Amnistía Internacional Exigió al Gobierno Terminar con la Ley de Amnistía

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En el marco de la presentación de su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional urgió al Gobierno chileno a hacer efectiva la derogación de la ley de amnistía impuesta por Augusto Pinochet en 1978, cuya tramitación para abolirla sigue «anclada en el Parlamento sin avanzar»,  si bien destacó que durante el año pasado en Chile hubo avances respecto a la puesta a disposición judicial de los responsables de violaciones de derechos humanos.

 

«Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible», sostuvo el director de la organización en Chile, Roberto Morales, al presentar en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre «La situación de los derechos humanos en el mundo».

Morales recordó que la anulación de la ley de amnistía fue anunciada en septiembre pasado pero aún no se ha hecho efectiva, a pesar de que el Ejecutivo le dio urgencia a la iniciativa.

La derogación de la citada ley, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, los primeros años de la dictadura militar, fue una de las promesas electorales de la Presidenta Michelle Bachelet.

En cuanto a la aplicación de la justicia militar en Chile, Amnistía Internacional ve necesaria una «modificación urgente», pues actualmente los delitos comunes cometidos por carabineros o militares son vistas por la justicia penal militar y no la ordinaria, lo que según Morales, «pone en duda la imparcialidad y la independencia del juicio».

Los dirigentes de la organización expresaron, además, su creciente preocupación por la reacción policial en el control de los disturbios y el «desproporcionado uso de los medios disuasorios como los gases lacrimógenos o los camiones de agua, una práctica casi rutinaria en todas las manifestaciones».

Derechos de inmigrantes e indígenas

Respecto a los derechos de los inmigrantes, la directora ejecutiva de la organización en Chile, Ana Piquer, aseguró que la legislación migratoria está «muy desfasada», puesto que no se hace cargo de los derechos de estas personas y las discrimina en el acceso a determinados servicios como salud, educación o vivienda.

En relación a los derechos de los indígenas, Piquer señaló que sigue siendo un tema «no resuelto» y añadió que pese a la existencia de una regulación sobre el tema, «muchas de las ordenanzas no han sido validadas transversalmente por los distintos pueblos indígenas, por lo que en el futuro se va a generar un nuevo conflicto».

A su juicio, se suma el caso particular de los mapuche, quienes muchas veces son víctimas de la violencia policial y el uso discriminatorio de la legislación antiterrorista en el contexto de los allanamientos a las comunidades donde viven.

Derechos de las mujeres

Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, otra de las piedras angulares del informe, se concreta en Chile en la discusión en torno a la tramitación de la ley de despenalización del aborto, algo que para la organización es una «excelente noticia».

«Creemos que es un tema arduo pero también estamos convencidos que es fundamental avanzar dentro del marco de una protección global a los derechos sexuales y reproductivos en Chile», subrayó Piquer.

Juicios a responsables de violaciones de DD.HH.

En su informe anual, Amnistía Internacional destacó que en Chile se continuaron los juicios contra los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura.

En este sentido, señala que en marzo había 1.022 causas en curso, 72 de las cuales eran denuncias de tortura, según el presidente de la Corte Suprema.

Hasta octubre, 279 personas habían sido condenadas en relación a estos delitos y al concluir el año, 75 personas cumplían penas de prisión, según datos oficiales del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Gobierno anunció en septiembre su intención de «asignar suma urgencia al debate sobre un proyecto de ley de 2006 para derogar la Ley de Amnistía de 1978». Al finalizar el año, el Congreso debatía la Ley de Amnistía.

El documento indica que tribunales militares siguieron juzgando los casos de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad, aunque subraya que «respetando y defendiendo el derecho al debido proceso y las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional trasladaron algunas causas a los tribunales ordinarios».

Violencia policial

Respecto a la violencia policial, AI denuncia en su informe el caso de Iván Vásquez Vásquez, que murió bajo custodia. Los abogados de la familia afirmaron que había muerto a golpes y que había habido más de un agente de policía implicado en el homicidio.

Un agente fue acusado por un tribunal militar de violencia innecesaria con resultado de muerte, pero los cargos se retiraron después de que una segunda autopsia solicitada por la defensa afirmara que la causa de la muerte había sido el suicidio.

AI subraya su preocupación sobre la imparcialidad de dicha autopsia y destaca que, al concluir el año, estaban pendientes de conocerse los resultados completos de la misma.

La organización defensora de los derechos humanos denuncia también el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades indígenas mapuche, especialmente los abusos contra menores en el contexto del conflicto.

Por otra parte, el aborto siguió tipificado como delito en todas las circunstancias. Al concluir el año, el Congreso chileno tramitaba un proyecto de ley para despenalizar el aborto en los supuestos de violación, incesto, peligro para la vida de la mujer y malformación fetal.

El Senado aprobó legislación sobre el acuerdo de vida en pareja, incluidas las parejas del mismo sexo, y tramitaba un proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género.

Al tomar posesión de su cargo el pasado marzo, la presidenta Michelle Bachelet prometió despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. También se comprometió a adecuar la Ley Antiterrorista y el sistema de justicia militar a la normativa internacional.

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