Seis medidas de ahorro fiscal en gastos excesivos y superfluos, así como redistribución de dos tercios de los recursos de la Ley Reservada del Cobre hacia salud y educación, que en conjunto liberarían unos 3.666 millones de dólares hasta el 2025 para gasto social, propusieron los diputados Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson, Daniel Melo y Vlado Mirosevic. Entre las propuestas está rebajar la dieta parlamentaria y la remuneración de los altos cargos del Estado en  un 50%.

 

Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson, Daniel Melo y Vlado Mirosevic, presentaron una propuesta de seis puntos  en la que proponen eliminar privilegios innecesarios que actualmente benefician a los parlamentarios, ministros y las principales autoridades del sector público.

Entre las propuestas están bajar la dieta parlamentaria y de los altos cargos del Estado en un 50% -dejando el sueldo del Presidente en $5 millones y $4,5 para ministros y parlamentarios, entre otro- permitiendo a ahorrar $13.700.000.000 anuales; y excluir de los altos cargos del reajuste salarial al sector público (ahorro entre $500.000.000 y $1.000.000.000).

Hay reformas que no requieren de más recursos y que, de hecho, ahorran significativos recursos del Estado. En particular, esto es relevante cuando los beneficiarios de ciertas políticas son los mismos funcionarios públicos de alto rango. Esta propuesta se basa en la idea de que hay que partir por casa, asumiendo el realismo sin privilegios.

1.- Reducción de la dieta parlamentaria y de altos cargos en un 50%

Proponemos disminuir la dieta parlamentaria y de los escalafones A, B y C del sector público a un 50% de lo que es hoy. Así, el sueldo del presidente debiera ser de 5 millones de pesos y los ministros y parlamentarios de 4,5, y para subsecretarios de 4 millones de pesos. Proponemos modificar la asignación de Dirección Superior de la ley 19.863 (art. 1).

Monto estimado de ahorro anual: $13.700.000.000.-

2.- Exclusión de los altos cargos del reajuste salarial al sector público

En los últimos años, el reajuste del sector público ha sido de 5% (2012), 5% (2013), 5% (2014), 6% (2015). Esto ha implicado, por ej., un aumento bruto de $ 1.688.072 pesos para una remuneración del escalafón B.

Proponemos eliminar a los escalafones A, B y C del reajuste. Se requiere una norma en la ley de reajuste para el año 2016.

Monto estimado de ahorro: entre $500.000.000.- y $1.000.000.000.-

Con estas reformas, incluso aumentando el número de parlamentarios de acuerdo al nuevo sistema electoral se ahorraría para el fisco $4.057.637.609 durante los próximos 4 años.

3.- Eliminación del concepto de viático en el parlamento y rendición total

Hoy a los parlamentarios se les asignan dineros para costear su alojamiento, comida y transporte que no deben rendir y que son adicionales a las asignaciones por gastos operacionales que son transparentes. Todo dinero asignado a un parlamentario debe rendirse y estar enmarcado en los ítems permitidos.

4.- Terminar con el uso de pasajes de avión en clases superiores y beneficios comerciales

Hoy el uso de pasajes en Clase Ejecutiva está restringido a Parlamentarios, Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicio, para viajes mayores a 7.000 kilómetros.

Proponemos que a estos cargos se aplique la misma normativa que a los demás funcionarios, permitiendo solo el uso de clase turista o económica. Cuando los pasajes son comprados con dineros públicos, no deben acumularse puntos o beneficios para el usuario.

5.- Uso de software libre para tareas básicas de oficina en el sector público

De acuerdo a datos señalados en El Mostrador, en Gasto de Programas Informáticos (Ley Presupuesto 2014) se gastan $36 mil millones anuales en las diferentes reparticiones del Estado (entre gastos de licencias y mantenimiento).

Reemplazando el sistema operativo y los programas básicos de oficina (planillas, editores de texto y de presentaciones) por software libre es posible asegurar el pleno cumplimiento de las tareas básicas de oficina, destinando un presupuesto justificado para casos de software específico que sea necesario comprar.

6.- Establecimiento de remuneraciones fijas para ministros de fe del COT

El Estado entrega el monopolio de dar seguridad pública del contenido de ciertos documentos a ciertos funcionarios, de forma prácticamente perpetua y en total desregulación.

Estos son los Conservadores de Bienes Raíces, Conservadores del Registro de Comercio y Archiveros Judiciales.

Éstos están regulados por un Decreto del año 1988 del Ministerio de Justicia que fija sus aranceles, pero en la práctica, ganan utilidades exageradas por un monopolio que le entrega el Estado, pudiendo ganar mensualmente cifras exorbitantes que podrían superar los $100 millones.

Fijando precios más bajos o poniendo un límite a las remuneraciones de los ministros de fe, puede asegurarse una racionalidad en el monto que ganan.

7.- Modificación a la ley reservada del Cobre

La ley Nº 13.196, reservada, destina el 10% de los ingresos de la Gran Minería del Cobre a propósitos de Defensa, específicamente a la compra de Armas por parte del Gobierno de Chile.
Debido a su naturaleza de reservada, no conocemos a ciencia cierta cuánto dinero existe en ese fondo, porque además no está sometido a ningún tipo de control ciudadano ni institucional.

Sin embargo, sabemos por aproximaciones que se gastan entre unos 600 y 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, y que se posee un excedente de 4.500 millones de dólares sin gastar. De aquí a 2025, se gastarían unos 5.500 millones de dólares por período presidencial en promedio.

Entendemos que las necesidades de Defensa del país son importantes, pero también las necesidades de la población. Podemos estudiar la posibilidad de entregar por ley al menos un tercio de dichos recursos a Educación y otro tercio a Salud públicas, pudiendo solucionar muchos de los problemas de financiamiento e infraestructura que tienen los servicios públicos de nuestro país.

Posible ahorro para destinar a políticas sociales: $3.666 millones de dólares hasta el 2025.

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