El Instituto de Salud Pública presentó este miércoles una demanda ejecutiva en el Tribunal Civil de Santiago en contra de las cadenas Farmacias Ahumada y Cruz Verde.  La acción judicial remite a que ambas firmas deben más de 1.570 millones de pesos correspondientes a multas por incumplimientos de la Ley de Fármacos en lo referido a la «canela», consistente en el incentivo a los empleados de las farmacias para vender los medicamentos más caros.  

Según explicó el director del organismo, Álex Figueroa, la acción judicial obedece a que ambas firmas deben más de 1.570 millones de pesos correspondientes a multas por incumplimientos de la Ley de Fármacos en lo referido a la llamada «canela», mecanismo prohibido de incentivo económico a los dependientes para la venta de medicamentos más caros y adicionales a los requeridos por los pacientes.

«Ésta es una señal donde le decimos al país que nadie está por sobre la ley, que la ley está hecha para cumplirse, que queremos proteger la salud de la gente y que es un deber de la autoridad el garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad», dijo Figueroa.

Valoran demanda del ISP

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud y autor de la Ley de Fármacos, alabó la demanda ejecutiva presentada en los tribunales civiles de Santiago por el director del Instituto de Salud Pública (ISP), Alex Figueroa, presentó -este miércoles- contra las farmacias Ahumada y Cruz Verde.

Girardi señaló que estas farmacias “obligan a sus dependientes a cometer estafa y hacer ejercicio ilegal de la profesión. Nos parece muy bien que haya sanción y fiscalización y felicito al ISP, porque no puede haber instituciones tan abusadoras que obtienen utilidades millonarias y cuando son fiscalizadas y sancionadas no pagan las multas y recurren a los tribunales”.

El parlamentario recordó que junto a la senadora Goic, “somos autores de la iniciativa que prohíbe las canelas porque obligan a expender el medicamento más caro para obtener un incentivo mayor que si vende el fármaco barato”.

Girardi afirmó que “presentamos un nuevo proyecto que ya fue aprobado en la Comisión y en la Sala en el cual incorporaremos una indicación donde el uso de canelas sea sancionado con la clausura del local, porque las multas no les hacen cosquillas”.

El director del ISP, Alex Figueroa, afirmó que tras una amplia fiscalización realizada en junio pasado se decretaron 37 sumarios al constatar que continuaban “obligando a los dependientes a vender el medicamento más caro (…) con lo que afectan el acceso a los fármacos a los sectores más vulnerables y de clase media y que deben echar mano al bolsillo para pagar un producto más caro”.

Figueroa aclaró que 8 de los sumarios “están cerrados y en cuatro de ellos Salcobrand aceptó pagar por vía administrativa, pero tanto Farmacias Ahumada y Cruz Verde se negaron a pagar por lo que son materia de esta demanda ejecutiva para que cumplan la ley y paguen lo que corresponda de acuerdo a lo que está establecido”.

En tanto, la senadora Goic calificó de inaceptable que las mismas farmacias que se coludieron para perjudicar a las personas con medicamentos que eran claves para su salud y que han abusado de tantas personas hoy ni si quiera son capaces de pagar multas por incumplimiento de la ley”.

Goic afirmó que en el proyecto presentado junto a Girardi “queremos fortalecer la capacidad de la Cenabast para vender a farmacias independientes no de cadenas y esperamos contar con todo el respaldo del Ejecutivo para esta iniciativa que buscan facilitar el acceso a los medicamentos porque no son un bien de mercado cualquiera, es un bien público, un bien necesario y fundamental para la salud de las personas”.

Esta polémica sale al tapete justo cuando la implementación de «farmacias populares» -inauguradas por Recoleta y con una próxima versión en San Ramón- ha puesto en debate el alto precio que se paga por los medicamentos en las grandes cadenas.

Consultadas las compañías en cuestión, dijeron estar evaluando una respuesta oficial.

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