El gobierno entrante ha confirmado en un alto cargo a la hija de un torturador impune, quien ha aceptado el puesto. Al hacerlo, ambos están señalando al país que no sería un asunto a tomar en cuenta. Ello constituye un error de consecuencias negativas para la sociedad. Adicionalmente, al dolor de sus víctimas que han tenido el coraje de denunciarlo, suman el agravio de no tomarlas en cuenta.

Aparte de otros cuestionamientos graves a decisiones de la hoy autoridad designada, en el ejercicio de un cargo anterior, el aspecto central en todo este asunto es la impunidad absoluta de quien cometió crímenes de lesa humanidad.

Elevar a la hija de un torturador impune a un alto cargo y ésta aceptarlo, en el mismo Estado que no ha cumplido con su deber de condenar a su padre, significa avalar tal comportamiento del Estado, con ensañamiento para sus víctimas y la sociedad toda.

El mismo gesto tendría el significado exactamente opuesto si se hubiese hecho justicia.

En tal caso, la singular selección de una persona de estas características familiares significaría mostrar un sentido de justicia por parte del Estado, que haría explícito de este modo que no hace responsable a un hijo de los crímenes de su padre. Aceptarlo significaría por parte de aquel, un respaldo público a la severa condena que dicho Estado ha dictaminado contra un familiar tan cercano.

Puesto que todavía la justicia no ha llegado, el nombramiento y la aceptación del mismo significan un explícito aval a la impunidad en un crimen de lesa humanidad, tanto de parte de la alta autoridad responsable del nombramiento como de parte del familiar que lo acepta.

El criminal debería haber sido juzgado y sancionado ejemplarmente, contando desde luego con todas las garantías de un debido proceso. Que ello no haya sucedido todavía, no constituye obstáculo para acoger como ciertas y válidas las denuncias formuladas en su contra por varías de sus víctimas, todas las cuales ameritan absoluto respeto y credibilidad.

El motivo por el cual la justicia no ha cumplido con su deber en este caso, como en otros, no es la existencia de dudas razonables respecto de la culpabilidad de los criminales, cuestión que nadie ha osado siquiera plantear. La razón exclusiva es el clima de impunidad que ha infectado la transición chilena a la democracia, a partir de los acuerdos que parte de la oposición de entonces aceptó al término de la dictadura.

Tal clima se ha venido despejando lentamente a medida que los tribunales chilenos han ampliado sucesivamente su medida de la justicia posible, desde la detención de Pinochet en Londres y su procesamiento en Chile en el largo verano del 2001.

El repudio ciudadano a la impunidad se ha venido haciendo más explícito a partir del viraje político que el país ha experimentando junto a la reanimación de la movilización masiva. Alcanzó un clímax durante la conmemoración de los 40 años del golpe militar, desbordando todos los diques y abarcando todos los ámbitos.

No tomarlo en cuenta evidenciaría desconexión de las nuevas autoridades con los cambios ocurridos desde la última administración, en la cual la misma autoridad hoy cuestionada ocupó un cargo similar.

La resolución debe ser enmendada.

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