Contraloría Confirmó Legalidad de Farmacias Populares

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La Contraloría General de la República confirmó la legalidad de las farmacias populares, iniciativa original del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que ya ha sido seguida por medio centenar de municipalidades.

El organismo emitió un pronunciamiento en respuesta a una solicitud de la Municipalidad de Panguipulli en orden a determinar «la procedencia jurídica de que los municipios expendan medicamentos a la ciudadanía a través de farmacias administradas por ellos, ya sea directamente o en virtud de su participación en corporaciones municipales».

La citada alcaldía consultó, en específico, por «la factibilidad de implementar un programa denominado ‘Farmacia Popular'» para ser «implementado con presupuesto municipal», que permitiría vender a los vecinos, «a precio de costo», los medicamentos «que no se consiguen gratuitamente en los consultorios».

En su respuesta, la Contraloría apeló al «derecho a la protección de la salud» establecido en la Constitución, texto donde también se le atribuye a las municipalidades la «finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad local», lo que aparece refrendado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que faculta a éstas para que «pueden desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración, funciones relacionadas con la salud pública»

«En virtud de lo prescrito en las normas antes expuestas cabe sostener (…) que el ordenamiento jurídico admite la existencia de farmacias pertenecientes a los establecimientos municipales de atención primaria de salud», señala el dictamen,

La Contraloría indica que «es procedente que a través de la farmacia del consultorio municipal de la comuna de Panguipulli se vendan medicamentos a los beneficiarios que se encuentran inscritos en él, en la medida, por cierto, que ello se haga con el propósito de facilitar su acceso a dichos productos farmacéuticos y sin fines comerciales».

El organismo acota que «los municipios y sus corporaciones pueden determinar adquirir los medicamentos sin la intervención de Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento)», y ordena que esta resolución sea enviada al Instituto de Salud Pública, a la Fiscalía Nacional Económica, al Fondo Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Asociación de Municipalidades de Chile.

Alcalde Jadue «conforme»

Tras conocer esta resolución el alcalde Daniel Jadue dijo encontrarse «no solo conforme, sino que además muy feliz».

«Sin embargo, quiero destacar que nosotros estábamos muy tranquilos, porque desde un principio hicimos la pega: analizamos toda la normativa vigente, dimos vuelta las leyes, las interpretamos, las reinterpretamos, de tal manera que estábamos absolutamente convencidos y ciertos de que esto cumplía con todas las normas vigentes en nuestro país», dijo Jadue.

«Los que salieron a criticarla, acusándola de inconstitucional y otras cosas era porque sencillamente no conocían los procedimientos, porque no conocían el sustento técnico y legal», aseveró el jefe comunal.

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