Otro Hoyo Negro en las FF.AA.: Ex Comandante en Jefe de la FACh Recibe Jubilazo de $4 Millones por Invalidez

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Dentro de las 50 pensiones más altas pagadas por Capredena aparece la del ex general del aire Patricio Ríos Ponce, quien desempeñó la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea entre los años 1999 y 2002, que goza de una jubilación de $4.001.827, bajo la causal de retiro «Inutilidad II Clase». Capredena informó a la Comisión Investigadora de la Cámara que, a diciembre de 2015, se estaban pagando 6.169 pensiones por invalidez, que suponen un desembolso anual de 5.249 millones de pesos.

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Ríos Ponce dimitió en medio de la polémica que generó al nombrar como representante de la FACh ante la Mesa de Diálogo por los derechos humanos, al general Patricio Campos, quien estaba casado con Viviana Ugarte, ex integrante del Comando Conjunto.

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Aunque Campos renunció, el Gobierno le envió diversas señales de que Ríos ya no contaba con la confianza del Presidente Lagos, po lo que presentó su renuncia el 13 de octubre del 2002.

Según la Caja de Previsión, el general (r) goza de una jubilación de $4.001.827, bajo la causal de retiro «Inutilidad II Clase».

El diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la comisión investigadora unida de las pensiones millonarias en Dipreca y Capredena, se refirió a la arista relacionada con pensiones de invalidez que abrió en la instancia fiscalizadora, asegurando que «hay bastantes cuestiones extrañas» en sus otorgamientos al interior de las FF.AA.

El parlamentario puso por ejemplo la situación del ex comandante en jefe de la FACH, general Patricio Ríos Ponce, quien renunció a su cargo tras sostener una polémica pública con el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, -por su cuestionada actuación en las investigaciones de violaciones a los DDHH-, pese a lo que ahora figura pensionado por inutilidad:

«Hay incluso una pensión de invalidez de un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Patricio Ríos Ponce, que renunció en 2002, al tercer año de su mandato, por una supuesta vinculación con derechos humanos. Eso del punto de vista político, pero teniendo él sus plenas capacidades. Sin embargo, aparece pensionado por invalidez con una pensión sobre los cuatro millones de pesos mensuales».

«Las pensiones más altas que entregan las Fuerzas Armadas provienen de esta causal de inutilidad. Hay pensiones, por ejemplo, de 6,8 millones de pesos», agregó Soto en referencia al monto que recibe el ex auditor general de la FACH, Patricio Franjola Buigley, apuntando a que «casi el 10% de las pensiones que se otorgan en la FF.AA son por invalidez, lo que es una cifra demasiado alta».

Según el diputado socialista, es necesario investigar una eventual «disociación en estas pensiones con sus causales reales»,  puesto que, entre otros puntos a indagar, son justificadas solo «por los diagnósticos médicos que hacen las comisiones de sanidad de cada una de las ramas de las FFAA, las que no son controladas por nadie».

«Por lo tanto hemos pedido en la comisión que nos entreguen todos los antecedentes de las declaratorias de invalidez de las pensiones sobre las 60UF. Creo que hay un espacio para la irregularidad y el abuso, particularmente porque muchos de los que las piden son superiores jerárquicos de quienes las otorgan», concluyó el diputado Soto.

Capredena informó a los diputados que, a diciembre de 2015, se estaban pagando 6.169 pensiones por invalidez, que suponen un desembolso anual de 5.249 millones de pesos.

Soto explicó a radio Cooperativa que el sentido de las «pensiones de inutilidad o de invalidez» es dar sustento económico «al personal que padece alguna enfermedad invalidante de carácter permanente»; es decir, «que tienen incapacidad para trabajar».

Esto, sin embargo, contrasta con el hecho de que personas pensionadas actualmente por invalidez «se mantienen trabajando (…) en las Fuerzas Armadas y de Orden, y otros en el ámbito público y privado con notables desempeños».

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Un caso es el de Patricia Rivera Narváez, quien se jubiló como funcionaria de Capredena en 1998 y actualmente se desempeña como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago:

«Hay una contradicción insalvable entre la invalidez y el hecho de seguir desempeñándose laboralmente, incluso en labores muy complejas, como las de una persona que al día de hoy ejerce como jueza de familia».

Soto explicó que «para poder decretarse la invalidez tiene que operar una Comisión de Sanidad, una comisión médica que hace una evaluación física y sicológica de los postulantes», pero «sus diagnósticos no son controlados por nadie», como ha reconocido la propia Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

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Además, «muchos de los que postulan a estas pensiones son superiores jerárquicos de los médicos que las otorgan, y ahí hay una influencia que puede favorecer el otorgamiento de pensiones irregulares».

Se crea «un espacio indudable para la irregularidad», resumió.

 

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