Para nadie es un misterio que la dictadura militar de Augusto Pinochet sigue extendiendo su sombra en el Chile actual. La estructura social altamente segmentada, las enormes inequidades de poder, las falencias de un Estado jibarizado y el enorme poder del capital por sobre el trabajo son sólo las expresiones más evidentes de ello. Basta observar los términos del debate político actual para notar la fuerte ligazón de los problemas nacionales con la reestructuración neoliberal de los años 70 y 80: educación pública, nueva Constitución y reforma tributaria fueron las bases programáticas del gobierno de la Nueva Mayoría, todas ellas apuntadas a reformar aspectos centrales del diseño económico e institucional de la dictadura.

 

La Nueva Mayoría, sin embargo, ha estado lejos de cumplir con las expectativas. Las movilizaciones estudiantiles y sociales del 2011 fueron capaces de construir un consenso social inédito desde la recuperación de la democracia que el gobierno no ha podido -y no ha querido- capitalizar. Las reformas tributaria y educacional palidecen en comparación con las exigencias sociales claramente expresadas en las calles hace cuatro años, mientras que las perspectivas de una salida democrática al problema constitucional cada vez se ven más oscuras.

Parece ser que, una vez más, la presión transformadora que dio sentido al programa de gobierno va a verse neutralizada por élites políticas aún temerosas de transformaciones profundas al modelo heredado de la dictadura.

No basta, sin embargo, identificar el hecho en tono de denuncia. Es necesario preguntarse sobre las dinámicas sociales, políticas y culturales que permiten a un gobierno como el actual jugar el rol de parcial desactivador de exigencias sociales. Allí, una perspectiva histórica sobre aquella dictadura que nos sigue pesando resulta necesaria, dado que fue en ese contexto en que se afianzaron nuevas prácticas sociales que permitieron la reproducción del modelo actual.

A partir de la recuperación de la democracia en 1990 la dictadura militar se entendió preferentemente desde su dimensión coactiva, en especial dada la magnitud de las violaciones de los Derechos Humanos verificada por organismos civiles locales e internacionales y agencias estatales del nuevo Estado democrático. Ello, por cierto, es perfectamente entendible dada la urgencia política y moral del momento de establecer hechos antes negados por sus perpetradores.

La Concertación, a pesar de adaptar el neoliberalismo a las nuevas exigencias políticas, fue relativamente exitosa en aquella batalla cultural por los Derechos Humanos, que ya hacia el final de la década de los noventa había hecho de la dictadura un hecho cada vez más difícil de defender.

Sin embargo, aquella perspectiva hoy ya no resulta suficiente. La incómoda permanencia de los rasgos más socialmente dañinos de la herencia dictatorial ha hecho mella en la épica democrática de los años noventa. A nivel de imágenes sociales, es común notar un profundo desencanto por las promesas de la democratización. “Chile, la alegría ya viene” se cita a menudo con un dejo irónico, más allá de que las élites políticas de centro-izquierda lo sigan celebrando como su momento fundacional.

A pesar de todo, esas mismas élites han logrado perpetuarse en el poder, y parecen estar dispuestas a moderar el impulso reformista hasta hacerlo compatible con el neoliberalismo y una versión estrecha de poder democrático ¿Cómo hacernos cargo, históricamente, de esa capacidad política y cultural para reproducir lo aparentemente ilegítimo?

La dictadura militar impuso sus términos con un enorme despliegue de terror estatal, pero ello no quita que grupos sociales a lo largo de todo el espectro social hayan servido de base para la aplicación de esas políticas. Por supuesto, ello tiene su propia dinámica, y lo que en los primeros años del régimen parecía aceptable, luego de la crisis económica de 1983 pareció no serlo.
Con todo, al apoyo irrestricto del gran capital y la derecha política se le sumó una mezcla ambivalente de inacción y aceptación de las clases medias traumatizadas luego de la Unidad Popular, algo que incluso llegó a producirse en ciertos sectores populares organizados. La propia dictadura estuvo consciente de ello, y fue por esa razón que movilizó recursos estatales para organizar e integrar a jóvenes y mujeres al proyecto pinochetista.

Más aún, la propia apertura económica, la masificación de la deuda como mecanismo rápido para acceder a consumo socialmente significativo y la utopía del mercado como nueva arena despolitizada de encuentro social sedujeron no sólo al pinochetismo más duro, sino que también a muchos quienes después se definirían como férreos opositores al régimen.

Hubo, en otras palabras, una internalización tanto forzada como voluntaria de los principios subyacentes de organización social propugnados por la dictadura y sus asesores civiles. Ello implicaba un esquema social altamente jerarquizado, que para muchos comenzó a parecer como el orden natural de las cosas.

Dicho en otras palabras, el éxito relativo de proyectos de transformación social como el efectuado por la dictadura de Pinochet encuentra un correlato en la aceptación parcial social de éste, incluso considerando los grados inéditos de violencia estatal utilizados en ese proceso. Ello no aminora responsabilidades judiciales ni morales de quienes efectivamente promovieron y ejercieron esa violencia, pero sí permite complejizar una historia que tradicionalmente se ha entendido en términos de mera imposición de un régimen por sobre la sociedad civil.

Asumir históricamente el enraizamiento social del neoliberalismo y del Estado post-Pinochet permitiría entender de manera más completa la batalla política de nuestros días.

La Nueva Mayoría, o al menos los grupos verdaderamente interesados en llevar a cabo las reformas, no han podido contrarrestar aquel extendido aprecio por una mal entendida “libertad” en la educación, lo que movilizó incluso a sectores populares en contra de la reforma.

Del mismo modo, la hegemonía del “emprendimiento” como mecanismo de participación ciudadana y ascenso social -siempre individual, nunca colectiva- ha creado no pocas incomodidades con la reforma tributaria.

La progresiva disminución de popularidad del gobierno, entonces, no tiene relación directa con una exigencia social por la profundización de las reformas, sino por el contrario en una incapacidad (mezclada con falta de voluntad) por atacar frontalmente el neoliberalismo socialmente enraizado.

A esto se le han sumado casos de corrupción que han impactado fuertemente en las encuestas, deteniendo aún más el impulso reformista inicial. Todo ello, por cierto, es funcional a quienes asumiendo las banderas de un supuesto progresismo reformista, buscan moderar lo más posible el impacto de los cambios proyectados.

Sin la recuperación de aquella masa crítica movilizada el 2011, y sin una articulación efectiva de esas demandas con políticas decididas y no negociadas en cada aspecto por parte del Ejecutivo, la ola reformista que algunos pensábamos que iba a venir parece diluirse.

Fuente: Red Seca

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