El presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Patricio Vallespín (DC), calificó el fallo como «aberrante» y anunció que presentará una reforma constitucional que garantice la titularidad sindical, eliminando toda posibilidad de accionar de los grupos negociadores en paralelo.

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Esta es una de las fuertes reacciones que desatou el fallo del Tribunal Constitucional que acogió en parte el requerimiento por inconstitucionalidad de la reforma laboral presentado por diputados y senadores de la derecha. Asimismo, planteó que «la Presidenta puede, perfectamente vetar la ley, pues estamos en el peor de los mundos; esto es un golpe a la historia del sindicalismo en Chile».

A su vez, el jefe de la bancada DC, Fuad Chahin, dijo que el fallo demuestra que es necesario un cambio constitucional y «por eso, con más fuerza que nunca, tenemos que apoyar el proceso constituyente, democrático, participativo e institucional, para lograr una carta fundamental que garantice derechos como el que hoy ha sido afectado, la organización sindical».

El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, lamentó que se acogiera el requerimiento en el punto referido a la titularidad sindical y sostuvo que está primando un criterio político y no técnico.

“Lo ocurrido es sumamente grave. Aquí lo que está primando es un criterio político, no técnico, porque no es posible que el trabajo de un año y cuatro meses sea desechado por seis personas que no conocen en profundidad el tema laboral ni han seguido de cerca la discusión de esta reforma”, afirmó.

El parlamentario agregó que “la titularidad sindical promueve la unión y organización de los trabajadores. Con esta resolución se está afectando al corazón de la reforma laboral, y se están contraviniendo los principios de la OIT, que son los expertos en asuntos laborales a nivel mundial, sobre el derecho de negociación colectiva. Al perderse la titularidad, se van a validar los grupos negociadores, que la OIT prohíbe habiendo sindicatos”.

Por su parte, el jefe de la Bancada Socialista, diputado Juan Luis Castro, consideró “muy grave” el fallo porque los puntos cuestionados son “pilares fundamentales de esta reforma”:

“Lo que el Congreso aprobó no puede ser derribado por intenciones políticas y tampoco debió ser acogido por un órgano supra parlamentario, cuya legitimidad sigue en juego hasta el día de hoy en el país. Es por ello que deseamos reformar la Constitución y seguramente el TC no será parte de la nueva institucionalidad”.

Asimismo, añadió que “primó un criterio arbitrario» y lamentó «que se haya teñido con un carácter político un fallo que debió haber acogido sólo argumentos jurídicos. Con ello se pavimenta el camino para aquellos que nunca quisieron una Reforma Laboral y que son aquellos sectores de derecha que defienden los intereses del empresariado y que son los únicos contentos con esta resolución”.

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, consideró que el fallo del TC «es un golpe al corazón de la reforma laboral», tras lo cual llamó a participar en el Proceso Constituyente en marcha, para terminar con el Tribunal Constitucional.

Dijo que la decisión del TC «es grave porque se le da la razón a la derecha en su oposición al proceso de reformas y se atenta contra los derechos de los trabajadores en la misma línea que ocurrió durante la dictadura».
 
Teillier añadió que el TC «está en un camino de obstrucción de las reformas».
 
El diputado indicó que «esperamos una acción de voluntad política del Gobierno para buscar un camino para revertir esta grave situación».
 
Dijo que «la mayoría de los trabajadores, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, la mayoría del Parlamento y el Gobierno están por la titularidad sindical, por fortalecer los sindicatos, y el TC va contra esa mayoría democrática, en la línea destructiva de la derecha».
 
Ante eso, Guillermo Teillier reiteró «la necesidad de participar en el proceso constituyente para cambiar la Constitución y así terminar con herencias de la dictadura como lo es el Tribunal Constitucional».

El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, manifestó que el veto es una alternativa institucional que está dentro del procedimiento legislativo. Al respecto, añadió que «lo razonable sería esperar el contenido del fallo, ver su alcance más detallado y sobre esa base tomar una decisión», que sería la línea planteada, además, por el gobierno.

Explicó, asimismo, que una vez notificado el fallo, la Cámara de Diputados, como cámara de origen, debe corregir el texto del proyecto y remitirlo al Ejecutivo, para que este tome la decisión de recurrir o no al veto.

El diputado Andrade, añadió, sin embargo, que «esto no significa no tener un juicio sobre el fallo ni que el movimiento sindical adopte acciones a seguir. Hay muchas alternativas que pueden ir en paralelo», postuló.

En ese sentido, el parlamentario afirmó que, a su juicio, «hay una regresión en los derechos de los trabajadores» y que esto va en contra de pactos internacionales suscritos por Chile, por lo cual una alternativa posible es «recurrir a cortes internacionales para estos efectos».

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Consultado sobre el rol del Tribunal Constitucional, el Presidente de la Cámara señaló que su postura personal es que el TC debiera ser una institución que conozca asuntos una vez que la ley ya ha sido promulgada, es decir, operar como recurso de inaplicabilidad, y no como control preventivo.

Al respecto, discrepó del gobierno en relación a apuntar a una nueva Constitución para resolver este punto, porque eso «no puede significar no hacer nada antes. Hay que seguir bregando para que los derechos laborales sean materia de debate y resolución».

Finalmente, y en referencia a lo resuelto por el TC, el diputado Osvaldo Andrade recalcó que «lo que no puede suceder, por eso es interesante ver el fallo, que hoy día sea más fácil negociar como grupo negociador que como sindicato, porque eso constituye un arbitrario privilegio, porque finalmente se van a obtener los mismos resultados, probablemente».

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