La lista es larga y “generosa”, al no dejar fuera prácticamente ninguna esfera de la vida nacional y su larga geografía. Y es que los “escándalos” –“casos” se los llama- suman y siguen. En este mismo ejemplar de El Siglo analiza Hugo Fazio, con su rigor acostumbrado, la colusión de las navieras. Para no agotar al lector, consignemos, y sólo de pasada, otras de parecida connotación: farmacias, pollos. Agréguense a ellas los casos Cascadas y, en el más estricto presente, Penta.

 

La inmensa mayoría, cercana a la unanimidad, de quienes aparecen comprometidos en esos negociados pertenecen a las filas de la derecha pinochetista: ¿casualidad o estricta causalidad?

No difieren en el fondo las realidades comprobables en las exorbitantes ganancias de la banca, las isapres y las AFP.

Nos decíamos “un país libre de corrupción” y gustábamos compararnos con “los malos vecinos”. Hasta que la realidad nos llamó a ser más prudentes y modestos.

Pero la pregunta es no sólo desde cuándo somos un territorio alcanzado por los virus de la corrupción, sino también su porqué.

No hay que ser un sutil analista o historiador para responder a tales preguntas: desde cuándo, desde la dictadura; el porqué, la implantación del modelo neoliberal puro y duro.

Todo eso, dictadura y modelo neoliberal, comparten un rasgo común: la violencia extrema, los atentados a los derechos humanos y su aun vigente impunidad. En otras palabras, el Terrorismo de Estado.

Fue a finales del decenio de los 50 del siglo pasado que se constituyó en nuestro país el llamado “Bloque de Saneamiento Democrático”, durante el gobierno de Ibáñez. Entre sus logros más trascendentales se encuentra una reforma electoral que, por la vía de la Cédula Unica, puso fin al cohecho en sus formas más descaradas.

Pero las desigualdades sociales persistían, y con ellas la posibilidad de influir a través del dinero en las instituciones de la república y en lo que hoy llamamos “la forma de hacer política”.

Y entonces, al “desde cuándo” –la implantación de la dictadura- habría que agregarle la impunidad. Y es que mientras subsistan “bolsones de impunidad”, no se cerrará el “desde cuándo”. Impunidad no sólo ante los crímenes de sangre, también frente a los “de cuello blanco”, como los protagonizados por quienes se apropiaron de los bienes y recursos del país, entrando a saco en las empresas del Estado y estableciendo el modelo que hoy nos agobia. Y sus “valientes” héroes tienen nombres y apellidos y circulan por calles y directorios, parlamento y municipios, en plena y desvergonzada impunidad.

Y en cuanto al porqué, o cómo, respondamos con el modelo económico social. Allí está la gran fuente de la corrupción.

A la pregunta del porqué del neoliberalismo imperante, es preciso responder con, al menos, algunas consideraciones. Una de ellas, el rol “subsidiario” del Estado. Ello se manifiesta no sólo en la ausencia de esos controles efectivos que hoy aparecen en toda su dramática dimensión, sino en la utilización del Estado y sus recursos por los grandes intereses económicos y financieros que con sus prácticas dolosas diariamente argumentan en contra de la llamada “economía social de mercado”, con su “libre competencia” y el valor de los “emprendimientos”, cualesquiera que éstos sean.

Tienen la injusticia social y la impunidad penal y política poderosos aliados en la explotación extrema de las mayorías. Ya no es hoy el PEM y el POJH, pero hay otras formas más sutiles, en especial la subcontratación en el campo laboral y la mantención de extensas redes privadas en los campos de la salud y la educación que no siempre cumplen con los estándares éticos y de calidad exigibles.

Las reformas en curso, y por cierto son ilustrativas al respecto las resistencias que provocan en los círculos más privilegiados, apuntan al fondo del problema. Y es que se requiere una democracia “saneada” –de binominalismo así como de la influencia agobiadora del dinero- para detectar y combatir toda manifestación de corrupción.

Y también se requiere de una serie de cambios de fondo para que recuperen sus derechos, de participación y de decisión, las mayorías ciudadanas, en particular los trabajadores y en más de una esfera esa mayoría nacional que constituyen las mujeres.

Y por eso, entre otros argumentos que fácilmente incorporará cada uno a este insuficiente intento expositivo, aparecen como legítimas y urgentes las reformas que en estos días se aprueban o tramitan, o están en marcha hacia el legislativo. La comprensión cabal de esta realidad va en abono de la movilización y la expresión de todos quienes están comprometidos en esta gran empresa: combatir de raíz la corrupción, la delincuencia de clase; toda forma de exclusión, cualquiera sea su pretexto; las inaceptables exclusiones, la desigualdad como un dato de la naturaleza.

(*) Editorial del semanario El Siglo

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