Confirman Participación de Generales en Millonario Fraude a la Ley Reservada del Cobre

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La declaración judicial de uno de los proveedores civiles investigados por el millonario fraude a los fondos de la Ley Reservada del Cobre contiene varias novedades. De entrada, confirma la participación de dos generales, Héctor Ureta y Juan Carlos Guerra, ambos pasados a retiro hace apenas un par de semanas; agrega nombres de otros oficiales de alta graduación, como el coronel Jorge Silva Hinojosa, el mayor Patricio Álvarez del Canto, un mayor de apellido Carrasco, y un capitán de apellido Passalacqua. Pero, en lo fundamental, revela que en el Ejército funcionaba una aceitada maquinaria para apoderarse de recursos de la Ley Reservada del Cobre, y que dicha maquinaría funcionaba desde mucho antes del 2011, establecida como fecha de inicio en la denuncia del Ejército, la que además se limitaba a un coronel confeso, Clovis Montero, y sólo suboficiales.

Proveedor confiesa coimas en el Milicogate y dinamita el Alto Mando: “Tuve que darle un porcentaje a generales”

Mauricio Weibel

Waldo Pinto terminó agobiado por los sobornos que le pedían generales y coroneles. Desde tener que comprarles útiles de escritorio hasta pagarles sus vacaciones. Su vida, marcada por el Alzheimer de su mujer, cambió definitivamente cuando una década atrás fue aceptado como proveedor del Ejército y comenzó a ser parte de una maraña de pagos con los millonarios fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

“Siempre era un porcentaje de las facturas”, narró Pinto el 27 de octubre a la fiscal militar Paola Jofré, cuando esta le preguntó cómo eran los tratos con la decena de militares investigados por los desfalcos, entre ellos los generales Héctor Ureta y Juan Carlos Guerra, ambos pasados a retiro hace apenas un par de semanas.

Pinto, hastiado de los abusos, no guardó secretos. “En mí no ha habido dolo”, aseguró a la fiscal Jofré, quien lo interrogó en la fronteriza ciudad de Arica, donde este microempresario vive y trabaja, luego de 35 años recorriendo el desierto como armero formado en el Ejército.

Todo comenzó el año 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando Pinto Gaete ingresó al registro de proveedores del Ejército para prestar servicios de desabolladuría, pintura y reparación de tanques.

En cada trabajo, Pinto laboraba “con un equipo de cuatro a cinco personas, dependiendo de la reparación” que se realizara.

Pinto parece tener una memoria privilegiada. Recuerda con detalle cada uno de sus pasos como proveedor del Ejército, desde su ingreso hasta sus años finales.

“Mi coronel Ureta (hoy general) me pidió que le facturara cocinas de campaña para transformarlas a gas licuado, trabajo que yo realicé, pero del mismo valor de la factura tuve que darle un porcentaje, que creo que era del 50 por ciento”, recordó Pinto sobre ese primer contacto, su supuesto bautizo en la cadena de sobornos.

Fue en esos meses también cuando comenzó a recibir peticiones del entonces mayor Juan Carlos Guerra, quien renunció al Ejército este mes, paradójicamente luego de ser elevado a la categoría de general de la República, la cúspide de su carrera castrense.

“A él le tuve que comprar útiles de escritorio”, confesó el armero.

El general Guerra, quien trabajó por años con el general Augusto Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército, admitió que conoció a Waldo Pinto durante esos años, pero negó los sobornos. Guerra aseguró que los depósitos que este le hizo durante años correspondían al reembolso de créditos personales.

“El dinero que le presté fue pagado completamente por él en mi cuenta corriente del Banco Scotiabank”, aseguró a la fiscal.

La historia, más allá de sus versiones encontradas, desnudó que las supuestas irregularidades con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre habrían empezado años antes de lo sospechado. De hecho, la Justicia Militar ha investigado hasta ahora solo ilícitos cometidos entre 2011 y 2014 por un monto estimado de diez millones de dólares.

Las confesiones de Waldo Pinto coinciden, además, con un sumario realizado por el coronel de inteligencia Miguel Cantallops, quien en 2011 investigó operaciones sospechosas en la División de Mantenimiento, entre ellas, pago de facturas adulteradas. La denuncia, sin embargo, jamás llegó a tribunales. Los desfalcos continuaron.

Los antecedentes en poder de Cantallops, sin embargo, fueron premonitorios. El oficial apuntó sus sospechas contra los suboficiales Claudio González y Millaray Simunovic, dos de los cinco militares detenidos hoy por el llamado “Milicogate” en el Regimiento de Policía Militar junto al coronel Clovis Montero, el cabo Juan Carlos Cruz y el suboficial Miguel Escobar.

VACACIONES PAGADAS

Pinto estuvo 35 años en el Ejército y tiene recuerdos amargos de su trabajo como proveedor en el Regimiento Logístico “Pisagua”. Tanto así que explicó a la fiscal militar que cada vez que cambiaban los mandos, él debía llegar a nuevos acuerdos.

“Tuve que dar plata para los aniversarios de las unidades de material de guerra y reparar una dependencia que se ocupaba para plan de imagen, en forma gratuita”, enumeró.

“Luego restauré siete camiones unimog que estaban botados y (…) el capitán Passalacqua, que se encontraba en operaciones técnicas, me exigió dejarle un camión sin facturar, lo que en plata de ese tiempo eran de siete a nueve millones de pesos. Yo le entregué el vehículo sin facturar y ellos recuperaron la plata, pero nada me dieron a cambio”, detalló.

Los desencuentros recrudecieron ante la escalada de sobornos.

“Este capitán (Passalacqua) me exigió que le fabricara un carro rodante para su auto, porque se iba de vacaciones. Como le puse problemas, porque para mí era casi imposible, fui expulsado de la maestranza y perdí mi fuente de trabajo”, narró Pinto.

En esos años, según relató el general Guerra, el armero Waldo Pinto enfrentó una tragedia mayor.

“En un viaje al sur, cerca de Iquique se quedó dormido, se dio vuelta y producto del accidente murió su hija de 15 años”, rememoró. Según Guerra, en los funerales de la menor, Pinto le comentó que estaba muy mal económicamente, además de afectado por la deteriorada salud de su mujer. Tiempo después, agrega el general Guerra, Waldo Pinto le pidió dinero.

“Le presté un millón y medio de pesos”, comentó el oficial en la fiscalía militar.

Pinto, en cambio, jamás reconoció haber recibido dinero de algún militar. Por el contrario, lamentó que muchas veces debió hacer trabajos gratuitos o entregar parte de sus ganancias. La mala fortuna del armero cambió, sin embargo, cuando lo acogieron en el Regimiento “Rancagua”, también ubicado en la guarnición de Arica.

Allí trabajó con “el mayor Carrasco de Material de Guerra” entre los años 2008 y 2010. Nuevamente le habrían exigido coimas.

“Al mayor Carrasco le daba porcentajes de dinero que él me pedía gradualmente por el hecho de darme trabajo, siempre un porcentaje de las facturas. En sus vacaciones tenía que pasarle un palo o dos palos”, añadió Pinto.

El negocio creció nuevamente en el año 2010, cuando su nombre llegó a otras reparticiones.

“El mayor Patricio Álvarez del Canto, que trabajaba en Finanzas en Iquique, me daba pautas de trabajo que debía facturar. Luego llegaban esos trabajos, pero la mitad de ellos se suspendían y yo debía devolver el remanente de esos dineros (…) por intermedio de vales vista”.

Otras veces, aseguró Waldo Pinto, tenía que llevar el dinero en efectivo hasta el departamento del mayor Álvarez, ubicado en Iquique.

A fines de 2011, el armero quiso independizarse, pues no quería “depender” más de los militares, contó a la fiscal Jofré. Luego instaló una flota de tres taxis colectivos, alejado de lo que él llama su “cuna formadora”.

El destino, sin embargo, volvió a reunirlo en el año 2012 con el general Guerra, quien entonces trabajaba como jefe de Estado Mayor de la División de Mantenimiento en Santiago, donde coincidió con el general Héctor Ureta, el hombre que había contratado el primer trabajo como proveedor del Ejército a Waldo Pinto en el año 2004.

La bonanza regresó a la vida del armero. También las coimas.

“Yo tenía proyectos, pero debía darle plata a Guerra por dichos trabajos, depositando en su cuenta corriente aquí en Arica en el Scotiabank, o bien se lo pasaba en efectivo cuando él venía a ver a su padre (José Guerra)”, admitió el armero a la fiscal Jofré.

Pinto detalló que en su relación con el general Guerra había una tarifa.

“Le pasaba dos o tres millones de pesos por proyecto. Si era un bus le pasaba aproximadamente unos 500.000 pesos, si era un proyecto de cuatro o más camiones le pasaba 1.500.000 o 2.000.000, y en las cocinas de campaña (…) como 2.000.000”, detalló el armero.

EL CORONEL SILVA Y LAS COMIDAS

Poco tiempo después, entre el año 2013 y el 2014, apareció en los negocios de Waldo Pinto el coronel Jorge Silva Hinojosa.

“Visitó mi taller con el suboficial Ávila (…) vio mi trabajo, mis documentos y posteriormente tuve que pagarle una comida a toda la comitiva, que eran como siete personas, en el restaurant ‘Arriero’, pagué como 350.000 pesos, en efectivo”, detalló Pinto.

Silva Hinojosa, también de la División de Mantenimiento, volvió varias veces al taller de Waldo Pinto.

“Me indicó muy claro que me siguiera portando bien”, recordó el armero de esos encuentros extraoficiales. También que el coronel Silva le subrayó que el nexo en sus negocios sería el suboficial Ávila, a quien Pinto debía depositarle un porcentaje de los pagos en su cuenta corriente.

Con el acuerdo sellado, Waldo Pinto comenzó a emitir cada vez más vales vista a cambio de trabajos. De todos los militares a quienes debió girar dinero, el armero sólo recordó ante la Justicia Militar los nombres de Patricio Álvarez del Canto y Juan Carlos Cruz, éste último el cabo que gastó 2 mil 400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello, entre 2008 y 2014.

La versión de Pinto fortalece la idea sobre la existencia de una amplia red de defraudación al interior del Ejército para desviar los millonarios fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, los que entre los años 2000 y 2015 aportaron unos 20.000 millones de dólares a las fuerzas armadas, tanto para la compra de armas como para su mantenimiento.

El desfalco, que entre 2011 y 2014 tiene bajo sospecha unas 2.500 facturas valoradas en diez millones de dólares, comenzaba cuando un militar conseguía una factura con un proveedor como Waldo Pinto. Luego era enviada a la División de Mantenimiento, liderada por Ureta y Guerra. Desde allí era remitida al Comando de Apoyo a la Fuerza, la repartición encargada de administrar los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

En el Comando de Apoyo a la Fuerza, como consta en testimonios judiciales del hoy detenido cabo Juan Carlos Cruz, los pagos eran escondidos bajo la ambigua glosa de “Compensación Presupuestaria”, para evitar que las situaciones fueran detectadas.

EL MODUS OPERANDI

El armero Waldo Pinto, oriundo del pueblo minero de Potrerillos, reconoció a la fiscal Jofré que le complicaba la computación y que por eso pedía a otros que le confeccionaran las facturas. Reveló también que las unidades se contactaban con él por teléfono, cuando había un trabajo disponible:

“Luego yo iba a evaluar la reparación del vehículo y a base de eso llevaba el presupuesto”.

Los documentos luego de un tiempo llegaban a Santiago. Primero a la División de Logística y luego a la División de Mantenimiento, para finalmente arribar al Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de supervisar los pagos con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

Waldo Pinto negó, además, que él estuviera involucrado en el pago de cinco facturas duplicadas de su empresa en operaciones por más de 50 millones de pesos. “No tengo explicación por qué fueron clonadas”, dijo.

En medio de la vorágine de confesiones y evidencias, Pinto aceptó que la Justicia Militar revisara su cuenta corriente en el Banco Estado.

“Autorizo al tribunal para que investigue mi patrimonio”, firmó.

El armero rechazó también estar involucrado en la emisión o cobro de facturas falsas. Insistió en que él siempre hizo los trabajos que le encomendaron y que fueron los militares, sus antiguos jefes y camaradas de armas, los que le pidieron pagos por darle esos trabajos.

“Fui perjudicado económicamente en mis ingresos”, reclamó ante la fiscal Jofré.

Finalmente, cuando parecía que ya no quedaban más revelaciones, volvió a apuntar sus confesiones hacia el generalato.

“Cuando vino (el general) Guerra en el verano de este año me dijo que destruyera los depósitos y cuentas bancarias, que no me preocupara, que no me iba a pasar nada, que yo no tenía nada que ver”, remató.

Fuente: The Clinic

 

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