Estamos asistiendo a una suerte de “revolución ética” en nuestra sociedad. Sin perjuicio y a través de una sostenida tendencia de los medios de comunicación de subrayar las noticias negativas silenciando las positivas, asistimos hoy a una manifestación evidente del cambio cultural: una oleada profunda de reclamo moral, de exigencias indignadas de moralidad.  Se reclama con justicia por la transparencia pública, pero poco se habla de la urgente necesidad de una mayor y efectiva transparencia corporativa y empresarial.

 

En el marco de un cambio cultural profundo y extenso, donde se ponen en tensión los patrones de referencia de toda la sociedad, vemos saltar por los aires, los criterios morales tradicionales.

En medio de esta “revolución ética”, los chilenos exigen mayor transparencia de los servidores públicos, de la política y de la clase política, dejando al desnudo las oscuras relaciones entre los políticos y los empresarios, entre quienes detentan el poder económico y quienes ejercen el poder político.

La política ha quedado desnuda y los chilenos se están indignando.

Pero también han quedado desnudos los numerosos grupos financieros y económicos empresariales, que alientan y participan de este virtual descuartizamiento de la vida pública y que aparecen enredados en el suministro de cuantiosas sumas de dinero para el financiamiento de campañas electorales.   

Cuando usted sabe que cada campaña a senador o a diputado costaba -y cuesta- más de 300 ó 400 ó 600 millones de pesos (por ejemplo), no puede menos que preguntarse ¿y de dónde “pecatas meas”, si no es de la “sacristía del señor empresario”…?

La política mezclada con los negocios y el dinero, han quedado desnudos.

Pero,  no podemos hacernos los ignorantes hoy, a mediados del siglo XXI, respecto de cómo la historia y la prehistoria de los grandes grupos económicos y financieros del Chile de hoy, nos habla de la más gigantesca operación de corrupción y de saqueo de los recursos y empresas públicas, perpetrada desde septiembre de 1973.  

Fue desde entonces que se liquidaron, enajenaron, privatizaron decenas de empresas del Estado y activos públicos, a aquellos empresarios y altos mandos castrenses, a un precio irrisorio, de manera que a continuación esos mismos generales y uniformados que participaron en la decisión de la enajenación de empresas públicas, fueron a parar a las gerencias de las mismas empresas que habían privatizado.  ¿Eso no es corrupción?

El que después, en los años ochenta y sobre todo en los años noventa durante los gobiernos de la Concertación, esas mismas empresas privatizadas hayan ido a parar a manos de accionistas extranjeros y corporaciones foráneas, no es más que otra demostración del “patriotismo de bolsillo” de muchos grandes empresarios y políticos neoliberales en este país.

La operación que significó el desguasamiento del Banco de Talca, no es más que un apéndice menor de aquella gigantesca y corrupta privatización de los bienes del Estado de Chile.

Si queremos comenzar a escribir la historia reciente de la corrupción en Chile, habría que dar cuenta de la forma arbitraria e interesada cómo fueron privatizadas “de un plumazo” y con un simple decreto-ley, casi todas las Cajas de Previsión con cientos de miles de millones de pesos acumulados por varios millones de trabajadores, las que fueron traspasadas a las recién creadas AFP (Administradoras de Fondos de Pérdida), quedando como dueños de esas nuevas empresas, los mismos grandes empresarios que habían resultado beneficiados con las privatizaciones recientes.

Y decimos “casi” todas las cajas de previsión, porque no deja de ser corrupta e inmoral la decisión (del dictador y sus secuaces civiles) de dejar fuera de la privatización de las jubilaciones a las Fuerzas Armadas, de manera que hasta el día de hoy las pensiones y jubilaciones de los institutos castrenses, salen del bolsillo de todos los contribuyentes de Chile, a diferencia de las AFP donde cada uno “se las arregla como puede…”

Pero, aun tenemos Patria ciudadanos…

En el presente nos golpea una inesperada oleada de moralidad pública, que reclama desde la ciudadanía, que se transparente el financiamiento empresarial a la actividad política, apoyo financiero que siempre es a cambio de algo: decisiones con nombre y apellido, privilegios personalizados, exenciones a la norma, beneficios privados, laxitud en la fiscalización.   Los estudios de transparencia nacionales e internacionales dicen que Chile no es un país corrupto…pero el olor a corrupción se siente demasiado fuerte…

La política se resuelve (y se revuelve) en los tribunales de Justicia, en las Fiscalías, en el Ministerio Público, mientras en los directorios de las empresas y conglomerados económicos se intenta encontrar desesperadas “leguleyadas” que los salven del escrutinio fiscalizador y de las penas de cárcel.

Ahora en los años 2000, pasó delante de los ojos de todos los chilenos, la noticia que numerosos empresarios y políticos tienen sus dineros acumulados en bancos de “paraísos fiscales”, dejando al descubierto que tenían algo que ocultar.

Los estándares éticos que tenía Chile como sociedad hace 5 ó 10 años atrás ya no sirven, tienen que ser replanteados.   Y este replanteamiento de nuestros estándares éticos en el Chile de hoy, nos obligan a mirar a la Constitución de 1980 como uno de los fundamentos conceptuales que han permitido esta privatización de la política y la moral, en nombre de los principios de la subsidiariedad del Estado y de la mercantilización de los asuntos públicos.

La ciudadanía reclama con mayor fuerza y razón una transparencia aún más amplia, profunda, rigurosa y exigente en la gestión pública y en la gestión empresarial, en la gestión gerencial y bursátil y en la gestión parlamentaria.

Fuente: Coyuntura Política

 

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