Mientras el gobierno sigue dilatando el cierre del penal, poderes fácticos utilizan toda su influencia para victimizar a peligrosos asesinos. Curas, abogados y otras personalidades ligadas a DDHH son usadas para presionar. La Corte Suprema, en una hábil maniobra, crea puerta giratoria que permitirá liberar a homicidas, violadores y torturadores desde la cárcel vip que mantiene a turbios personajes. La impunidad se toma la agenda.  

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Hace semanas en distintos medios del duopolio una serie de respetados personajes han ido apareciendo con un llamado a liberar, por razones humanitarias, a los delincuentes condenados en Punta Peuco.
Los argumentos: que la mayoría tiene avanzada edad; que algunos padecen Alzheimer, lo que no les permitiría tener clara conciencia de los delitos de lesa humanidad que cometieron; que otros incluso estarían con enfermedades terminales y  que en esas condiciones no debieran ser un peligro para la sociedad.

Ya no es el diputado UDI Ignacio Urrutia quien intercede por los desalmados que aún mantienen a miles de familias en vilo sin saber dónde están los cerca de dos mil que todavía permanecen desaparecidos, sino que personas cuya incuestionable ligazón a los DDHH hace complicado no abordar el tema.

¿Se trata de hechos aislados que coincidentemente se dieron de manera natural o es una maniobra de inteligencia desplegada para por cualquier medio -incluso utilizar a personas respetables- recuperar la libertad?

¿Convicción o manipulación?

Nadie podrá cuestionar al sacerdote SJ Fernando Montes en su entrega a la causa social. Tampoco al padre SSCC Percival Cowley, quien desde la Parroquia Universitaria con valentía instruyó a una generación completa acerca de los valores de la vida. Menos al abogado Héctor Salazar, quien arriesgó su propia seguridad en defensa de los perseguidos por la dictadura.

No son los únicos. Desde hace meses y en silencio un grupo de religiosos y abogados han ido buscando socializar la idea de un perdonazo, al menos parcial, a los más ancianos y enfermos. Han ido al Congreso, dado cuanta entrevista ha sido necesaria para «crear conciencia» a la sociedad y se han reunido innumerables veces con las familias de los delincuentes; incluso los han visitado para llevarles su solidaridad.

Los abogados y familiares de los criminales encerrados en Punta Peuco fueron tejiendo pacientemente lazos para convencer acerca de la «necesidad» de liberarlos.

Raúl Meza, representante de Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán (solo para obtener su regreso al penal VIP) y de otros sentenciados, ha ido al parlamento en diversas oportunidades, en especial a la Comisión de DDHH del Senado que preside la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, para obtener que los congresistas legislen a favor de sus representados mayores de 75 años.

La Suprema lo hace de nuevo

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Las maniobras destinadas a lograr impunidad no vienen de ahora solamente. La Corte Suprema no hace mucho «sacó» de funciones administrativas de apoyo en delitos de lesa humanidad a uno de los jueces más importantes y cuyo conocimiento del actuar de los asesinos había permitido ligar diversas causas y determinar padrones.

A petición del Ejército, a menos de un mes de contratado para liderar el apoyo en causas de DDHH, cesaron abruptamente al exmagistrado Alejandro Solís.

El propio juez acusó la existencia de «operaciones fácticas» al interior de la Corte Suprema que terminaron exonerándolo:

«Antes siquiera que yo lo saludara (Hugo) Dolmetsch (actual presidente de la CS) me especificó que ‘los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Han venido a pedir que termine tu contrato'», le señaló.

No solo eso, al día siguiente, (el entonces presidente de la Suprema) Sergio Muñoz le pidió que «por los incidentes que se han producido, por favor renuncie».

Otra señal alertó de un perdonazo. El país se vio impactado cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó en libertad a una serie de condenados por delitos de máxima connotación social (asesinatos, parricidios, violaciones y otros).

La razón, según el ministro de la Suprema Milton Juica, fue técnica: se buscaba reducir el 60% de sobrepoblación que en promedio tienen las cárceles chilenas. Punta Peuco está «sobrepoblada», luego, era previsible que también se liberara desde allí presos por «sobrepoblación». Los delitos aparecen tan graves en uno y otro caso, nadie cuestionaría.

No ha sido el único actuar de los «Supremos» que ha beneficiado a los criminales de Punta Peuco. En un inédito fallo la Corte Suprema dio un giro a la política de cero beneficios a los condenados por delitos de DDHH.

Puerta giratoria

Esa decisión abrió la puerta giratoria que permitirá liberar a los peores homicidas, violadores y torturadores desde Punta Peuco. Los ministros del máximo tribunal objetaron el análisis que Gendarmería hizo de tres condenados por casos de violación a los DDHH.

Como consecuencia de ello ordenó al tribunal que volviera a revisar sus solicitudes de beneficios y ordenó nuevas pericias a la Municipalidad de Colina y al Servicio Médico Legal.

No deja de llamar la atención que la Suprema ordenara que uno de los nuevos informes periciales  lo realice ese municipio, que encabeza el controvertido alcalde de la UDI Mario Olavarría, quien fuera formalizado por el delito de cohecho por un monto cercano a las 6.000 UF ligado al caso Tottus.

Fue absuelto por el Juzgado de Garantía de Colina, para el cual no existieron pruebas suficientes para acreditar las coimas, aparte de la confesión del vicepresidente de supermercados Tottus, Francisco Leyton, quien reconoció que los pagos habían sido realizado a través de Nabil Mansour, un intermediario que posteriormente depositaba pagos mensuales en la cuenta personal del edil.

Los tres casos que se transforman en la punta del iceberg corresponden a Alex Ambler, quien se encuentra procesado por el asesinato de los hermanos Vergara Toledo; Claudio Salazar, quien está sentenciado a prisión perpetua por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (caso Degollados), y Conrado Sesnic, un ex funcionario de la Armada condenado a cinco años de cárcel por el secuestro del militante del MIR Rudy Cárcamo.

A caballo regalado…

Apenas dictada la resolución los abogados de varios de los criminales de Punta Peuco de inmediato presentaron recursos insistiendo en la libertad y beneficios intrapenitenciarios. Los primeros fueron Miguel Krassnoff y Miguel Estay (El Fanta), quienes recurrieron a la Corte Suprema para que eventualmente puedan acceder a algunos privilegios.

El primero está condenado a más de 200 años de presidio por diversos crímenes cometidos en dictadura; el segundo está sentenciado a cadena perpetua calificada por el caso Degollados.

El abogado de Krassnoff señaló que la resolución del máximo tribunal «sienta un precedente judicial histórico en los procesos penales por derechos humanos contra militares condenados por delitos de lesa humanidad, considerando que abre una posibilidad concreta para que se conceda la libertad condicional a los internos de Punta Peuco».

Meza reclamó a la Suprema que «la comisión (que entrega el beneficio y que está compuesta por jueces), en su resolución denegatoria nunca tuvo un pronunciamiento específico respecto del interno Miguel Krassnoff Martchenco sobre los motivos particulares por los cuales se le denegaba el beneficio, invocándose por parte de la citada instancia sólo argumentaciones de carácter general». Para el profesional, Gendarmería nunca ha evaluado sicológicamente a su cliente, «sin embargo, se emite un informe sicológico negativo sobre la falta de conciencia de los delitos cometidos», indicó.

Los prontuarios de los beneficiados

Miguel Krassnoff y Miguel Estay Reyno (el Fanta), serían los primeros que podrían gozar de los privilegios e incluso de libertad. Peculiar que hayan sido justamente estos personajes los primeros en acogerse a los beneficios carcelarios. Krassnoff junto a Álvaro Corbalán deben ser los dos más sanguinarios verdugos de los campos de concentración en dictadura.

El «Cosaco» Krassnoff, como gusta ser reconocido en razón de su estirpe,  provenía  de la carrera militar. Luego de participar como teniente del Ejército del asalto de la casa presidencial de Tomás Moro, fue asignado a la DINA, donde  dirigió el centro de torturas y exterminio de Londres 38.

A partir de septiembre de 1974 encabezó la Brigada Caupolicán, conocida por su crueldad, así como también dirigió las agrupaciones Halcón 1 y 2 asociadas a Villa Grimaldi y al campo de exterminio de José Domingo Cañas.

Personalmente torturó y violentó a Lumi Videla, quien luego sería asesinada y lanzada al interior de la embajada de Italia. Participó en los asesinatos de Alfonso Chanfreau, de la periodista embarazada Diana Arón, del sacerdote Antonio Llidó, del español Carmelo Soria e incluso se le sindica como parte de los homicidas del cantautor  Víctor Jara.

Fue condecorado por el asesinato del dirigente del MIR Miguel Enríquez. También tuvo activa participación en la elaboración de listas de la Operación Cóndor, que terminó con el secuestro y asesinato de 119 compatriotas en una aparatosa puesta en escena en el extranjero.

Máxima crueldad

A Krassnoff se sindica como responsable del homicidio de Jorge Fuentes Alarcón, secuestrado en Paraguay y trasladado a Villa Grimaldi, donde fue torturado hasta la muerte en «La Torre», con participación directa del «Cosaco».

Se le inyectó el virus de la rabia y se le mantuvo encerrado en una pequeña jaula de madera. El actuar criminal del militar no solo se limita a la DINA, también fue parte de la CNI, donde cumplió labores represivas. Su nombre está asociado a 113 causas de DDHH en que fueron secuestrados, torturados, violados y asesinados centenas de personas.

El ex comisario y ex agente DINA Nibaldo Jiménez, quien trabajó con Krassnoff en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, declaró que «quienes enviaban a los individuos al mar eran una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima y otros, porque había varios cuarteles.

Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt».

Entre otros crímenes se le imputa además el cuasi descuartizamiento de la profesora Marta Ugarte, quien luego de ser lanzada al mar fuera devuelta por las olas y descubierto su cuerpo.

Un testimonio de un sobreviviente, Víctor Toro, lo retrata:

«Yo estaba en Villa Grimaldi (…) y fui testigo de los crímenes más salvajes y brutales perpetrados por la DINA: la eliminación de una familia entera a través de los métodos más bárbaros, inhumanos y el terror insano. Entre el 17 y el 18 de noviembre de 1975 los presos Alberto Gallardo, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco llegaron a Villa Grimaldi», señala.

En dicho lugar cayeron a las manos de Krassnoff.

«Entre golpes, gritos, amenazas y mucho movimiento, estos presos fueron asesinados la noche del 18 de noviembre. Yo vi como colgaron de un árbol en el patio a Alfredo Gallardo de los testículos. Yo escuché su último gemido cuando moría. Marcelo Moren personalmente aplicó aceite hirviendo y corriente eléctrica a los cuerpos desnudos de Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco mientras ellas estaban colgadas de los pies. En un momento dado, los torturadores sacaron las instalaciones eléctricas de la Villa Grimaldi y, con cables de alto voltaje, electrocutaron a sus víctimas. Así mataron a estas dos mujeres. Roberto Gallardo Moreno, quien había sido sometido a torturas desde el día anterior, murió el 18 de noviembre en la parrilla eléctrica», señala la declaración de Toro.

Sádicos verdugos

Claudio Salazar es uno de los beneficiados de la Suprema. Él transportó a la muerte a tres profesionales (Nattino, Parada y Guerrero) que fueran secuestrados por la Dicomcar, organismo de inteligencia de Carabineros. Luego de someterlos a brutales apremios, fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante de uno de los vehículos iba justamente el cabo Salazar.

Los trasladó hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Allí los asesinaron. Manuel Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado junto al camino, el sargento José Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. Comenzó así uno de los peores crímenes que recuerda nuestra historia.Luego bajaron a Santiago Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Alejandro Sáez repitió la ejecución.

Al final tocó el turno de José Manuel Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Claudio Salazar, con sadismo y buscando causarle suplicio, tomó el corvo y le dio un corte en el abdomen. Sabía que le causaría una muerte lenta y dolorosa. Parada se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló. Él es uno de los que ahora podrán transitar junto a usted por las calles, libres.

El Fanta, de torturado a torturador

Militante de izquierda previo al golpe, Miguel Estay Reyno se transformó luego en una pesadilla para sus ex compañeros, a quienes traicionó. Está condenado a cadena perpetua por el «caso degollados», en que fue ejecutado Manuel Guerrero a quien personalmente conocía. También fue amnistiado en la ejecución y desaparición de Reinalda Pereira, embarazada de 3 meses.

Al principio fue la tesis de «mis compañeros o yo», para terminar gozando con lo que hacía. Terminó sentenciando a muerte a decenas de sus ex camaradas del PC, a muchos de los cuales torturó personalmente.  Estay ha sido el más cercano al sacerdote Montes y al abogado Salazar. De hecho, está beneficiado con una pensión como víctima de torturas durante el régimen de Pinochet.

La UDI detrás

Faltaba la guinda de la torta. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se reunió con el diputado de la UDI José Antonio Kast. ¿Tema?  La solicitud del parlamentario para que ese tribunal considere “razones humanitarias” para liberar a los criminales internados en Punta Peuco. Deberían estar “en un hospital, no en una cárcel”, señaló el parlamentario derechista. Fue aún más allá al afirmar que “El Estado está dejando de cumplir su deber de cuidado y garante de las personas”.

Según Kast, los presos de Punta Peuco “ya fueron condenadas por los Tribunales de Justicia, y el Estado tiene hoy día la obligación de velar por su integridad física y psíquica. Aquí tenemos personas mayores de 80 años, de hecho hay dos presos de 89 años, que están en condiciones de salud dramáticas, ciegos, con alzheimer, en sillas de ruedas, que están en condiciones de permanecer en un hospital, no en una cárcel”.  

Como se recordará, el parlamentario ha sido acusado junto a su familia por eventuales responsabilidades en las masacres de campesinos de Paine, en que 77 personas perdieron la vida.

¿Alguien le habrá preguntado su opinión a los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y a los sobrevivientes de las crueles torturas?

Fuente: Cambio 21

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