Era que No: Tercera Cámara Rechazó Gratuidad Propuesta por el Gobierno

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El fallo del Tribunal Constitucional, en rigor, la Tercera Cámara Legislativa, que  acogió por seis votos a cuatro, el recurso presentado por 31 diputados de la derecha, no constituye sorpresa, puesto que reflejó con exactitud la actual correlación en esa cuestionada institución creada por la dictadura. En la práctica este aberrante «fallo» de la tercera cámara de la derecha, perjudicará a miles de jovenes que aspiran a la gratuidad en 2016.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró que los requisitos para las instituciones que se sumarán a la gratuidad son  inconstitucionales  y se considera que tiene discriminación arbitraria. Por seis votos contra cuatro, los ministros acogieron este punto impugnado por 31 diputados de oposición.

La medida obligaría al gobierno a modificar esta política, lo que podría traducirse en una ampliación del beneficio a más instituciones, reduciendo el número de beneficiarios o su restricción sólo a las Ues del Cruch.

En tanto, el cuestionamiento a la forma en que se inicia la gratuidad, mediante una glosa presupuestaria, fue rechazado. Esto porque hubo un empate con cinco votos a favor y cinco en contra, pero dirimió el presidente del TC, Carlos Carmona, quien se inclinó por considerar que esta política sí se puede tramitar mediante la Ley de presupuestos.

Sobre el requisito que apuntaba a exigir participación triestamental en las instituciones que se sumen al beneficio, por siete votos contra tres los ministros se manifestaron contrarios.

El día que Cristián Letelier menospreció la Educación Gratuita

El ex diputado UDI, Cristián Letelier, actual «ministro» del Tribunal Constitucional, expresó opinión crítica a la Educación Gratuita. En la usanza jurífica, eso quiere decir que emitió opinión previa, y en consecuencia, en cualquier tribunal normal, debió inhabilitarse.

Salvo, naturalmente, en este esperpéntico tribunal, que sólo se explica como última trinchera de los intereses estratégicos de la derecha.

Urge presión política y social para liquidarlo, porque de seguir obstruyendo la voluntad popular representada en el Congreso, pondrá en peligro la estabilidad, la convivencia y la paz social.

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