Empezó la Campaña del Terror: Presidenta de la CUT Desmiente Término de la Mesa por Reformas Laborales

0
361

El poder concentrado de los medios de comunicación al servicio del sistema enfocó sus tiros contra las reformas laborales. Al especioso argumento de la desaceleración económico suman ahora infundados rumores. El Diario Financiero, por ejemplo, dió por terminada la mesa técnica de Reformas Laborales entre la CUT y el Gobierno. La Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, lo demintió en forma categórica y afirmó que se trata de “informaciones con intencionalidad”.

Bárbara Figueroa afirmó que “creemos que es altamente irresponsable que informaciones de esa categoría se entreguen sin dar cuenta de la fuente, porque la mesa sigue trabajando”.

“Yo he dicho públicamente que estamos en la primera etapa, donde la CUT entregó todos su argumentos sobre la reforma e hizo una proyección de cómo seria, y ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que es que el Gobierno una vez conocidos nuestros planteamiento, entregue su propuesta” aclaró Figueroa.

Explicó además la Presidenta de la CUT que “lo hemos ratificado ahora con la ministra y todo el trabajo sigue en pie, hay reunión en los próximos días de la comisión. Lamentamos que informaciones sin una fuente fidedigna se difundan”.

“Entendemos que para algunos es imposible o no quisieran que el debate sobre reformas laborales se dé en el clima que se está dando, que ha sido reafirmado por la Presidenta de la República y por la Ministra del Trabajo” finalizó Figueroa y agregó que “uno entiende esta dispersión de la información como una intencionalidad de generar un clima que no es el que se ha construido”.

A continuación reproducimos notas de los medios que demuestran la campaña del terror desatada contra las reformas laborales

Reforma laboral: Trabajo suspende mesa con la CUT por diferencias internas en titularidad sindical

La estrategia del Ministerio del Trabajo para el diseño del articulado de la reforma laboral ha sido mantener una conversación preferente con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En ese plano, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco -quien lidera la tarea de aterrizar los enunciados de la propuesta-, nombró al asesor Roberto Godoy como coordinador de la reforma y le pidió armar una mesa técnica con la CUT para trabajar en los temas que eventualmente se incorporarán en la iniciativa que es materia de ley. Se pactó con los representantes de la multisindical -el secretario general Arturo Martínez, el vicepresidente Nolberto Díaz y Guillermo Salinas-, hacer reuniones dos veces a la semana en un lugar neutral: las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que están en Vitacura.

Hasta fines de agosto se desarrollaron cuatro sesiones entre las partes, donde básicamente la CUT expuso su planteamiento en materia de reforma laboral, que considera 25 temas, los que incluyen los nueve titulares del programa de gobierno.

El objetivo era que durante la primera semana de septiembre se realizaran dos nuevos encuentros en la OIT, en los que los delegados del Ministerio del Trabajo “entrarían al área chica” de la propuesta de cambios legales al mercado laboral. Asimismo, la idea era que el trabajo de la mesa culminara a fines de septiembre y que la Central conociera el borrador de la reforma en las primeras semanas de octubre.

Sin embargo, trascendió que por decisión de la autoridad las reuniones previstas con la CUT se suspendieron hasta después del feriado de Fiestas Patrias.

Una fuente bien informada indicó que la razón del sorpresivo receso en la mesa de diálogo se debería a que al interior del gobierno hay diferencias en torno al concepto de titularidad sindical, que implica que los beneficios negociados colectivamente sólo los reciben los afiliados a los sindicatos, no el resto de los trabajadores, y considera también que la negociación colectiva la conduce exclusivamente el sindicato más representativo de la empresa.

“No están totalmente de acuerdo en abordar un par de temas que son conflictivos para ellos, entre los cuales están la extensión de los beneficios logrados en la negociación colectiva (…) y el plazo de término de los convenios colectivos que vayan a estar vigentes cuando la reforma ya sea ley”, dice la fuente, quien agrega que con la suspensión de las reuniones el gobierno estaría “ganando tiempo”.

El mismo informante descarta que en estas conversaciones el fin del reemplazo en huelga sea un tema que esté en revisión.   ?

Aguas turbulentas?

Las diferencias por la titularidad sindical surgen en medio de los intentos del Ministerio de Hacienda de morigerar el contenido de la reforma laboral, para no buscar un nuevo foco de conflicto dentro de la áspera relación que ha tenido con el empresariado y así no afectar la agenda público-privada para impulsar la reactivación de la economía. ?Admiten que si bien La Moneda está dispuesta a impulsar cambios laborales, el programa de gobierno no explícita poner fin al reemplazo en huelga, como lo ha venido planteando hace un tiempo Blanco.

Desde el Ejecutivo, igualmente, reconocen que el ministro Alberto Arenas es quien está a cargo del diseño final de la reforma, paso previo al OK de la presidenta para su posterior ingreso al Parlamento.

En este contexto, la titular del Trabajo optó en las últimas semanas por no profundizar más en la ingeniería de la propuesta.   ?

¿Envío en octubre??

La ministra Javiera Blanco sí se ha referido a los plazos y ha dicho que la reforma laboral se mandaría al Congreso en octubre. No obstante, el ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde, salió en la última semana ampliando el plazo a una fecha más ambigua: cuarto trimestre de este año.

En Hacienda, en tanto, han evaluado desactivar el ingreso del proyecto en ambas fechas.

En este escenario, la Central Unitaria de Trabajadores el jueves último realizó una marcha a nivel nacional para impulsar la agenda de cambios al mercado laboral. La convocatoria contó con el apoyo de las directivas del PS y del PC.

En el acto oficial de la movilización, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, abogó por presentar lo más pronto posible la reforma y dijo que el proyecto debe considerar el fortalecimiento sindical y negociación colectiva, con derecho a huelga efectiva.

En La Moneda dicen que habrá que esperar lo que decida la mandataria en cuanto al contenido y plazo de envío del proyecto.    

La estrategia del empresariado para influir en los cambios laborales

El lunes 18 de agosto pasadas las seis de la tarde, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, recibió al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, al gerente general del gremio Fernando Alvear y al vicepresidente de la Sofofa y titular de la comisión laboral de la multigremial, Rafael Guilisasti. El reservado encuentro fue para analizar la agenda sectorial del gobierno, donde destaca la reforma laboral, y el proceso de desaceleración económica.

Fuentes cercanas dicen que fue una conversación «franca», en la que se abordó la reforma laboral que se viene y el empresariado planteó los puntos que le interesa impulsar en este debate. También admiten que se dejaron las puertas abiertas para seguir dialogando sobre la materia, pero no se constituyó formalmente una mesa técnica, como si ha sucedido en citas con los ministerios de Obras Públicas y Economía por la agenda pro crecimiento.

Pese a los acercamientos, el empresariado reclamó al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en el áspero encuentro que tuvieron hace diez días para buscar un acuerdo en la agenda público-privada, que no han sido debidamente escuchado en el debate previo de la reforma laboral, donde se ha privilegiado el diálogo directo con la CUT. También expresaron a Arenas que la propuesta de cambios a la legislación del mercado del trabajo -junto a otras reformas que buscan impulsar en la Nueva Mayoría-, ha generado incertidumbre en el sector privado, ya que ha puesto sobre la mesa temas que a juicio de la CPC hoy no son prioritarios, como el fin del reemplazo en huelga y la titularidad sindical.

La propuesta del gobierno considera nueve enunciados, donde destacan titularidad sindical y propiedad de los beneficios negociados por los sindicatos; simplificación de la negociación colectiva; derecho a huelga «efectivo»; ampliación de temas negociables y de permisos sindicales, además de ampliación de fondos de formación sindical y creación de fondos de fortalecimiento a la gestión sindical.

En entrevista con DF, el timonel de la CPC Andrés Santa Cruz dijo que en este debate «lo importante no son las fechas, sino que el contenido». El directivo se mostró partidario de que empleador y sindicato pacten duración de jornadas de trabajo y planteó reducir la indemnización por años de servicios, a cambio de un mejor seguro de cesantía para las nuevas personas que se integren al mercado laboral.

Fuente: Diario Financiero

Las dudas que amenazan la reforma laboral anunciada por el Gobierno

Con una marcha que no destacó por una alta convocatoria, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y distintas organizaciones sociales insistieron en la necesidad de implementar la reforma laboral anunciada por el Gobierno.

El documento que emanará desde el La Moneda contendría nueve puntos esenciales, entre los que destacan la titularidad sindical, la prohibición de reemplazar trabajadores que se encuentran en huelga y el derecho inalienable a la misma.

Según versiones de prensa, la CUT esperaba que el documento fuese entregado a principios de octubre. Si esto no ocurría, la multisindical convocaría a un paro general.

Sin embargo, la presidenta de la organización, Bárbara Figueroa, señaló que “lo que se había hecho era en octubre y el mes tiene 31 días, por lo tanto, si es al inicio o al final no es lo relevante. Lo relevante es que se cumpla la palabra empeñada y además que la intensidad de la reforma sea la que demandamos. No basta que se cumplan plazos si la reforma va a ser mínima, necesitamos que ésta cumpla con el carácter y sentido que se planteó”.

Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que la propuesta se entregaría a fines de octubre, ya que en septiembre se hará una consulta regional del proyecto para recibir las opiniones de los trabajadores. No obstante, algunos personeros de la Nueva Mayoría no fueron tan certeros respecto al cronograma. El presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, asistió a la marcha y dijo que la reforma se daría a conocer durante el último trimestre del año.

Además, llamó a los empresarios a entender el espíritu de la reforma: “El compromiso del Gobierno siempre ha sido el último trimestre de este año, esta es una reforma que va a tener un proceso de tramitación larga, así que sea octubre, noviembre o diciembre, lo importante es que se presente, esa es la voluntad y convicción que el Gobierno ha presentado. Si hay algo que permite que el país crezca y se desarrolle, es darle estabilidad a las relaciones laborales, cuando hay una auténtica negociación colectiva entre el sindicato y el empleador. Lo que estamos haciendo es que los trabajadores y los empleadores tengan el mismo objetivo: que a la empresa le vaya bien. Sería bueno que los empresarios entendieran de una vez por todas cuál es el espíritu de esta reforma”, enfatizó.

Por otra parte, hay voces que critican la ausencia de algunos aspectos fundamentales, como la negociación por rama económica, que debilitaría los efectos que puedan traer los cambios para combatir la desigualdad.

Frente a esto, Bárbara Figueroa, llamó a esperar la propuesta del Gobierno: “No nos vamos a referir a los temas en particular, nosotros nos hemos expresado en el marco del debate que estamos haciendo y esperamos que estos temas, todos los que hemos expuesto, sean considerados. Hasta ahora no hemos recibido una contrapropuesta. Todavía no recibimos la devolución por parte del Ejecutivo y eso es lo que estamos esperando”, dijo.

De esta manera, habrá que esperar para saber cuáles serán finalmente las medidas del Gobierno para reformar el mundo del trabajo, que en Chile muestra cifras preocupantes: apenas un 12 por ciento de la fuerza laboral pertenece a un sindicato y más del 50 por ciento de los trabajadores recibe un sueldo inferior a 263 mil pesos.

Profesores, estudiantes y holdings

Aunque la marcha no tuvo una participación masiva, sí lo fue la presencia de distintas zonas del Colegio de Profesores y también de estudiantes secundarios.

Jaime Gajardo, presidente de los profesores, subrayó que existe una relación complementaria entre la Reforma Educacional y la laboral, ya que de esta última dependería el bienestar laboral de los maestros.

Mientras, Ricardo Paredes, presidente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secudarios (Cones), fue enfático en establecer que “si hoy son estudiantes, mañana serán trabajadores”.

“En función de eso, entendemos que la estructuralidad de esta demanda no es solo por educación, sino que es por salud, reformas laborales, por la previsión social. Hoy en día todas esas luchas las hace propias el estudiante secundario y por supuesto también para luchar por la dignidad del pueblo chileno”, expresó.

Además del bloque estudiantil, también se hicieron presentes los sindicatos interempresa de grandes sectores empresariales, como Walmart y Agrosúper. Estos últimos exigen también mejoras en la seguridad laboral. Erasmo Correa, presidente de la Federación de Sindicatos de Agrosúper, denunció que no tienen herramientas para negociar colectivamente y pidió que se termine con la persecución a los integrantes del sindicato: “Hay ocultamiento de los accidentes laborales. Aquí se evade y nos mandan al sistema común, que lo pagamos todos los trabajadores”, añadió.

Además de estos gremios, también asistieron a la marcha representantes de la salud y funcionarios públicos, agrupados en la Fenats y la ANEF, respectivamente, cuyas demandas coinciden en el derecho a huelga, algo que hasta ahora no está permitido para esta clase de trabajadores.

Fuente: Radio Universidad de Chile

Bachelet afloja el acelerador

La situación es peor de lo que se había previsto, informó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a la Presidenta Michelle Bachelet cuando ambos se reunieron en La Moneda el 21 de agosto para analizar la desaceleración económica que afecta al país.

Sólo dos semanas antes, el Banco Central había dado a conocer el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio. La cifra de 0,8% estaba muy por debajo del 2% de expansión que habían proyectado para el mercado ese mes y lo situaba como el más bajo desde 2010. El indicador, aseguraron en Palacio, marcó un punto de inflexión para el gobierno y obligó a Arenas a sincerar ante la Mandataria una fuerte baja en las expectativas para este año.

Las alarmas se encendieron en La Moneda y obligó a las autoridades a dar curso inmediato a un plan de reactivación para el que se barajan otras fechas -como enero de 2015- para su estreno. Bachelet dio instrucciones expresas a sus colaboradores y a los dirigentes de la Nueva Mayoría de que no se hablara de “crisis” y optó por blindar al jefe de las finanzas frente a las turbulencias, arriesgando una mayor cuota de su capital político, tal como ya lo había hecho poco tiempo antes con su ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para sacar adelante la reforma educacional.

En el oficialismo la decisión no sorprendió. Junto al titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, Arenas es considerado el secretario de Estado más cercano a la Presidenta y pieza clave en la apuesta por el recambio de figuras de la Nueva Mayoría que Bachelet se ha empeñado en impulsar en su segundo mandato.

Aunque altas fuentes de La Moneda admiten que la imagen de Arenas frente al empresariado está deteriorada -especialmente tras la tramitación de la reforma tributaria- y que el titular de Hacienda enfrenta un “problema de credibilidad” que se debe revertir, también aseguran que la Mandataria está empeñada en blindar a su jefe económico.

Así, pese a que el débil crecimiento se está convirtiendo en un flanco político para su gobierno, Bachelet personalmente ha solicitado a parlamentarios que ayuden a Arenas y -en un gesto inédito- encomendó al ministro de Energía, Máximo Pacheco, al de Agricultura, Carlos Furche y al de Economía, Luis Felipe Céspedes, quienes gozan de mejor empatía con el sector privado, que ejerzan más vocerías en temas económicos.

La propia Presidenta, además, ha intensificado sus señales al empresariado, se ha preocupado de incluir en sus giras a representantes del mundo privado para poder conversar con ellos y pidió a Peñailillo reunirse con líderes de ese sector como el secretario general de la Papelera (CMPC), Gonzalo García, Eliodoro Matte y Roberto Angelini, cabeza de dos de los principales grupos económicos chilenos. Y en los últimos días, Peñaillillo, además, ha conversado con Andrés Santa Cruz y Fernando Alvear, presidente y secretario de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Arenas, sin embargo, sigue siendo el vínculo principal entre el gobierno y el empresariado.

El mensaje del gobierno al sector privado -según señalaron altas fuentes de La Moneda- ha apuntado a reforzar la convicción oficialista de que las brechas de desigualdad en Chile constituyen el principal factor de desestabilización para el país, por lo que deben ser abordadas.

Un mensaje que -de acuerdo con las mismas fuentes- va en la línea de que se insistirá en el programa que acompañó el triunfo de Bachelet.

El escenario económico supuso -en todo caso- un vuelco en la agenda de La Moneda. Así, el sexto consejo de gabinete de la Mandataria desde que desembarcó en el gobierno estuvo dedicado a abordar el panorama de las finanzas internas y las medidas que se tomaran para intentar mejorarlo.

Una de las primeras advertencias de Bachelet apuntó a la ejecución presupuestaria de sus ministros. “No hay tiempo que perder” los apremió la Jefa de Estado, amenazándolos, incluso, con quitarles de las partidas del 2015 el dinero que no fuera empleado durante el presente año.

Para entonces la ejecución presupuestaria a nivel central bordeaba el 53,6% y la inversión pública estaba en cerca del 48%. Pero había algunos ministerios por debajo de ese promedio, como Salud, Vivienda, Transportes, Educación y MOP.

A esta última cartera -clave en el rol articulador entre los sectores público y privado- y liderada por Alberto Undurraga (DC) se solicitó asumir un rol protagónico en la nueva agenda del gobierno. Desde fines de agosto a la fecha, Undurraga se ha juntado con representantes de la Sofofa, de la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Asociación de Concesionarios (Copsa), buscando fortalecer las inversiones público-privadas.

PRESION DEL GABINETE

La coincidencia del frenazo económico con los seis meses de gestión del gabinete generó un escenario complejo para Bachelet, en especial cuando también está condimentado por la baja en el respaldo a las reformas.

Las presiones para el recambio del equipo ministerial -provenientes del propio oficialismo- se han agudizado en la última semana y tienen como principal foco a Arenas.

En algunos sectores de la Nueva Mayoría y por cierto en la oposición y el empresariado se ha instalado la idea de que la remoción del jefe del equipo económico -a quien no pocos responsabilizan de la falta de anticipación frente a la desaceleración y de las tensiones que se han desatado con el sector privado- serviría para reforzar la decisión de tender puentes en estos momentos más complejos.

La propia Mandataria tomó nota pública de los movimientos por un ajuste ministerial el viernes 5. Bachelet afirmó que “agradezco este tipo de mensajes, pero son decisiones que toma la Presidenta”. Aún así, debió admitir que “siempre estoy evaluando la gestión”.

En el círculo de la Jefa de Estado afirman que Arenas ha pagado costos al encabezar la reforma tributaria, pero en sectores oficialistas ya apuntan directamente a su falta de tonelaje político.

“El ministro llegó con una buena reforma, potente, pensando que era viable. Llegó a decir que el corazón de la reforma no se toca y luego se dio cuenta que el Chile real no es el del mundo académico y el de los expertos”, dice el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda, antes de rematar que “al ministro Arenas le faltó experiencia política”.

A cuestionamientos como ese se suman otros como el del presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien asegura que no se visualizó a tiempo la magnitud de la desaceleración.

“La cifra que entregó el Banco Central fue más baja que la estimada por el mercado, creo que todavía nos quedan trimestres en que vamos a ir a la baja, seguramente a comienzos del próximo año la economía comenzará a repuntar”, señaló por su parte el senador DC Andrés Zaldívar.

El viernes, en todo caso, trajo buenas noticias para La Moneda. Ese día se dio a conocer el Imacec de julio que pese a que registró un crecimiento de 0,9%, la cifra se ubicó sobre las expectativas del mercado que había apostado por un alza de 0,2% o negativo. “Se deja de lado aquellas estimaciones pesimistas”, sostuvo el jefe del equipo económico.

No sólo Arenas, en todo caso, concentra las críticas por el desempeño del gabinete. A él se suman aquellos ministros a quienes se les enrostra no sólo falta de experiencia política, sino que también serios problemas de gestión.

RUMBO DE LA  AGENDA

Otro factor que complica al oficialismo y La Moneda es el impacto que tendrá el escenario económico en la agenda de reformas. En amplios sectores -tanto de gobierno como de oposición- se iniciaron disputas ante una eventual alteración de los ritmos de dos iniciativas pendientes: la laboral y la constitucional.

Existe coincidencia en que ambas reformas generan un debate respecto al escenario económico general. La primera, por su impacto en las negociaciones colectivas -se promoverá el derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores y el fortalecimiento de los sindicatos- y la segunda porque alterará las reglas del juego.

Los distintos diagnósticos respecto al programa ya comenzaron a generar sus primeras fisuras al interior del comité político.

Participantes de esa instancia señalaron que el lunes 1, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, insistió en la necesidad de que el gobierno cumpla la promesa que le hizo a la CUT, cuando se negoció el reajuste del salario mínimo, de que enviaría antes de fines de este año las reformas laborales que están pendientes.

“Soy un convencido de que sacar adelante las reformas laborales, las que fueron además consensuadas en una mesa de trabajo triestamental (gobierno-CUT-empresarios) son beneficiosas para un mejor clima nacional”, señala Andrade.

En el gobierno, en tanto, aseguraron que se está evaluando el momento preciso para el envío de la iniciativa y que el plazo sería octubre.

“Lo peor que le puede ocurrir a un país es que en un escenario como éste se paralice y no siga con la agenda que se había propuesto. Eso genera más incertidumbre que abordar los temas y los debates tal cual como estaban establecidos en los cronogramas con las organizaciones y con el resto de los actores”, afirmó, por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC), quien ha defendido al gobierno de Bachelet, pero que ya enfrenta críticas en la multisindical por esta postura.

En la vereda opuesta, el timonel DC, senador Ignacio Walker, ha impulsado la idea de una agenda pro crecimiento. “La decisión política debe ser de que aquí en adelante la prioridad del gobierno es la economía. Nada más”, enfatizó al ser consultado sobre el tema. “Un gobierno de centroizquierda que quiere crecer con equidad en un momento de vacas flacas, tiene que comprometerse con una agenda pro crecimiento, y eso debe ser lo que ordene nuestra agenda política”, remató.

No pocos interpretan la nueva embestida del senador DC como un intento que podría entusiasmar a algunos sectores a postergar reformas anunciadas. O -en su defecto- a reinstalar en el debate público la búsqueda de acuerdos con la oposición en temas como la reforma educacional.

A seis meses de su desembarco en La Moneda, Bachelet enfrenta un inesperado escenario económico que -ella misma ha señalado- ha incidido en el rechazo creciente a las reformas comprometidas y que le hicieron ganar en 2013 un nuevo mandato en el gobierno.

Fuente: La Tercera

DEJA UNA RESPUESTA