La marejada de corrupción que azota  a la Municipalidad de Pirque  tiene en ascuas al alcalde Cristian Balmaceda Undurraga (RN) y salpica, además,  a funcionarios de  rango alto, medio y chiquitos. Así lo revela la última investigación especial de la Contraloría General de la República (CGR) tras corroborar pagos ilegales de sueldos por un total de “53.199.989 millones de pesos, durante el período comprendido entre  el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014”.

La pesquisa de la CGR se inició luego que una persona denunciara- de forma anónima- que “la Municipalidad de Pirque ha pagado honorarios por servicios que no fueron prestados y que, en algunos casos, los dineros comprometidos se utilizaron para el pago de sobresueldos a un funcionario que indica”, señala el informe que la CGR le hizo llegar al Alcalde y  a cada uno de los concejales.

La persona denunciante proporcionó datos concretos, con nombre y apellidos. Informó, por ejemplo, que “don Darwin Ramírez Tapia fue contratado como Monitor de Deportes, sin   prestar servicio alguno entre el 1 de septiembre del 2012 y el 31 de enero de 2013”.

Además, entregó antecedentes documentados respecto del pago de honorarios por  servicios no prestados-durante algunos meses del período comprendido entre el 1 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre 2014, a Yasna Fuenzalida Sandoval, Elena Rocco López, Mariana Labbé González, Pía del Campo Rojas, Jennifer Saa Vargas, Cecilia Ríos Farías y Jaime Palominos González.

INVESTIGACION ESPECIAL

Del informe evacuado por el organismo fiscalizador se desprende que  “las imputadas”, Pía del Campo Rojas y Jennifer Saa Vargas no prestaron ningún servicio a la Municipalidad. Más bien, cumplieron la función  de palos blancos, porque si bien los cheques figuran extendidos a nombre de ellas, quien recibía el dinero era el Secretario del Juzgado de Policía Local.

Al respecto, la investigación de la CGR “determinó que los aludidos cheques nominativos fueron retirados desde la Tesorería Municipal, por el  señor Javier Díaz de Valdés, Secretario del Juzgado de Policía Local de Pirque, sin contar con poder que lo habilitara para aquello”.

Al ser interrogada  la funcionaria  Cecilia Ríos Farías, encargada  de ingresar los informes del trabajo desarrollado y las respectivas boletas de honorarios, bajo la supervisión de la Dirección de Desarrollo Comunitario, declaró que no recordaba haber recibido informes ni boletas por parte de las dos mujeres y que desconocía  de qué forma  esta documentación había sido entregada al municipio.

Por su parte, el Alcalde aseveró ante la CGR que esa documentación había sido “recibida y recepcionada directamente por la Directora de Desarrollo Comunitario, Claudia González López”

En cuanto a los cheques entregados a Javier Díaz de Valdés, el jefe comunal reconoció la irregularidad detectada y manifestó  que “ordenará la instrucción de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tal hecho”

Sobre esta situación, la CGR resolvió instruir un “procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades funcionarias  derivadas de los hechos irregulares descritos”

Otro honorario turbio- por la suma de 6.666.660 millones de pesos- es el pagado a Mariana Labbé González. Según constata la investigación, la mujer fue contratada para realizar trabajos adscritos al programa de Turismo. Sin embargo, ella misma admitió haber realizado “labores de todo tipo para la Municipalidad- tales como actividades y/o eventos municipales, recepción de autoridades, entre otras, sin incluir entre ellas ninguna relacionada con el turismo”.

Cabe recordar que durante una actividad oficial con presencia de autoridades de gobierno, Labbé González solicitó a un oficial de carabineros que impidiera a elclarin.cl cubrir el evento. El hecho fue denunciado a la Dirección General de Carabineros y al Colegio Nacional de Periodistas.

En su Informe, la CGR consigna que la aludida funcionaria desempeñó, en los hechos, labores propias de la gestión administrativa interna del  municipio, contraviniendo  “el marco normativo y jurisprudencial señalado precedentemente” (ver informe completo)

PLATAS DE PROGRAMAS SOCIALES

Las platas para cubrir estos sueldos fueron recortadas de las asignadas a los Programas Sociales de Adulto Mayor, Vivienda, Deportes, Turismo. Quien debía supervisar la ejecución efectiva de las labores y  autorizar los pagos, era la Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Claudia González López.

Interrogada por la CGR, la mujer aseguró que cada contratado había rendido los informes correspondientes a las tareas desarrolladas. Aseveró, además, que no existía otra documentación que permitiera verificar si éstas realmente se habían llevado  cabo.

En su esfuerzo de aparecer como servidora pública proba, creíble y transparente, la funcionaria  argumentó: “si los contratados no hubieran realizado las labores convenidas, los encargados de cada programa se lo habrían hecho saber, dado que ellos eran los principales beneficiarios de los trabajos contratados”.

Pero su respuesta despidió un fuerte olor a triquiñuela, por lo que  la CGR  decidió interrogar a los encargados de los  Programas Sociales, con  el fin de establecer la “verdad de la milanesa”.

VERDADES Y ARTIMAÑAS

Respecto de los cheques extendidos a nombre de Pia Del Campo Rojas y Jennifer Saa  Vargas, pero que fueron retirados por el Secretario del Juzgado de Policía Local, Javier Díaz de Valdés, la Encargada del Programa de Vivienda, Fidelina Moraga Gómez, declaró que desconocía quienes eran ambas mujeres, “toda vez que aquellas nunca han trabajado en esa Unidad”.

Entre tanto, los/as encargados de los Programas, de Turismo, Deportes, Adulto Mayor y de la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) aseguraron que ninguna de las personas que recibieron sueldos bajo el paragua de estos programas, habían trabajado en las Unidades de su dependencia. ( ver informe completo)

Por su parte – y pese a la evidencia de que los trabajos contratados y pagados por la Municipalidad de Pirque no se encuentran suficientemente acreditados- el Alcalde Balmaceda insistió ante la CGR que la acreditación de los servicios sólo constan en los informes mensuales preparados por las personas contratadas y visados por la Directora de DIDECO.

Con la clara intención de justificar las irregularidades descubiertas, Balmaceda remitió a la CGR “declaraciones juradas notariales de “las señoras Claudia González López, Directora de Desarrollo Comunitario; Ana Pardo Aranda, Cecilia Ríos Farías  y del señor José Urzúa Riquelme.”

No obstante ello, la CGR objetó esta documentación dado que algunas de las declaraciones de las personas juramentadas,“contienen información contradictoria con las declaraciones que las mismas prestaron a esta Entidad de Control en la etapa indagatoria de la presente investigación.”

A modo de ejemplo, la entidad fiscalizadora cita las declaraciones de la mandamás de DIDECO, quien durante la etapa preliminar de la investigación aseguró que, “la constancia de los trabajos desarrollados por cada uno de los contratados a que se refiere su pregunta, quedó reflejada en los informes que remitió cada cual (…) Además está el hecho que si ellos no hubieran realizado su trabajo, los encargados de cada programa me lo habrían hecho saber, ya que ellos eran los principales beneficiarios de sus respectivos trabajos”.

Asimismo, dijo no tener claridad respecto de “las funciones específicas  que realizaba, la señora Fuenzalida Sandoval”

Sin embargo, puntualiza la CGR,“la máxima autoridad comunal remite una declaración jurada notarial de la señora González López, en la que afirma que supervisó directamente los trabajos de las señoras Fuenzalida Sandoval, Del Campo Rojas y Saa Vargas”.

A todas luces, la investigación de la Contraloría deja al descubierto un  entramado de artimañas y manipulaciones utilizadas con el propósito de justificar acciones reñidas con la probidad, encubrir / proteger a las personas involucradas y  – en definitiva- “salvar el pellejo” a como dé lugar.

A raíz de los hechos ilegales descritos, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario conducente a establecer las responsabilidades funcionarias y al mismo tiempo dará curso al “correspondiente reparo según lo preceptuado en los artículos 60, 61,101,107,107 bis y siguientes de la mencionada Ley N° 10.336”. www.leychile.cl/Navegar?idNorma=18995

EL SILENCIO DE LOS CONCEJALES

Llama la atención el sepulcral silencio guardado por los concejales – de todos los colores políticos – ante este y otros hechos de corrupción en la casa edilicia pircana.  A saber, 432 millones de pesos pagados a la fundación Mundo Diferente, bajo el disfraz  de subvención; otros 450 millones de pesos por  venta de permisos  de circulación, no ingresados a caja. Ambos casos están aún en las carpetas investigativas de la CGR.

A los anteriores hay que agregar, el  pago de 10 millones de pesos a una mujer que nunca trabajó en el municipio y que resultó ser la madre del concejal, Pablo Ulloa.´ Por   este y el caso del fraude de los permisos de circulación, el Consejo de Defensa del Estado instruye, actualmente, una querella por fraude al fisco en contra del alcalde, Cristian Balmaceda, el concejal Ulloa, entre otros implicados. 

“Según la Ley, a los concejales les corresponde, fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la ejecución del presupuesto municipal”, destaca David Nieto, presidente de la Cámara de Turismo de Pirque.

“Es importante que la comunidad sepa  y entienda que los  concejales  son servidores públicos pagados  con el dinero de todos los chilenos/as. Reciben un  sueldo de alrededor de 700 mil pesos. Ellos/ as tienen el deber de, por ejemplo, analizar el registro público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas”.

“Otras de sus obligaciones son: fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formularle las observaciones que le merezcan y recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal”, añade  el dirigente.

“En mi opinión, los concejales – en este y otros casos-  no han ejercido sus funciones tal como les obliga la Ley. Deberían haber sido ellos los primeros en denunciar estos hechos que denunció ante la Contraloría una persona anónima”.

“Tampoco han dicho nada sobre el malgasto de 40 millones de pesos destinados al financiamiento del diseño de ampliación de un consultorio local de salud; caso que fue denunciado, recientemente, por el Director de Salud Metropolitano Sur-Oriente, Doctor Antonio Infante Barros.

Creo que los concejales han caído en abandono de deberes”, puntualiza Nieto.

Descargue el informe de Contraloría

Fuente: Clarín

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