Un Gobierno de Excelencia para Apernar y Apitutar Funcionarios de Derecha

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A 26 días que termine la administración de Sebastián Piñera, las contrataciones de candidatos derrotados en las elecciones de noviembre para asesorías al interior del Gobierno ha sido un tema constante en los últimos días. Dos casos han puesto en la mira al Ministerio de Salud: el del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, como asesor comunicacional en la implementación de los Hospitales de Maipú y La Florida; y la ex seremi de Salud metropolitana Rosa Oyarce, en el marco de la acreditación sanitaria del nuevo Hospital de Rancagua. Pero en realidad, en cuanto a las centenares de operaciones de apernamiento y apitutamiento, este Gobierno empresarial demostró ser de los mejores.

“Yo fui a buscar a Rosa Oyarce para contratarla de nuevo, porque sus calificaciones técnicas son óptimas”, sostuvo en entrevista con Radio Bío Bío el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Aclaró que el contrato se basa en la situación particular del recinto de salud para la capital de la región de O’Higgins, tarea para la cual “ella nos está ayudando mucho”.

Incluso el secretario de Estado reveló que su renuncia a la Seremi no la recibió del mejor modo: “Lamenté enormemente que ella hubiera renunciado a su cargo, porque vale oro como tal, para presentarse a una candidatura senatorial que tenía pocos visos de tener éxito”.

Sobre Zalaquett, Mañalich afirmó que su contratación por dos meses se apoyó en la dificultades generadas para la consolidación del modelo de hospitales concesionados y el complejo escenario político al respecto que lideraría el diputado PS Carlos Montes. A la ex autoridad comunal se le pidió desarrollar reuniones con la ciudadanía y con los respectivos alcaldes para “sensibilizar y logra que hubiera una mejor aprobación del inicio de estos dos hospitales”, detalló el ministro.

Sin embargo, el titular del Minsal hasta el 11 de marzo dejó en evidencia sus sospechas respecto a la publicación del contrato de Pablo Zalaquett en el portal de Transparencia del Gobierno. Aseguró que el documento explicitaba que los servicios del otrora candidato a senador por Santiago Poniente se requerían hasta el 28 de febrero, digitado erróneamente en la web “por alguna razón curiosa”.

Agregó que los parlamentarios que realizaron la denuncia se enteraron antes que el propio jefe de gabinete del Ministerio. Por ello, añadió, “he instruido un sumario ante la sospecha que [el error de digitación] es intencional”.

DC califica como “indencende” situación de candidatos derrotados que postulan a notarios

El timonel (s) de la falange dijo que buscará agregar esta arista dentro de la indagatoria que esperan que lleve a cabo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados respecto de las llamadas «becas Piñera».

El presidente (s) de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, calificó como “indencende y éticamente reprochable” que candidatos a parlamentarios derrotados de la Alianza estén postulando a cargos de notarios sin cumplir con los requisitos exigidos. Situación informada por El Mostrador.

Se trata del aún diputado en ejercicio Enrique Estay (UDI), la ex seremi de gobierno Pamela Medina (independiente pro RN) y el actual seremi de Bienes Nacionales de O’Higgins, Gerardo Carvallo (UDI), quienes postulan a liderar notarías en las comunas de Machalí y Graneros, casos que evalúa la Corte Suprema.

Al respecto, el timonel de la DC sostuvo: “Quieren aprovechar de capturar el máximo espacio posible, el máximo de recursos posibles para sus más cercanos antes de tener que entregar el Gobierno. Eso a mí me parece política y éticamente reprochable”.

Agregando que “esto se da en el marco de una lógica donde se está tratando de utilizar hasta el más mínimo espacio posible para dejar copados esos espacios con gente de confianza del actual Gobierno. Eso da cuenta de una lógica de término de Gobierno que me parece absolutamente inaceptable y, yo diría, indecente”.

El timonel (s) de la falange dijo que buscará agregar esta arista dentro de la indagatoria que esperan que lleve a cabo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados respecto de las llamadas “becas Piñera”.

Acusan cientos de contratos de amarres y «apernamientos» del Gobierno ¿Qué pasó con los «apitutados» de la dictadura?

Más de 10 mil funcionarios públicos fueron despedidos en los cuatro años del Gobierno de Piñera, según los máximos dirigentes de la ANEF. Y se ha contratado una cifra similar, la mayoria simpatizantes RN y UDI. Y ahora que a la administración de Piñera, le queda menos de un mes, un abogado que trabajó al inicio de la democracia en La Moneda recuerda que Pinochet aseguró el trabajo a decenas de funcionarios adherentes a su gobierno. ¿Será la premonición de lo que va a ocurrir a partir de un mes más?

El mundo político se remeció con la noticia de las denominadas «Becas Piñera». 22 candidatos del oficialismo se vieron beneficiados después de perder las elecciones parlamentarias, porque el gobierno les ofreció contratos en distintas áreas de la administración pública.

Pero durante meses se han venido fraguando distintos concursos públicos de trabajos para el personal que llegó con la administración de Piñera, esencialmente militantes y simpatizantes de la UDI y RN. «Nuestros datos señalan que en los últimos tres años deben ser unos tres mil los cargos que se han llenado con los concursos «truchos», señalan desde la ANEF.

Los concursos para cargos fueron preparados milimétricamente para una persona en particular, especialmente en algunos ministerios, como el de la Vivienda, Secretaria General de Gobierno, Obras Públicas y el ministerio del Interior.

Pero la historia no es nueva. En 1989, cuando el general Pinochet y la dictadura se preparaban para dejar La Moneda, la administración preparó amarres para que los funcionarios y cercanos que participaron del gobierno de facto siguieran con estabilidad laboral dentro del palacio de La Moneda y en los respectivos ministerios, con un contrato de planta, inamovible que les permitió seguir trabajando en la nueva administración democrática que encabezó Patricio Aylwin.

Fue así como el abogado Humberto Neumann, el mismo que defendió a Manuel Contreras en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos y que también encabezó juicios contra quiénes debía convivir en la misma La Moneda quedó ligado al gobierno de Patricio Aylwin desde el ministerio del Interior. Como él fueron varios los funcionarios del régimen militar los que permanecieron dentro de La Moneda, gracias a un contrato que la Concertación de entonces no podía negar.

La estrategia que tomó el nuevo gobierno fue permitirles que cumplieran los contratos. Estos estaban hechos y se debían respetar. A los que tenían este «pituto» inamovible, se les llevó a una oficina dedicada sólo para ellos. Allí debían, literalmente, mirar el techo, para cumplir su contrato. «Era como el cuarto oscuro. Todos sabíamos que allí estaban los ligados a la dictadura, abogados, periodistas y otros funcionarios», señala un asesor que llegó con Aylwin.

Lo que se hizo fue no darle actividades ni tareas. «Les respetamos el contrato, pero hubo orden de darle ninguna tarea. Era indigno verlos llegar en la mañana, firmar la tarjeta e irse a su cuarto oscuro. Ahí leían el diario, sacaban el puzzle…y nada más», señala el mismo asesor de esos tiempos.

Neumann, el abogado de Manuel Contreras que trabajó para Aylwin

«La mayoría de los abogados que estaban desde la dictadura, tenían contratos de planta. Entre esos funcionarios de carrera, estaba uno de los de mayor confianza de Pinochet. Estaba el caso especifico del abogado Humberto Neumann», recuerda a Cambio21 el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, que trabajó en el ministerio del Interior que dirigía Enrique Krauss (DC) a la vuelta a la democracia.

«Neumann siguió en democracia con su cargo. Cuando nos dimos cuenta que no tenian problemas de conciencia y no se iban, los obligamos a realizar actos que, nos imaginábamos le repugnaban. Por ejemplo, desistirse de querellas iniciadas por la dictadura en contra de opositores firmadas por él mismo. Al principio lo hizo, pero al final no fue capaz de sostener esta controversia, entre lo que había hecho y lo que tenía que hacer nuevamente», explicó Luis Toro.

Sobre la estadía del resto de los «apitutados», el abogado narra que «la mayoría de los funcionarios de alta confianza de la dictadura fueron renunciando de a poco, porque, obviamente, estaban obligados a realizar gestiones que se les encomendaban y tenían que ver, netamente, con la instalación del gobierno democrático y le repugnaba, por así decirlo, esa situación».

Neumann terminó trabajando por poco más de un año dentro de la administración pública. La presión de estar trabajando para el otro bando ganó, además de estar al margen del resto de los trabajadores. Según ex funcionarios de La Moneda en esos años, al abogado era ignorado por el resto. Siempre estuvo solo y no hablaba con nadie.

El prólogo de los amarres y apernamientos de la administración Piñera

Lo que vemos hoy con los favores entregados por el gobierno a sus militantes de RN y UDI no es ilegal, pero sí violan la ética del sistema, aprovechando que no existe una legislación que impida lo que ocurre. Un ejemplo es también que los funcionarios oficialistas sean contratados como «de planta», de un día a otro.

Que ocurrieran estos hechos durante la dictadura es una cosa, pero que pasara en el gobierno democrático de derecha «es más grave, porque primero estamos en plena democracia, y se supone que los gobiernos no hacen eso. Lo hizo la dictadura. Segundo, se preocupó con bastante anticipación de hacerlo», dice el abogado Luis Toro.

Nury Benítez, presidenta (S) de la Anef, explica a Cambio21 que lo que pasa ahora se debe a «una ley que sale en septiembre del 89, cinco meses meses antes de irse la dictadura. Todas las personas que estaban en el Estado las contrataron de planta.  Eso fue lo que hizo Pinochet».

«Estas prácticas no le hace bien a la administración de Piñera ni a la democracia. Provocan problemas al interior de las instituciones», dice Benítez, agregando que «ellos (la derecha) actúan sobrepasando la normas, la buena fe y creo que rayan en la falta de ética y la moral, por cierto que no son los únicos amarres que dejó la dictadura en el Estado, sino también como actúa».

Pinochet «dio estatutos de inamovible a muchas personas de confianza. Y hoy con estos concursos hechos a la medida se están moviendo cargos en reparticiones en ministerios bastantes sensibles y estratégicos y estamos viendo que se repite igual que en la dictadura», opinó el diputado Gabriel Silber (DC).

Sobre si lo ocurrido con los funcionarios de confianza de Pinochet es una acción calcada de lo que pasará ahora, Luis Toro cree que «debiera ocurrir lo mismo. Que la conciencia les repugne. Y si no los despiden el 11 de marzo, que se usen los mismos procedimientos que se usaron al inicio de la democracia. Es la esperanza que tiene la gente».

Los contratados «de planta» por el gobierno tienen la distinción de que sus contratos no tienen caducidad y son sólo ellos pueden ponerles fin. Un dato no menor para lo que se vendrá en un mes más cuando asuma Michelle Bachelet y sus ministros y se encuentren con miles de funcionarios que….no son de su confianza.

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