Las organizaciones vinculadas a los militares acusados de violaciones de derechos humanos están “innovando” en sus métodos. Ahora están en Flickr, Facebook y Twitter. Además, con proyectos de ley respaldados incluso con parlamentarios de Nueva Mayoría, lobby parlamentario, insertos en El Mercurio y campañas para financiar gastos judiciales.

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“En Radio Portales, la primera de Chile, presentamos Revelando: una amena conversación sobre la actualidad nacional e internacional, actividades artísticas, culturales, deportivas y mucho más. Rrrrrevelando es auspiciada por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR A.G.”, suena en la cortina musical.

Con invitados como Julio Castañer, el coronel sindicado como quien roció con bencina a Rodrigo Rojas De Negri, y saludos por Twitter del exalcalde de Providencia y exagente de la DINA, Raúl Labbé, la ASOFAR mantiene dos programas radiales que ahora también funcionan con streaming. Acompañados de música de los ‘80 y los Cuatro Cuartos, los programas “Revelando” y “Reunidos” son la voz de “la familia militar” en la V región. En cada capítulo se repite una frase: en Chile ya no se respeta el estado de derecho.

Los espacios radiales en Portales FM y Radio Énfasis fueron arrendados por seis meses con auspicio de los marinos retirados en marzo de este año. Y es que la discusión de dos proyectos de ley y una moción parlamentaria -apoyada por 19 senadores para otorgar beneficios de cumplimiento de pena a reos mayores de 75 años o aquejados de enfermedades terminales sin distinguir entre reos comunes y los condenados por delitos de lesa humanidad, las organizaciones que apoyan a los violadores de Derechos Humanos- están más activas que nunca.

En sus reuniones ya no sólo se ponen al día de las arremetidas judiciales y coordinan visitas a los penales, sino que también se capacitan en comunicaciones, redes digitales y la teoría de la “espiral del silencio” de las minorías políticas, como ellos.

El 9 de mayo, los concejales de Valparaíso se enteraron con sorpresa de que el alcalde UDI, Jorge Castro, facilitó el Salón de Honor de la Municipalidad para la ceremonia inaugural de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en Retiro, organización que surgió en octubre del año pasado luego de un encuentro de más de cien exuniformados, esposas y familiares de militares.

“Quiero saludar a su directorio y decirles que estamos disponibles para que la unidad sea posible y tengamos una Multigremial poderosa”, declaró el alcalde Castro a la radio Valentín Letelier luego del lanzamiento. El presidente de la Multigremial, Alejo Riquelme, un exfuncionario de la Defensa Nacional, dijo en su discurso inaugural que buscan ser un “grupo humano granítico”, que acabe con la discriminación que sufren los afiliados a DIPRECA y CAPREDENA y que actúe firmemente para que “los Tribunales de Justicia, en sus fallos, no cometan más las atroces injusticias con el fin predeterminado de encarcelar sí o sí a nuestros colegas procesados”.

Para ese objetivo tienen distintas estrategias. Los marinos, por ejemplo, llevan a cabo el “Plan Ancla” desde 2015. Consiste en una campaña para recaudar fondos para la defensa de los militares que enfrenten ofensivas judiciales por violaciones a los derechos humanos.

En palabras del presidente de ASOFAR, Pedro Veas Diabuno (que se describe como contraalmirante, submarinista, ex Práctico de San Antonio, dirigente gremial, navalino y cruzado, en ese orden), el Plan Ancla busca “ayudar a mitigar los sufrimientos de quienes están detenidos. Busca ayudarles cuando tienen necesidad. Busca hacerles sentir que no están solos. Busca sacar una sonrisa de esos rostros tristes”. Otras organizaciones de la Multigremial, como la Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos (CREN), solicita audiencia vía ley del lobby a parlamentarios de todo el arco político.

Envalentonados por el apoyo de actores como el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, a las iniciativas para dar beneficios carcelarios a sus presos, los militares en retiro dicen que ha llegado el momento de unirse: “creo que la situación está dada para que la familia militar tenga algo que decir sobre el futuro de Chile”, declara Raúl Labbé al saludar a los marinos, como se ve en el siguiente video:

Las declaraciones como las de de la diputada UDI Marisol Turres para referirse a los reos de Punta Peuco como “pobres abuelitos” se apoyan en el activismo de Milton Iglesias, miembro de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, quien coordina las visitas al penal.

También tienen agenda internacional: el 1º de Julio enviaron una carta a los presidentes que participaron de la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Varas, para “dar a conocer una situación que repugnaría a todo hombre de bien (…) La prisión preventiva se presenta como pena anticipada”, dice Alejo Riquelme en la carta, reclamando que los acusados de crímenes de lesa humanidad son ciudadanos que se encuentran “fuera del paraguas protector del estado de derecho”.

Esto sólo es posible, sigue el texto, dado que “en el Chile actual, olvidando las enseñanzas de la historia, grupos interesados han logrado construir un mito en torno a esos dramáticos sucesos de la segunda mitad del siglo pasado, presentando a las nuevas generaciones VIRTUD donde hubo ABUSO, LEGITIMIDAD donde hubo IMPOSICIÓN y PAZ donde hubo VIOLENCIA”.

Las “víctimas” de Punta Peuco

Para el coronel Moisés Retamal, quien cumple condena en Punta Peuco por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos en San José de Maipo, “un muy alto porcentaje de los presos de Punta Peuco son víctimas del delito de prevaricación que cometen miembros del Poder Judicial, ratificándose la Dictadura Judicial”, según su carta abierta de marzo.

Julio Castañer, en tanto, no duda en calificar la declaración que dio el exconscripto Fernando Guzmán en noviembre de 2014, donde lo acusa a él y otros siete exoficiales de ser culpables del asesinato de Rodrigo Rojas De Negri el 2 de julio de 1986, como un “tongo judicial” en el que Guzmán recibió dinero por incriminarlo.

La Multigremial de las FFAA señaló a El Desconcierto que a la luz de tales acciones “surge la duda sobre la validez de las pruebas incriminatorias”.

Castañer, además, escribe cartas a El Mercurio y asiste a los programas radiales de la Armada declarando que es “víctima de violaciones a los derechos humanos”, ya que su derecho al debido proceso se ha visto entorpecido por las “ficciones jurídicas” del Poder Judicial. Su esposa Jeannette, una activa usuaria de las redes sociales con hashtags como #JusticiaAlinocente, #EstadoDeDerecho, #FalsosExonerados y #PiñeraNuncaMás, declinó comentar cuáles serían las pruebas de que el testimonio del exconscripto es un “tongo”.

“Esta estrategia de victimización es nueva”, señaló a El Desconcierto Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). A su juicio, va de la mano con las presentaciones ante el Tribunal Constitucional a las que están recurriendo los abogados de los victimarios para poder detener las causas que investigan los crímenes de la dictadura y la ofensiva legislativa para entregarles beneficios carcelarios.

Para Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, la situación va más allá de lo que ella algún día imaginó:

“No debemos olvidar que Julio Castañer incluso robó la cámara de Rodrigo, luego de quemarlo. Para ser franca, creo que todo lo que tiene que ver con Rodrigo está claro. Pero aquí hay involucrados que son del alto mando y están quedando impunes. Están involucrados Francisco Javier Cuadra, Rodolfo Stange y muchos otros. Yo quiero que enfrenten un juicio, así como quiero justicia aplicada los de la patrulla como Castañer. No quiero venganza, no los odio, quiero lo que cualquier ciudadano con dignidad y madre de un ser querido que fue atacado con tanta premeditación y alevosía pediría: justicia”, explica en la víspera de la conmemoración número 30 de la muerte de su hijo luego de ser quemado vivo, sin que hasta el día de hoy se emitan sentencias al respecto».

“Nadie de este grupo conformado por la Iglesia, la derecha y los militares retirados puede decir que se han arrepentido, pedido perdón o colaborado, lo que es un requisito para penas alternativas en cualquier otra situación”, critica Alicia Lira. Y aunque lo hicieran, está en duda el conflicto con la legislación internacional: el Estatuto de Roma indica que a los condenados por delitos de lesa humanidad no se les deben otorgar beneficios carcelarios, como podría ser esta libertad vigilada, libertad condicionada o una reclusión domiciliaria.

Apostando a la impunidad biológica

El 20 de junio pasado, Verónica y Alicia se encontraron encadenadas a las rejas del ex Congreso Nacional. “No saben el desgaste que significa para nosotras volver a vivir esto”, relata Lira. “Los gobiernos de la Concertación no merecen ni una gota de la sangre de los ejecutados políticos”, dice.

Para las familiares de las víctimas es inaceptable que en el Senado ya tengan un proyecto de acuerdo que beneficiaría a los condenados por violaciones a derechos humanos mientras que el proyecto de ley que define la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad duerme allí hace siete años.

“Frente a este escenario en que el padre Fernando Montes aboga a favor de los militares enfermos y terminales, frente a un parlamento que ya ha presentado tres iniciativas de ley a la Presidenta de la República para que se revise la situación de los militares detenidos en Punta Peuco; y frente a las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, es lógico que se inicie esta puesta en escena mediática de la AFDD, es más, llamaría la atención que no lo hicieran”, declaró el presidente de la Multigremial de las Fuerzas Armadas luego de la protesta en el exCongreso, convencido a su vez de que los poderes del Estado han funcionado a favor de las organizaciones de derechos humanos.

Si para los miembros de ASOFAR  sus reuniones con el Director General de personal de la Armada, el director de la Academia de Guerra Naval y el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, así como la presencia de personal de servicio activo de las Fuerzas Armadas y del Orden en las reuniones de la Multigremial son parte de sus derecho a la legítima defensa ante lo que conciben como un ataque orquestado no sólo por la izquierda, sino que por “traidores” como Sebastián Piñera, para Alicia Lira es una evidencia de la falta de voluntad que hay para reformar las Fuerzas Armadas.

En la visión de Alicia Lira, las iniciativas del último tiempo tienen un mismo objetivo: la impunidad.

“Están apostando a eso, a la impunidad biológica, recurren a su edad porque saben que estamos muriendo los familiares, se mueren los testigos y ellos también. Están enterrando la verdad y la justicia”, reflexiona, y recuerda a Otilia Vargas, madre de cinco hijos, tres ejecutados políticos y dos detenidos desaparecidos, que murió el 2008. “Ella murió sin saber la verdad de dónde estaban ni obtener justicia. Son muchísimas las que han muerto esperando”.

Mientras tanto, la familia militar sigue con sus iniciativas. El 26 de junio se publicó en medios escritos la “Carta abierta de Hijos y Nietos de Presos Políticos Militares de Punta Peuco a Bachelet”. En ella le piden la libertad de sus abuelos y padres, un gesto que para ellos “contribuirá sin duda al reencuentro de una gran mayoría de chilenos”. Raúl Iturriaga Neumann, exdirector de la DINA condenado por crímenes como la desaparición de Luis San Martín y el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires en en 1974, o el atentado a Bernardo Leighton en Roma en 1975, firma como Eduardo una carta de timbres bíblicos del 16 de junio en la página La Voz de Punta Peuco: “hay que pasar de las buenas palabras y de las buenas intenciones a hechos concretos que cierren un ciclo en la historia de nuestra convivencia nacional”. Un nuevo nombre para el “hay que dar vuelta la página” borrando con el codo a las víctimas.

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Fuente: El Desconcierto

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