Bajo la consigna «Ni un peso más al mercado. Educación gratuita y de calidad», los estudiantes marcharon  en el centro de Santiago convocada por la Confech, donde expresaron su rechazo la denominada «Ley Corta» de gratuidad en educación superior y acusaron «improvisación». En justicia, la crítica debió centrarse en los partidos de derecha y el Tribunal Constitucional, responsables directos de la situación.

Los estudiantes marcharon bajo la consigna «Ni un peso más al mercado. Educación gratuita y de calidad», cortaron el tránsito en la Alameda y se registraron algunos incidentes aislados.

La marcha que se inició cerca de las 18:30 de la tarde de este martes en la Alameda -sin la autorización de la Intendencia Metropolitana- se desarrolló de forma pacífica por el centro de Santiago.

Luego del acto de finalización, que se realizó en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile, se registraron incidentes entre algunos asistentes que comenzaron a lanzar petardos y piedras a Carabineros, que utilizó el carro lanza aguas para disipar a la multitud.

Estos incidentes obligaron la participación de Fuerzas Especiales, quienes procedieron a cerrar las calles que rodean la Universidad de Chile, para que los asistentes a la marcha se retiraran del sector.

La presidenta de la FECh, Camila Rojas, manifestó que la Presidenta Michelle Bachelet no debería presentar esta reforma durante diciembre debido a la «improvisación».

Expresó que «nos parece insólito que después de varios años de movilización todavía no logremos cambios profundos, todavía no exista un compromiso real por parte de la autoridades a realizar las transformaciones y, en ese mismo sentido, nuestro llamado es a que la Presidenta se haga cargo de la reforma».

«Si vamos a tener una reforma tal cual como se ha llevado este 2015, donde no ha existido una discusión de fondo, donde la improvisación ha hecho que el Tribunal Constitucional esté impugnando, donde la improvisación ha hecho que unas horas antes de presentar el proyecto se den cuenta de errores de redacción, donde la improvisación, en definitiva, ha esfumado la posibilidad de una reforma, creemos que la Presidenta no debería presentar la reforma este mes», afirmó.

Mientras que la presidenta de la Feusach, Marta Matamala, sostuvo que «sí sabemos, no obstante, que el cambio ha venido justamente porque ha existido movilización en los últimos días, porque han salido los estudiantes a las calles, porque los rectores se han manifestado en contra y porque en la medida que exista unidad en torno a la presión para que las universidades del Estado reciban un trato preferente, se ha hecho este cambio».

«Pero más allá de eso, no ha existido ningún otro tipo de cambio en torno a quiénes van a recibir las platas del Estado. A esta hora, todavía no sabemos cuáles son las instituciones que van a adscribir a la gratuidad», dijo la dirigenta estudiantil.

Matamala aseveró que «a esta hora, los jóvenes todavía no tienen certeza al fin y al cabo si su universidad va a poder o no fondos del Estado no solamente porque se redactan mal los proyectos, sino porque la profunda improvisación que ha hecho el Gobierno de Michelle Bachelet nos tiene en vilo a todos los estudiantes de Chile, a los rectores, y a las miles de familias que dependen de saber si su hijo va a tener o no va a tener que pagar la educación durante el próximo año».

Llama la atención que estas dirigentas dirijan su crítica hacian el Gobierno, en circunstancias de que el recurso de 31 diputados de derecha, y el fallo del Tribunal Constitucional son los responsables directos de que se haya tenido que preparar y legislar de urgencia, una ley corta para asegurar la gratuidad al menos a más de 180 mil jóvenes.

Parece que no se dan cuenta del juego de la derecha, qure con la demagogia de la supuesta «discriminación, está haciendo lo que está a su alcance ya no para impedir, porque no tiene los votos, pero al menos para obstruir hasta donde pueda, la gratuidad en la educación superior.

Tras el despacho en la comisión de Hacienda de una indicación del Gobierno que incluye en el beneficio a las universidades que son fundaciones, la «Ley Corta» fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado.

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