Sin Manual, pero con Pistas: Algunas Trazas Comunes en los Procesos Constituyentes Andinos (Venezuela, Bolivia, Ecuador)

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La idea constituyente se convirtió, durante años, en una palanca para la generación de mayorías por el cambio político, puesto que ofrecía un horizonte plausible –y percibido como legal y pacífico– para atraer a los muchos descontentos que aún desconfiaban de las alternativas. En un contexto de crecimiento de la desconfianza y el rechazo a las élites tradicionales y de empobrecimiento generalizado, el ciclo de protestas de la crisis en el sur de Europa ha supuesto una cierta apertura de discusiones que parecían sepultadas por dos décadas de sedimentación de la ofensiva liberal-conservadora como sentido común de época.


Introducción: las razones del interés por los procesos políticos latinoamericanos

La crisis económica en España parece haber abierto un escenario que algunos caracterizan de “crisis de régimen”, en tanto crisis orgánica general de una configuración institucional, una articulación social, un modelo económico y un relato cohesionador y generador de consentimiento de los sectores subordinados del orden establecido.

En un contexto de crecimiento de la desconfianza y el rechazo a las élites tradicionales y de empobrecimiento generalizado, el ciclo de protestas de la crisis en el sur de Europa ha supuesto una cierta apertura de discusiones que parecían sepultadas por dos décadas de sedimentación de la ofensiva liberal-conservadora como sentido común de época.

Entre ellas figura en primer lugar la cuestión del poder político y el Estado, y en ella se inscribe la propuesta de activación de un proceso constituyente, que ha ido ganando espacio e influencia, quizás por su amplitud y la posibilidad de que se inscriban en ella distintos proyectos y concepciones del tipo de cambio político deseable y practicable.

La tímida pero incipiente discusión sobre un hipotético proceso constituyente se produce en un terreno cultural y teórico marcado por el repliegue de las ideas y los valores de la izquierda ante la embestida intelectual del neolibera- lismo, así como por la ausencia de referencias de procesos de cambio político radical en Europa desde las experiencias del largo 1968, que son hoy cierta- mente de escasa ayuda, y por la crisis de los espacios sociales y laborales, y las identidades que en ellos nacieron, para funcionar como núcleos de un proceso constituyente.

Sin embargo, mientras esto sucede, Sudamérica se ha convertido desde hace casi una década en el principal y casi único espacio geopolítico de expe- rimentación política en un sentido emancipador. Con diferentes intensidades, acentos y ritmos, la tendencia general del subcontinente está marcada por una orientación progresista posneoliberal, de recuperación de la soberanía nacio- nal, de avance en la integración regional y de inclusión de los sectores subal- ternos expulsados a la invisibilidad durante la “década perdida” de los progra- mas de ajuste estructural impuestos por el FMI y las oligarquías locales.

En el área andina, tras procesos destituyentes de masas, fuerzas de ruptura heterogé- neas llegaron a los Gobiernos nacionales de Venezuela (1998), Bolivia (2005) y Ecuador (2006) abriendo de inmediato procesos constituyentes dirigidos a renegociar el contrato social y transformar el Estado.

Ante el agotamiento político-institucional y la sensación de impasse en España y en Europa, el ejemplo de los procesos constituyentes latinoamericanos atrae cada vez más miradas en busca de referencias tangibles y asequibles que expliquen el paso de la protesta a la construcción de poder político. No obstante, este interés por las experiencias latinoamericanas no ha llevado aparejado por lo general un trabajo de análisis, interpretación y discusión de las mismas, por lo que las referencias simbólicas se mueven aún en un terreno superficial, poblado por no pocas mitificaciones, desconocimientos, o trasla- ciones históricas e ideológicas poco sustentadas.

Es una obviedad señalar que entre los casos latinoamericanos y el español hay más diferencias que equivalencias, cosa que, por otra parte y aunque se suela pasar por alto, también ocurre entre cada uno de aquellos y el resto de la región. Sin embargo esta constatación no debería bloquear un análisis crítico de los procesos latinoamericanos y sus trazas comunes que pueda contribuir con nuevos enfoques, más con sus preguntas que con sus respuestas, para la discusión doméstica.

En este artículo se examinan algunos de los componentes centrales de aquellas experiencias. Se escogen, por razones de coincidencia temporal, geo- gráficas, de similitudes políticas y de ser experiencias actualmente en marcha, los casos de los procesos constituyentes andinos: venezolano, boliviano y ecuatoriano.

Por “procesos constituyentes” se entienden, en términos políticos amplios, los periodos y dinámicas, aún abiertos, que van desde la crisis de los regímenes anteriores hasta los comienzos de la sedimentación de nuevos órdenes políticos,

Como es comprensible, el análisis conjunto de los tres casos impone una reducción de la intensión para aumentar la extensión, prescindiendo de impor- tantes complejidades, diferencias ideológicas y programáticas y especificidades históricas y culturales. El lector sabrá disculparlo teniendo presente que el objetivo es otro: encontrar elementos de un “mínimo común denominador” a la luz del cual se puedan discutir las necesidades y tareas del momento político en el estado español, desde ángulos nuevos o preocupaciones hasta ahora poco atendidas.

El rol de los liderazgos, la cuestión electoral y su relación con la acumulación “social” de fuerzas, el paso de la protesta a la construcción de poder político dentro y fuera del estado o el papel de las narrativas nacionales en la articulación política son algunas de las cuestiones que emergen de este análisis.

Crisis de Estado

En los tres casos analizados la aplicación de los programas de ajuste estructu- ral inspirados en el llamado Consenso de Washington agravaron incipientes crisis económicas y tuvieron dramáticas consecuencias sociales que termina- ron por impactar en sistemas políticos democráticos sólo superficialmente insertados en la sociedad.

En medio de un escenario de aumento de la tensión y las demandas socia- les, los estados se encontraron con una capacidad muy reducida para ofrecer respuestas o satisfacer algunas de las principales peticiones. Por un lado, las reformas económicas en favor de la inversión extranjera les habían privado de las ya escasas herramientas fiscales y políticas para la regulación social.

Por otro lado, el consenso entre las élites, fortalecido por la incorporación de gran parte de las izquierdas nacidas en los años setenta y marcado por la primacía intelectual del paradigma “modernizador” del neoliberalismo, cerraba el espacio político–institucional a la expresión de las insatisfacciones en aumento, que quedaban relegadas a dolores transitorios o resquicios del pasado, quejas sin voz política que sin embargo se acumulaban y expandían horizontalmente por fuera del sistema político.

Los programas neoliberales impactaron sobre estados históricamente débiles o incluso “aparentes” profundizando las fracturas principales en su interior, agravando su ya tradicional “atrofia hegemónica” (Zavaleta Mercado [1986] 2008).

Las crisis económicas y sociales, así, se convirtieron rápidamente en crisis de los sistemas de partidos: los actores políticos tradicionales no fueron capa- ces de canalizar y expresar el sentimiento difuso de descontento ni de respon- der a las peticiones que se les trasladaban. La corrupción de las élites se reve- laba no como un vicio moral sino como un engrasante de los acuerdos que dotaban de equilibrio al sistema político, y se ensayaron las más diversas coa- liciones en medio del creciente desprestigio de la política oficial.

No obstante, la crisis no era solo de legitimidad: las coaliciones sociales que constituían el régimen se resquebrajaban, los aparatos del estado quedaban “sueltos” bajo una dinámica de patrimonialización por diferentes familias o grupos privados sin más programa compartido que el enriquecimiento acelerado, y la desestructuración social dinamitaba los canales, incluso los clientelares, que habían mantenido la paz social. Se producía así una verdadera crisis orgánica leída en el momento a través de las metáforas del “desgobierno”, “podredumbre” o “crisis de la nación”.

La expansión horizontal del descontento, sin encontrar mediaciones princi- pales en el sistema político –aunque sí locales, como sucedió en Bolivia en el nivel municipal, inaugurado precisamente para “descargar” presiones del nivel central y convertido después en plataforma de lanzamiento nacional para el Movimiento Al Socialismo– continuó durante largos años caracterizados por un ciclo intermitente de explosiones sociales destituyentes contra el empobrecimiento y la pérdida de crédito del régimen y sus élites.

Las principales fueron: la revuelta conocida como “el Caracazo” en febrero de 1989 que impactó definitivamente en el “puntofijismo” y la aceptación social de sus partidos protagonistas (principalmente Acción Democrática) en Venezuela; los levantamientos indígenas pero también de los sectores populares y medios urbanos que en Ecuador destituyeron a tres presidentes en los años 1997, 2000-2001 y 2005 –por cierto esta última, la “revuelta de los forajidos”, de sorprendentes similitudes con el 15M–; las guerras del agua y el gas en septiembre de 2001 y octubre de 2003 en Bolivia.

En estas protestas se fraguaron redes de solidaridad y experiencias locales de poderes alternativos, con más intensidad allí donde las reformas estatales habían penetrado menos en el tejido comunitario preexistente: Bolivia fundamentalmente y en menor medida la sierra quechua ecuatoriana. No obstante, en ningún lugar estas experiencias fueron capaces de trascender la protesta destituyente o de impedir que el sistema procesase tem- poralmente las turbulencias con un recambio interno de élites.

Un patrón común de articulación de las irrupciones plebeyas

Las movilizaciones destituyentes consiguieron derrocar presidentes, forzar cambios de gabinetes y, en general, acelerar las crisis de régimen –gracias también, conviene no olvidarlo, a la descomposición parcial o disenso al inte- rior de algunos aparatos centrales del Estado, como las fuerzas policiales y militares.

Contribuyeron además de forma decisiva a tensionar el escenario político, erosionar las lealtades y confianzas tradicionales y fraguar una voluntad popular difusa y amplia de cambio en favor de los pobres y excluidos, vagamente definidos. Fueron así condiciones necesarias pero no suficientes para la transformación política.

Las tres experiencias comparten un patrón común de articulación política populista del descontento y de esta voluntad ambivalente, que marca defini- tivamente las construcciones de poder político derivadas, y en el que es por tanto crucial detenerse.

En los tres casos la amplitud de la desafección política y la desconfianza en las élites tradicionales excedía con mucho la capacidad de los referentes tradicionales de la izquierda para expresarla y orientarla, tanto de sus organizaciones políticas como de las identidades clasistas en retroceso.

En síntesis: el descontento con los que mandaban desbordaba cual- quier pertenencia social o lealtad ideológica previa entre los que obedecían. Así que se produjo un impasse en el que la conciencia de la podredumbre del régimen no se traducía en una alternativa de poder, ni por la vía insurreccio- nal ni por la participación electoral. Las fuerzas organizadas por la ruptura no eran capaces de llevar la iniciativa más allá de la protesta y las fuerzas continuistas se encontraban disgregadas, desmoralizadas y en repliegue.

En este período de indefinición emergieron o cobraron relevancia nacional liderazgos carismáticos apoyados en coaliciones sociales heterogéneas, que polarizaron el espacio político postulándose como la alternativa del pueblo sufriente frente a un sistema “corrupto e incapaz” y unas élites “egoístas y moribundas”.

La importancia del rol catalizador del liderazgo está en una relación inversamente proporcional a la organicidad de las coaliciones que lo res- paldaban y la “disponibilidad” de espacios sociales y discursos para la agrega- ción comunitaria del descontento, teniendo seguramente en un extremo a Bolivia con la centralidad “nueva” del indigenismo/indianismo y en el otro a Ecuador con el triunfo de Correa en un medio del repliegue de la acción e identidades colectivas.

Esta es una variable fundamental a tener en cuenta: la construcción de alternativas fue tanto más inorgánica y ambivalente, descansando en el rol central de un liderazgo carismático, cuanto menor era la densidad comunitaria del tejido social (sindical, vecinal-barrial, indígena) y cuan- to mayor era el grado de descomposición institucional. La pulverización neoliberal de los lazos comunitarios fue un factor decisivo en el “politicismo” de las rearticulaciones antagonistas.

Esto también afecta al grado de “radicalidad” de la ruptura política: a mayor derrumbe del sistema político y la institucionalidad heredada mayor profundidad de la tábula rasa aplicada después.

Gran parte de la legitimidad de los nuevos liderazgos radicaba en su con- dición de outsiders: un profesor universitario que dimitió de ministro de Economía por negarse a pagar la deuda externa, un sindicalista cocalero despreciado por las élites blancas y un militar nacionalista con gran prestigio popular que ya había encabezado un levantamiento militar protagonizado por suboficiales jóvenes traumatizados por su utilización, tres años atrás, en la represión masiva contra el “Caracazo”.

Todos ellos desplegaban un discurso “refundacionalista” que reunía todas las “dolencias sociales” y las articulaba contra el orden imperante y dentro de la principal narrativa de participación política de las masas en Latinoamérica: la nacional-popular, que resignifica en términos “plebeyos” el nacionalismo y postula a las mayorías empobrecidas como el núcleo de la nación llamado a ejercer la soberanía, mientras represen- ta a las oligarquías locales como un cuerpo parasitario ajeno a la patria y aliado de intereses extranjeros.

En esta interpelación la resignificación de los símbolos históricos y próceres nacionales en sentido antioligárquico y antiimperialista –la postulación del gobierno boliviano actual como continuador de las luchas indígenas y anticoloniales, la incipiente reinterpretación del legado de Eloy Alfaro en Ecuador y, por supuesto, el “árbol de las tres ramas” vene- zolano, en referencia a Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y, en menor medida, Francisco de Miranda– es una batalla clave para constituir un pueblo fuera del orden establecido, aludiendo a los anclajes identitarios nacionales más asentados.

Su capacidad de integrar sectores tan diversos y relativamente amorfos o “inorgánicos” tiene que ver con su gestión de la ambivalencia de los referentes centrales de su discurso (Barros, 2006). No es extraño que pueblo, categoría indefinible estadística y sociológicamente, sea así el significante central que nombra y constituye una mayoría política que coincide “casi” con el espacio de la nación, siendo esta diferencia del “casi” la que dibuja la frontera de la dicotomización: la parte mayoritaria del país que sin embargo no tiene parte, el país real sin reflejo en el diminuto país oficial. Es en el relleno o la significación particular de esta vacuidad universal donde se juega la hegemonía y su orientación.

Los nuevos liderazgos y sus discursos, entonces, ni expresaron fielmente, ni tampoco maquillaron o traicionaron ningún interés social preconstituido de los de abajo o una iniciativa revolucionaria ya en marcha. Por el contrario, la construyeron valiéndose de elementos culturales muy asentados en los secto- res populares y la movilizaron contra las élites.

La diferencia entre suma y articulación es aquí central: las fuerzas políticas nuevas, nacidas en la descomposición, no fueron el interfaz de una movilización popular con un programa cerrado y límites definidos, sino el catalizador que seduce, incorpora y da forma a una nueva identidad política, hecha con retazos de diferentes relatos ideológicos disponibles y con un papel central del liderazgo como educador político en una relación poco mediada con los sectores populares de los que proviene su apoyo masivo.

Los procesos constituyentes: de las viejas tensiones hacia la transición estatal

No fue hasta que se agotaron –o se percibieron como definitivamente agota- das– las opciones institucionales dentro del régimen que tuvieron éxito las irrupciones plebeyas –a través de los procesos electorales–. Del otro lado, la propia irrupción es al mismo tiempo el resultado del fracaso de las vías armadas o insurreccionales y del poso que estas dejan: no consiguen conquistar el poder político pero producen la imagen de su fragilidad y generan una conmoción que reordena las posiciones y construye ya un referente simbólico frente al orden. En un cierto sentido se erigen en iconos de la posibilidad del cambio.

Después, la propia participación electoral fue generando la construcción de un polo del pueblo frente a los viejos partidos. No se trata de la expresión elec- toral de las fuerzas acumuladas y constituidas previamente “en lo social”, sino de la construcción social y cultural de un sujeto político en torno a la compe- tición electoral que, por las particularidades de los sistemas presidencialistas, facilita la labor de icono y articulador del candidato y líder.

La propia iniciativa electoral fue la que posibilitó una identificación nueva de los empobrecidos en un terreno marcado por la dislocación social e ideológica y la presencia de un gran descontento flotante y no anclado a relatos o pertenencias “fuertes” salvo quizás en Bolivia con lo indígena, aunque esta identidad está lejos de ser unívoca.

La demanda constituyente, por su parte, tuvo mucho que ver en este impac- to electoral y social del discurso “refundacionalista”: comenzó a generalizar- se mucho antes de que existiese el bloque popular que le abriera las puertas jurídicas para su realización y la condujera para que no se cerrase en falso. Su éxito tiene que ver con su fácil encaje con la narrativa rupturista nacional- popular, pero también con su inmediata asociación con la democracia y la recuperación de la soberanía popular: se trataba de una salida más profunda que el mero recambio electoral de gobierno pero al mismo tiempo más imagi- nable como posible que la “revolución” como mito que arranca con la toma violenta del poder político.

La idea constituyente se convirtió, durante años, en una palanca para la generación de mayorías por el cambio político, puesto que ofrecía un horizonte plausible –y percibido como legal y pacífico– para atraer a los muchos descontentos que aún desconfiaban de las alternativas. Su instalación en la agenda política tuvo en términos generales un efecto mítico funda- mental: dio carta de naturaleza a la sensación creciente de que se había llegado al fin de una época y de que se tenía que reconstruir el país modificando la estructura del estado y haciendo frente a los problemas históricos.

Esa idea fuerza se convirtió en la piedra angular de una impugnación general al régimen, y precipitó la divisoria entre los partidarios del continuismo y el bloque en formación por el cambio, permitiendo a este último hegemonizar el referente universal relativamente vacío de la democracia.

Gracias en gran parte a concurrir con esta demanda como estandarte, los tres candidatos vencieron en elecciones presidenciales que habían conseguido convertir ya en un plebiscito en torno al cambio que encarnaban y la perma- nencia de lo viejo, facilitada por la agrupación de los anteriores rivales de los partidos tradicionales durante la fase terminal del régimen en la que la búsque- da de acuerdos para sostenerlo había desdibujado sus diferencias.

Hugo Chávez enarbolaba la bandera del poder constituyente desde al menos 1996, como forma de “sacar al país de su crisis terminal” y el 2 de febrero, tras jurar su cargo “sobre esta moribunda constitución”, se traslada al Palacio de Miraflores y declara activado el poder constituyente para convocar de inmediato a un referéndum nacional; Evo Morales se hace con el triunfo electoral en diciembre de 2005 haciendo suyas las demandas de nacionalización de los recursos naturales, reforma agraria y asamblea constituyente, integrándolas en un pro- yecto de refundación y descolonización del estado boliviano; Rafael Correa, un año después, gana la presidencia gracias en parte a su audaz promesa de no presentar candidatos al Congreso “de la partidocracia” para disolverlo y convocar a una asamblea constituyente de inmediato.

Los tres, abrieron el canda- do constitucional una vez conquistada la Presidencia del Gobierno y Jefatura del Estado, convocando a referéndum constitucional y después a elecciones para la Asamblea Constituyente. Pero, frente a todo inmovilismo o mecanicismo, en los tres casos la demanda constituyente fue un factor decisivo para alte- rar, previamente, las correlaciones de fuerza.

En tanto que aperturas democráticas radicales, convocatoria popular a acordar un nuevo contrato social, los procesos constituyentes se convirtieron en momentos de extrema aceleración política e intensificación de la discusión y las tensiones, máxime en la medida en que las fuerzas conservadoras retuvieron una representación suficiente como para vetar algunas de las propuestas más avanzadas y para obligar a una negociación permanente.

Las líneas de fractura tradicionales que habían segmentado o marcado la naturaleza asimétrica de los Estados nacionales fueron convocadas al centro de la discusión pública para obtener un arreglo institucional más justo y acorde con la nueva correlación de fuerzas en el país.

En ese tránsito, las fuerzas conservadoras y sus núcleos de resistencia en el Estado trataron de ejercer un poder de veto que al menos en el caso bolivia- no estuvieron cerca de imponer.

Se vivieron por tanto procesos constituyentes muy conflictivos y polarizados, en la medida en que no fueron tanto la expresión de un amplio consenso como del ascenso de un bloque histórico y el paso a la subalternidad política de los antiguos sectores dominantes.

Esto explica la necesidad de la movilización popular para destrabar los diferentes procesos, pero también la pasión en el antagonismo y la implicación masiva en las discusiones constituyentes.

La participación popular, multitudinaria en los tres casos por la ilusión colectiva –ciertamente mítica– que las convocatorias constituyentes despertaron como el momento de “cambiarlo todo” y “hacer justicia”, fue principalmente vehiculada por las candidaturas oficialistas que obtuvieron la mayoría, puesto que la derecha, aún en repliegue sobre sus vie- jas élites y partidos, acudió a las asambleas constituyentes con ánimo defensivo: a bloquear o limitar el avance plebeyo y su concreción en el nuevo texto, con el argumento ya clásico de evitar la polarización del país.

Una parte sustancial de los asambleístas de las fuerzas ya en el gobierno asumieron, por convicción, por procedencia social o por haber sido incluidos en las listas como “independientes” representativos de grupos sociales específicos, ser canalizadores de las muchas peticiones personales o colectivas, comentarios y sugerencias de articulado que les llegaban por diversas vías: desde informales hasta formales, como los foros temáticos, las sesiones abiertas, las reuniones con organizaciones territoriales o sindicales, o las giras de las diversas comisiones por el país para recibir propuestas de sectores sociales y regiones específicas.

Aunque las negociaciones con la oposición y con los propios poderes constituidos realizaron una labor de embudo, las tres constituciones no se entienden sin los nutrientes provenientes de esta ola de implicación popular directa.

La débil articulación regional en el estado, la relación de indígenas y negros con un estado colonial y monocultural, la enorme fractura social y la pobreza, los derechos sociales y la inclusión de los sectores expulsados a los márgenes de la ciudadanía, la soberanía económica y financiera y sobre los recursos energéticos, el rol del estado en el modelo económico y su relación con la propiedad privada, los nuevos derechos políticos que trascendiesen la mera participación electoral integrando las formas de organización política extrainstitucional, la relación con la naturaleza o los derechos de las mujeres son algunas de las cuestiones principales que recorrieron los procesos consti- tuyentes andinos.

Las soluciones que encontraron, por lo general transitorias y abiertas, permitirían hablar de textos constitucionales de avanzada pero también marcados por su carácter transicional de apertura y puente para un nuevo tiempo político. Las facilidades en los procedimientos populares de revoca- ción de cargos y reforma constitucional tienen que ver no solo con una robus- ta voluntad democratizadora sino también con la conciencia de que el proceso de debate de la nueva constitución era más un arranque que un punto de llega- da en la construcción de una nueva estatalidad bajo el impulso histórico de los sectores populares.

Las constituciones, así, se han convertido en ancla y referencia para la irre- versibilidad del nuevo tiempo político, que no debe confundirse con su cierre: la situación, lejos de estar atada a un desarrollo prefijado, es muy dinámica y compleja, y admite cualquier evolución menos la mera restauración del orden anterior.

Las derechas más inteligentes, de hecho, han sabido ya leer este cambio de época y se adaptan a competir en los nuevos escenarios institucionales y culturales, con las gramáticas, símbolos y valores que ayer eran de las fuer- zas de ruptura y hoy marcan una nueva cultura política y horizonte de país, sustancialmente desplazado hacia la centralidad plebeya y de la cuestión de la inclusión y redistribución de la riqueza.

La aprobación de los nuevos textos constitucionales en referéndum popu- lar, una novedad histórica para los tres procesos analizados, abrió una nueva fase política, caracterizada por el desplazamiento de la disputa al interior del estado.

En primer lugar, los tres gobiernos debieron afrontar diversos contra- golpes oligárquicos que buscaron la retirada de sus medidas más audaces, el bloqueo institucional o el derrocamiento presidencial.

En segundo lugar, en los tres casos, aunque con orientaciones, sensibilidades y problemas muy diferentes, el desarrollo del nuevo contrato político y su concreción han abierto el campo de los problemas de la transición: el ejercicio del poder político conquistado para producir otra institucionalidad y otro modelo de Estado; otra economía; una hegemonía flexible y dinámica, capaz de integrar de forma duradera a los grupos aliados, a los escindidos y a los subordinados de la nueva conducción política; todo ello para producir las condiciones de su relativa irreversibilidad en un contexto de democracia y libertad política. Este es, sin embargo, otro ámbito de análisis, merecedor de mucho mayor estudio del que sorprendentemente recibe, en el que está casi todo por pensar y por hacer, y en el que rige plenamente, por toda brújula, la advertencia de Simón Rodríguez, mentor de Bolívar: “O inventamos o erramos”.

(*) Doctor e investigador en Ciencia Política en la UCM.

Fuente: Constituyentes

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