Prontuario del Gran Saqueador: La Cueva del Yerno de Pinochet que se Enriqueció con las Privatizaciones y su Cuarenta Secuaces

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Poco se sabía de Julio César Ponce Lerou hasta el comienzo de la dictadura. Hoy el ingeniero forestal y empresario está en el centro de la noticia por ser el protagonista de uno de los mayores fraudes al mercado de valores en Chile. El ex yerno de Pinochet y gurú empresarial de la derecha chilena ostenta un amplio prontuario de secretos por revelar. El fiscal del Caso Cascadas, José Morales, anunció que va a estudiar en detalle los antecedentes de la SVS que fundamentan las sanciones que sacudieron al mercado, contra Julio Ponce y otros delincuentes de cuello blanco, con el fin de determinar si ameritan una acción penal. .

Por Vanessa Vargas

Nacido en La Calera y formado en el Internado Nacional Barros Arana, el ingeniero tuvo uno de los encuentros más importantes de su vida al conocer, en Maitencillo, a Verónica Pinochet Hiriart, hija del ex dictador.

El matrimonio se prolongó desde 1969 a 1991, año en que la unión fue legalmente anulada. Además de los hijos de la relación, investigadores y especialistas coinciden en que el vínculo marital forjó de manera decisiva el éxito de su fortuna, considerada incluso en los rankings de Forbes como una de las más suculentas de Chile y el mundo.

El quiebre democrático ocurrido en el país en 1973 marcó un punto de ruptura en su propia trayectoria. Desde entonces, al alero de Pinochet, comenzó una exitosa carrera empresarial a costa de la gestión pública.

Así lo detalla María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo y autora de “El saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno” (2001).
“No tenía ni un peso más que el de un profesional cualquiera, cuando se decidió el golpe militar y posterior en los años 70?.

“No tenía ni un peso más que el de un profesional cualquiera, cuando se decidió el golpe militar y posterior en los años 70. Pero a mediados de los 70 empezaron dos tipos de situaciones que los favorecieron: por un lado, él empezó a quedarse con grandes territorios en el sur y también a ocupar cargos en que lo pusieron desde el gobierno de su entonces suegro”, describió.

En el 78, Pinochet lo condujo al mando de Celulosa Constitución Celco, entonces una empresa estatal que fue licitada a privados un año después. En el 79, el ingeniero fue designado gerente de empresas de la Corfo, que entonces mantenía vinculación directa sobre las grandes empresas del Estado chileno. Ponce Lerou se mantuvo en esa posición hasta abril del 83, cuando fue nombrado gerente general y reventó el escándalo.

“Ya en el 80 se suscitó una gran polémica por la poca transparencia que había en torno a cómo había hecho ya una gran fortuna”, señaló Monckeberg. “Entre el 73 y el 83, este señor que no tenía más que su título profesional, era un potentado. Al interior incluso de gente que apoyaba a la dictadura, se comenzó a cuestionar la presencia de este ex yerno”, detalló.

La polémica lo obligó a salir de la escena de la gestión pública durante un tiempo. Sin embargo, en ese entonces, el empresario ya había hecho una importante labor en la articulación de una red de socios políticos, militares y civiles y volvería, en unos años, a sacarle provecho.

Los amigos de Ponce Lerou: desde Hernán Büchi a Osvaldo Pucio

Durante la dictadura, una amplia serie de empresas estatales fueron privatizadas bajo un discurso generalizado que apuntaba a la “ineficiencia” de la gestión pública. Años después, un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados probó que los diversos procesos de privatización de empresas ocasionaron al Estado una pérdida de cerca de 6 mil millones de dólares, según datos de Contraloría.

Entre las privatizaciones se contó la Sociedad Química y Minera de Chile, productora de salitre y yodo. Pese a su abrupta salida años antes, en 1987, la privatizada SQM tuvo de regreso al yerno de Pinochet a su directorio, donde actualmente es accionista controlador y presidente.

“Soquimich era la dueña de los yacimientos de litio que no se estaba explotando, pero que él ya había detectado”, recalcó Monckeberg.

Durante aquellos años, Ponce Lerou estableció estrechas relaciones. Entre ellas, la del ex ministro de Hacienda de Pinochet y candidato presidencial, Hernán Büchi. Sobre este último, el empresario reconoció haber financiado su campaña durante el 89.

Jorge Contesse fue otro de los amigos destacados, a quien nombró gerente general de la empresa SQM y quien alcanzó, durante el último año de dictadura, la presidencia de Codelco. Hoy, su hijo Patricio Contesse Frica es uno de los multados por la Superintendencia de Valores, junto a su amigo Ponce Lerou, por el llamado “Caso Cascada”, de fraude al mercado de valores.

En marzo del 88, el negocio ya estaba organizado, pues SQM mantenía como principal socio a Pampa Calichera, una de las sociedades creadas por Ponce Lerou, al directorio de la ex empresa estatal.

Para lograr su cometido, el empresario ubicó en puestos de confianza a parte de su círculo más cercano. Entre ellos, Cristián Leay, ex diputado y jefe de la bancada UDI; Osvaldo Puccio, ministro de gobierno de la Concertación y Alejandro Ferreiro, titular de Economía de la primera administración de Bachelet, quien además estuvo al mando de la Superintendencia de Valores y Seguros.

“Durante su gestión nunca se fiscalizaron las empresas de Ponce Lerou y cuando él sale de la Superintendencia, acude rápidamente a trabajar como director de uno de los entes que él había tenido que fiscalizar, como son las sociedades cascadas”, detalló el abogado Mauricio Daza, quien defiende a uno de los accionistas minoritarios de SQM en el caso.

Además, es conocido que la empresa de Ponce Lerou ha contratado los servicios de Imaginacción –de asesoría comunicional- dirigida por el lobbysta Enrique Correa. Por otro lado, Juan Hurtado Vicuña, al mando de la corredora Larraín Vial S.A –otra de las multadas por la SVS- es uno de los principales dueños de la Universidad Santo Tomás y de todo el complejo educativo que incluye universidades, CFT’S y colegios.

Buscarán llevarlo a la cárcel

Además de la creación del Instituto de Libertad y Desarrollo, Ponce Lerou ha sido reconocido como uno de los “gúrú económicos de la UDI y de la derecha en general”, como apuntó Monckeberg.

Durante el 2012, el empresario se consolidó con la adjudicación de la licitación para acceder a los contratos especiales de litio, convirtiéndose en el mayor productor a nivel mundial. Solo en el 2011, las exportaciones de litio fueron cercanas a los 300 millones de dólares.

Según el abogado Mauricio Daza, observando la trayectoria de Ponce Lerou, es posible concluir que pasó “de ser un funcionario público a una de las personas más ricas no solamente de Chile, sino del mundo”, específicamente tras la privatización de Soquimich. Dicho proceso, sin embargo, nunca fue objeto de investigación y, en opinión de Daza, esto se debe a los acuerdos alcanzados para dar viabilidad al período de transición a la democracia.

Al respecto, María Olivia Monckeberg comentó: “yo nunca he podido establecer que haya habido tales acuerdos. Sí podría decir que hubo un cierto temor a investigar más acuciosamente y tomar medidas, asumir políticas que hubieran implicado volver atrás en todas las privatizaciones que hubo en aquellos años”.

Para el abogado, la multa de 70 millones de dólares que dictó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra el empresario es insuficiente, pues las ganancias estimadas a partir de las operaciones ilícitas del caso superan los 128 millones de dólares. Es decir, pese a la sanción, Ponce Lerou cuenta con cerca de 50 millones a favor.

“El otro aspecto que limita la acción de la Superintendencia tiene que ver con que solo se pueden sancionar actos que se hayan cometido dentro de los últimos 4 años”, recalcó. En este caso, las acciones realizadas entre el 2008 y el 2010 no han podido ser sancionadas.

Para el abogado, resulta fundamental que el caso culmine con sanciones criminales, que irían desde los 541 días de presidio hasta los 10 años de cárcel efectiva. Para ello, solicitarán las formalizaciones de Julio Ponce Lerou y de los otros empresarios involucrados.

“De otra forma, se manda una señal equívoca al mercado en cuanto a que, cuando se cometen estos ilícitos, igual se puede obtener una ganancia”, precisó.
“Este señor se pasea tranquilamente como si hubiese sido un esforzado profesional que llegó a ser empresario. Y está todo esto detrás. Es un gran saqueador”.

Recientemente, un nuevo dato expone su nombre al escrutinio público: Ponce Lerou es también acusado de ser uno de los principales financistas en campañas políticas de todos los sectores. Por ello, hoy muchos miran con cuidado la comisión investigadora que comenzará pronto en el Parlamento a revisar los datos del empresario.

Por ahora, la clase política se ha mantenido en silencio. El gobierno, por su parte, ha salido a declarar que en Chile nadie está por sobre la justicia, aunque los actos hablan por sí solos de una situación totalmente diferente, como concluye María Olivia Monckeberg.

“Este señor se pasea tranquilamente como si hubiese sido un esforzado profesional que llegó a ser empresario. Y está todo esto detrás. Es un gran saqueador”, recalcó. Hoy, los secretos destapados de su figura y su círculo cercano comienzan a evidenciarlo.

Fuente: El Desconcierto

Fallo de SVS en caso Cascadas: histórico pero incompleto

por Héctor Cárcamo

Carlos Pavez, titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), dio ayer un golpe histórico en el caso Cascadas.

Aplicó multas totales por US$ 164 millones, de las cuales el controlador de las cascadas y presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, deberá pagar US$ 70 millones, como “ideólogo” del esquema de transacciones que se realizaron entre 2009 y 2011.

La autoridad también castigó a los cercanos a Ponce: el abogado y amigo de empresario, Roberto Guzmán Lyon, con US$ 25 millones; al gerente general de Norte Grande, Aldo Motta,  con US$ 22,5 millones, y al ejecutivo Patricio Contesse Fica con US$ 4 millones.

Pavez también le dio un duro golpe a LarrainVial (LV). Sancionó con US$ 20 millones a Leonidas Vial (socio de la firma con un 38% de la propiedad), con otros US$ 8 millones a la corredora; cifra similar para el gerente general, Manuel Bulnes (US$ 8 millones), y con US$ 4 millones al gerente de distribución, Felipe Errázuriz.

El titular de la SVS dijo que el caso dañó profundamente los principios básicos del mercado de valores y señaló que “la sanción aplicada por esta Superintendencia está en línea con lo que le encomienda la ley a la Superintendencia”.

La defensa de Julio Ponce calificó la resolución de la SVS como “manifiestamente injusta”. “Este es el primer paso de un proceso que ahora debe ser revisado por los Tribunales de Justicia, donde estamos seguros que vamos a revertir esta decisión”, aseveró la defensa en un comunicado.

Cercanos a Ponce confidencian que estaba tranquilo y con confianza de que ganará la batalla en tribunales.
Vacíos institucionales

Sin embargo, y pese al duro diagnóstico que la SVS hizo de las operaciones lideradas por Ponce, la decisión dejó en evidencia los numerosos vacíos de la normativa legal, impidiendo compensar los daños provocados.

De hecho, las multas representan tan solo cerca del 50% de las pérdidas que generaron. Además, no habrá sanciones adicionales por parte de la Bolsa de Comercio de Santiago, y la SVS, con toda la fuerza de los castigos monetarios y la gravedad de los hechos que ella misma denunció, no marginó a ninguno de los involucrados del sistema financiero y no suspendió la licencia de la corredora, como algunos en el mercado anticipaban.

Las AFP, en tanto, quedaron casi obligadas a demandar masivamente a los involucrados y, aun más –dicen en el mercado–, tendrán que profundizar su distancia con LarrainVial.
Buen negocio

Según la resolución de la SVS, Ponce y todos los acusados, con distintos roles, fueron parte un esquema que forzaba a las sociedades Cascadas (donde participan Moneda, AFP y otros inversionistas) a vender barato sus acciones y comprarlas caro de vuelta.

Esta autopista de dos vías les permitió a Ponce, Guzmán y Leonidas Vial obtener ganancias por US$ 328 millones. Ponce habría obtenido utilidades por US$ 128 millones, Guzmán una cifra idéntica y Vial otros US$ 72,3 millones.

Pero como en la bolsa –dice un conocido ex operador del sistema– cuando alguien gana, otro pierde, las sociedades cascadas (y los accionistas minoritarios) perdieron unos US$ 300 millones por el sobrevalor que pagaron por la compra de las acciones a precio superior al de mercado.

Así las cosas, si Ponce, Guzmán y Vial ganaron US$ 328 millones y las multas a los tres sumaron US$ 164 millones, estas últimas sólo compensaron el daño causado en un 50%.

Un alto ejecutivo de un holding financiero local asegura, eso sí, que las multas superaron lo que todos esperaban en el mercado.

No obstante, las cifras presentadas por la SVS confirmarían una de las tesis que Julio Ponce ha esgrimido, en cuanto a que en su caso puede aparecer contradictorio que, habiendo ganado US$ 128 millones, por otro lado –dado que controla las cascadas– asumió una parte mayoritaria de los US$ 300 millones que perdieron las mismas.
Sin garrote

En el mercado bursátil señalan que fue sorpresiva la resolución de la SVS, pues –pese a señalar la gravedad de las actuaciones del grupo de personeros de LarrainVial– no hubo ninguna sanción que los sacara del mercado.

Hubo violación a la Ley del Mercado de Valores (LMV) por parte de la corredora en el artículo 53, que considera ilegal “efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor” o “efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento”. Incluso, según la SVS, la corredora vulneró el artículo 66 del reglamento de la Bolsa de Santiago, que califica de “grave” la realización de transacciones ficticias como la señalada. La SVS, sin embargo, no quitó ni suspendió la autorización para operar.

Pero tampoco lo hizo con los ejecutivos sancionados. Aunque cometieron delitos similares.

La multa, eso sí, pudo parecer castigo suficiente. Una fuente que conoce a Felipe Errázuriz señala que no tiene patrimonio para pagar US$ 4,1 millones. Situación similar ocurre con Manuel Bulnes, que debería cancelar US$ 8,2 millones, aunque algunos creen que “vendiendo todo puede llegar”.

Mientras que los US$ 8,2 millones a la corredora de bolsa LarrainVial y los US$ 20,4 millones a Leonidas Vial, aparecen abordables sin dificultades, pues sólo en 2013 la corredora ganó US$ 14 millones, y el empresario tiene un patrimonio estimado en más US$ 1.000 millones.

Fuentes que han conocido de casos anteriores, advierten que era impensado que la SVS suspendiera a LarrainVial. “Habría provocado desestabilización del sistema”, afirman. Por eso la SVS no se atrevió.

Y aunque todos los consultados se vieron sorprendidos con que no se revocara la licencia a Bulnes y Errázuriz, dada la gravedad de lo que la propia SVS detectó, en el mercado creen que Pavez fue prudente y espera que sean los propios involucrados los que den un paso al costado.
La Bolsa cierra el caso

Porque la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), al menos, no será protagonista en este caso. Ayer por la tarde, su presidente Juan Andrés Camus –asumido en abril pasado y con la promesa de hacer más transparente al mercado– retiró los dichos de su antecesor, en cuanto a que las operaciones controvertidas cumplen la norma, pero dejó claro que no habrá ninguna sanción a los representantes de LV.

“No corresponde como institución aplicar nuevas sanciones a las ya determinadas por la entidad fiscalizadora, puesto que los hechos ya han sido juzgados por esa autoridad, que además es la que ejerce el rol fiscalizador sobre la Bolsa”, dijo Camus.

La decisión no es compartida en el mercado. “Espero que la Bolsa se pronuncie”, manifestó el presidente del directorio del instituto para gobiernos corporativos Board, Alberto Etchegaray, tras conocer la resolución de la SVS ayer.

En 2013, el entonces timonel de la BCS, Pablo Yrarrázaval, había dicho que no harían comentarios mientras no hubiera acusación.

Luego, en enero, cuando hubo cargos a Leonidas Vial, LarrainVial y Banchile, indicó que mientras no hubiera sanciones no se pronunciarían ni tomarían eventuales medidas.

Ayer, con cargos y multas públicas, la Bolsa cerró el caso.

La excepción que confirma la regla

La historia indica que la decisión de la Bolsa no es la excepción. Así funciona (casi) siempre.

El 21 de julio de 2010, cuando fueron notificados de la multa de la SVS a los ex ejecutivos de EuroAmerica, Francisco Montaner y Roberto Guzmán, por uso de información privilegiada, la Bolsa no archivó el caso ni se negó a estudiar nuevas medidas, como ahora. Lo reenvió al Comité de Buenas Prácticas, presidido por Enrique Barros.

La respuesta de Barros, el 2 de agosto de ese año, reconocía que la Bolsa no puede aplicar sanciones si la SVS ya lo hizo, “pues el principio general de non bis in ídem prohíbe sancionar dos veces por los mismos hechos”.

Pese a ello, el Comité continuó analizando. Indicó que los ilícitos sancionados por la SVS (utilización de información privilegiada y uso indebido de valores en custodia) constituyen infracciones especialmente graves “que afectan la fe pública involucrada en el mercado de valores”.

Luego recordó que los estatutos de la Bolsa mandatan al directorio a tomar todas las medidas necesarias para propender a formar “un mercado abierto, competitivo, ordenado y transparente” y que el directorio de la Bolsa “se encuentra facultado para adoptar las medidas preventivas que exijan las circunstancias a efectos de proteger la confianza en el mercado bursátil, con independencia de los recursos administrativos y las acciones judiciales que se interpongan en contra de las sanciones de la SVS, que pueden demorar largo tiempo en ser resueltas por los tribunales superiores”.

La entidad presidida por Barros le indica también que tales medidas no incluyen la suspensión de un corredor, un socio o un empleado, pero que tiene alternativas.

Por ello, el Comité recomienda a Fit Research Corredores de Bolsa (la entidad donde estaba en 2010 Montaner y Guzmán) ordenar a los ejecutivos para que no sigan en sus cargos hasta la audiencia de formalización del caso en tribunales, que ocurriría algunos días después.

Luego Barros da en el clavo. Le recomienda al directorio de la Bolsa que estudie “la conveniencia de revisar sus estatutos a efectos de facultar expresamente al directorio para suspender a corredores de bolsa, o a sus administradores, operadores o empleados, en carácter preventivo, con consulta al Comité, cuando la medida sea conveniente o necesaria, en opinión del directorio, para proteger la confianza en el mercado bursátil”.

Dado que el referido directorio no modificó los estatutos como sugirió el Comité de Barros, hoy la Bolsa tiene excusas para no sancionar a Vial, a su corredora o a sus ejecutivos.

Justamente, en ese momento el presidente de la Bolsa era Pablo Yrarrázaval, vicepresidente Leonidas Vial y director Juan Andrés Camus. También estaban en la mesa el controlador de CorpBanca, Álvaro Saieh; de Banco de Chile, Andrónico Luksic; de BCI, Luis Enrique Yarur; de Bice, Bernardo Matte Larraín; el socio de Nevasa, Eduardo Muñoz (hoy vicepresidente de la Bolsa), y el presidente de Santander, Mauricio Larraín.

Alberto Etchegaray ya había criticado antes la actitud de la Bolsa en el caso. El 29 de octubre de 2013, pocos días después que se conocieran los cargos a Julio Ponce y se supiera de la participación de Vial, dijo en un seminario que en vez de pedirle un informe al Comité de Barros, deberían darle atribuciones y empoderarlo.
AFP: el todo o nada

Pero no sólo la SVS y la Bolsa están en el ojo del huracán. Las duras sanciones monetarias conocidas ayer pusieron a las AFP en una posición incómoda.

Junto con Moneda Asset Management, las administradoras de los fondos de pensiones han sido las principales detractoras y denunciantes de Julio Ponce.

Incluso, en los últimos aumentos de capital de Oro Blanco y Norte Grande prefirieron diluirse y no concurrir con aportes adicionales, a diferencia de Moneda que sí aportó.

Con LarrainVial las gestoras tampoco han sido buenas amigas. Desde que se conocieron los cargos contra la firma decidieron, una a una, dejar de transar con la corredora en la Bolsa. Nuevamente, a diferencia de la entidad que preside Pablo Echeverría, que sigue operando con la firma de Leonidas Vial “por una cuestión de cercanía personal”, como señala un cercano a su vez a Moneda (Echeverría y su pareja son amigos personales de Manuel Bulnes y su señora).

No obstante, las AFP le dieron una aspirina a LarrainVial a fines de abril pasado, cuando decidieron mantenerse por al menos un año más en el fondo de inversión Beagle que gestiona la Administradora General de Fondos (AGF) de LV.

Las AFP mantienen US$ 400 millones en el fondo y representan más del 70% de los aportantes a Beagle.

Luego de las multas, las dudas aumentaron en las AFP respecto de Beagle. Dice un ejecutivo del sector financiero que las administradoras se ven obligadas a dejar el fondo, dado el impacto reputacional del caso.

La única alternativa sería que LarrainVial diera una señal relevante de cambio. Lo hizo hace unos meses con la salida de Leonidas Vial del directorio de Larrain Vial S.A., pero ahora no sería suficiente.

AFP Capital fue la única que comentó públicamente el fallo de la SVS, señalando que las sanciones son un elemento más para apoyar la demanda civil.
Rechazan los cargos

Ayer LV dio señal de fuerza negando las acusaciones de la SVS, asegurando que esperan ser escuchados en los tribunales y defendiendo corporativamente a todos los multados.

A través de un comunicado, LarrainVial dijo que la sanción les parece “injusta y desproporcionada” y que ejercerán “todos nuestros derechos para acreditar nuestra total inocencia”.
Pero debiera haber cambios

“Se van a tomar unos días y debiera haber cambios”, opina un ejecutivo que los conoce.

La salida de Bulnes y Errázuriz parece inevitable. Sin embargo, la presencia de León Vial como socio y de LV en la AGF son dos variables claves.

Fuentes de mercado señalan que LV podría vender su 75% en la AGF, donde el resto de la participación es de Consorcio, el holding de Juan Hurtado Vicuña que hace poco reemplazó a León Vial en el directorio de Larrain Vial S.A. Hay rumores de que Hurtado podría comprar o que entraría un inversionista extranjero.

Además, dice un ex superintendente del sector financiero, las sanciones debieran forzar a todas las AFP a demandar penalmente a todos los involucrados. Capital ya lo hizo y ayer confirmó la validez de su denuncia. Las otras AFP siguen en duda y esperarían a ver los pasos de LarrainVial para actuar.

Junto a las AFP, los fondos extranjeros también estarían revaluando su continuidad con LarrainVial como gestor de sus recursos. El representante de uno de ellos en Chile, sin embargo, cree que la decisión no es tan tajante y que lo evaluarán en los próximos días.

Si esto ocurriera, casi la mitad de los montos que maneja LarrainVial se perderían. Con ello, la corredora más tradicional del país comenzaría a perder su poder rápidamente.
Comisión Investigadora pedirá extender plazos

El monto de las multas de la SVS no solo sorprendió al mercado, sino que también al mundo político. De acuerdo al Diario Financiero, varios de los integrantes de la Comisión Investigadora del caso Cascadas de la Cámara de Diputados pedirán hoy que la instancia se extienda por 60 días, dadas las nuevas aristas que se abren con el fallo.

El diputado DC Fuad Chahin dijo que la Comisión citará a declarar a Julio Ponce y al ex subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.
No fue un buen día para Julio Ponce

Ayer también se supo que los tribunales acogieron la solicitud de la Fiscalía Centro Norte y se sobreseyó la querella de Ponce contra Fernando Coloma. La demanda también alcanzaba al Intendente de Valores Hernán López y al ex jefe de Área de Cumplimiento de Mercado Hugo Caneo, quien ahora es parte del Centro de Gobiernos Corporativos de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.

Fuente: El Mostrador
 
Fallo de la SVS pone en jaque a LarrainVial y hace insostenible permanencia de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz en la corredora

Por Iván Waissman

“La corredora más grande e influyente del mercado no puede tener como gerente general y a su gerente de distribución acusados de ser parte de un fraude y multados por más de US$ 12 millones trabajando como si nada”.

Ese fue el lapidario comentario de un alto ejecutivo de un banco de inversión con vasta experiencia aquí y en Wall Street y que pone en perspectiva el difícil escenario que enfrentan Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz por su rol en el caso Cascadas.

La SVS multó a la corredora y a sus dos ejecutivos por un total de US$ 20 millones. A eso se suman los US$ 20 millones con que la SVS multó a León Vial, uno de los socios de LarrainVial (LV).

La dureza del fallo y el monto de las multas sorprendió al mercado y cayó como un balde de agua fría en la corredora.

La SVS dice en su fallo que LarrainVial, Bulnes y Errázuriz, “formaron parte del esquema mencionado al articular, por ejemplo, una serie de operaciones bursátiles que si bien cumplieron formalmente con las exigencias que establecen las bolsas de valores de Chile, aparentaron ciertas condiciones habilitantes para la realización de estas operaciones, desnaturalizando el sentido de las ofertas en el sistema bursátil”.

Varios actores influyentes del mercado que prefirieron hablar en forma reservada por las relaciones que sus firmas tienen con LarrainVial y por lazos personales con los afectados, dicen que el fallo de la SVS pone en jaque a la corredora y hace insostenible la permanencia de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz en la firma.

Para algunos actores del mercado fue sorpresa que la SVS no inhabilitara a los dos ejecutivos, ya que lo ha hecho por casos menos relevantes y por faltas menores de las que se culpa a Bulnes y Errázuriz. Incluso la propia corredora podría haber sido suspendida, pero las mismas fuentes señalan que eso habría amenazado la estabilidad del mercado financiero y que ni siquiera en Wall Street lo hicieron con los bancos durante lo peor de la crisis subprime.
Corredora en crisis

Ayer por la tarde LarrainVial tuvo una reunión de crisis en la que se vivió un ambiente “de funeral”. Fuentes que participaron revelan que la empresa decidió darles apoyo a Bulnes y a Errázuriz.

Por la tarde, a través de un comunicado, la corredora reiteró su “total inocencia y la de nuestros ejecutivos” y calificó la decisión de la SVS como “injusta y desproporcionada”.

Volvió a afirmar que nunca “supimos ni fuimos parte de ningún supuesto esquema destinado a beneficiar a algún inversionista por sobre otro, ni menos a partir de transacciones aisladas pudimos prever su existencia”.

Testigos de la reunión de ayer describen a Manuel Bulnes como “destrozado”. Ya había ofrecido su renuncia hace un tiempo, pero Fernando Larraín la rechazó.

En la reunión había enojo con la forma en que los abogados de Julio Ponce habían llevado el caso y también malestar respecto del rol que habría tenido el ex Presidente Sebastián Piñera. Cabe recordar que LV maneja parte del fideicomiso del ex Mandatario.

Fuentes que conocen la situación de Bulnes y Felipe Errázuriz, señalan que ninguno tiene el patrimonio para pagar las multas. La de Bulnes es por US$ 8,1 millones y la de Errázuriz por US$ 4 millones. Aunque al interior de la corredora dicen que las multas las pagaría la empresa. Si apelan, como se anticipa, deben depositar el 25% de la multa ante el juzgado civil correspondiente.

Los US$ 8,2 millones con los que se multó a la corredora de bolsa y los US$ 20,4 millones a Leonidas Vial, aparecen abordables sin dificultades. En 2013 la corredora ganó US$ 14 millones y Vial tiene un patrimonio estimado en más US$ 1.000 millones.

La SVS sostuvo que hubo violación a la Ley del Mercado de Valores (LMV) por parte de la corredora en el artículo 53, que considera ilegal “efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor” o “efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento”. Incluso, según la SVS, la corredora vulneró el artículo 66 del reglamento de la Bolsa de Santiago, que califica como “grave” la realización de transacciones ficticias señalada. La SVS no quitó ni suspendió la autorización para operar.

En el mercado creen que Pavez fue prudente al no suspender a Bulnes y Errázuriz y espera que sean los propios involucrados los que den un paso al costado.

“Se van a tomar unos días y debiera haber cambios”, opina un ejecutivo que los conoce.

Si la salida de Bulnes y Errázuriz parece inevitable, la presencia de León Vial como socio y de LarrainVial en la AGF son dos variables claves.

En el mercado indican que LarrainVial se podría ver forzada a abandonar su participación en la Administradora General de Fondos, dado que gestiona fondos de inversión donde participan como aportantes las AFP, las que ya dejaron de operar con la corredora a comienzos de año tras conocerse los cargos.

Tras enterarse de las sanciones, las fuentes indican que las AFP eventualmente abandonarían los fondos que maneja LV, en particular Beagle, donde tienen más del 70% de la inversión con casi US$ 400 millones. Eso, si no hay nuevos cambios en la propiedad.

Fuentes de mercado señalan que LV podría terminar vendiendo su 75% en la AGF, donde el resto de la participación es de Consorcio, el holding de Juan Hurtado Vicuña que hace poco reemplazó a León Vial en el directorio de Larrain Vial S.A. Hay rumores de que Hurtado podría comprar o que entraría un inversionista extranjero.

Un ejecutivo de LarrainVial revela que Hurtado ya viene haciendo cambios importantes al interior del holding.

Un ex superintendente del sector financiero dice que las sanciones debieran forzar a todas las AFP a demandar penalmente a todos los involucrados. Capital ya lo hizo y ayer confirmó la validez de su denuncia. Las otras AFP siguen en duda y esperarían a ver los pasos de LV para actuar.

Junto a las AFP, los fondos extranjeros también estarían revaluando su continuidad con LarrainVial como distribuidor de sus productos.

Si esto ocurriera, casi la mitad de los montos que maneja LarrainVial se perderían. Con ello, la corredora más tradicional del país comenzaría a perder su poder rápidamente.

El representante de uno de ellos en Chile, sin embargo, cree que la decisión no es tan tajante y que lo evaluarán en los próximos días.

“Si los inversionistas globales optaran por no operar con entidades multadas por reguladores, creo que se quedarían con muy pocas contrapartes, si es que alguno. Es cosa de ver las millonarias multas recientes en EE.UU. Pero si ven opciones para operar en Chile que no sea LV, de seguro que tomarán esa decisión”.

Fuente: El Mostrador

Gabriel Boric: “El señor Ponce Lerou es un reconocido financista de campañas políticas”

“Lo que más me ha sorprendido del caso Cascadas es el nivel de colonización que el empresariado tiene de la clase política chilena”, sostuvo el diputado independiente Gabriel Boric en entrevista con Radio Futuro.

El parlamentario, que es integrante de la comisión investigadora que indaga el caso, aseguró que “el señor (Julio) Ponce Lerou es un reconocido financista de campañas políticas. Pero, sin embargo, cuando empezamos a revisar los aportes a las campañas nos damos cuenta que no aparece en ninguna parte y eso es porque seguramente hace sus aportes mediante el mecanismo de aportes reservados”.

“Este tipo de gente defiende a ciertos intereses. Estos en concreto son los poderes fácticos que muchas veces se habla y nosotros en la Cámara logramos reponer una indicación que había sido rechazada en comisión, que tiene que ver con prohibir los aportes reservados y los aportes de empresas en las campañas electorales y esta semana le va a tocar discutir esta cuestión en el Congreso”, añadió el ex dirigente estudiantil.

Por ello, dijo Boric, “quiero hacer un llamado a todos los senadores para que no bajen las indicaciones. En Chile votan las personas, no la empresas. El que le tenga miedo a la transparencia que explique por qué. El otro día conocimos algo muy impresionante sobre los porcentajes de las campañas de gastos reservados de las diferentes campañas. Por ejemplo, el de Felipe Kast tenía un 99 por ciento de su financiamiento que había sido mediante aportes que uno no sabe de dónde vienen. Es una cuestión que me parece absolutamente inaceptable. Me cuesta entender por qué no quieren avanzar en transparencia y por eso me gustaría que hiciéramos una campaña ciudadana para presionar a los senadores para que esto no se baje”.

“Cuando uno ve que entre los diferentes directores de la sociedades cascadas están: Osvaldo Puccio, Hernán Büchi, Leonidas Vial y uno se da cuenta de que esto está relacionado además con los principales controladores de clubes de fútbol como Colo-Colo, ex ministros de la Concertación, de Piñera, vinculados con la dictadura, y son miles y miles de millones de dólares, uno ve con impotencia cómo esos son los poderes fácticos, esa es la gente que dice que con una Reforma Tributaria va a decaer el crecimiento y la inversión, cuando son ellos los que retiran inversiones. Decir que algo va pasar, como si viniera del cielo, y son ellos lo que lo producen. Cuando dicen va a haber más desempleo es porque gente como ellos despide gente. Esos son los dudas que hay que ir desatando en nuestra democracia chilena. Hay muchas decisiones que se toman en CasaPiedra o el departamento de Fontaine”, indicó Boric.

Fuente: El Mostrador

Fiscal de Caso Cascadas apuntará a arista penal

El fiscal del Caso Cascadas, José Morales, sostuvo esta tarde que hay que estudiar en detalle los antecedentes de la SVS tras las sanciones que ayer ejecutó en contra Julio Ponce y otros ejecutivos, y analizarán si se puede seguir adelante con una arista penal.

 «Los antecedentes de la SVS son bastantes grandes, 700 hojas, hay que analizarlos detalladamente, pormenorizadamente y ver si esos antecedentes que están en un estándar de la SVS son posibles de acreditar en un estándar penal, es decir, en un juzgado de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal», explicó.   

El abogado aseguró que «son antecedentes de una institución seria que debemos considerar, pero el estándar del proceso penal normalmente, y eso es lo que se ha demostrado, es bastante más alto, por lo tanto tenemos que ver si lo que se ha demostrado en el ámbito administrativo sancionador es aplicable al área penal».

Respecto a los cargos y las multas a los que fueron sometidos los ejecutivos involucrados en el caso, dijo que «la verdad es que esto no nos sorprende».

«Nos interesan los antecedentes que se consideraron o se tuvieron en vista para los efectos de esta resolución», dijo sin detallar fechas para solicitar dichos antecedentes.

«Nos han ido entregando (la SVS) antecedentes y seguramente vamos a asegurarnos de tener todos los antecedentes que ellos tuvieron a la vista», concluyó.

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