La ministra subrogante de Educación, Valentina Quiroga, detalló los alcances de la glosa de gratuidad que comenzará a regir en 2016, a propósito de que este lunes más de 289 mil postulantes comenzaron la rendición de la Prueba de Selección Universitaria. A su turno el portavoz de La Moneda, informó l conformación de un grupo de trabajo prelegislativo para avanzar en Proyecto de Ley de Educación Superior.

«La glosa de la Ley de Presupuesto es bastante enfática en establecer cuáles son las condiciones para poder acceder a gratuidad y, además, establece algunas de las fechas en las cuales se tiene que ir teniendo certeza, sobre todo por parte de las instituciones», apuntó la también subsecretaria del ramo en conversación con radio Cooperativa.

Quiroga precisó que «la glosa establece que hay un plazo máximo hasta el 22 de diciembre, porque para poder implementar todo este proceso, esto tiene que tener ciertos plazos y la propia glosa y la Ley de Presupuesto establece que el plazo máximo es el 22 de diciembre, por lo tanto, ese día vamos a tener certeza a nivel nacional de cuáles son estas instituciones».

«La razón por la cual se pone como fecha máxima para las instituciones el 22 de diciembre, es porque al día 27 de diciembre, los estudiantes tienen sus resultados PSU e inician su proceso de postulación y lo que es responsable es que al momento que los estudiantes inician ese proceso tengan a esa altura del partido la información», añadió.

La autoridad explicó que las universidades que ingresarán a la gratuidad «son las instituciones del Cruch, más aquellas que cumplan con ciertos criterios como, por ejemplo, estar acreditadas por cuatro años con el sistema actualmente vigente, no tener participación en sus sociedades o en sus organismos contralores, para poder resguardar los temas de que no haya lucro y también que tengan en sus estatutos no limitada la participación estudiantil».

Sobre los estudiantes beneficiados, la ministra (s) explicó que «son todos los estudiantes de los cinco primeros deciles, que tengan nacionalidad chilena y que se matriculen en alguna de las instituciones elegibles y ahí es donde ha estado mayormente enfocada la discusión de cuáles son».

Sobre el monto que se pagará a las instituciones, la subsecretaria Quiroga explicó que «la glosa establece cuáles son los aranceles que se van a considerar y eso también lo explicamos largamente durante la discusión presupuestaria. Hoy existen en el país los aranceles de referencia, eso es algo que lleva bastante tiempo, y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es establecer y trabajar en base a unos aranceles que hemos llamado regulados».

«¿Por qué no era posible trabajar con los aranceles de referencia? Porque en el origen de los aranceles de referencia, tienen un desarrollo histórico, por lo tanto, cuando se crearon los aranceles de referencia se tuvo en consideración los aranceles reales de las instituciones en esos momentos y, por lo tanto, eso genera una discriminación que para las instituciones de educación superior era bastante arbitraria», detalló.

Quiroga enfatizó que «se trabaja en torno a aranceles regulados, que es el promedio de los aranceles de referencia entre las instituciones del Cruch y se consideran también los años de acreditación de la institución, porque no es lo mismo una institución que tiene más años de acreditación, que en general tienen plantas académicas y costos más elevados que las instituciones de más baja acreditación».

Conforman  grupo de trabajo prelegislativo para avanzar en Proyecto de Ley de Educación Superior

El Vocero de La Moneda afirmó que lo central de la iniciativa que se enviará en diciembre al Congreso es que “la gratuidad debe ir acompañada de calidad”.

El Ministro Vocero, Marcelo Díaz, anunció que en la reunión de este lunes del Comité Político se acordó “la constitución de un grupo de trabajo prelegislativo” con la Nueva Mayoría para avanzar en “las definiciones centrales del Proyecto de Ley de Educación Superior”.

Informó que la instancia se inicia mañana con una reunión entre la Ministra de Educación subrogante con representantes de los partidos políticos y seguirá posteriormente con parlamentarios del bloque oficialista.

El secretario de Estado remarcó que el trabajo pregislativo es el primer paso para aprobar una “Ley de Educación Superior que se haga cargo de institucionalidad, de calidad y de gratuidad, porque aquí la definición central es una sola: la gratuidad debe ir acompañada de calidad”.

El ministro Díaz, asimismo, deseó “el mejor de los éxitos” a los estudiantes que comienzan a rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y enfatizó que “lo que quieren esos jóvenes es que a la institución a la que accedan sea viable y factible porque los recursos le alcanzan y eso lo resolvemos por la vía de la gratuidad, pero también que tenga los niveles de calidad que ellos se merecen”.

Proceso constituyente

Consultado por la puesta en marcha del proceso constituyente, el Vocero de La Moneda señaló que “lo esencial es que sea un proceso impecable; y la Presidenta nos ha instruido a los ministros del Comité Político a que tomemos todas las medidas que garanticen el carácter republicano, con sentido de Estado del proceso constituyente”.

Agregó que “aquí no hay ningún retraso” y que lo que “a nosotros nos interesa de manera muy significativa es que todos sientan que tienen garantías de participación, que la reglas del juego van a ser claras para todos, de manera tal que sea un debate en el que todos se puedan sumar de buena voluntad”.

Comité político funciona cohesionado en torno a instrucciones de la Presidenta

Respecto de las declaraciones del diputado Osvaldo Andrade sobre diferencias en la aprobación del reajuste del sector público, Díaz señaló que “siempre escuchamos todas las críticas que se nos formulan, especialmente aquellas que son de buena voluntad” y sostuvo que “no tengo ninguna duda” que el parlamentario socialista “va a colaborar con nosotros en que cada día mejore nuestra acción”.

Agregó que “el Comité Político funciona cohesionado en torno a las orientaciones e instrucciones que nos entrega la Presidenta de la República para avanzar en el cumplimiento de la agenda gubernamental”, es decir “en cumplir los compromisos que hicimos antes el país”.

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