Esta semana, y luego de la tormenta de corrupción provocada por los casos Penta, Caval y Soquimich, el Ejecutivo anunció una serie de medidas que apuntarían a instalar un punto de inflexión que provoque la recuperación de la confianza del pueblo en sus instituciones democráticas y en sus representantes en cargos públicos, cuestionados transversalmente por un país harto de arreglines.    

 

Se anunciaron aspectos como la eliminación de los aportes reservados, que elección tras elección financiaron groseramente a sectores de la Concertación  y de la derecha. Recordemos que Felipe Kast, diputado que hace semanas presentó un proyecto para devolver la discriminatoria facultad de seleccionar en los colegios, recibió 99% de su financiamiento por esta vía, lo que con una nueva legislación lo dejaría con mínimas posibilidades de ser electo.

También se terminaría el aporte de las empresas a los candidatos y la reelección eterna de parlamentarios. Por otro lado, se incorporaría la obligación de educación cívica en todos los niveles enseñanza. Sin duda son aspectos necesarios y de mínima decencia para una democracia moderna, pero claramente no son suficientes ni van a frenar la necesidad de todo un pueblo por verdadera justicia contra los corruptos.

Pero sin dudas el anuncio que más debe poner en alerta al movimiento social es la que desde el inicio de esta crisis política hemos planteado como necesidad urgente para construir un país más justo y con altos estándares de probidad: la nueva constitución. Se dijo que en “septiembre se iniciará el proceso constituyente”, concepto ambiguo que nos deja más con dudas que certezas. Pues bien, de nosotros depende, como movimiento estudiantil, junto a los trabajadores -con quienes el viernes marchamos por una profunda reforma laboral-, los pobladores y todos los gremios del país, que esta constitución se convierta en la primera en la historia de Chile en realizarse por asamblea constituyente, representando lo más fehacientemente los intereses de nuestros ciudadanos, las regiones y los pueblos originarios.

De nosotros depende salir a las calles organizados, con propuestas programáticas claras y voluntad participativa para exigir al Ejecutivo que la nueva constitución no se haga entre cuatro paredes, donde aparecen los lobos de la vieja guardia siempre atentos a la jugada.  

De nuestra fuerza y capacidad de movilización depende que el Gobierno entienda que no serán los cuestionados de siempre, los que ya están sentados en el Congreso gracias a aportes reservados y platas tránsfugas, los que elaboren una carta magna que dignifique a los estudiantes y trabajadores, devolviendo derechos básicos arrebatados a sangre por la dictadura.

La edificación del nuevo Chile, uno con educación gratuita sin letra chica, no debe permitir a los corruptos de siempre, a los que se criaron en política de la mano del negocio. La nueva constitución no la van a escribir los que declaran ante Tribunales; la escribiremos, democráticamente, la gran mayoría de Chile que tenemos las manos limpias y que lo único que hemos hecho ha sido trabajar para que todos podamos convivir en paz.

La escribiremos los ciudadanos junto a las organizaciones que han hecho carne el sentido de la soberanía popular: los movimientos regionales, los de la diversidad sexual, los ecologistas, los defensores de los consumidores, y, por sobre todo, la Patria trabajadora, porque sólo los explotados, ese 80% de chilenos que gana menos de $300 mil, saben lo que significa haberse comido tres décadas de precariedad laboral, de reemplazo en huelga, de la debilidad de los sindicatos a la hora de negociar.

Todo esto, sin olvidar que el plan de Pinochet destruyó de tal forma la organización de los asalariados, que hoy sólo el 11% está afiliado a un sindicato, órgano fundamental para el soporte de una democracia y la batalla contra la desigualdad.

Pero, ojo, no debemos perder de vista que la nueva Constitución la vamos a construir de la mano con la disputa de las reformas educacional y laboral en curso. No por el ingreso a la agenda de un nuevo debate nacional, que incluye la arremetida amenazante del empresariado, vamos a permitir que se desvíe la atención de proyectos como el de gratuidad de la educación superior, la desmunicipalización o la carrera docente.

Al contrario, debemos cuidar más que nunca los niveles de unidad y propuesta programática que hemos logrado en la calle, para incidir concretamente en proyectos que representen a los cientos de miles que han vuelto a marchar. Sólo de esa forma cerraremos todas las puertas a la cocina de Zaldívar, fantasma constante que aparece cuando se pierde la fuerza y unidad.

Esta semana quedará como una marca ineludible de cara al año de movilizaciones que debemos enfrentar. Con los más de cien mil estudiantes y trabajadores que ayer marchamos por una profunda reforma laboral –una con negociación ramal y huelga efectiva-, nos quedó claro que tenemos la fuerza, claridad y conciencia para hacer de esta crisis de legitimidad del sistema político, una oportunidad para avanzar en asamblea constituyente y reformas profundas sin dobles lecturas.

La pelota está de nuestro lado. Hoy más que nunca mantengamos la fuerza a nuestro favor: soñemos lo imposible, marchemos con alegría y vamos por la AC que estos años en la calle merecen. El mango del sartén de los cambios volvió a ser nuestro, y no estamos dispuestos a soltarlo.

(*) Licenciada en Ciencias Económicas, Universidad de Chile. Vicepresidenta Fech.

Fuente: El Quinto Poder

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