Regreso a Punta Peuco por Información de Desaparecidos: Nadie ha Comprado el Chantaje Chanta de Álvaro Corbalán

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A Alvaro Corbalán le llueve sobre mojado. No sólo nadie le ha comprado el grosero chantaje de ofrecer información sobre detenidos desaparecidos a cambio del regreso a la comodidad de Punta Peuco, sino que abogados querellantes advierten que recurrirán a tribunales para que la información sea obtenida.

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Repercusiones a verdad por beneficios: Nadie «le compra» chantaje a tenebroso violador de derechos humanos Álvaro Corbalán

Por Mario López M.

Los dichos a Cambio21 del abogado Raúl Meza -designado para lograr que Álvaro Corbalán vuelva a Punta Peuco-, diciendo que le consta que su representado y otros presos en Punta Peuco mantienen información secreta y vital para determinar el actual destino de los más de mil detenidos desaparecidos de la dictadura, y que están dispuestos a entregarla a cambio de beneficios penitenciarios, provocó indignación y rechazo en el mundo de los Derechos Humanos.

Aunque se desconoce el motivo real de por qué ahora se busca intercambiar verdad por perdón, es claro que la sola buena voluntad o el arrepentimiento no son la verdadera razón para ello, según se desprende de las palabras de Raúl Meza  a nuestro semanario:

«La tesis que él (Corbalán) sostiene y que me manifestó personalmente, lo mismo que otros internos de Punta Peuco, es que su destinación a la cárcel de Alta Seguridad es el primer paso que ha dado el Gobierno dirigido a trasladar a todos los internos al nuevo penal o a lo menos trasladar a los internos más emblemáticos».

El verdadero motivo

Por eso se sospecha que, ante el temor al traslado, optaron por «mandar este recado» ofreciendo una transacción, la que familiares, víctimas y abogados de DD.HH. consideran espuria e inaceptable. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, señala a Cambio21 que rechaza las declaraciones del abogado de Corbalán a nuestro medio, porque ellos «están jugando con una verdad que nosotros estamos buscando hace muchos años. Se demuestra una vez más que mantienen un pacto de silencio y que no dicen toda la verdad que saben».

Para la dirigenta, las palabras del profesional y la oferta en sí son «una operación, además de siniestra, muy peligrosa y constituyeun insulto a las familias de las víctimas y asimismo una manera de buscar la impunidad.  Son provocaciones que nos hacen los violadores de DD.HH.; ellos están muy conscientes de lo que hacen, son profesionales, máquinas de matar y de torturar física y psicológicamente. Además, es claro que no son transables una cosa por la otra, pues los delitos de lesa humanidad no son susceptibles ni de amnistía ni de prescripción y tampoco de beneficios carcelarios», señala Pizarro.

No piensa así el abogado Meza, para quién sí se trata de una «transacción»: «Falta información que entregar por parte de funcionarios del Ejército, pero ese acto de reconocimiento o la entrega de toda la información respecto del destino de los detenidos desaparecidos pasa por un gesto de reencuentro de ambas partes, es decir, si ellos están dispuestos a entregar toda la información -como así tiene que ser-, obviamente estas personas van a querer algún tipo de compensación respecto de beneficios carcelarios en relación con la pena que están cumpliendo».

¿Negociar?

Y si a alguien le cabe duda, el mismo Meza lo aclara: «Nadie va a entregar información sin nada a cambio y así se lo he escuchado decir directamente a Álvaro Corbalán y además a otros internos, pues tengo representación judicial de otros condenados (…) Hay otro grupo -entre los que está Corbalán-, que señala que efectivamente hay más información, pero que esa información va a estar condicionada al hecho de que hayan iniciativas, ya sea del ministro de Justicia, de Gendarmería o por parte del Ejecutivo, de entregar ciertas compensaciones o beneficios carcelarios a estas personas a cambio de la entrega de información».

Para el abogado Héctor Salazar, quien ha tenido a su cargo algunas de las más emblemáticas causas judiciales en materia de DD.HH. y quien recientemente hizo un llamado a aplicar humanidad respecto de los presos ancianos recluidos en Punta Peuco, «lo primero que debe quedar claro es que no es negociable entregar beneficios por información. Si él -Meza- o sus representados quieren entregar información, tienen que hacerlo porque es su obligación, sobre todo si después de tanto tiempo ello ayuda  a aliviar el dolor a familias. Pero negociarla, me parece inaceptable».

Lo concreto es que esos antecedentes no han sido entregados a pesar de que han pasado décadas en conocimiento de los criminales recluidos en Punta Peuco y ahora también en la cárcel de Alta Seguridad. Que disponen de información relevante se desprende de lo aseverado por el abogado de Corbalán, Krassnoff y otros: «Personalmente tengo la convicción de que sí hay más información, pero que estas personas no están dispuestas a entregarla si no existen las compensaciones correspondientes», afirmó el abogado Meza a Cambio21.

«Propuesta indecente»

Categórico es el abogado Luis Toro, con larga experiencia en materia de DD.HH.: «Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no admiten amnistía alguna ni beneficios carcelarios como consecuencia de entregar información. Transcurridos ya tantos años, lo que ha declarado el colega Raúl Meza por sí y en representación de Álvaro Corbalánderechamente obliga a los jueces de las causas en que ellos estén involucrados a citarlos a la presencia judicial para que den razón de sus dichos».

A Toro le parece insólita la transacción propuesta: «Aquí no se debe dar la información a cambio de beneficios, sino que por colaborar con la justicia. Los jueces en visita extraordinaria en estos procesos debieran citar tanto al abogado como a sus clientes respecto de los cuales él tiene patrocinio para recabarles y exigirles que entreguen la información de que disponen. El juez está obligado además, por los tratados internacionales que existen, a que esa información deba necesariamente ser investigada», afirma.

Para el abogado, «la información que recogió y dio a conocer Cambio21 es de mucha importancia y gravedad dado lo manifestado por Raúl Meza, pues los crímenes de lesa humanidad son los más graves que existen, que se refieren a asesinatos, torturas y desaparición de personas, y que alguien diga que está dispuesto a entregar información sobre eso para obtener un beneficio, es una burla a los familiares y confirma la tesis de que estas personas saben mucho más de lo que han dicho. Es un acto de crueldad en el tiempo… ¿por qué no lo hicieron antes?», se pregunta Luis Toro.

Desde luego existe una fuerte contradicción entre dos valores que han sido parte de la demanda desde el mundo de los derechos humanos en nuestro país. Verdad acerca de lo acontecido con las víctimas y justicia, que implica sancionar a los culpables y reparar a los ofendidos. Verdad a cambio de renunciar a la justicia (castigo a los culpables), resulta para todos inaceptable, aunque existen «matices» a la hora de pensar en quienes están prontos a partir, entre victimarios y víctimas.

Cuestión de matices

Para el dirigente Braulio González, de la agrupación de víctimas de prisión política y tortura de la región Metropolitana, transar verdad por justicia, es un dilema: «No podemos transar la justicia en ese tema, pues debe existir una pena ejemplarizadora para que nunca más se cometan esos delitos tan graves y si se les hace un ‘perdonazo a estos carajos’ lo volverán a hacer en cualquier momento».

Pero no es tema fácil para él, «porque existen muchos que ansían conocer la verdad. Sí es claro que nuestra lucha ha sido por verdad y justicia, pero es importante saber la verdad… por el descanso de las familias sería un alivio para ellos, pero es complicado», reflexiona.

«Chile necesita la verdad, saber dónde están los desaparecidos y qué pasó con ellos. Chile lo necesita, sus familiares lo exigen, pero es terrible el que los coloquen en posición de tener que cambiar verdad por justicia. Es necesario conocer la historia; por dolorosa que sea es imprescindible saber qué pasó con nuestros compañeros y familiares, cuál fue su destino. Cuesta entender cómo se mantienen ‘parados’ estos individuos con toda esa información en la cabeza, con todo el daño que le hicieron a miles de personas», sostiene González.

El expreso político sostiene que «no les daría  ningún beneficio (…)  pero debemos saber ahora, antes que se mueran y se lleven lo que saben, como Manuel Contreras. También hay que ponerse en el lugar de aquellos familiares que esperan conocer qué paso con sus seres queridos. Algunos tienen ya avanzada edad y están estoicos en la lucha por los DD.HH., pero ansían saber, eso les daría al menos una pizca de paz; cualquier noticia los haría probablemente tener una vida distinta», afirma. «Pienso en Anita González, por ejemplo, ella perdió a gran parte de su familia, marido, hijos, nuera, nieto. Ella a sus 91 años espera no irse de este mundo sin saber dónde están sus familiares o qué les pasó… Los viejos han sufrido mucho».

Una óptica distinta tiene el abogado Salazar´, quien indica a Cambio21: «Si bien está en conflicto obtener la verdad con hacer justicia, lo cierto es que hay maneras y maneras de obtener la verdad y la manera de obtenerla tiene ciertos marcos éticos que hay que cumplir. Es evidente que en materia de detenidos desaparecidos es primordial intentar recuperar los restos de las personas, pero si ello no es posible, como en el caso de los cuerpos lanzados al mar, hay que desgraciadamente asumirlo así. Pero ello no obsta para que los familiares o seres queridos de los desaparecidos sepan todos los aspectos de su situación, cómo los secuestraron, dónde los mantuvieron, cómo los trataron, dónde y quiénes los mataron y cómo dispusieron de sus cuerpos. Pareciera que en esos casos solo hasta ahí alcanza la posibilidad de llegar a fondo con la verdad».

«Obstrucción a la justicia»

Para Luis Toro, las afirmaciones que dan cuenta de que hay informaciones concretas sobre el paradero o destino de los detenidos desaparecidos y que podría poner fin a décadas de silencio cómplice de los criminales, esta vez no puede quedar en solo una «oferta» de intercambio. «No deben hacerlo por beneficios sino que por razones humanitarias. Si están arrepentidos, vayan donde el juez, pero no pidiendo algo a cambio de eso, pues aquello no es real arrepentimiento y menos reparación al mal causado», asegura.

Y Toro va más allá: «Lo que haré es revisar los procesos en que tengo patrocinio y el abogado Meza es contraparte y pediré que se le cite para que entregue la información de la que dice disponer. Es claro que él el posee beneficio del secreto profesional, pero dada la gravedad de los ilícitos de lesa humanidad su único deber, en mi parecer, es entregar lo que disponga sin pedir nada a cambio. Parece inverosímil lo propuesto, raya en el límite del ejercicio profesional. Los jueces designados en materia de DD.HH. debieran, a lo menos, citarlo a explicar sus dichos, abriendo un expediente especial teniendo presente una eventual obstrucción a la justicia», concluye el abogado.

«En su vida (Corbalán) ha mostrado algún grado de querer colaborar. Él representa la esencia misma del terrorismo de Estado y la barbarie del genocidio que vivimos durante 17 años. Ellos no van a entregar nada nunca. Hace harto rato que creo que de los violadores de DD.HH. no se puede esperar nada. Estamos hablando de sujetos que fueron parte de un aparato estatal que durante 17 años planificó y ejecutó el terrorismo de Estado contra aquellos hombres y mujeres que se opusieron a esa dictadura», señala Lorena Pizarro.

«No deja de llamar la atención que justo en estos días se buscan victimizar pidiendo beneficios y conmiseración por tratarse de pobres viejitos. La vejez no exculpa a alguien de sus delitos; por ejemplo, yo no creo que si hoy un abuelo de 80 años viola a una niña la gente diga: pobre hombre, que se vaya para su casa mejor en vez de la cárcel. El ser mayor no te quita la culpa de nada», concluye la dirigenta de la AFDD.

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 Fuente: Cambio 21

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