Abogado de CONADECUS Responsabiliza a Ricardo Lagos por Impunidad en Colusión Farmacéutica

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El actual abogado de la CONADECUS, Mario Bravo (en la foto), trabajó por 12 años en la Fiscalía Nacional Económica, institución que destapó la colusión de las farmacias para subir los precios de los medicamentos y que, pese a ello, sus ejecutivos quedaron absueltos. Bravo dice que esto se veía venir, que los tribunales han actuado bien y que la culpa de todo la tiene el Ejecutivo, los parlamentarios y los grandes empresarios porque no tienen real voluntad política para terminar con el monopolio.

 

Fue en 2003 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, en plena reforma procesal penal y recién conocido el caso Coimas que derivó en el caso MOP-Gate -escándalos de cohecho y corrupción-, cuando el delito de colusión fue derogado.

Algo que años más tarde abriría una caja de pandora para que ciertas empresas actuaran de manera monopólica y concentraran el dominio del mercado. Así pasó con el bullado caso Farmacias, en el que las cadenas Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada -que controlan el 90% del mercado- fueron acusadas de subir los precios de sus medicamentos.

El hecho fue destapado en 2008 por la fiscalía nacional económica, quien denunció supuestas conductas anticompetitivas ante el tribunal de libre competencia. En esa oportunidad, dicho tribunal condenó a Cruz Verde y Salcobrand pagar multas de 19 millones de dólares.

Solo Ahumada reconoció la colusión, por lo que llegó a un acuerdo previo de pagar 1 millón de dólares. Pero el escándalo no quedó hasta ahí. Como no existía la colusión como delito, la Fiscalía formalizó en 2012 a 17 ejecutivos de las tres cadenas por alteración fraudulenta de precios, lo que luego sufrió un duro revés.

La causa fue suspendida por un año y se determinó que los ejecutivos debían asistir a un programa de capacitación sobre ética empresarial, además de hacer donaciones a ONG’s de salud, tanto en dinero como en medicamentos. Sin embargo, esta semana todo quedó en nada.

Tras siete años de juicios, finalmente la justicia determinó absolver de toda responsabilidad a los ejecutivos debido a que la Fiscalía no logró demostrar el ilícito. “Las multas allá (en el extranjero) te llevan a la bancarrota y además las sanciones incluyen cárcel para los ejecutivos”, explica el abogado de Conadecus, Mario Bravo, en la siguiente entrevista.

-¿Cómo recibe el fallo que absuelve a diez ejecutivos del llamado caso farmacias?

-La conducta de las farmacias es absolutamente reprochable, la colusión es sin lugar a dudas un delito muy grave por los montos involucrados y por el tipo de productos. Ahora bien, compartimos el fallo porque es conforme a derecho, los tribunales no podrían haber hecho ninguna otra cosa que haber absuelto a los ejecutivos. La colusión como delito fue eliminada en 2010 por el presidente Lagos y si hay alguien responsable de que la colusión no fuera sancionada es justamente el presidente Lagos, que siendo abogado es un hombre con conocimiento en materia económica. Es como el adulterio, que no está tipificado. Si hoy un tribunal condena a un hombre o a una mujer por cometer un adulterio sería absolutamente injusto porque el delito no existe.

-¿Por qué no se reconoció el delito de alteración fraudulenta de precios de los medicamentos?

-Lo que pasa es que lo que se estaba pretendiendo juzgar ahora era la conducta de los ejecutivos desde el punto de vista penal y como no existe el delito de colusión, se recurrió a un artículo del Código Penal que es de 1860, que establecía una sanción para la alteración de los precios por ejemplo para casos en que en esa época vendieran un kilo de papas en un pesa que estaba mal calibrada. Eso es algo totalmente distinto a la colusión. No podía configurarse la alteración fraudulenta de precios que es un delito que en más de 100 años jamás ha sido sancionado y que evidentemente el legislador de la época no lo concebía para la colusión. La Fiscalía Pública estaba consciente de esa situación.

-La Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue una de las instituciones que destapó el caso, pero dentro de sus atribuciones solo puede multar a las empresas. ¿No le parece que la FNE está de manos atadas al no poder imponer sanciones penales, de presidio efectivo, por ejemplo?

-Evidentemente. Nosotros estamos de acuerdo en que la colusión sea sancionada con pena de cárcel y que se aumenten considerablemente las multas, como está en el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente. Creo que ni el gobierno ni los empresarios han asumido todavía la necesidad de respetar las normas de la defensa de la libre de competencia.

-¿Y eso por qué?

-No hay una cultura. Lo lógico sería juntar a los consumidores a través de Conadecus, a la Asech, que es la asociación de emprendedores, y a los grandes empresarios porque no concebimos si no que todos estén de acuerdo en la necesidad de proteger a los consumidores, proteger la libre competencia. Yo diría que en Chile hay solo un mercado que es competitivo, que es el de los restaurantes, si tú vas a un restaurante vas a ver que en general te atienden bien. Tienen consciencia de que el consumidor tiene todos los derechos del mundo porque saben que si te atienden mal vas a ir al de al lado. Eso no pasa en grandes temas como electricidad, telecomunicaciones, puertos, son una serie de mercados que están muy concentrados.

-¿Cómo funciona esa institución en el extranjero? ¿Se debería homologar las atribuciones que tienen allá?

-En Estados Unidos, por ejemplo, existen dos instituciones que se manejan en temas de libre competencia: la comisión antimonopolio y el propio departamento de Estado norteamericano. Tienen facultades durísimas, las multas allá te llevan a la bancarrota y además las sanciones incluyen cárcel para los ejecutivos. Hay una cultura de la libre competencia y es por eso que hay mucho emprendimiento, por eso tú puedes empezar desde abajo y llegar hasta muy arriba.

¿Cree que se justifican los montos con los que la FNE multa a las empresas sancionadas, versus las cantidades de dinero que deben pagar cuando reciben castigo por parte de organismos reguladores de EE.UU.?

-Sin lugar a dudas las multas actuales son insuficientes.

-En Chile la colusión ni siquiera está tipificada en la ley. ¿Qué tipo de riesgos hay con este vacío?

-El riesgo es que existe una cultura de la colusión. Incluso más, hay carteles en Chile que están institucionalizados por ejemplo el del gas. Metrogas está mezclada con Abastible y Copec. Ahí en materia de energía residencial están todas las empresas relacionadas, es un cartel a la luz del día con escrituras públicas, con directores comunes y eso lo sabe todo el mundo. De hecho, nos llama profundamente la atención que el ministro de Energía nos diga a la Conadecus que es impresentable la estructura de propiedad que tiene el mercado del gas hoy y no haya hecho absolutamente nada.

-Antes de que fuera derogado el delito de colusión, nunca se había aplicado un castigo penal. ¿Qué le dice eso?

-Volvemos a lo mismo: una falta de cultura, de apreciar la importancia de la libre competencia. Ahora, hay que tener presente que en esa época había un sistema procesal penal distinto al de actual. El actual es mucho más compatible con la legislación antimonopolio porque es una que se acerca mucho más a la norteamericana.

-¿Por qué era tan difícil aplicarlo?

-Pienso que en Chile el problema no es la legislación, si no que la falta de voluntad política para aplicar la legislación.

-¿Pero entonces no fue un error haberlo derogado considerando que se hizo en medio del estallido de uno de los casos de corrupción más polémicos del país, como lo fue el MOP-Gate?

-No sé cómo calificar lo que hizo el Presidente Lagos porque ni siquiera me parece un error, me parece que el concubinato que tuvo con el empresariado en Chile está dando los resultados ahora. Yo creo que el presidente Lagos privilegió a los empresarios y a los malos empresarios, no a los que competían.

-¿La legislación actual mide con la misma vara al ciudadano común y corriente en comparación a personas con mayor poder y que son empresarios?

-Yo no tengo la impresión de que los tribunales de justicia hagan esa discriminación. Evidentemente la legislación en materia de delitos económicos tiene que mejorar, pero eso es la legislación que está a cargo de los parlamentarios. Ahí es donde nosotros vemos grandes problemas a la hora en que se elaboran los proyectos de ley, a la hora en que se votan y que generalmente llegan con una intención y terminan muy diluidos. No voy a decir ninguna novedad al decir a que parte del poder Ejecutivo y Legislativo ha estado capturado por los intereses económicos.

-¿Hay una desproporción en cómo están estructuradas las leyes?

-Sin lugar a dudas. Todo el mundo sabe que hay una desproporción entre los delitos de cuellos y corbata y los delitos comunes. Pero mientras no exista un cambio de legislación, los jueces tienen que aplicar la legislación vigente.

-¿No se corre un riesgo en que esto sienta un precedente para que los otros casos de colusión tampoco lleguen a nada?

-Con la actual legislación vigente se han aplicado las máximas multas, pero no hay más. En el caso de la colusión de los pollos tengo muy claro que el Ministerio Público no va a iniciar un proceso contra ellos porque no va a sacar nada, igual que ahora.

-¿Y qué pasa con los consumidores? Finalmente ellos se sienten estafados al ver que los empresarios o ejecutivos que cometen delitos salen libres de toda responsabilidad.

-Aquí el problema de incertidumbre y desconfianza que tienen los consumidores no lo pueden dirigir al Poder Judicial porque está funcionando muy bien. Lo que pasa es que el legislador debe reconocer como delito aquellas conductas que la sociedad chilena considera reprochable, a tal punto que deben ser sancionadas con cárcel y uno de ellos es el delito de colusión.

Fuente: CONADECUS

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