Dos proyectos del Senado apuntan a que los reos del país que padezcan una enfermedad terminal cumplan con su pena en su domicilio. Esto incluye a 13 residentes del penal militar de Punta Peuco. El debate ya empezó entre quienes están a favor y en contra.

 

<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
     style=»display:block»
     data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
     data-ad-slot=»2173848770″
     data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

El 14 de junio, hace poco más de dos semanas, coincidieron en la Cámara Alta dos proyectos que buscan que enfermos terminales cumplan los últimos días de su condena en libertad. El primero fue una iniciativa presentada por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Lily Pérez (Amplitud) y Eugenio Tuma (PPD). El segundo fue un proyecto de acuerdo firmado por una cantidad mucho más grande de senadores para pedir a la Presidenta Michelle Bachelet que se pronuncie sobre el tema.

La carta la firmaban 19 parlamentarios y -por el lado del oficialismo- la apoyaron los senadores Manuel Antonio Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, de la DC; Alejandro Guillier, independiente-PR, y el mismo Tuma, del PPD.

Nadie del PS se sumó a la iniciativa.

 Y la razón es simple. Ambos proyectos presentados no hacen distingos entre reos militares y civiles, lo que beneficiaría a la población penal del país con graves problemas de salud en su totalidad, incluyendo a los residentes de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos.

En Chile, hay un población penal de 43 mil personas. De ellos, 240 reos son mayores de 70 años, según un catastro hecho por Gendarmería en mayo. De ese número, 56 son hombres que cumplen su condena en el penal de Punta Peuco. Es decir, alrededor de un cuarto de la población penal nacional de mayor edad reside en una cárcel para militares. De todos los reclusos de Punta Peuco, que llegan a 139, poco menos de la mitad es mayor de 70 años.

Las organizaciones de DD.HH. ya empezaron a evidenciar preocupación por los dos proyectos del Senado.

El viernes 1, la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se reunió con el ministro del Interior, Mario Fernández. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, estuvo en el encuentro al que siguió una marcha.

“Nos parece una aberración plantear y buscar la libertad de violadores de derechos humanos, invisibilizando que cometieron delitos de lesa humanidad”, dice Pizarro.

“Esto, además, en un contexto muy particular en Chile, con todas las garantías que ellos han tenido, como condenas con mucha tardanza, condenas absolutamente rebajadas que no tienen ninguna relación con la magnitud del delito y, junto con ello, lo que significa la presencia de estos sujetos en el penal de Punta Peuco. Lo complicado de esto es cuando se suman a iniciativas como estas personas de la Nueva Mayoría. Para nosotros resulta inaceptable”, remata.

El senador del PPD Eugenio Tuma, quien firma ambos proyectos que están en el Senado, acá defiende su postura: “Esta iniciativa no tiene otro objetivo más que cumplir con las disposiciones de los convenios internacionales en materia de derechos humanos”, dice. “Se le ha dado una connotación política al proyecto que no merece, entendiendo que los derechos humanos son un derecho inalienable que no puede discriminar ni por raza, ni por religión, ni por edad, ni por género, ni por etnia, entonces, tampoco por política ni por tendencia religiosa. Queremos dar muerte digna fuera del régimen penitenciario a personas que están dentro de sus últimos momentos de vida. Estamos hablando de los miles de presos que hay en Chile y nunca se pensó con este proyecto darle una salida a quienes están en Punta Peuco”.

El dirigente de Gendarmería Oscar Benavides cuenta una historia que, dice, lo marcó. En 2010 estaba trabajando en el penal de Concepción, donde le tocó resguardar a un interno, Javier González, que estaba desahuciado por un cáncer al hígado. A través de Gendarmería se hicieron las gestiones para que González recibiese el indulto presidencia y pudiera ir a morir a su casa. El indulto llegó un día después de que González falleciera.

“Nosotros sabíamos que administrativamente iba a demorar”, relata Benavides. “Así que decidimos sacar al recluso por nuestra cuenta y lo llevamos a su casa después de obtener una recomendación. Hicimos turno las 24 horas en su casa, actuamos al filo del reglamento, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila. Gendarmería nos hizo un sumario, pero finalmente salimos absueltos”, cuenta.

Benavides ha estado en varios penales de Chile, incluido Punta Peuco. Y dice que desde el cierre del penal Cordillera, en 2013, donde cumplían condena miembros del Alto Mando del Ejército, la situación de los reos militares se ha tendido a equiparar con el resto de la población penal.

“Ya no se hacen honores a los militares y tampoco hay fiestas”, dice. Aun así, los reos en Punta Peuco siguen teniendo algunos privilegios, según Benavides. Las piezas son individuales y todas tienen televisión, aunque las duchas son compartidas. Los más enfermos pueden recibir visitas en sus habitaciones y también pueden comer ahí, ya que no se pueden trasladar.

“En el resto de los penales no se da este tipo de condiciones”, explica Benavides.

Aun así, el dirigente de Gendarmería está de acuerdo con que el beneficio que se discute en el Senado llegue también a los reclusos de Punta Peuco.

“Al mantenerlos en los recintos militares también se están cometiendo delitos de lesa humanidad”, comenta.

De los 139 detenidos que hoy residen en Punta Peuco, 13 están en estado grave o crítico, según la Asociación de Amigos y Familiares de los reos. Ellos serían potenciales beneficiarios de una nueva ley. Anita Castro es hija de Marcelo Castro Mendoza (70), capitán de Carabineros condenado a 10 años por el secuestro de dos personas en Isla de Maipo en 1973. En octubre de este año cumple seis años detenido en Punta Peuco.

Castro dice que su padre es un enfermo terminal y por eso espera que el proyecto presentado en el Senado se resuelva pronto. “Mi papá es diabético, insulino-dependiente y está ciego”, explica. “Todo esto lo acreditan certificados médicos. Es hipoacústico, es decir, necesita dos aparatos, uno en cada oído, para poder escuchar.

Hace cinco años sufrió en Punta Peuco tres paros cardiorrespiratorios. Eso fue el 27 de junio de 2011. Estaba muy enfermo en la enfermería del lugar y yo tuve que pedir que lo llevaran urgente al hospital. Finalmente, aceptaron.

 A causa de esos infartos, él quedó con daño irreversible de sus riñones. El está en la etapa terminal de la enfermedad por eso. Por lo mismo, él se dializa tres veces por semana. Por otro lado, producto de la diabetes a él le han amputado todos los dedos de uno de los pies y los tres artejos del otro pie. Su estabilidad se ve afectada por eso y tiene que usar bastón. Por otro lado, esa misma vez le pusieron una inyección y esa herida se le infectó, porque es diabético y estuvieron a punto de cortarle el brazo derecho; le pedimos al doctor que independiente de que el brazo estuviera muerto, se lo dejaran”, afirma.

Además de Castro, en el grupo de 13 personas en estado grave se encuentra otro ex militar en etapa terminal de su enfermedad. Eugenio Fieldhouse Chávez (73), quien cumple una condena de cinco años por secuestro calificado y que padece un cáncer de próstata con metástasis en pulmones y huesos.

Anita Castro, además, dice que su padre ya se ha transformado en un problema para los gendarmes. “En el fondo, los gendarmes tampoco son nanas. Ellos cumplen sus funciones simplemente. Mi padre debería ser incluido en el nuevo proyecto, como tantos otros, que pueden estar igual o peor que mi papá”, señala.

El mayor del grupo es el general (R) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger (90). Sólo dos reos tienen más de 90 años en todo Chile, y Ruiz es uno de ellos. Cumple una condena de cinco años por secuestro calificado, de los que lleva casi dos en Punta Peuco.  

Susana Ruiz, su hija, no quiere adentrarse demasiado en las razones de su condena:

“El asumió responsabilidades de mando por algunos crímenes que fueron, digamos, atribuidos a personal de su unidad, pero la verdad es que yo no tengo antecedentes de eso, porque nunca me he metido en esa parte”.

Ruiz dice que su padre sufre secuelas de un atentado que sufrió el año 90, cuando trabajaba en una oficina de corretajes con el general Gustavo Leigh y quedó parcialmente discapacitado del brazo derecho.
Dos personas entraron y les dispararon. Ruiz recibió cuatro balazos. Además, sufre de hipertensión y deterioro de sus capacidades cognitivas.

“El ha tenido, mientras ha estado ahí detenido, varias complicaciones”, dice Ruiz. “Una hernia, problemas a la próstata, su hipertensión arterial que la tuvieron que atender en el hospital varias veces. Como una persona de 90 años, no llegan sanos ahí, él es el mayor de todos los que están detenidos en las cárceles de Chile”, asegura.

Ruiz dice que por este tipo de cosas están haciendo todos los esfuerzos para que su padre pueda cumplir el resto de su condena en su casa. “Está comprobado que los adultos mayores estando en lugares donde ellos se sienten seguros tienen una vejez mucho mejor, entonces hay un menor deterioro. No pensamos solamente en él, digamos. También en los adultos mayores que están cumpliendo penas en las cárceles y en los enfermos. Porque parte el alma ver enfermos terminales, con cáncer, con dolores tremendos que no pueden tener la atención adecuada en los recintos penitenciarios”, comenta.

-¿El está diagnosticado con una enfermedad terminal?

-No.

<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
     style=»display:block»
     data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
     data-ad-slot=»2173848770″
     data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

La discusión está instalada en el terreno político. La semana pasada, la diputada UDI Marisol Turres visitó Punta Peuco por primera vez. Y aunque no entró al sector de las habitaciones de los reclusos, se formó una opinión.

“En pocas cárceles te encuentras con tantos ancianos como en Punta Peuco”, dice. “Y la sanción pierde todo sentido cuando tienes a hombres totalmente desorientados, a punto de morir. Es un costo innecesario para el Estado, cuando debería aplicárseles el derecho humanitario. Yo no hablo de que no haya justicia por los crímenes cometidos, pero tampoco me parece que haya venganza a toda costa”.

La actriz y gestora cultural Javiera Parada, hija de José Manuel Parada, víctima en el caso degollados, difiere de Turres y de los proyectos presentados en el Senado. Y argumenta: “Me parece impresentable, si es que el proyecto contempla a terroristas de Estado y criminales de lesa humanidad, y sería algo que va contra todos los acuerdos internacionales en la materia, los que diferencian entre criminales comunes y de lesa humanidad. Los estándares para entregar beneficios penitenciarios son distintos y, como mínimo, se debe exigir a criminales de lesa humanidad que hayan mostrado arrepentimiento, entregado la información que tienen en su poder y tenido buena conducta, cuestión que no se da, lamentablemente, en el caso de los violadores de DD.HH. chilenos”.

El tema ha generado controversia incluso dentro del mismo mundo de los DD.HH. El sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, y el abogado de DD.HH. Héctor Salazar se han mostrado a favor de revisar una medida que deje a enfermos terminales, incluyendo a los de Punta Peuco, morir en sus casas.

El senador del MAS Alejandro Navarro, por su lado, no aparece apoyando ninguno de los dos proyectos. Y afirma que iniciativas como éstas pueden ser altamente conflictivas para el país:

“Creo que para comenzar un debate responsable deben cumplirse dos factores fundamentales sobre este tema. Uno, que este debate no abra heridas, sino que contribuya a cerrar heridas. Dos, que establezca condiciones muy claras respecto de que no va a ocurrir la frustración que pasó con Pinochet, cuando se bajó del avión regresando de Londres en donde, con un diagnóstico de demencia senil, engañó no sólo a la corte inglesa, sino que también al mundo y a Chile”.

Andrés Zaldívar, senador DC, uno de quienes firman el proyecto de acuerdo, difiere de Navarro en su punto sobre Pinochet:

“Claramente, lo de él no era una enfermedad terminal, era demencia senil, que es distinto. Pero hablamos de casos que estén verificados por un diagnóstico médico serio que determine una enfermedad terminal. Eso tendrá que ir con mucha precisión, para evitar abusos cuando se discuta una posible ley sobre la materia”.

Mientras se discute la aplicación de ambos proyectos en el Senado, Oscar Benavides, el dirigente de Gendarmería, queda con una reflexión:

“Nosotros seguiremos administrando el dolor de los que alguna vez fueron victimarios, de los despreciados por la sociedad. Y eso incluye a los reos de Punta Peuco”.

Fuente: La Tercera

Beneficios carcelarios no cuentan con patrocinio del Gobierno

Respecto de iniciativas parlamentarias para establecer beneficios carcelarios a reos, que consideran a violadores de derechos humanos, el Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró  que son iniciativas que no cuentan con el patrocinio del Gobierno:

“El Ejecutivo no tiene contemplado establecer beneficios para crímenes relativos a derechos humanos”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here