El centro neurálgico del verdadero poder en Chile está dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Su élite política y sus militantes son dueños de un vasto y múltiple poder financiero y comunicacional ultraneoliberal creado, manu militari, por la dictadura de Augusto Pinochet, vendiéndoles las empresas estatales, en un ejercicio de auténtico saqueo, en una suma simbólica, convirtiéndolos en un poder fáctico.

 

Devota del neoliberalismo, la UDI ha defendido hasta el fetichismo su máxima: la autorregulación del mercado financiero y su consecuencia, la anorexia del Estado. Esta forma de administrar el capitalismo ha creado mucha riqueza pero, paralelamente, más desigualdad: mientras exorbitante crece el capital privado, los beneficios excluyen a las mayorías; y el santificado “crecimiento económico” sólo es un dato obsceno para los ciudadanos.

La experiencia mundial del mercado desregulado neoliberal como una panacea, ha terminado convirtiéndose en un fraude; no el mercado, sino su desregulación, produciendo un monstruo de mil cabezas depredador del ecosistema y lleno de corrupciones de todo tipo, culminando en sucesivas crisis globales y en la enfermedad moral del capitalismo: un vaciamiento ético de credibilidad y legitimidad sistémico.

En el caso chileno, el mercado financiero desregulado ha sido dinamitado por la corrupción de las más importantes empresas vinculadas a la UDI: evasión sistemática de impuestos, fraudes contables, burbujas especulativas, capitalismo de amiguetes, conflicto de interés, tráfico de influencias, colusiones, repactaciones unilaterales de créditos, y, por último (hasta la fecha), coronan la cabeza del mercado desregulado corrupto con la Securities and Exchange Commission de EE.UU. iniciando una causa criminal por presunto uso de información privilegiada contra dos vacas sagradas del sistema financiero chileno, Juan Bilbao y Tomás Hurtado.

Paralela a esta bomba de corruptelas empresariales en el corazón de su militancia, estalla en plena cara de la UDI otra aún más devastadora, el Pentagate: financiamiento empresarial ilegal a campañas políticas de sus parlamentarios; en rigor, una trama de compra de políticos.

No nos engañemos, esto era un secreto a voces, sólo que al salir a flote esta alcantarilla, su fetidez es tan insoportable como delirante. La gestión de la crisis ha sido peor que ésta: frenéticos, han buscado el empate “del tú eres tan corrupto como yo”, un modus operandi mafioso (y, parece, que lo encontraron en el Nueragate: un presunto tráfico de influencias de la nuera y el hijo de Michelle Bachelet).

La crisis de credibilidad que se ha instalado en el sistema financiero chileno por la descomposición ética del empresariado-UDI, fisura la imagen de Chile como país con un régimen jurídico financiero solvente. Sólo una regulación equilibrada y potente del mercado puede otorgar el equilibrio que se necesita entre, por una parte, Estado y mercado y, por otra, entre política y mercado.

La asimetría en favor del mercado desregulado en total detrimento del Estado y la política, ha terminado poniendo en peligro la existencia misma del capitalismo liberal, la democracia y el Estado de derecho, en Chile y en el mundo.

Por otra parte, el proyecto de ley que regula y transparenta la financiación de la política enviado por el Gobierno al Parlamento, tendrá que eliminar el despropósito de considerar la política como un producto más del mercado que gravita entre la oferta y la demanda, que ha terminado pervirtiendo a la política y las instituciones democráticas. El aporte económico tendrá que ser estatal y/o con donaciones claras de personas jurídicas y no de agentes jurídicos, o sea, poner fin a la aportación de las empresas, transparentando y fortaleciendo así la credibilidad y legitimidad de la democracia y el Estado de Derecho.

La crisis de credibilidad y legitimidad de la UDI (y de toda la derecha) es un punto de inflexión que consagra el descrédito de todas las instituciones del Estado, que han estado recibiendo un rechazo ciudadano macizo y masivo, y anuncia una crisis institucional sistémica a la vuelta de la esquina, un auténtico tsunami social.

Es urgente, para evitar el punto de no retorno, que la fragilidad institucional y política que representa en Chile la Constitución de la dictadura, se jubile. Sólo una nueva y democrática Constitución otorgará, además de estabilidad social, credibilidad y legitimidad a la democracia y al Estado de Derecho.

Dicho lo cual, faltaría a la verdad histórica si omitiera que en los sótanos de la UDI están los catálogos del exterminio de los derechos humanos durante la barbarie dictatorial, firmados por los que ahora están sumidos en la corrupción. ¿Qué más se puede esperar con estos materiales y estos ropajes de su pasado histórico? Y, simultáneamente, ¿se puede soñar que de esta crisis nacerá una derecha desempantanada del pinochetismo ultraneoliberal, menos depredadora, más social y moderna, que asuma la prosperidad compartida?

Tenemos derecho al vértigo de la esperanza.

(*)  Antropólogo social y periodista científico

Fuente: El Mostrador

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