De la nómina de 172 contribuyentes que el SII pide al Ministerio Público investigar por pagos de SQM sin respaldo, 59 tienen nexos con la UDI y 15 con RN. La UDI es el partido con más boletas que habrían sido usadas para financiar campañas. Algunos de los implicados ya reconocieron que no hicieron trabajos para SQM y que sus pagos fueron triangulados por entidades gremialistas, como la Fundación Chile Justo, fundada por Pablo Longueira. La denuncia abre una nueva veta sobre pagos ilícitos de empresas pesqueras y otras compañías.

 

El próximo viernes 10 de abril la UDI tendrá la reunión más importante del último tiempo: el Consejo General que debe determinar la nueva directiva que conducirá a ese partido en medio de la grave crisis que desató el descubrimiento de los aportes ilegales que le entregó el Grupo Penta. Y aunque la mayoría de sus dirigentes sabía que la indagación de la arista Soquimich (SQM) del financiamiento ilegal a la política seguiría remeciendo, esta vez a casi todos los partidos, nadie en la UDI imaginó la magnitud de lo que se venía con la ampliación de la denuncia de Impuestos Internos (SII), presentada este jueves 2 de abril.

A los nombres de los ya implicados por la indagación judicial de Penta –Joaquín Lavín, Jovino Novoa, Ernesto Silva, Ena Von Baer, Iván Moreira, Felipe de Mussy, Pablo Wagner y Pablo Zalaquett- se agregan ahora contundentes acusaciones que involucran a 59 personas vinculadas a la UDI, que CIPER identificó. Entre ellas, aparecen dirigentes históricos de ese partido con millonarias sumas que habrían sido desviadas desde Soquimich para financiar campañas políticas.

La veta abierta por SQM ha puesto en la mira de Impuestos Internos y de la Fiscalía a otras importantes empresas que ocuparon la misma vía de las boletas falsas para financiar a dirigentes históricos de la UDI, como Pablo Longueira. Una nueva arista que arrastra a otros importantes dirigentes gremialistas, familiares y colaboradores de estos candidatos. Una verdadera máquina de financiamiento de campañas.

La suma de las boletas cuestionadas por el SII emitidas por contribuyentes vinculados a la UDI, en total sobrepasan los $536 millones. Ello, sin contar los dineros que fueron presumiblemente desviados desde SQM a entidades relacionadas con el gremialismo, como la Corporación de Asuntos Públicos (que facturó $131 millones a SQM) el Centro de Estudios Nueva Minería (controlada por Cristián Leay) y la Fundación Chile Justo (creada por Pablo Longueira).

La nueva denuncia del SII significa también otro remezón para la UDI en la víspera de su consejo general clave. Y ello porque entre los nuevos investigados por emitir boletas falsas para SQM figura la esposa del diputado Javier Macaya, quien asumió la presidencia interina tras la renuncia de Ernesto Silva.

Constanza Del Pilar Farías Prieto, cónyuge del diputado Macaya, emitió boletas para SQM por $4,5 millones. La abogada fue jefa de la División de Carabineros del Ministerio del Interior desde junio de 2011 hasta mayo de 2012. Su nombre surgió del rastreo realizado en el Servicio de Impuestos Internos a la documentación contable de SQM que esa misma empresa puso a disposición del organismo tributario. Ahora, Constanza Farías deberá demostrar judicialmente si efectivamente hizo asesorías para SQM y en qué rubro.

Entre los nombres relacionados a la UDI que figuran en la nueva denuncia del SII, aparecen algunos que ya están siendo investigados por los fiscales en la indagatoria al Grupo Penta, como el de María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería que permanece en prisión preventiva. En el arqueo realizado por el SII, ella suma en total $7,5 millones en boletas para SQM.

De la nómina presentada por el SII, CIPER hizo un rastreo de nexos y conexiones que involucran a la UDI. También aparecen otros 14 personas que CIPER identificó como vinculadas a Renovación Nacional

El entorno de Longueira

En la investigación abierta por la Fiscalía y el SII sobre financiamiento ilegal de la política proveniente de SQM, han aparecido nombres del entorno familiar del ex senador, ex ministro y ex precandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira. A fines de febrero se supo que un hijo del histórico dirigente gremialista figura en la nómina de personas que emitieron boletas a SQM en 2010: José Tomás Longueira Brinkmann, quien recibió $4,4 millones de la minera, lo que ahora se confirma al aparecer su nombre en la nueva denuncia de Impuestos Internos.

También se suma a la nómina Loreto Undurraga Casteblanco, quien está casada con Francisco José Brinkmann Estévez, cuñado de Pablo Longueira. Ella entregó boletas por $14 millones a SQM. Es profesora de educación básica, fue jefa de gabinete de la delegada Provincial de Santiago durante el gobierno de Piñera, donde recibía un sueldo de $1,3 millones. Loreto Undurraga, quien tiene una empresa de banquetería y dulcería que lleva su nombre, también ha recibido pagos de la UDI, de la Corporación de Asuntos Públicos y del Centro de Estudios Nueva Minería.

Rubén Carvacho Saéz y su esposa, Carolina Andrea Chamorro Martínez, también son nombres conocidos para Longueira. Carvacho es el ahijado que siempre nombra el ex senador. Hijo de feriantes, Longueira lo conoció en un campamento y lo apadrinó. Se tituló de abogado gracias a una beca de la Universidad Andrés Bello. Intentó sin éxito convertirse en diputado en las últimas elecciones. En el gobierno de Piñera trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Coordinación de Concesiones del MOP y fue director de la Empresa de Abastecimiento en Zonas Aisladas. Su padre, Rubén Carvacho Rivera, fue un dirigente de base clave para abrirle a la UDI la puerta de las poblaciones y es concejal por Conchalí. Carvacho Sáez y su esposa recibieron $5 millones cada uno de SQM.

En la ampliación de la querella del SII aparecen personas que reconocen haber entregado boletas sin haber hecho trabajos reales para la minera y otras empresas, a petición de estrechos colaboradores de Longueira. Solange Andrea Hermosilla Chandía entregó boletas a SQM por $5 millones. Hermosilla además, percibió en noviembre de 2009 otros honorarios bajo investigación por altos montos, de tres empresas distintas, una de ellas vinculada a Leay. En la indagación reconoció que no realizó trabajo alguno para SQM ni para otras empresas a las que también entregó boletas:

“Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, sólo emití la boleta de honorarios (2009), donde fui contactada por ‘Titi’ Valdivieso (Carmen Luz Valdivieso), quien al parecer es asesora de Pablo Longueira… El monto líquido ($5 millones) los recibí el 1 de diciembre de 2009, en mi cuenta corriente del Banco Santander y el día 3 los deposité en la cuenta corriente de ‘Titi’ Valdivieso, de acuerdo a las instrucciones que ella me dio. La primera vez ella me contactó por correo electrónico y luego me llamo por teléfono, pero nunca la conocí en persona… Accedí a lo solicitado por ella, porque estaba recién comenzando a trabajar y no nos pagaban en las fechas que correspondía, pasando dos meses sin recibir sueldo, por lo que no tenía dinero suficiente para mis deudas…”.

Pero Solange Hermosilla no sólo entregó boletas por trabajos no realizados a Soquimich. A pedido de la misma Carmen Luz Valdivieso entregó boletas -cuyos montos estaban destinadas a financiar campañas políticas de la UDI- a la Pesquera el Golfo y al Centro de Estudios Nueva Minería, en 2009 y 2010. Nunca prestó servicios para ambas entidades y los dineros recaudados recorrieron la misma ruta que los que pagó Soquimich: quedaron en manos de “Titi” Valdivieso.

Entre los nuevos denunciados por el SII, y que también afirman haber emitido boletas ilegales para SQM en una cadena coordinada por la misma asesora de Longueira (“Titi” Valdivieso), aparece el abogado Ricardo Andrés Jorquera Gutiérrez con boletas emitidas para SQM por $ 6 millones. Jorquera era entonces estudiante universitario y en la indagación reconoció que no prestó servicios para SQM y que lo hizo a petición de un compañero. Y agregó: “Son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de 10…”.

En la nueva nómina de la denuncia del SII aparece también José Carlos Feres Ducci, hijo de un ex asesor de Longueira en el Ministerio de Economía: Carlos Feres Rebolledo, quien encabezó las negociaciones por la Ley de Pesca y fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano. Feres Rebolledo también asesoró a Hernán de Solminihac en el MOP y a Juan Carlos Jobet en el Ministerio del Trabajo. Su hijo recibió honorarios de SQM por $12 millones.

Nexos con pesqueras

En la nueva nómina del SII figuran otros nombres relacionados con el sector pesquero. Uno de ellos es Alfonso Agustín Mora Domínguez, abogado asociado al estudio Baker & Mackenzie. Mora registra boletas para SQM por $12 millones y también ha recibido honorarios de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), además del Centro de Estudios Nueva Minería. Su hermana, María Loreto Mora Domínguez, también está incluida en la lista del SII por haber recibido honorarios de SQM por $16 millones.

Carolina Isabel Gazitúa Larenas es ingeniera en Administración de Empresas y fue asesora del ex senador Jaime Orpis. Paralelamente, prestó servicios a la pesquera del Grupo Angelini, Corpesca, empresa que le pagó $73 millones entre 2008 y 2013. Recibió honorarios de SQM por $3 millones.

También con honorarios pagados por Corpesca, entre 2008 y 2009, figura la abogada María Francisca Cuellar Toro. De SQM recibió $3 millones. Fue analista del Departamento Jurídico del Serviu de Tarapacá entre 2011 y 2013 y vicepresidenta de la Juventud UDI en 2004. Postuló al Concejo Municipal de Iquique ese mismo año. En 2008 fue secretaria municipal del alcalde de Alto Hospicio Ramón Galleguillos (UDI).

El abogado Sebastián Prat Panatt figura en la lista del SII con boletas emitidas para SQM por $2,5 millones. En 2009 también recibió honorarios de Asipes.

Pamela Cristina Campos Joost  también aparece con honorarios pagados por empresas pesqueras. En la denuncia del SII figura con boletas para SQM por $9,2 millones. Ha recibido pagos de Asipes y de Pesquera El Golfo. También registra pagos de la Universidad del Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, la UDI y la Municipalidad de Recoleta, además de Bancard, la sociedad de inversión del ex presidente Piñera. Pamela Campos prestó servicios a la campaña del ex mandatario en 2009 por $1,6 millón.

El factor Leay

Varias de las personas incorporadas en la nueva nómina del SII vinculadas a la UDI tienen como factor común su relación con el ex diputado Cristián Leay. Una de ellas es Trinidad Subercaseaux Alessandri, esposa de Alejandro Leay Cabrera, hijo del ex parlamentario. Ella emitió boletas para SQM por $5 millones y está demostrado que fue dinero para campañas políticas de la UDI. Esto fue lo que declaró ante funcionarios del SII sobre quién le pidió que emitiera las boletas:

“No me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento, lo más seguro es que haya sido por parte de la familia de mi marido Alejandro Leay, que tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a SQM, por lo tanto tampoco realicé ningún servicio, de hecho en esa fecha tenía mi hijo de 20 días de nacimiento. El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por $5 millones y luego se lo entregué a mi suegro, Cristian Leay Morán. No conozco a nadie de la empresa Soquimich S.A.”.
Cristián Leay

En el círculo de Leay también figura María Alejandra Bórquez Cousiño, quien recibió de SQM $40 millones.  Psicóloga titulada en la Universidad Central -especializada en “psicología clínica transpersonal”, tipo reiki y energía de la luz-, también ha recibido honorarios del Centro de Estudios Nueva Minería y de Inversiones Santa Mané, ambas vinculadas al ex diputado Leay.

Carmen Luz de Castro Blanco recibió $5 millones de SQM. Trabajó en campañas de Cristián Leay, según información publicada por El Mostrador, aunque es más conocida por su rol de mano derecha de Pablo Zalaquett. Ya declaró como imputada en el Caso Penta por la investigación sobre financiamiento ilegal de la candidatura a senador del ex alcalde de Santiago. El Mostrador indica que ha trabajado, además, en campañas de Pablo Longueira, Francisco de la Maza y Joaquín Lavín.

Familias ligadas a la UDI y SQM

Juan Pablo Aguerreberry Tesler fue incluido en la lista del SII porque facturó $46,2 millones a SQM que no están debidamente respaldados. Es abogado de la Universidad Andrés Bello y en julio de 2009 creó Azócar, Aguerreberry y Compañía (Demande.cl), empresa que presta asesorías legales. En septiembre del mismo año, Aguerreberry vendió su parte (50%) a su hermana Magda. El dueño de la otra mitad es el marido de su hermana, Octavio Andrés Azócar Simonet, quien también aparece en la lista del SII con boletas por $5 millones a SQM. La esposa de Aguerreberry, Laura Andrea Toledo Cruz, también integra la nueva nómina del SII con boletas a SQM por $14,8 millones.

En 2005  Octavio Azócar constituyó dos sociedades. La primera, Asesoría en Gestión Comunicacional, más conocida como Rush, junto al entonces alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo (UDI) y a Jenny Acevedo Sepúlveda, su ex jefa de gabinete, involucrada en el cobro de asesorías parlamentarias que luego se depositaban en la cuenta de Cornejo y su esposa, la diputada Claudia Nogueira (vea el reportaje de CIPER). La segunda fue Full Call, junto a Aníbal Rodríguez Letelier y Cristián Otaegui Cruchaga. Todos ellos vinculados al llamado “Caso GMA”, en que se investigaron triangulaciones y contratos irregulares ligados a campañas políticas en la zona norte de Santiago, y que finalmente fueron sobreseídos.

Azócar prestó servicios a Asesorías Cristina Zúñiga, consultora investigada por la Fiscalía por emitir facturas para el financiamiento de la campaña de Pablo Zalaquett (vea el reportaje de CIPER), y tiene relación societaria con Víctor Krefft Marín, a quien también el SII pide investigar como emisor de boletas para SQM por servicios no prestados.

Juan Pablo Aguerreberry fue vicepresidente de la juventud UDI (2001), candidato a diputado (2001) consejero nacional (2004-2008), secretario general por Santiago Poniente (2008-2010) y concejal por Renca (2008-2012). Al menos durante 2012 y 2013 prestó asesorías a la diputada Karla Rubilar (ex RN, hoy Amplitud) por un total de $13,6 millones.  Además, ha sido su abogado.

Laura Toledo prestó servicios de “supervisión de call center” durante la campaña de Joaquín Lavín en 2005, la misma candidatura a la que la empresa de su cuñado, Full Call, prestó servicios en ese rubro. Durante ese año también facturó a la campaña de la UDI, según los registro del Servel. Fue además asesora de Rubilar y del Centro de Estudios Nueva Minería y de Inversiones y Asesorías Santa Mané, ambas vinculadas al ex diputado Cristián Leay (UDI).

Otra familia relacionada a la UDI y a los pagos irregulares de SQM es la de Víctor Krefft Marín, quien entregó boletas por $4 millones a la minera de Ponce Lerou. Krefft es un histórico de la UDI. Fue presidente de su Consejo Metropolitano Poniente (hasta al menos 2013) e integró el mítico departamento poblacional de la UDI, formado por Pablo Longueira y donde participaron Roberto Lewin y Cristián Leay.

Según la rendición de gastos de la UDI para la campaña de 2005, Krefft recibió $1,6 millones por una asesoría de coordinación de las elecciones parlamentarias. Ha recibido rentas de la Cámara y del Senado. También ha trabajado para el ex diputado Gonzalo Uriarte y la sociedad de Jovino Novoa, Inversiones y Mandatos (ya involucrada en la investigación a Penta), además de la UDI.

En el Diario Oficial registra sólo una sociedad -Consultores Integrados Limitada-, en la que junto a su esposa Viviana Pavone Ferrer es socio del alcalde de Colina Mario Olavarría (UDI) y de Miguel Schweitzer Fernández (abogado defensor de Novoa), entre otros.
Juan Pablo Aguarrebery

Viviana Pavone también recibió pagos de SQM por un total de $10 millones. Fue asesora de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia (entre 2012 y 2014) con un honorario bruto de $1,3 millón. La página de Transparencia del gobierno la registra con licencia médica durante todo el periodo. De profesión Técnico en Turismo, fue candidata a alcaldesa UDI por Isla de Maipo en 2008, pero su postulación fue rechazada inicialmente por no contar con administrador electoral. Apeló al Tribunal Calificador de Elecciones y la apelación la realizaron Juan Antonio Coloma y el partido, y su apoderado, Juan Pablo Aguerreberry.

Su hijo, Francisco Krefft Pavone, emitió boletas por $13,5 millones para SQM. En 2011 y 2012 recibió honorarios de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad que es dueña de la casa vecina a la UDI, donde funcionan las oficinas de los senadores. El reporte de sustentabilidad de SQM de 2010 define a esta corporación como “colaboradora” de la empresa.

Gremialistas por Piñera

En la nómina de querellados por el SII hay otros nombres vinculados a la UDI que además recibieron pagos por trabajar para Piñera. El abogado Enrique Javier Óscar Gillmore Carmona, director nacional de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián, figura en esa situación. El hijo del brigadier (r) Enrique Gillmore Callejas cobró $13 millones a SQM. Además, registra honorarios pagados por Inversiones Santa Cecilia, sociedad de Sebastián Piñera. También realizó trabajos para el ex diputado Darío Paya (UDI) y prestó servicios a la campaña a diputada de Remza Delic (UDI) por $3 millones.

En la nómina de querellados también aparece un estrecho colaborador de la gestión presidencial de Piñera: Roberto Ignacio Lewin Vial, hijo de Carlos Lewin Valdivieso, militante histórico de la UDI, quien fue jefe de la avanzada presidencial durante toda la gestión de Piñera. No era su primera vez en La Moneda: en La Tercera aparece como asesor de Cristián Labbé cuando éste fue secretario General de Gobierno durante el régimen militar. Integró el departamento poblacional de la UDI y fue consejero regional metropolitano de ese partido. Su hijo -abogado de la Universidad de Los Andes con un master en Duke-, quien asesoró al diputado Cristián Monckeberg (RN) en 2010 y 2011, entregó boletas a SQM por $11,7 millones por servicios que él mismo reconoció en la indagación nunca prestó a esa empresa. Actualmente trabaja en el estudio Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr.

Otro de los querellados es Robert Gerhard Araya Alquinta, ex concejal UDI y ex candidato a alcalde por Antofagasta, quien emitió boletas para SQM por $14,9 millones. En 2010, según los archivos del Servel, Araya Alquinta fue remunerado por “trabajo en terreno” para la campaña de segunda vuelta de Piñera. Por ese servicio cobró $548.000. Araya también se desempeñó como encargado distrital de la campaña de Piñera en Antofagasta y tras la victoria de su abanderado fue nombrado director regional de Sercotec.

Comunicadores UDI

La ex jefa de prensa de la UDI, Lily Alejandra Zúñiga Flores, también está incorporada a la denuncia del SII. La periodista trabajó con Pablo Zalaquett y Pablo Longueira y en las últimas presidenciales se encargó primero de las comunicaciones de Longueira y luego de las de Evelyn Matthei. Entre 2012 y 2013 asesoró al comité de senadores del partido. En agosto de 2014 fue contratada por el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), para una asesoría comunicacional. Poco antes se asoció al ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo (UDI) para crear la empresa Comunicaciones Connectiva. Su nombre en Twitter es @negraudi y su biografía informa que es la dueña de Sumaya Comunicaciones. A SQM le facturó $6,2 millones.

También periodista, Augusto Jorge Da Fonseca Dreyer, recibió $6 millones de SQM. Fue asesor comunicacional de la Intendencia Metropolitana entre 2010 y 2013. Antes trabajó en la Municipalidad de Providencia, en la agencia Target Comunicaciones -de los periodistas Paula Afani y Jorge Díaz, entre otros–, en el Canal Vía X, en el comando presidencial de Joaquín Lavín, en la agencia de comunicaciones Hill & Knowlton Captiva y en la Academia de Guerra del Ejército.

Socia del emblemático periodista y asesor de la UDI Manfredo Mayol, María del Pilar Guridi Bravo es militante de ese partido y entregó boletas a SQM por $5 millones. Con Mayol y Jorge Manzano creó en 2012 la sociedad CG Consultores. Ese mismo año se asoció con Manzano en Inversiones y Asesorías San Paoli. Ha recibido rentas de Mayol y Cía., de la Corporación de Asuntos Públicos y de la UDI. Además, en la campaña 2013 aparece cobrando $8,8 millones como asesora de Evelyn Matthei.

María Paz Schuster Pinto es periodista y psicóloga. Trabaja en el Sernam desde agosto de 2010 como sectorialista de Desarrollo Regional y Coordinación Intersectorial. De SQM recibió $1 millón y también registra pagos del Centro de Estudios Nueva Minería.

La periodista Karin Renate Grollmus Fritz es subdirectora de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes. Fue jefa de Comunicaciones del Ministerio de Economía bajo la gestión de Pablo Longueira y del Ministerio de Justicia, cuando lo encabezaba Teodoro Ribera. Trabajó en las dos campañas presidenciales de Joaquín Lavín, además de desempeñarse en los municipios de Las Condes y Santiago cuando Lavín fue alcalde. Ha recibido pagos de Inmobiliaria Ainavillo -a través de la cual Lavín invertía en la Universidad del Desarrollo- y de la Fundación Chile Justo, creada por Pablo Longueira. De SQM recibió $3 millones.

La diseñadora gráfica Francisca Wiegold Herrera registra $9 millones en boletas a SQM. En su LinkedIn dice que prestó servicios para la campaña municipal UDI de 2012, pero curiosamente el informe de gastos del Servel sólo arroja que le pagaron $ 5.499 de la campaña a concejal por Puente Alto de Benjamín Palacios. También ha recibido honorarios de la Fundación Jaime Guzmán.

Pablo José Jansana Soto es periodista y fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional  en 2011 y de la Subsecretaría de Prevención del Delito el mismo año. Fue candidato a concejal por Pedro Aguirre Cerda en 2012. Entre 2013 y 2014 asesoró a la Subsecretaría de Obras Públicas. Ha recibido pagos de la Universidad del Desarrollo y de Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby de Cristina Bitar. De SQM recibió un pago de $ 4 millones.

Profesionales ligados a la UDI

En la larga lista de personas que recibieron pagos bajo investigación de SQM y que están vinculados a la UDI, figuran otras 23 personas:

Recibiendo paralelamente rentas de la UDI y pagos de honorarios de SQM, aparecen Juan Carlos Montecino Tejo y Viviana Elizabeth Mora Godoy. El primero recibió $36,8 millones de la empresa de Ponce Lerou y en 2010 también realizó trabajo en terreno para la candidatura de Sebastián Piñera, labor por la que cobró $3,2 millones. Viviana Mora, en tanto, emitió boletas para SQM por $33 millones.

Boris Alejandro Rocha Medina registra honorarios pagados por la UDI y por la Corporación de Asuntos Públicos. Para SQM emitió boletas por $9 millones. En 2012 trabajó para el candidato a alcalde de la UDI por Pedro Aguirre Cerda, Rafael Izquierdo. Ese mismo año también recibió honorarios de la Subsecretaría del Interior, donde coordinó actividades territoriales con el gabinete del subsecretario Rodrigo Ubilla.

Esteban Emilio Gal Oliva recibió $3,5 millones de SQM. En su perfil de LinkedIn dice que es el gerente general de CIS Chile (Centro de Investigaciones Sociales), que tiene a Gonzalo Müller, dirigente de la UDI y esposo de la diputada María José Hoffman, como uno de sus fundadores. Junto al ex diputado Darío Paya, Müller creó Benchmark, la principal encuestadora del partido.

Marcelo Alfredo Rivera Olave en su cuenta de Twitter se define como “gremialista y UDI”. Estudió Derecho en la Universidad Andrés Bello, se declara experto en debate y es profesor universitario, pero cuando en 2012 trabajó en el Ministerio de Educación como asesor estudiantil aún figuraba sin título universitario. También registra honorarios de la UDI y de la Fundación Jaime Guzmán. A SQM le entregó boletas por $7 millones.

Manuel Óscar Rodríguez Campillay es abogado y fue notario suplente de la Primera Notaría de Arica. En noviembre de 2010, Sebastián Piñera lo nombró integrante de la junta directiva de la Universidad de Tarapacá. Fue candidato a concejal por RN en Arica en 1992 y en 2014 corrió por la UDI para el consejo regional. Entregó boletas a SQM por $25,5 millones.

Tatiana Araceli Aránguiz Palacios, según la información que publica en Facebook, estudió Técnico en Enfermería en el AIEP. Sus boletas para SQM suman $16,8 millones y también figura con rentas de bajo monto pagadas por la UDI y la Fundación Jaime Guzmán.

Catlin Valeska Sepúlveda Beltrán en 2013 trabajó en la campaña para consejeros regionales de la UDI y cobró $ 2,2 millones. Emitió boletas para SQM por $15 millones y en los últimos años ha recibido honorarios de la UDI y de la Corporación de Asuntos Públicos.

Gabriel Esteban Jiménez Celsi es abogado de la Universidad del Desarrollo. En el gobierno de Piñera trabajó en la Subsecretaría de Economía, como asesor legislativo del subsecretario Tomás Flores. Entregó una boleta a SQM por $5 millones.

Carolina Undurraga Sattler es ingeniera civil industrial de la Universidad Diego Portales. Trabaja en Icondesign, empresa que se presenta como “partner” de Triangular, la consultora de comunicaciones estratégicas de Pablo Zalaquett. Sus boletas a SQM alcanzan los $5 millones.

Daniela Victoria Cabrera Rojas es diseñadora y trabaja en la Onemi desde 2010. SQM le canceló honorarios por $5 millones y anteriormente también recibió pagos de la UDI.

Gustavo Mauricio y Nicolás Orlando Guiñez Ramírez son mellizos, abogados y ambos emitieron boletas para SQM. Nicolás recibió $10 millones y Gustavo, la mitad de ese monto. Además, han recibido pagos del Centro de Estudios Nueva Minería.

Maximiliano Rafael Bellolio Gutierrez estudia Periodismo en la Universidad de Los Andes y es primo del diputado Jaime Bellolio (UDI). Sus boletas a SQM suman $3 millones.

Gustavo Adolfo y Alejandro Wolfgang Urra Lorca son hermanos y emitieron ambos boletas para SQM: Gustavo por $ 5 millones y Alejandro, por $ 4,3 millones. Este último, egresado de Derecho de la Universidad Católica y licenciado en Historia y Geografía, es encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, que reúne a los alcaldes de derecha escindidos de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ha sido, además, asesor de la Municipalidad de Colina, cuyo alcalde es Mario Olavarría (UDI).

Sebastián Ignacio Gallardo Céspedes es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Gabriela Mistral. En las elecciones de 2013 recibió pagos de las campañas de Evelyn Matthei, Patricio Melero y Roberto Lewin, que sumaron poco más de $12 millones. También ha recibido honorarios de la Fundación Jaime Guzmán y de SQM recibió $5 millones.

Sofía Daniela Jaña Cabezas es secretaria ejecutiva de la Juventud UDI y coordinadora del programa Mujeres en la Cancha. Egresó de Fonoaudiología en diciembre de 2014. Ha recibido honorarios de la UDI y sus boletas a SQM suman $5 millones.

Andrés Antonio Fuentes Echevarría fue candidato a concejal por Lo Prado en 2008 como independiente dentro de la lista de derecha. Ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán. En la nómina del SII aparece con pagos de SQM por $5 millones.

Paula Fernanda Labra Quezada es hija de Rosa Quezada Canales, quien dice ser recepcionista de la sede de la UDI en su perfil de Linkedin. Paula Labra recibió honorarios de la Universidad del Desarrollo entre 2000 y 2002. Las boletas a SQM que le cuestiona el SII suman $6 millones.

Silvana Lorena Vega Pinto esasesora de los diputados de la UDI José Antonio Kast y Felipe Ward. Antes trabajó a honorarios para el ex diputado Mario Escobar (UDI), condenado por fraude al Fisco. De SQM recibió $2 millones.

Karen Fabiola Villarroel Gallo es abogada y recibió $5 millones de SQM. También registra pagos de Genesis Partners, la empresa de la que era socio el ex subsecretario Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva por la investigación a Penta.

Toloza y Compañía Limitada es una sociedad creada por Víctor Hugo Toloza Zapata y Pablo Antonio Toloza Fernández. La empresa facturó $2,5 millones a SQM. Pablo Toloza milita en la UDI y fue gobernador y luego intendente de Antofagasta en el gobierno de Piñera. Víctor Hugo Toloza, en tanto, fue funcionario del Servicio Electoral al menos entre 2006 y 2013.

María Francisca Orellana Lazo emitió boletas para SQM por $4 millones y ha recibido pagos del Centro de Estudios Nueva Minería.

Los nombres de Renovación Nacional

En la nueva denuncia de Impuestos Internos figuran 15 personas que CIPER identificó como relacionadas con Renovación Nacional (RN), las que recibieron de SQM un total de $337,5 millones (vea la nómina). El monto más alto lo percibió Claudio Eguiluz Rodríguez, uno de los principales “caciques” de RN en la Región del Biobío, actual consejero regional y ex vicepresidente nacional de ese partido. Las boletas para Eguiluz pagadas por la empresa de Julio Ponce Lerou suman $112,5 millones.  

Eguiluz ha señalado que hizo asesorías en los últimos tres años para SQM, pero no ha detallado en qué consistieron esos trabajos. Pero si ahora su nombre está en la nómina del SII, es porque en los libros de la minera de Ponce Lerou no hay comprobantes que acrediten su trabajo.

De los 15 contribuyentes vinculados a RN bajo la mira del SII, cinco forman parte del círculo cercano a Gustavo Alessandri Balmaceda, ex diputado de ese partido derrotado en las elecciones de 2009. El ex parlamentario recibió pagos de SQM por $10 millones.

Las personas investigadas relacionadas con Alessandri son: su hijo Gustavo Alessandri Bascuñán, actual concejal UDI por Puente Alto (emitió boletas para SQM por $23 millones); su hija Antonia Alessandri Bascuñán (recibió $17 millones de SQM y también hizo asesorías para el ex diputado Cristián Leay); Ana Carolina Palacios Silva, hija del coronel (r) del Ejército Mauricio Palacios Amigo y tiene nexos familiares con una socia del ex diputado Alessandri (recibió $45 millones de SQM); su hermano, Mauricio Sebastián Palacios Silva (quien recibió $5,9 millones), y Nicole Etcheberry Spadaro, periodista que trabajó en la campaña de Alessandri y que bajo la administración del presidente Sebastián Piñera fue contratada por la Secretaría General de Gobierno (entregó boletas a SQM por $3 millones).

Entre las personas vinculadas a RN que figuran en la nueva denuncia del SII también está el abogado Carlos Eugenio Castro Castro, quien recibió $31 millones de SQM. Trabajó en el estudio jurídico PDD & Cía., del ex intendente de Santiago Juan Antonio Peribonio, y hoy en el bufete De la Maza y Cía., en cuya página web se lo presenta como ex abogado del Ministerio del Interior.

En la lista también está el contador auditor René Ludwing Hormazábal Farías, quien emitió boletas a SQM por $17 millones. Hormazábal también ha recibido rentas del Instituto Libertad, entidad vinculada a RN, y fue funcionario a contrata del Ministerio del Interior hasta diciembre pasado, con un honorario de $2 millones.

María José Rufin Velasco entregó boletas a SQM por $13,3 millones y también aparece recibiendo pagos de Renovación Nacional en 2009. Casada con Andrés Silva Troncoso, abogado y socio del bufete Larraín y Asociados, fundado por Carlos Larraín Peña, ex presidente de RN y ex senador por la Región de los Ríos.

Patricio Marcelo Lazcano Silva recibió pagos de SQM por $11 millones. Lazcano fue concejal por San Joaquín, en representación de RN (2004-2012). En 1999 fue jefe de gabinete del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (RN), y luego su director jurídico hasta 2005. Después fue, sucesivamente, director de Desarrollo Comunitario, director Jurídico y administrador municipal de la comuna de La Florida bajo la alcaldía de Pablo Zalaquett (UDI). En 2008, cuando Zalaquett asumió la alcaldía de Santiago, se llevó a Lazcano con él, y lo nombró director jurídico de la municipalidad. Ahora es director jurídico de Lo Barnechea, bajo la gestión del alcalde Felipe Guevara (RN).

Lazcano facturó para SQM, pero no hizo trabajos para la minera, sino para la Fundación Chile Justo, según él mismo lo reconoció en la indagación: “Entregué un informe sobre las sociedades de inversión pasiva, el cual fue pagado en las dos boletas de honorarios señaladas. Los servicios los presté el año 2009 y la generación del informe tomó un tiempo aproximado de tres meses. Los servicios los realicé en mi casa. El informe se lo entregué a la Fundación, a la directora ejecutiva (Titi). No recuerdo haber recibido el dinero… Fue la Fundación Chile Justo quien me solicitó que las boletas de honorarios las emitiera a nombre de SQM, pero el servicio sí lo realice”.

En la nómina también aparece Karole Patricia Aliaga Rodríguez, quien registra boletas para SQM por $10 millones y que en el Servel figura en la planilla de gastos declarada por RN para la elección municipal de 2004, cobrando $5,5 millones por una asesoría para la campaña de concejales.

Cristóbal Urruticoechea Ríos emitió una boleta para SQM por $900 mil. Ex concejal y ex candidato a alcalde por Los Ángeles, en 2013 Urruticoechea fue candidato a diputado de RN por esa misma circunscripción y aunque obtuvo la segunda mayoría, fue desplazado por el sistema binominal. Ese mismo año figura recibiendo honorarios de Inmobiliaria Lo Fontecilla, propiedad del ex presidente de RN, Carlos Larraín.

Daniel Esteban Gutiérrez Fariña entregó boletas a SQM por $18 millones. En un reportaje publicado por CIPER el 24 de marzo pasado se estableció que forma parte del círculo cercano al consejero regional del Biobío Claudio Eguiluz (RN). Desde marzo de 2012 a diciembre de 2014 Gutiérrez trabajó como coordinador en la Región del Biobío de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría General de Gobierno. Reconoció haber trabajado durante 2014 para SQM en una asesoría informática, de la que no entregó detalles, y negó que dicha situación se relacione con financiamiento político operado por Eguiluz.

La nómina de contribuyentes investigados por el SII y vinculados a RN la cierra el abogado Alejandro Octavio Alegría Tapia, quien recibió pagos de SQM por $4,8 millones. En 2012 prestó servicios a la entonces diputada de ese partido, Karla Rubilar, hoy militante de Amplitud. En octubre de 2013 el abogado Alegría Tapia fue imputado por el Ministerio Público en una causa contra una banda que desvalijaba cajeros automáticos, pues se le acusó de haber aceptado que los delincuentes le pagaran con especies robadas (relojes de lujo) o dinero en efectivo producto de los atracos.

Fuente: CIPER Chile

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