Daños por Sistema Frontal: Gobierno Espera que Empresas Asuman sus Responsabilidades

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El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que la fiscalización por parte del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia de Santiago a las obras de Costanera Norte, en el río Mapocho, fue adecuada y que la responsabilidad del desborde del caudal es responsabilidad de las empresas, en tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios analizará la responsabilidad de Aguas Andinas, en el corte del servicio a 4 millones de personas, y la turbiedad del agua.

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Al respecto, el vocero de La Moneda sostuvo que “nosotros tenemos convicción sobre eso, aquí había capacidad de tomar medidas de prevención que hubiesen impedido los efectos que vimos”. “Evidentemente, no basta sólo con que lo digamos nosotros, sobre eso tenemos claridad y convicción, sino que también que se realicen las investigaciones que el ministro de OO.PP. ha señalado”, añadió.

Consultado sobre si cree que la fiscalización falló en este caso, Díaz sostuvo que “nosotros estimamos que no, que se fiscalizó de manera adecuada. Pero de todas maneras, me atengo a lo que ha dicho el ministro (Alberto) Undurraga”.

No obstante, aseguró que “sin perjuicio de eso, se van a realizar las indagaciones –y esperamos que en la empresa también- para efectos de que sepamos todos que es lo que pasó y sobre todo que responda quien tiene que responder y se adopten las medidas para que en el futuro no ocurra”.

“El juicio que nosotros tenemos es que de haberse adoptarse las medidas que correspondía, de haber sido previsores respecto del caudal de agua, probablemente no habríamos vivido estas consecuencias en esa zona de la ciudad”, recalcó. Aguas Andinas

En cuanto a las dudas que generaron los escasos reproches hacia Aguas Andinas por el corte de agua que sufrieron casi cuatro millones de personas en Santiago, empresa que está siendo indagada por presuntos aportes irregulares a campañas políticas, el secretario de Estado las rechazó tajantemente.

“Uno tiene que cumplir su función fiscalizadora siempre, ahora, afortunadamente, hemos eliminado toda posibilidad de que en el futuro las empresas aporten a las campañas, así que también hemos acabado con esas suspicacias y sospechas”, subrayó.

En esa línea, recordó que “ustedes vieron este fin de semana a las autoridades en terreno, a las fiscalizaciones y haciendo las denuncias como corresponden y exigiendo a las empresas que se comporten a la altura de lo que se espera de ellos”.

Superintendencia analizará responsabilidades por turbiedad del agua

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en entrevista con El Diario de Cooperativa se refirió al corte de suministro de agua que afectó a habitantes de la Región Metropolitana, de Valparaíso y O’Higgins.

La empresa Aguas Andinas comunicó que el servicio suspendido desde el sábado producto de «la turbiedad» se reanudará durante el medio día de este lunes y durante la mañana ya se había repuesto el 68 por ciento del servicio.

Consultado sobre la responsabilidad del proyecto Alto Maipo en la crisis de Aguas Andinas, el ministro sostuvo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberá «analizar si el plan de inversiones se ha ido cumpliendo en cada uno de los casos» y determinar «los responsables» y las medidas posteriores.

«Dejemos que la Superintendencia establezca las causas respecto a Alto Maipo si tiene o no que ver con al turbiedad del agua, pero que determine también las causas en cada uno de los casos, «no solo en la Región Metropolitana», dijo.

En esa línea, el ministro en cartera agregó que el corte de suministro también se produjo en las Regiones de Valparaíso y O’Higgins.

Por ello, explicó que en el caso de Santiago se requiere una nueva inversión, para construir «un nuevo embalse aguas arribas que permita tener 36 horas de autonomía», indicó, mientras que las autoridades evalúan nuevas medidas para afrontar las situaciones de emergencia en materia obras públicas.

Superintendencia fiscaliza corte de agua potable de emergencia en Santiago

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) anunció que se encuentra fiscalizando las medidas de mitigación informadas por Aguas Andinas S.A., así como la evolución de la calidad de las fuentes de agua potable afectadas por altos niveles de turbiedad.

Los profesionales de la SISS también se encuentran fiscalizando las acciones adoptadas por la concesionaria para el pronto restablecimiento del servicio de agua potable en Santiago.

Estos cortes han sido producto de las últimas lluvias que han afectado la zona central, en especial la zona cordillerana, generando altos niveles de turbiedad en el río Maipo, lo que ha impedido el normal funcionamiento de las plantas de potabilización.

Sernac oficiará a Chilectra, Costanera Norte y sanitarias por suspensión de servicios

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) oficiará a empresas responsables por la suspensión de servicios básicos principalmente en la Región Metropolitana.

La misiva se enviará a la empresa Aguas Andinas, Aguas Cordilleras, Chilectra y Costanera Norte por las fallas que impidieron a sus usuarios recibir los servicios por los que pagan.

El director del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que oficiarán «a todas las empresas de servicios básicos que han estado involucradas para saber cómo han estado cumpliendo respecto de la información, cómo van a cumplir respecto de las devoluciones y descuentos», informó.

«El propósito es recopilar todos los antecedentes que le permitan saber si las compañías actuaron profesionalmente o si hubo algún tipo de negligencia», detalló el Sernac, y en esa línea solicitar información para saber cómo las entidades se harán «cargo de las eventuales compensaciones».

Su director además espera obtener una rápida respuesta de las compañías, mientras que otro de los oficios remitidos será a la empresa Costanera Norte para que explique los motivos del colapso del río Mapocho, que afectó a decenas de comerciantes de Providencia.

Evalúan demanda colectiva

Frente a los daños los trabajadores y la municipalidad de Providencia no descartaron levantar una demanda colectiva, que está amparada por la Ley de Protección al Consumidor. Además la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscalizarán a las empresas y evaluarán las posibles multas.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se refirió a las medidas para los comerciantes afectados por el sistema frontal ocurrido el fin de semana y por el desborde del Río Mapocho en Providencia.

“Es muy importante poder tener todas las facilidades del caso para que las empresas puedan enfrentar sus obligaciones pero con todas las flexibilidades necesarias”, dijo el secretario de Estado.

En esta línea, manifestó que “estamos realizando un trabajo con el Sernac en materia de lo que vaya a ser la asesoría jurídica a los comerciales, para tener la información necesaria para las potenciales demandas que se planteen en esto y no descartando una potencial demanda colectiva”.

Además, el titular de Economía detalló que se entregará “apoyo con los bancos, intermediar nosotros  a través de los bancos para apoyar a las empresas en la obtención de créditos de capital de trabajo, que también van a ser necesarios (…) Para eso también estamos trabajando con Corfo para la entrega de garantía que permitan tener condiciones de acceso blandas a créditos que permitan palear la situación mientras transcurre el resto de la situaciones”.

Sobre la eventual responsabilidad de la empresa Costanera Norte, Céspedes dijo que “esperaría que se puedan plantear acciones judiciales (…) aquí hay terceros responsables y contar con la compresión por parte de aquellos que son responsables de lo importante que es responder adecuadamente y con la prontitud que corresponde”.

En cuanto al catastro de los daños, el ministro aseguró que se ha empezado a coordinar con la Municipalidad de Providencia la implementación de una ficha que permita realizar una evaluación de las pérdidas que han sufrido los distintos comercios, y así reunir la información sobre los daños, que permita tener los datos necesarios para evaluar los caminos legales que deban tomar, tanto los afectados, como las autoridades.

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