Por pura casualidad, en momentos en que se debate en nuestro país la urgente necesidad de que las fuerzas armadas entreguen toda la información sobre la violación de los  derechos humanos, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, luego de participar como expositor en el seminario “¿Asamblea Constituyente, Reforma Constitucional o Proceso Constituyente?”, organizado por la Universidad del Desarrollo, se refirió a los “correos que vinculan a las FARC con el PC, encontrados en el computador de Raúl Reyes”.

 

Es comprensible que la ultraderecha chilena desee crear una cortina de humo respecto a su complicidad en la violación de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, pero que el señor procurador general de Colombia se preste para hacerles el juego, fuera de desprestigiar su alto cargo y, tal vez sin intención, está interviniendo en política interna de nuestro país.

¿A título de qué, saca a relucir los correos  que vincularían a las FARC con el PC chileno y el pueblo mapuche, que según se demostró, eran totalmente falsos y que el famoso computador del señor Raúl Reyes había sido manipulado, si el señor Ordóñez fue invitado como expositor a un seminario sobre la Asamblea Constituyente?

Con fecha 6 de octubre de 2010, se publicó en este medio un artículo de mi autoría con el título “La derecha sí sabe de terrorismo II”, en que se explicaba, justamente, el montaje en que había participado el propio presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Me permito reproducir el artículo completo, para que se comprenda el contexto en que se escribió.     

LA DERECHA SÍ SABE DE TERRORISMO II  (6-10-2010)   

E la primera parte de este artículo, decíamos que el 2 de agosto se habían conmemorado los 30 años del peor atentado terrorista que ha sufrido Italia en la post guerra: una bomba colocada en la sala de espera de la estación de trenes de Bolonia, deja 85 muertos y más de doscientos heridos. Autores de este atentado terrorista, miembros del grupo fascista (extrema derecha) Ordine Nuovo. Este hecho lo relacionábamos con el aniversario número 40 de la elección del ex presidente Salvador Allende.

Como referíamos en la nota anterior, los atentados terroristas de la derecha, habían comenzado en 1969. Durante ese año, poco antes de Navidad, estallan 4 bombas en la Piazza Fontana de Milán; saldo: 16 muertos y 80 heridos, la mayoría campesinos que iban a depositar el resultado de sus ventas del día en el mercado al Banco Agrícola, ubicado en esa plaza. La responsabilidad de esa masacre fue achacada a los comunistas y a la extrema izquierda, con la lógica consecuencia de una ola de arrestos de militantes de esas corrientes. Además, componentes de artefactos explosivos fueron depositados en la casa de Giangiacomo Feltrinelli, famoso editor  de izquierda.

Después de los atentados de la Piazza Fontana en 1969 y de Peteano en 1972, otros actos terroristas volvieron a ensangrentar al país: 28 de mayo de 1974 en Brescia (provincia de Lombardía), una bomba dejó ocho muertos y 102 heridos entre los participantes en una manifestación antifascista. El 4 de agosto de 1974, un atentado a bordo del tren Italicus Express, que une Roma con Munich, mató a 12 personas e hirió a 48.

“Según estadísticas oficiales, entre el 1° de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1987, se registraron 14 mil 591 actos de violencia con motivos políticos”,  afirmó el senador Giovanni Pellegrino, presidente de la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la red Gladio y el terrorismo. Estas acciones causaron la muerte a 491 personas y heridas y mutilaciones a otras 1181. (1)

El atentado a la estación de trenes de Bolonia, se podría marcar como el punto culminante de esa ola de violencia terrorista de derecha. Es más, la masacre de Bolonia está tipificada como el mayor acto terrorista que haya sufrido Europa en todo el siglo XX. Gladio es una organización perteneciente a los servicios secretos de la OTAN, que actuaba (¿o actúa?) en conjunto con el grupo terrorista de derecha Ordine Nuovo (autor de la masacre de Bolonia) y otras organizaciones de extrema derecha.

En marzo de 2001, el general Giandelio Maletti, ex jefe del contraespionaje italiano, afirmó que además de la red clandestina Gladio, de los servicios secretos militares italianos y de un grupo de extrema derecha, las matanzas que desacreditaron a los comunistas italianos, recibían también la aprobación de la Casa Blanca y de la CIA. Al comparecer como testigo en el juicio contra los terroristas de extrema derecha implicados en los atentados de la Piazza Fontana, Maletti declaró: “La CIA, siguiendo las directrices de su Gobierno, quería crear un nacionalismo italiano capaz de  obstaculizar lo que consideraba un deslizamiento hacia la izquierda, y con ese objetivo, pudo utilizar el terrorismo de extrema derecha. Uno tenía la impresión que los americanos estaban dispuestos a todo para impedir que Italia se inclinara hacia la izquierda”… “Italia fue tratada como una especie de protectorado. Me avergüenzo que todavía estemos siendo objeto de un control especial”. (2)

En 1988 el Senado italiano creó una comisión parlamentaria cuyo nombre no dejaba lugar a dudas: “Comisión parlamentaria del Senado italiano encargada de investigar sobre el terrorismo en Italia y las razones por las cuales los individuos responsables de las matanzas no han podido ser identificados”. El trabajo resultó extremadamente difícil: los testigos se negaban a declarar, hubo documentos destruidos, etc. Mientras tanto, los miembros de las Brigadas Rojas inculpados, estaban tras las rejas y ninguno de los verdaderos terroristas. Esto tenía una razón que descubrió el juez Felice Casson que llevaba a cabo la investigación: el terrorismo no era cualquiera, era un terrorismo de Estado.  

Como vemos, los métodos que utiliza la derecha latinoamericana y, por supuesto la chilena, fueron ensayados con antelación, por la CIA y la Casa Blanca,  en el corazón de Europa.

La dictadura cívico-militar, hizo de los auto-atentados  y de los montajes su modus operandi para inculpar a los militantes o simpatizantes de izquierda. Método que se inició con el Plan Zeta, redactado por personeros de la propia dictadura. Luego, la centroderecha (Concertación) y la extrema derecha (Alianza), han  utilizado los montajes y toda clase de artilugios para inculpar a sectores sociales que reclaman que el Estado respete sus derechos, o simplemente para  crear un clima de tensión, que permita al gobierno de turno, aplicar una desmedida represión en contra de la ciudadanía.

La aplicación de la ley antiterrorista contra los comuneros mapuche, los montajes policiales para inculparlos, defensa a ultranza de los carabineros que asesinaron a tres de ellos, todo esto durante los gobiernos de la Concertación, con la complicidad de la ultraderecha que hoy está en el poder ejecutivo, dan cuenta de esta política.

No debemos olvidar que el senador Alberto Espina, luego de un viaje a Colombia acompañado del entonces candidato Sebastián Piñera y del senador Andrés Allamand, entregó al fiscal nacional un CD en que se inculpaba al periodista Hugo Guzmán de tener nexos con las FARC y que los dirigentes de las comunidades mapuche, acusados de terroristas, habían sido preparados militarmente por dichas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Para reafirmar sus denuncias, el senador Espina dijo que tenía plena confianza en las informaciones que aparecían en el CD, pues éste le había sido entregado por un Presidente de la República.

El problema radica en que ese no era cualquier presidente, sino Álvaro Uribe, el presidente más corrupto de América Latina, acusado de tener vínculos con el narcotráfico (caratulado con el N°82 de los mayores narcotraficantes en un documento confidencial del Departamento de Estado), nexos con los paramilitares,  investigado por la muerte de miles de sindicalistas, (recordemos la fosa común con 2000 cadáveres), responsable de los falsos positivos y que, por añadidura, accede a su segundo mandato gracias al soborno de una congresista. Y ese señor presidente se da el lujo de intervenir en la vida política de un país extranjero, utilizando a un candidato presidencial (que luego sería presidente) y a dos “honorables” senadores de la república, con su propia anuencia. Lo curioso es que el Senado no se dio por enterado, pues esta situación ameritaba, por lo menos, una amonestación por parte de su comisión de ética (¿existe?).

Lo más preocupante de todo es que esta parafernalia del senador Espina resultó ser falsa, de falsedad absoluta: el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, investigador de la DIJIN, Dirección de Policía Judicial, la Policía Científica Colombiana, reconoció en diciembre de 2008, en el Canal Noticias Uno de Televisión de Colombia, que manipuló la información de los computadores del fallecido guerrillero Raúl Reyes, antes de entregarlos a la Fiscalía del país.

 “No se encontró ningún correo, insisto, no había ningún correo en los computadores, sólo documentos de Word”. Es así como el 8 de diciembre de 2008, el diario Expreso de Colombia tituló: “Uribe mintió al mundo con la historia de la computadora”.

El jueves 12 de agosto, una semana después de haber asumido el gobierno de Colombia el presidente  Juan Manuel Santos, un atentado con coche bomba frente al edificio que alberga a Radio Caracol y a la agencia de noticias EFE, deja ocho heridos y 550 viviendas y locales con daños de consideración. Obviamente los inculpados: las FARC.

La derecha chilena (Concertación y Alianza) reprobaron tan vil atentado realizado por las FARC. Sin embargo, el periodista Darío Arizmendi, director del programa 6AM  Hoy por Hoy, de radio Caracol, denunció que hacía tres semanas, habían sido retirados los efectivos de la fuerza pública que vigilaban el edificio.

El 15 de agosto, 3 días después del atentado, el presidente del Congreso de Colombia, Armando Benedetti, culpó a la “extrema derecha” del atentado del pasado jueves en el centro de Bogotá. “Es un claro mensaje al presidente Juan Manuel Santos en contra del llamamiento de unidad política, de unidad nacional”. Y la derecha chilena, mutis por el foro.

Hace unos meses, habría llegado desde Colombia, un dossier en que según el ministro Hinzpeter, se comprobaba claramente el nexo de los dirigentes mapuche con las FARC. Hizo estas declaraciones, aunque reconoció que todavía no lo había leído. Por supuesto, el senador Espina manifestó que él había entregado estas denuncias con bastante antelación, y que los hechos le daban la razón.

¿El senador Espina no se ha enterado que esas denuncias son falsas o insiste, en un acto de cinismo político, seguir engañando a la opinión pública?

Y ahora, pontifica sobre la huelga de hambre de los comuneros mapuche y que “lo importante es solucionar el tema de fondo”. El senador Espina le debe una explicación a los ciudadanos de este país, por facilitar la intervención de un país extranjero en nuestro asuntos internos y una disculpa pública por haber acusado e inculpado al periodista Hugo Guzmán en hechos que sólo estaban en la cabeza enferma de un presidente extranjero y por el cual el senador Espina siente una profunda admiración.

Fuente: Clarín

Notas

(1)www.voltairenet.org/article163224.html  Daniele Ganser, “Los ejércitos secretos de la OTAN: Operación Gladio”.

(2) Ibidem

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