medio no era viable económicamente.

Viendo esta oportunidad, Alcalde llegó hasta Tironi –quien dirigía la radio estatal– y le propuso comprar las acciones que tenía la emisora en La Nación. «Sé que ustedes tienen un paquete de acciones en el Diario La Nación, que a mí me interesan. Les ofrezco 12 millones de pesos», relata el reportaje de 2009 de El Mostrador.

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En paralelo, Alcalde preparaba el nacimiento de Sociedad de Inversiones Colliguay S.A., junto “a dos funcionarios del Gobierno de Patricio Aylwin: el DC Ricardo Halabí, quien en ese tiempo trabajaba en el Ministerio de Agricultura, y el PS Juan Cavada, empleado del Ministerio de Planificación, Mideplán”, y amigo del presidente del directorio de La Nación, Raimundo Valenzuela.

En 2009, fuentes de La Nación aseguraron a El Mostrador que detrás de la formación de Colliguay “estuvieron las manos del ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, hombre de la DC cercano al secretario general del Gobierno, el PS Enrique Correa”.

Además, uno de los socios de la empresa afirmó que recibieron “la bendición del Gobierno” para entrar al negocio, “el ministro Enrique Correa no participó en la operación, pero nos instó a hacerla».

Finalmente Tironi y Alcalde cerraron el trato por 16 millones de pesos, cifra mayor a la ofrecida originalmente. Operación que se mantuvo secreta hasta que Radio Nacional cambió de dueño. En 2002, el nuevo propietario presentó una demanda de nulidad de derecho público en contra de Colliguay S.A., alegando que el precio por el cual la empresa estatal vendió las acciones fueron muy por debajo del valor real.
Según un peritaje ordenado por el Primer Juzgado Civil de Santiago y revelado en el reportaje “La Nación Gate III: todo el poder de Colliguay S.A.”, “el precio pagado por Colliguay por las acciones de Radio Nacional fue 11 veces inferior al valor que esas acciones tenían en el mercado en aquel momento. O quizás 27 veces más bajo, si se hace caso del informe de una consultora privada, que consta en el mismo tribunal”.

A las acciones de Radio Nacional compradas por Colliguay S.A, se suman las de Juan Jorge Lazo, quien también les vendió sus 17.608 acciones en poco más de tres millones de pesos. De esta forma Colliguay podía competir con el fisco en el control de La Nación.

A pesar de que a finales 1991 Colliguay tenía el poder y el derecho a nombrar dos integrantes del directorio, le permitió al Gobierno hacerlo y, así, en 1992 asumieron en el directorio el DC Carlos Figueroa y el periodista Fernando Villagrán.

A cambio, los accionistas preferentes obtuvieron poder de veto sobre el nombramiento del presidente del directorio y, además, la conducción editorial del diario La Nación y del Diario Oficial. De esta forma se consolidaba el modelo consistente en que, si bien el fisco contaba con casi el 70% de las acciones, el verdadero control lo tenía Colliguay.

A pesar de que hubo distintos rumores de que la llegada de Colliguay a La Nación podría haber sido una operación del Partido Socialista, se intentaron mantener los equilibrios durante los otros gobiernos de la Concertación. De todas formas, ante los rumores y presiones, Juan Cavada decidió salirse de Colliguay, a mediados de los 90. Luis Eduardo Thayer, amigo personal de Ricardo Halabí, asumió el rol de este en la empresa.

Con la llegada de Ricardo Lagos al Gobierno, otros nombres de la Concertación se dejaron caer en La Nación. Francisco Feres era entonces el gerente general, Valenzuela se integró al directorio del diario y el actual subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, continuó presidiendo el señalado directorio.

En 2004 se profundizó el proceso de privatización de La Nación. Se inició un camino de división de la propiedad de la imprenta, que pasó a llamarse Puerto Madero S.A., en la cual se replicó la estructura de propiedad de La Nación, lo que hizo aparecer nuevamente el fantasma de la quiebra que seguía rondando al diario.

Estas son señales que podrían dar luces de un proceso de privatización a escondidas, señalaba el primer director del diario La Nación en democracia, Abraham Santibáñez, en 2009. Proceso que terminó por concretarse en el Gobierno de Sebastián Piñera, cuando en el año 2012 se determinó la venta (más bien, el cierre) de La Nación.

Esta privatización encubierta terminó por sepultar un medio que había sobrevivido a casi un siglo de cambios y tensiones políticas. A juicio de Nancy Arancibia, este fracaso no solo se debe a la propiedad del medio sino que su núcleo se encuentra en el “fracaso de la clase política a la hora de entender que los medios no son una herramienta de su propia agenda, de no entender que los medios tienen una pata de derechos ciudadanos, y una fuerte relación con la democracia”.

Para la dirigenta, con la pérdida de La Nación se genera una fuerte merma en el sistema de medios, el que está fuertemente concentrado y privatizado, y a pesar de que un solo diario “no cambiaba esto, era un espacio de visión distinta que estaba en circulación nacional. Hoy tenemos medios independientes acotados que no entran a disputar la hegemonía de información que circula en redes, noticiarios y que se impone en cómo vamos discutiendo y en cómo avanza el país”.

Fuente: El Mostrador

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