El dictador chileno Augusto Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento de uno de los peores crímenes del régimen, conocido como el caso Quemados, según indican cinco cables confidenciales del Gobierno de Estados Unidos que publicará este viernes el National Security Archive. De acuerdo a la organización investigadora independiente de la Universidad de Georgetown, Pinochet en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos jóvenes que protestaban en la primera de las dos jornadas del Paro Nacional contra la dictadura. El fuego provocó la muerte del fotógrafo de 19 años, Rodrigo Rojas, y las heridas graves de la estudiante universitaria, Carmen Gloria Quintana, de 18, que sobrevivió con una inmensa parte de su cuerpo desfigurado.

 

Según explicó a EL PAÍS Peter Kornbluh, responsable de la investigación, aunque estos cables llevan desclasificados más de una década, adquieren especial relevancia ahora que la Justicia chilena ha reabierto recientemente el Caso Quemados, 29 años después de los sucesos. “Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló.

La causa sufrió un vuelco la semana pasada, luego de que un exmilitar rompiera un pacto de silencio entre los involucrados y testigos. Junto con detallar capítulos desconocidos de lo que ocurrió el 2 de julio de 1986 en un callejón de la comuna de Estación Central de Santiago, el ex conscripto Fernando Guzmán denunció una operación de encubrimiento digitada por el Ejército para que nunca se supiera la verdad:

“A cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados”, indicó ante los tribunales.

Los documentos exponen detalles de un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile

El magistrado Mario Carroza, tras decretar nuevas diligencias, determinó el procesamiento de un grupo de doce militares en retiro del Ejército, por los delitos de homicidio y homicidio frustrado. La decisión del Poder Judicial ha puesto nuevamente a los derechos humanos en la primera línea de la agenda pública, como sucede cada cierto tiempo en Chile. El debate se ha centrado, sobre todo, en la supuesta información que todavía mantienen las Fuerzas Armadas sobre el paradero de las víctimas de la represión y los involucrados en los delitos de lesa humanidad.

“Basta de silencio. Hay personas que saben la verdad de muchos casos que aún permanecen sin resolver. Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán, que ayuden a reparar tanto dolor”, señaló el lunes pasado la Presidenta Michelle Bachelet.

De acuerdo a los archivos confidenciales que este viernes publica el National Security Archive, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos. En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue “quemado de forma deliberada por soldados”.

Se revela el primer obstáculo de los muchos que se interpondrían a lo largo de los siguientes días, meses y hasta décadas para ocultar el rastro que llevaba a los militares. “Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, reseña el reporte estadounidense.

El director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”, continúa el cable. Esta disposición “impidió que se tomara cualquier declaración legal” al joven malherido, agrega.

En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de que, pese a las declaraciones de testigos y una investigación de la inteligencia chilena que “claramente” señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque a los dos jóvenes, “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”.

“No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el escrito.

El 22 de julio llega otro recuento desde Santiago al Departamento de Estado en Washington. En él se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigación “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”, aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre.
El reporte es redactado en “una sola página sin copias”. El director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el informe el 11 de julio a Pinochet.

“El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange”, describe el cable estadounidense.

Un mes más tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” del crimen.

“Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”, agrega.

El último cable publicado data del 18 de diciembre y lo firma la CIA. En él se cita a abogados relacionados con el caso según los cuales “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”.

El objetivo, según deduce el informe estadounidense, es “alargar el caso”, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podrán acudir a la Corte Suprema, que es “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato” del joven.

Los documentos exponen detalles desconocidos de “un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también, en las relaciones entre el régimen de Pinochet y EE UU”, resumió Kornbluh, para quien este caso supuso la ruptura definitiva de Washington con la dictadura chilena y el comienzo de las presiones del presidente Ronald Reagan a favor de un regreso a la democracia en el país sudamericano.

Fuente: El País

Los documentos desclasificados: Cables confidenciales del caso de Rodrigo Rojas de Negri

Departamento de Estado Cable confidencial del Caso de Rodrigo Rojas de Negri, 8 de julio de 1986

Departamento de Estado Cable confidencial del Caso de Rodrigo Rojas de Negri, 22 de julio de 1986

Departamento de Estado Cable confidencial del Caso de Rodrigo Rojas de Negri , 26 de agosto de 1986

 Departamento de Estado Cable confidencial del Caso de Rodrigo Rojas de Negri, 18 de diciembre de 1986

Departamento de Estado Cable confidencial del Caso de Rodrigo Rojas de Negri, 14 de julio de 1986

 

Caso Quemados: Pinochet participó del encubrimiento de la operación ejecutada por militares

Por Alberto Arellano

Cinco documentos desclasificados en Estados Unidos por el organismo civil Archivo Nacional de Seguridad, revelan que Pinochet fue informado por el director de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, de que fueron militares los que quemaron vivos a dos jóvenes, y de cómo se urdió desde el Ejército y los mandos civiles de la Moneda el encubrimiento, el amedrentamiento a testigos y las operaciones para dejar impune a los autores y hacer creer al país que los mismos jóvenes se habían prendido fuego al portar elementos explosivos.

Documentos estadounidenses desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), organismo civil que ha revelado importantes secretos sobre Chile en los últimos 30 años, entregan nuevos y escabrosos antecedentes de las sucesivas maniobras realizadas por distintos personajes del régimen de Augusto Pinochet, incluyendo su propio rol, para ocultar y luego encubrir la directa responsabilidad de militares en la operación en la que fueron quemados vivos Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana en julio de 1986

La serie de informes hasta hoy desconocidos fueron escritos, entre otros, por el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes. Los documentos fueron enviados en carácter de confidenciales entre julio y diciembre de 1986 a la Casa Blanca, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Defensa norteamericano.

En uno de ellos, fechado el 22 de julio de 1986, se revela “en base a fuentes confiables” de la policía uniformada que el 11 de julio de 1986 –nueve días después del ataque de los militares contra Rojas y Quintana– el general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar, Rodolfo Stange Oelckers, sostuvo una reunión clave con el general Pinochet, en momentos en que  tanto el Ejército como autoridades civiles del régimen negaban toda participación de militares en los hechos.

En ella, Stange le presentó un informe oficial de la institución con las conclusiones de una investigación sobre el suceso que conmocionó al país y a la opinión pública internacional. Allí se “indicaba claramente que miembros de una unidad de patrullaje del ejército chileno estaban involucrados en la quema de dos jóvenes chilenos y su posterior abandono”. El documento consigna que Pinochet le dijo en ese momento a Stange que “no creía en el reporte” e incluso “rechazó recibirlo”.

Un día antes, el 10 de julio, el general Pinochet había puesto el primer candado que hasta hoy ha impedido que se haga justicia en el Caso Quemados. Ese día, en una visita a Concepción, Pinochet levantó la tesis del “accidente” para encubrir el brutal ataque contra Rojas y Quintana: “Es muy curioso que la parka que tenía el joven que murió quemado, no estaba quemada por fuera, sino por dentro. No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que llevaba, a lo mejor, algo oculto, se le reventó y les produjo la quemazón por dentro”.

Esta versión fue refrendada un día después, justo cuando tuvo lugar la reunión secreta entre Pinochet y Stange, por el ministro de Defensa de la época, el almirante Patricio Carvajal Prado, quien señaló al diario La Tercera: “Rechazo terminantemente la versión que involucra a uniformados en caso quemados”.

Siete días más tarde vino la versión oficial del Ejército. Fue el comandante general de la Guarnición de Ejército de Santiago, el brigadier general Carlos Ojeda Vargas, quien la dio a conocer a la opinión pública:

–En circunstancias que una patrulla militar vigilaba el orden público, sorprendió a un grupo de personas que pretendía alterarlo y portaba material inflamable contenido en envases destinados a ese objeto (…) Al volcarse uno de los envases con material inflamable, por la acción de uno de los propios detenidos, se encendió la vestimenta de los nombrados (Rojas y Quintana), la que fue apagada con frazadas que llevaba el personal militar –sostuvo en un comunicado.

Pese a las sucesivas y burdas maniobras de encubrimiento del régimen de Pinochet, para entonces al gobierno de Estados Unidos le quedaban pocas dudas de la participación de los militares en los hechos. El 14 de julio, la propia Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) hablaba ya del “probable involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de Rojas”. Así lo consigna otro de los documentos recientemente desclasificados, en el que además se agrega:

–El gobierno chileno, siguiendo las instrucciones de Pinochet, está tratando públicamente de etiquetar a Rojas y Carmen Quintana como terroristas, supuestamente víctimas de su propio cóctel de molotov (ver documento).

La feroz agresión contra Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana –y que terminó con la muerte del primero el 6 de julio de 1986– significó el inicio del deterioro de la relación entre la administración del ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y la dictadura de Pinochet (ver reportaje de CIPER: Reagan y Pinochet, el momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura).

En noviembre de 1986 Reagan propuso a sus asesores hacer una visita de Estado a Chile con el fin de convencer a Pinochet de iniciar una transición democrática. “De ninguna manera”, le replicó el secretario de Estado, George Shultz, “Este hombre tiene las manos llenas de sangre. Ha hecho cosas monstruosas”. Pese a la resistencia inicial de Reagan, el quiebre era ya irreversible.

LIMPIAR LA PROPIA CASA

Fue en la misma declaración del 18 de julio hecha por el brigadier Ojeda que, frente al peso de las evidencias y la creciente presión el Ejército, recién se reconoció que “determinado personal de Ejército” había participado en los hechos, aunque nunca se puso siquiera en entredicho la tesis del “accidente”.  Una versión que se mantuvo hasta hoy.

Según consta en el documento enviado el 22 de julio de 1986 por el embajador Barnes a Washington, para entonces el Ejército no estaba preocupado por la responsabilidad de los uniformados del Regimiento Libertadores (al que pertenecían los que participaron en la operación) por haber rociado con bencina a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana y haberles prendido fuego. Lo estaba más bien por el posterior abandono de los cuerpos moribundos en una acequia en Quilicura. Y ello se debía a una razón simple. Según el documento reservado, los altos mandos del Ejército estaban conscientes de que “no serían capaces de justificar ese último episodio”.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Rojas y Quintana fueron abandonados moribundos en Quilicura (y posteriormente auxiliados por unos obreros), según el reporte de Barnes –y de acuerdo a su informante– hasta el 22 de julio no aparecían aún testigos que pudiesen haber visto a los jóvenes envueltos en llamas (ver documento).

El informe preparado por Harry Barnes fue elaborado a partir de la información entregada por una fuente al interior de Carabineros definida por la propia embajada como “confiable”. Según el informante, Carabineros concluyó su propia investigación sobre los hechos aproximadamente el 9 de julio, siete días después del ataque.

–Debido a la tensa relación entre el Ejército y Carabineros, y entre Pinochet y Stange, Carabineros no quiere verse envuelto en ninguna acusación pública, ni en ningún arresto a personal militar. Stange decidió, por lo tanto, dirigir el asunto al Ejército de modo que éste pudiera: completar los últimos peldaños de la investigación, en particular la identificación de todo el personal del Ejército involucrado en el incidente; arrestar a su propio personal; y hacer un anuncio público relativo a su involucramiento. De este modo, podrían aparecer como “limpiando su propia casa” –consigna el informe de Barnes.

El reporte que quiso entregarle Stange a Pinochet el 11 de julio constaba de una página. Según la fuente de Carabineros, en él se identificaba la patrulla del Ejército responsable de haber prendido fuego y abandonado los cuerpos de Rojas y Quintana, pero solo se mencionaba a un uniformado por su nombre (Barnes no menciona quién).

LA REUNIÓN CON SINCLAIR

Luego de que Augusto Pinochet desacreditara y rechazara la investigación de Carabineros, el 14 de julio Stange se reunió con el vicecomandante en jefe del Ejército, el general Santiago Sinclair Oyaneder, y le presentó el informe. Sinclair le señaló que enviaría un oficial de inteligencia del Ejército para que se reuniera con el autor de la investigación, el entonces jefe del OS-7 de Carabineros, Emilio Zambrano (el oficial fue destinado a otra dotación en octubre de ese mismo año 86).

Dos días más tarde, el 16 de julio, el oficial del Ejército designado por Sinclair recibió todo el material relativo a la investigación. Tras ello, el oficial (no identificado por el informante) le señaló a Zambrano que el caso sería resuelto en 48 horas. También le adelantó que 25 miembros del Ejército serían puestos a disposición de la justicia civil.

Fue la misma noticia que el brigadier Ojeda daría a conocer públicamente 48 horas después de esa reunión entre personal del Ejército y Carabineros.

–Esta Comandancia de Guarnición ha dispuesto la detención de tres oficiales, cinco suboficiales y diecisiete conscriptos que habrían participado en los hechos mencionados y esta tarde ha oficiado al señor ministro en visita, don Alberto Echavarría Lorca, informándole tales antecedentes y poniendo a su disposición al personal señalado, para que investigue en conformidad a derecho su eventual participación y grado de responsabilidad –señaló Ojeda en su comunicado.

Fue, en todo caso, un reconocimiento parcial. Como se señaló, ese 18 de julio el Ejército insistió en que todo había sido producto de la “acción de los propios detenidos” y admitió como único error que el jefe del pelotón, el teniente Pedro Fernández Dittus, no prestó auxilio a las víctimas. Fernández Dittus fue condenado con 600 días de cárcel por la Justicia Militar por “negligencia”, tras no prestar ayuda a los jóvenes quemados. Pero alcanzó a estar poco más de un año en Punta Peuco (hasta febrero de 1997).

La manoseada versión oficial del Ejército sólo comenzó a resquebrajarse judicialmente hace unos días, luego de que dos ex conscriptos que participaron de la operación, Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas, rompieran el largo pacto de silencio sellado por todos los uniformados involucrados en el hecho criminal.

Gracias a ello, en los últimos días el ministro en visita Mario Carroza ha procesado a más de una docena de ex militares, entre los que se encuentra el coronel que hasta hace pocos días era funcionario del Ejército, Julio Castañer González, sindicado por los conscriptos –en concordancia con la versión original de la sobreviviente Carmen Gloria Quintana– como el autor material del brutal ataque contra ambos jóvenes.

LOS OTROS ARCHIVOS DESCLASIFICADOS

Entre los documentos dados a conocer por la NSA, figuran también un reporte elaborado por el propio embajador Harry Barnes con fecha 8 de julio de 1986, en el que, recogiendo el relato de las propias víctimas, se detallan las circunstancias en que Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana fueron detenidos, golpeados, rociados con bencina, quemados y luego abandonados en un camino rural en Quilicura. El informe entrega detalles de lo que sucedió en la Posta Central una vez que los cuerpos calcinados de los jóvenes llegaron al recinto. Ello en base al relato de “testigos oculares”.

–Los doctores en la Posta Central reclaman que el director del recinto obstruyó el traslado de Rojas a una clínica que estuviera mejor equipada para tratarlo (…) Rojas no fue transferido al pabellón de quemados del Hospital del Trabajador porque el director de la Posta Central, Dr. Guzmán, escribió una nota en la ficha médica indicando (…) que no sería transferido. La acción del doctor Guzmán impedía la toma de cualquier acción legal. Otros doctores del equipo de la Posta Central confirmaron la existencia de esa nota. Sin embargo, el doctor Guzmán ha públicamente negado haber prohibido el traslado de Rojas, alegando que solo advirtió a la madre y la tía de Rojas que trasladarlo podría ser peligroso ya que Rojas necesitaba estar conectado a un respirador artificial (ver documento).

En ese mismo documento enviado el 8 de julio, se comunica a Washington que el embajador acompañará a la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, en el funeral de su hijo que había fallecido dos días antes.

En otro documento con fecha 26 de agosto de 1986, se detallan las maniobras del gobierno para limpiar los rastros de la participación del Ejército en el crimen contra Rojas y Quintana. El relato se construye en base a fuentes de la Vicaría de la Solidaridad y reporta las amenazas recibidas por dos testigos de los hechos de parte de “fuerzas de seguridad” para cambiar su testimonio. Se señala, además, que un testigo ocular fue secuestrado y sometido a presiones para ocultar la versión real de los hechos.

–El gobierno chileno ha cambiado su historia muchas veces respecto de su involucramiento en la quema y muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos (ver documento), señala el informe preparado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA, por sus siglas en inglés).

Un último documento, fechado el 18 de diciembre de 1986, acusa las presiones ejercidas por el ministro de Justicia de la época, Hugo Rosende Subiabre, sobre el fiscal para que el caso se desechara por falta de evidencias.

–El fiscal Erwin Blanco, que reemplazó a Alberto Márquez Allison (…) está siendo presionado para alargar la investigación. Si no hay una resolución final en el caso, esto frustrará a la defensa de Rojas que sabe que la mejor oportunidad para exponer los detalles del asesinato, ocurrirá si son capaces de lograr que la Corte Suprema de Chile revise el caso–dice el informe.

Fuente: CIPER Chile

 

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