Los abogados Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo, de la Fundación Ciudadano Inteligente, parte querellante en el caso Penta-SQM, criticaron con acidez la condena de tres años remitidos a Jovino Novoa, confeso de diversos delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política. «Se pueden levantar sospechas acerca de un trato desigual a distintos sectores políticos», dijo Orthusteguy, mientras que Para Hidalgo, «a una persona normal se le habría llevado a juicio oral».

Pedro Orthusteguy, abogado de Ciudadano Inteligente, criticó la decisión de los tribunales de conceder una pena remitida de tres años para Jovino Novoa, y además cuestionó las palabras del fiscal Carlos Gajardo, quien consideró que fue “un éxito” esta sentencia.

El fiscal que investiga el caso Penta, Carlos Gajardo, ofreció una entrevista a la revista Qué Pasa, en la cual reafirmó que la sentencia recibida por Jovino Novoa en este proceso, sienta un precedente y que está “convencido de que el resultado que se ha obtenido hasta acá tiene bastante de histórico, es la primera condena que se da en el marco de una investigación por financiamiento ilegal de campañas políticas”.

Además, Gajardo señaló que el “éxito” que, a su juicio, obtuvieron con la condena de 3 años de presidio remitido por delitos tributarios, y el pago de una multa cercana a los 10 millones de pesos, pagaderos en 10 cuotas, es un precedente que debe ser tenido en cuenta en los otros casos que se investigan de financiamiento irregular de campañas, para evitar que se generen sospechas sobre posibles sesgos políticos de la Fiscalía.

“Creo que, razonablemente, si la Fiscalía no tiene éxitos semejantes en Penta y SQM se pueden levantar sospechas acerca de un trato desigual a distintos sectores políticos, lo que no es ni de cerca algo que a nosotros nos interese como institución”, señaló Gajardo.

Por el contrario, el abogado de Ciudadano Inteligente, querellante en el caso Penta, Pedro Orthusteguy, cuestionó las palabras expresadas por el fiscal Gajardo, y señaló que una de las fallas de la Fiscalía fue haber tomado la infracción cometida por Novoa como un simple delito tributario, y no como financiamiento ilegal de campañas políticas, y que por tratarlo de “manera ordinaria, olvidaron lo extraordinario, precisamente por las autoridades involucradas”, que fue la razón por la cual asumió este caso el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, sostuvo Orthusteguy.

El abogado de Ciudadano Inteligente confirmó que este lunes, día en que vence el plazo, es muy probable que presenten un escrito ante la Corte de Apelaciones para que se revise la sentencia sobre Jovino Novoa, la que calificó de blanda, y sostuvo que si el fiscal Gajardo considera que sienta un precedente, “muchos estarían agradecidos”, refiriéndose a los demás involucrados en los casos Penta y SQM, por las consecuencias legales que pueden enfrentar por haber incurrido en irregularidades en el financiamiento de campañas, considerando la condena al ex senador de la UDI.

“La Fiscalía trató con guante blanco a Novoa, no lo trató como a cualquier otro imputado, tuvo un tratamiento bastante especial. El procedimiento abreviado que le ofreció la Fiscalía no tenía ninguna razón táctica para no enfrentar un juicio oral en donde, evidentemente podría haber ganado el juicio, y haber obtenido una pena mucho más importante y emblemática para este caso”.

Asimismo, Orthusteguy comparó el acuerdo al que llegó el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, con la Fiscalía de Estados Unidos por el caso de coimas y sobornos que afecta a dirigentes de la FIFA y otras organizaciones, con lo sucedido en el caso del Jovino Novoa quien ni siquiera pierde sus derechos políticos, por lo que el abogado considera “bondadosa” la condena.

“Cuando la Fiscalía de Estados Unidos, en el caso Jadue, aplica y acepta un acuerdo los imputados aceptan en forma inmediata porque la Fiscalía es inflexible en Estados Unidos. Acá se hacen por otros motivos, no porque la Fiscalía sea inflexible. De hecho, la Fiscalía estuvo persiguiendo, prácticamente, al imputado para llegar a un acuerdo. Aquí la Fiscalía ha actuado con debilidad, teniendo un caso muy fuerte, y pudiendo obtener una sentencia que, realmente, sea emblemática porque la sanción a Novoa es bastante suave”.

Pedro Orthusteguy manifestó su optimismo en que se pueda revertir la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía sobre Jovino Novoa, cuando este lunes presenten la apelación que busca una sanción mayor para el ex presidente de la UDI.

Beneficios unilaterales

Carlos Hidalgo, abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso Penta, criticó en radio Cooperativa el procedimiento abreviado al que fue sometido Jovino Novoa, asegurando que «a una persona normal la habrían llevado a juicio oral».

El ex senador y timonel de la UDI fue condenado a tres años de presidio menor en su grado medio, pena que cumplirá en libertad, ante lo cual Hidalgo señaló que desde la fundación «en principio, sí» van a apelar, porque «la sentencia no tomó en cuenta que hay una diferencia entre la formalización que se hizo a Novoa y los hechos de la acusación».

En el juicio abreviado «se eliminaron directamente las menciones a las boletas de SQM, se eliminó toda mención que se hacía al financiamiento de la política a la cual estaban destinadas las facturas y boletas falsas que había entregado Novoa y se eliminó completamente el acápite que hacía referencia a la Ley de Donaciones», acusó.

Para Hidalgo, con este procedimiento abreviado «el beneficio fue unilateral. Es decir, solamente se benefició al imputado y no sostuvo ninguna ‘ganancia’ para la Fiscalía».

«En un caso de similares características, a una persona normal se le habría llevado a juicio oral, solicitándole una pena mayor de la que se le impuso a Novoa», sostuvo el jurista.

Hidalgo subrayó que en el juicio abreviado «se eliminaron hechos de la acusación: todo lo referente a SQM y todo lo referente al financiamiento de la política. En segundo lugar, se negoció una pena que es sumamente acomodadísima para la posición de Novoa», con la cual «él puede ser candidato a Presidente de la República, siendo que fue condenado por delitos tributarios y que claramente están relacionados con el financiamiento de la política».

El abogado agregó que «toda esa negociación que se hizo permite que una persona que está catalogado como uno de los financistas de uno de los partidos más importantes del país pueda seguir siendo elegido para cualquier cargo de elección popular, cualquier función pública en general».

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