Esta mañana, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la formalización de Corpesca como persona jurídica, en el marco de la investigación que dirigen los fiscales Ximena Chong y Julio Contardo. En su representación asisitó el gerente general  y representante legal, Arturo Natho Gamboa, en la foto.

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó esta mañana como persona jurídica a la empresa Corpesca, controlada por el Grupo Angelini.

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El Ministerio Público indaga la responsabilidad de la firma en no haber adoptado los protocolos para evitar el delito de soborno presuntamente cometido por el ex gerente de la pesquera, Francisco Mujica, con el desaforado senador, Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isassi, ambos formalizados por cohecho.

El fiscal Julio Contardo explicó que «a estas alturas, prefiero no hacer una previsión de aquello en atención a que, por el momento, no hemos determinado la total responsabilidad en cuanto a las circunstancias concurrentes y, por lo tanto, al tipo penal que, en definitiva, se va a acusar, y eso se va a hacer en el libelo acusatorio».

«Dentro de las sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas va desde la multa hasta la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar, por ejemplo, contratos con el Estado. Eso va a depender de la imputación que se haga en el libelo acusatorio. La disolución es una de las sanciones, la más grave que contempla la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas pero hay que estarse al delito base que es el delito de soborno».

Agregó:

«Lo que pretende la legislación actual es impedir que al interior de las empresas sus representantes legales puedan desarrollar actividades delictivas por ejemplo soborno, desviando capitales de la empresa al financiamiento de políticos en la materia legislativa».

La formalización se centró en el presunto pago de sobornos a políticos, con el objetivo de incluir en la Ley de Pesca, más conocida como «Ley Longueira», cláusulas a favor de la compañía perteneciente al grupo Angelini.

En esta indagatoria están formalizados, hasta ahora, por presunto cohecho el desaforado senador ex UDI Jaime Orpis, la ex diputada independiente Marta Isasi, y por eventual soborno el ex gerente general de la empresa, Francisco Mujica.

Según el Ministerio Público, entre los años 2009 y 2013, la empresa Corpesca habría pagado dinero a los parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpis, 231 millones de pesos en total, para que éstos defendieran sus intereses ante los cambios que se tramitaban a la Ley de Pesca en el Congreso.

Acusados de no prevenir sobornos

La Fiscalía acusa a la firma de no haber tomado los resguardos necesarios para impedir que el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, entregara dinero a los parlamentarios, un delito que la justicia califica dentro de la Ley de Responsabilidad de las Empresas.

Corpesca defendió que sí contaba con las medidas de seguridad requeridas por la ley 20.393 y comprometió su colaboración en la investigación.

El abogado Waldo Bowm, dijo:

«Según la Fiscalía, la empresa incumplió con sus deberes de supervisión y dirección en la prevención de los delitos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al respecto, esta defensa rechaza estas imputaciones. Al momento de la comisión que se le imputa al ex gerente, la empresa contaba con un modelo de prevención real, idóneo, integro, que cumplía con los requisitos de la ley, por lo que estamos confiados de nuestros medios de defensa»,

Desde Corpesca en tanto, aseguraron a través de una declaración pública que «la empresa reitera que ha aportado al Ministerio Público los antecedentes que demuestran que sí contaba con dichas medidas y, por ende, daba cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada ley».

«Del mismo modo, ha prestado toda la colaboración para el esclarecimiento de estos hechos de público conocimiento, respecto de los cuales la empresa como tal es absolutamente ajena, por lo cual espera ejercer su derecho de defensa oportunamente», añade el comunicado.

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Diputado Gutiérrez: «Podría aplicarse a otras empresas»

El diputado comunista Hugo Gutiérrez valoró la formalización y en un eventual escenario dijo que sería positivo recurrir a estos mecanismos para que otras empresas y parlamentaros implicados en este tipo de delitos enfrenten la ley.

Gutiérrez sostuvo que «formalizando nada menos que a la persona jurídica de Corpesca por un delito corporativo, que tiene la base en los sobornos acreditados a Orpis, Isasi y otros más es un avance significativo en lo que lleva consigo este proceso y que sin duda, pueda aplicarse el día de mañana a otras empresas que también han corrompido a políticos.

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«Y me refiero específicamente a SQM, y eventualmente a otras empresas que aparezcan en esta misma investigación», concluyó el diputado.

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