Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH): No Hay Democracia sin Justicia

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Con motivo de conmemorarse los cuarenta años del golpe cívico-militar que enlutó al país, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH) Chile, entregó una declaración, en la cual sostiene que «la construcción y fortalecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, requiere de transparencia, de justicia, de cumplimiento de los acuerdos contraídos y el respeto de la legislación nacional e internacional sobre los derechos humanos».

DECLARACIÓN PÚBLICA.

1) El martes 11 de septiembre de 1973, por medio de un levantamiento armado se ponía término a un proceso político-social que planteaba transformaciones profundas de la sociedad en el marco del respeto a la Constitución y a las leyes de la República. Proceso que contaba con la admiración de la comunidad internacional de países, como quedó de manifiesto con la ovación que siguió a la presentación del presidente electo de Chile, Salvador Allende Gossens, en la ciudad de Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cuatro de diciembre de 1972,

2) El incremento en el apoyo que venía experimentando el administrativo del Estado, en las últimas elecciones municipales de marzo de 1973, fueron vistas como una amenaza por sectores privilegiados de la sociedad chilena y de las corporaciones multinacionales, que conspiraron para impedir un diálogo pacífico entre los sectores en pugna en Chile, como por ejemplo, por medio de un plebiscito que iba a ser anunciado precisamente en esos días, financiando sabotajes y otros actos que la historia ha venido develando, específicamente por medio de los archivos desclasificados de organismos de inteligencia como la CIA, tendientes a impedir que primaran los mecanismos democráticos e institucionales propios de un Estado de Derecho.

3) La inexplicable tardanza del parlamento chileno para ratificar los acuerdos contraídos por el Ejecutivo, de los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos, como el pacto de San José de Costa Rica, determinaron que las innumerables y permanentes violaciones a los derechos humanos efectuadas en nuestro país por parte de los funcionarios y agentes del estado dictatorial, no contaran con un marco jurídico específico que sancionara esas conductas aberrantes. Situación que no excusa, ciertamente, la realización de estos actos y la complicidad de los poderes del Estado y especialmente del pauperizado poder judicial, al incumplir su deber de hacer que las leyes existentes fueran cumplidas de acuerdo a lo contemplado en las normativas jurídicas vigentes, haciéndose de este modo parte y cómplice de las violaciones cometidas.

4) Recordemos una vez más que es el Estado el organismo jurídico-político encargado de garantizar el respeto a las leyes y a los derechos humanos. Debido a la renuncia de esa obligación substancial y esencial por parte de quienes tenían la obligación de actuar, diferentes organismos de la sociedad civil, como el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión  Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Pro Derechos Juveniles (CODEJU), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y muchas otras, así como miles de compatriotas y, asimismo, miembros de la comunidad internacional, jugaron un rol que merece el más grande reconocimiento por su trabajo valiente por la verdad, la justicia y el respeto de los derechos avasallados de las personas. Muchos de ellos fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Acusados de “terroristas”, “saboteadores”, “malos chilenos”, propagadores de “ideologías foráneas” y toda una serie de apelativos que sólo evidenciaba una proyección infame que retrataba literalmente a quienes detentaban el poder, guiados por “foráneas” doctrinas de “seguridad nacional”, fundamentadas en la tortura, y políticas económicas ultra-liberales, gestadas en Chicago y fundamentadas por la negación de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos sociales y culturales de las personas en beneficio del lucro y la ambición ilimitada.

5) En estos días diversos acontecimientos, como los explicitados por los diversos reportajes de los medios de comunicación, han ido paulatinamente determinando que estos hechos sean evidenciados. Ha llegado la hora de que los hechos sean conocidos y re-conocidos por todo el país. Ha llegado el momento de hacer justicia a los nombres de tantos compatriotas que han sido durante tantos años injuriados e estigmatizados, muchas veces viviendo en su soledad los horrores que debieron padecer. Es el instante en que los “pactos de silencio” de los que conocen el destino de los detenidos desaparecidos lleguen a su fin y la verdad sobre estas ciudadanas y ciudadanos sea por fin esclarecida.

6) La construcción y fortalecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, requiere de transparencia, de justicia, de cumplimiento de los acuerdos contraídos y el respeto de la legislación nacional e internacional sobre los derechos humanos. Nunca más debemos vivir la tragedia que se inició un día como hoy hace cuarenta años. Si son condenables todos los delitos más aún lo son si los agentes y funcionarios del Estado son quienes se transforman en delincuentes incurriendo en el terrorismo de Estado.

7) El rol de los observadores y defensores de derechos humanos se fundamenta en la vigilancia por parte de la sociedad civil para que esta normativa sea una realidad. Es responsabilidad de cada ciudadana y ciudadano exigir que esto sea posible. El marco jurídico e institucional heredado de la dictadura es ilegítimo en su origen y antidemocrático en su contenido. Para estar a la altura de nuestros compromisos y de la historia debemos generar las condiciones para que una nueva estructura constitucional, más legítima, más democrática nazca desde el seno del pueblo, el auténtico fundamento de toda soberanía.

Fraternalmente

ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.

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