Una semana después de querellarse contra Qué Pasa, Michelle Bachelet se abrió a la posibilidad de retirar la demanda, siempre y cuando la revista asuma claramente que cometió un error. Aún está por verse si la confrontación sigue o no en los tribunales.

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Una vez más la distancia entre las elites y la ciudadanía quedó de manifiesto en la encuesta Cadem. La opinión pública se dividió en un verdadero empate técnico entre quienes apoyan (46%) y quienes rechazan (50%) la decisión de la Presidenta de defender judicialmente su honra. Sin duda, el resultado fue sorprendente, a la luz de la opinión publicada en los medios del último fin de semana, donde la Mandataria recibió una verdadera capotera de analistas y líderes de opinión.

Es probable que el empate entre los ciudadanos esté lleno de matices y no dé cuenta de una polarización en blanco y negro. Porque en este incidente no hay unos a favor de Bachelet y otros a favor de Qué Pasa, como suele ocurrir entre dos bandos en pugna.

Son muchos los que están en contra de la querella y, al mismo tiempo, rechazan drásticamente la publicación de la revista, tanto en su edición impresa como en su versión digital. En este debate no está en juego la libertad de expresión sino la ética periodística, el manejo político-comunicacional de la Mandataria y, también, la manipulación de los medios en la confrontación política.

Asegurar que la decisión de Bachelet de recurrir a los tribunales puso en riesgo la libertad de expresión es un absurdo o simplemente mala intención. En el Chile de hoy no hay periodistas ni medios de comunicación que sientan temor a la hora de informar u opinar en torno a cualquier hecho o persona, por más poder que esta tenga.

Los periodistas chilenos sabemos bien lo que significa trabajar bajo censura. Aún nos duele la muerte de los colegas que desafiaron la dictadura y murieron por el solo hecho de cumplir con su profesión. También recordamos la alianza espuria y vergonzosa de algunos medios que, en vez de cumplir con el deber de investigar e informar sobre los hechos, se hicieron eco de operaciones siniestras destinadas a ocultar crímenes inhumanos.

Afortunadamente, nada de eso ocurre en la actualidad. Y no hay nada en la Presidenta Bachelet, ni en su gobierno, ni en los partidos que la apoyan, que haga temer un retroceso en esa dirección.

Lo desatinado e inoportuno de la querella presidencial es que centró el debate en su actuación como gobernante, en su desazón frente al caso Caval, en su relación personal con los medios, en vez de permitir que la opinión pública –y en especial los periodistas– desmenuzaran la publicación de Qué Pasa.

Pocos conocen en detalle la información que desató la tormenta. La revista se encargó de hacerla desaparecer apenas la Presidenta la calificó como una canallada y una infamia, sin descartar un posible montaje. Lo que se sabe es que se trata de la transcripción de una conversación telefónica –grabada legalmente por Carabineros– de Juan “Gatito” Díaz, un personaje tenebroso, operador de la UDI y principal involucrado en el caso Caval, que pretendía inmiscuir a Michelle Bachelet, atribuyéndole ganancias millonarias (“se tenía que quedar con al menos mil millones de pesos”) en ese escandaloso negocio inmobiliario.

No he escuchado a nadie –a ningún periodista, por cierto– atribuir la más mínima verosimilitud a tales afirmaciones. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué la revista decidió publicar tales dichos?, ¿cuál es el interés público de aquellas afirmaciones?

Los periodistas no somos jueces ni dioses, no tenemos la facultad de determinar la verdad en toda su dimensión. Pero tampoco somos meros micrófonos o recaderos, somos profesionales cuya obligación es investigar y verificar hechos y documentos, analizar y evaluar las fuentes de información –con sus intereses y motivaciones–, a fin de determinar si son confiables, para así acercarnos a la verdad y entregar una información responsable a la ciudadanía. Ni la publicación que se esfumó en Internet, ni tampoco la que imprimió Qué Pasa en su edición semanal parecen cumplir con esos niveles éticos básicos.

El fiscal Sergio Moya, que investiga el caso Caval, dejó en claro que los dichos telefónicos de Juan Díaz nunca se formularon ante la Fiscalía y que, probablemente, sabía que lo estaban grabando. Al mismo tiempo, aseguró que no existe denuncia ni querella que afecte a la Presidenta Bachelet.

Sin embargo, la publicación de Qué Pasa se produjo en la misma semana en que la Mandataria declaró voluntariamente como testigo en el caso que afecta a su nuera. Quizás a esa coincidencia se refería la Presidenta cuando planteó un posible montaje.

Sería bueno que la revista estableciera si alguno de sus profesionales sabía que Bachelet declararía o había declarado ante la Fiscalía. En su último editorial aseguró que “el valor noticioso” de su información quedó refrendado al conocerse dicha gestión judicial. ¿Qué quiso decir con esta afirmación? ¿Acaso hay alguna relación entre la declaración de Bachelet como testigo y las infamias de Juan Díaz publicadas por Qué Pasa?

Si alguien dentro o fuera de la revista pretendió juntar ambas cosas, se trata de una manipulación inaceptable que afecta no solo a la Presidenta de la República, a la ciudadana Michelle Bachelet, a la confrontación política y a la convivencia democrática.

La democracia requiere del ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, y este no debiera ensombrecerse con recursos penales. Mucho menos cuando el querellante es la máxima autoridad del país. Pero la democracia también necesita medios de comunicación que cumplan cabalmente con las exigencias éticas del periodismo. La ciudadanía debiera estar atenta y velar por el cumplimiento de tales normas.

Es allí donde debió centrarse el debate en los últimos días. Porque, nos guste o no, se ha hecho peligrosamente habitual que nuestros medios de comunicación tengan que rectificar informaciones, publiquen afirmaciones sin mayores cuestionamientos, confundan información con opinión, especulen sobre hechos no confirmados y abusen de fuentes no identificadas. Esto no ayuda a la libertad de expresión, ni al periodismo, ni menos a la democracia.

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Si la Presidenta Bachelet opta por retirar su querella, en la que difícilmente tiene algo que ganar, quizás el foco del debate se instale donde realmente aprieta el zapato. Y no es precisamente la libertad de expresión, sino la forma en que los medios están ejerciendo este derecho fundamental.

 Hay todavía otro elemento muy importante y que ha de considerarse al analizar los ataques a la Presidenta y al actual gobierno.Y es que dichas agresiones, abiertas o veladas, no constituyen hechos aislados ni ajenos a la realidad latinoamericana.

Al contrario, tales agresiones están presentes hoy en diversos países del continente como parte de operativos para dificultar su gestión o, derechamente, poner fin a los gobiernos progresistas que han intentado revertir el modelo impuesto por las transnacionales. Ha sido desde hace muchos años la conducta de los sectores sociales, políticos y empresariales más conservadores de los países del continente, obedientes de las decisiones de la Casa Blanca y el Pentágono. Ayer en el contexto de la guerra fría y con el pretexto de “la amenaza comunista”.  Hoy para impedir todo proceso que intente cambiar el modelo neoliberal implantado por los EEUU.

En el caso chileno su paranoia les llevó a hablar de “tanques rusos llegando a La Moneda”. Desgraciadamente, la historia acabó por comprobar que los tanques agresores de nuestra democracia y que llegaron a La Moneda aquel trágico 11 de septiembre, eran del mismísimo ejército chileno que por la misma dependencia ideológica de los demás sectores conservadores, terminaron, con el conjunto de las FFAA, por consumar esa alta traición al pueblo chileno.

¿Y que justificaría hoy los duros ataques en contra de la Presidenta y de su gobierno? Porque en esa respuesta es donde debe juzgarse la tan controvertida decisión judicial de la Jefa de Estado.

En nuestra opinión la causa no es otra que el actual gobierno, más allá y por encima de cualesquiera otra consideración negativa,  es, objetivamente, el primer gobierno después de la dictadura que da comienzo en los hechos a un proceso de transición democrática. Nunca antes se tocaron los aspectos estructurales del llamado modelo neoliberal, sólo manitos de gato para disimular el compromiso de fondo, disfrazado de “política de los consensos”.

Es ahora, en este gobierno de la Presidente Bachelet, cuando se puso punto final al sistema electoral binominal, expresión pura de la antidemocracia.

Es ahora, con este gobierno, que se dio comienzo a la reforma tributaria, a la reforma laboral, a la reforma educacional.

Es ahora cuando ha comenzado el debate acerca de una nueva Constitución, paso trascendental desde una forma de organización política de la sociedad chilena a otra muy distinta.

Es ahora cuando chilenas y chilenos tenemos por fin la posibilidad  de conocer, discutir y promover ideas nuevas respecto de la norma superior que debe regir la estructura del Estado y los deberes y derechos recíprocos entre ese Estado y la ciudadanía.

No se puede ocultar errores y contradicciones que han sucedido al interior del gobierno actual, pero nada de ello obsta a reconocer la indudable diferencia de fondo entre este gobierno y los anteriores. Les sobran motivos a los defensores del neoliberalismo para poner el grito en el cielo cuando más encima la máxima autoridad del país opta con toda razón y derecho por defender su honra y su dignidad. En el centro de la discusión asoman claramente los indicios de las viejas maniobras y montajes de los sectores del statu quo para intentar golpear a las fuerzas del cambio.

Fuente: El Mostrador

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