El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el Ejecutivo está estudiando un proyecto que pueda poner fin al secreto de 50 años que se estableció por ley al informe de la Comisión Valech, con el objetivo de obtener información nueva sobre las violaciones a los DD.HH. cometidas en dictadura. La Moneda también evalúa otorgar urgencia para su discusión en el Congreso a la iniciativa que permite degradar a miembros de las FF.AA. condenados por violaciones a los DD.HH.

 

Luego de conocer la propuesta realizada por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien pidió dar a conocer los detalles de las declaraciones que sirvieron para realizar el documento, el vocero de La Moneda dijo que es una idea que están analizando para poner en marcha.

Al respecto, Díaz sostuvo que «es una medida que nosotros estamos evaluando, que está considerada como una hipótesis de iniciativa, y por lo tanto, en su momento, una vez que se evalúen todas las consideraciones, vamos a informar la decisión».

No obstante, recordó que la idea de mantener en secreto el origen del contenido del informe Valech era para «facilitar la entrega de información y de hecho así fue, no es una medida que no sea usual en este tipo de iniciativas que tienen precisamente como propósito generar condiciones para quienes tengan información la puedan entregar».

Asimismo, el secretario de Estado aseguró que La Moneda también evalúa otorgar urgencia para su discusión en el Congreso a la iniciativa que permite degradar a miembros de las FF.AA. condenados por violaciones a los DD.HH., tras la solicitud realizada por Isabel Allende (PS), y el presidente del Senado, Patricio Walker (DC).

«Como Gobierno nos encontramos evaluando la próxima incorporación de una medida de urgencia a una o varias de esas iniciativas parlamentarias, precisamente porque nos parece que esto responde a un anhelo que se expresa con fuerza en distintos sectores de la sociedad», dijo.

Sobre el mismo tema, el portavoz de gobierno destacó además el llamado realizado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet a poner fin a los pactos de silencio que existen entre ex militares para aclarar los crímenes ocurridos entre 1973 y 1990, luego de lo ocurrido en el caso Quemados.

«Lo importante más allá de las circunstancias específicas de esta situación es el fin de este pacto de silencio, primero por la información que conocimos la semana pasada y luego por lo que hoy aparece en los medios a partir de las declaraciones de otro de los implicados en estos hechos», enfatizó.

Según el titular de la Segegob, «lo que el Gobierno ha dicho y la Presidenta lo dijo ayer es que lo que esperamos es que estos pactos de silencio se rompan, que quienes tienen algo que aportar para que haya verdad y justicia lo hagan. Ese es el compromiso inequívoco del Gobierno y especialmente de la Presidenta Bachelet».

«Sobre esto no hay matices: El Gobierno aspira a la plena verdad y la plena justicia y lo dijo expresamente ayer. Que los pactos de silencio se ponga término, que se abra la información, que se entregue, para que en Chile prevalezca la verdad y la justicia en materia de las horrorosas violaciones a los DD.HH.», concluyó.

La mamá de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, y Carmen Gloria Quintana han valorado los procesamientos a los militares (r) que los quemaron vivos en 1986, pleno régimen militar, tras una manifestación en Estación Central. Sin embargo, coincidieron en pedir que el Ejército degrade a los uniformados que hayan participado en violaciones a los derechos humanos.

A su demanda se sumaron el Senado, la Cámara de Diputados y hoy el Gobierno que aseguró que evalúa poner urgencia a uno o más de los proyectos de ley que están en el Parlamento y que buscan sacarlos de la institución y excluirlos de los beneficios.

“Nos encontramos evaluando una medida de urgencia a una o varias de esas iniciativas parlamentarios, eso responde a un anhelo que se expresa con fuerzas en distintos sectores de la sociedad”, manifestó el ministro vocero, Marcelo Díaz.

La senadora Isabel Allende (PS) reiteró su llamado a que los ex militares que hayan participado en violaciones de los derechos humanos sean degradados y dejen de recibir beneficios por parte de la institución, como se indica en un proyecto tratado por última vez en el Congreso en 2013.

La parlamentaria recalcó que «obviamente no pueden ostentar ni los títulos de generales ni medallas. Ojalá el Gobierno le ponga urgencia y también solicitamos que haya una revisión más exhaustiva, porque me parece inaceptable que gente que estuvo comprometida en esas gravísimas violaciones tenga remuneraciones, tenga cargos o esté actualmente en la institución del Ejército».

«Le hemos pedido al Gobierno que ojalá mire eso detenidamente», sostuvo.

Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, pidió la «degradación de aquellas personas que siendo funcionarios de las Fuerzas Armadas cometieron crímenes. Esas personas han roto con el honor militar, no necesariamente debieran ser personas que reciben pensión por parte de las Fuerzas Armadas».

«Hay que dar una vuelta, hay que dar una reflexión porque se requiere justicia, más reparación con las víctimas de la dictadura», precisó.

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