El sistema  en sus primeros  años  tuvo que echar mano de los excedentes que cobraban las AFP por los seguros de las pensiones de invalidez y sobrevivencia.  De no haber   hecho  aquello habrían quebrado.  Es decir, la autoridad de  la  época permitió que se cobraran elevadas sumas a los  afiliados para contratar los seguros, que las AFP conseguían a mucho menor precio quedándose con la diferencia como utilidades.

Esto motivo una querella de los dirigentes sindicales bancarios señores Miguel Allende y Mariano Muratori que patrocinamos junto con Adolfo Zaldívar  y Ricardo Hormazábal y que se presentó el 5 de junio de 1985, pero que no llegó más allá   a pesar de los esfuerzos que hizo un gran juez del segundo juzgado del crimen de Santiago don Alejandro Solis.  El asunto no prosperó  porque rápidamente  se cambiaron las  reglamentaciones para que todo apareciera reglamentado.

En segundo lugar  es bueno recordar que las AFP no podían originalmente invertir en acciones y que dicha prohibición se eliminó cuando  comenzó el proceso privatizador masivo de las empresas eléctricas, telefónicas, siderúrgicas y demás que poseía la Corfo. 

Para lograr el control  de dichas sociedades diversas, personas afines al régimen de Pinochet  consiguieron que  se cambiara la norma y así las AFP pudieron comprar acciones y en un proceso  asociativo  algunas personas  desde fuera  y otros desde dentro de las AFP  construyeron el poder político y económico para desarrollar  y mantener  el control de las compañías que antes eran estatales.  Algunos de   ellos las vendieron logrando enormes  utilidades.

Este último aspecto se  debatió incluso ante la Fiscalía Económica mediante denuncia presentada el 4  de julio de 1990 y en virtud de ello se hicieron correcciones a las normas  sobre la necesaria independencia que debían tener los directores de las AFP de los grupos controladores.  Esa norma no  ha servido en definitiva casi de nada  atendido el carácter endogámico de quienes controlan el poder económico en Chile  y no hizo diferencia  alguna que algunos concertacionistas  participaron en los directorios como ocurre hasta la fecha.

Desde otra perspectiva las AFP obtuvieron un gran logro cuando se reconoció la existencia del fracaso gigantesco respecto de las pensiones de los más pobres, tarea que debió asumir el  estado mediante una modificación legal que creó el pilar solidario y que significa un gran aporte permanente del estado y que constituye en la practica un subsidio al sistema de capitalización individual.

Dicho lo anterior  hoy  día se descubre, adicionalmente, que  el  40% restante que podría jubilar en las AFP tendrá jubilaciones  muy exiguas lo que se traducirá en que un alto porcentaje de los que no pertenecen al pilar solidario, tendrán que ser subsidiados directa  o indirectamente nuevamente por el estado. Por lo anterior, parece  conveniente recordarle  a los lectores que el sistema de AFP si bien cumplió un rol clave para buscar una solución a la existencia de múltiples cajas de previsión y sistemas  jubilatorios, francamente discriminatorios que existían en Chile, nos ha llevado a  través del nuevo sistema a rentas de reemplazo de casi el mismo orden  de los pensionados del antiguo sistema y obligando al estado a efectuar  aportes estatales altamente significativos, por muchos años.

Desde esta perspectiva  la AFP estatal  que hemos venido proponiendo desde hace muchos años y en particular  desde el 2007, podría constituir solo una solución parcial al poder  económico  y eventualmente podría facilitar que los trabajadores participaran en el sistema  si se establece algún mecanismo  de participación de los afiliados de la AFP  estatal y  de las privadas  mediante comités de auditorías, o derechamente  mediante designación de los dueños de los fondos en los directorios al  estilo que lo ha hecho exitosamente  Codelco.

Esta  puede ser una solución intermedia mientras se analiza en profundidad  el problema que tiene el sistema que  es la falta de solidaridad, y de las lagunas legales por las bajas cotizaciones de los trabajadores chilenos, cuestión endémica y que exigirá  del estado y  de sus  sistemas de fiscalización una actitud muy superior a la débil capacidad  regulatoria  y sancionatoria  mostrada hasta ahora y casi con seguridad un aumento del esfuerzo empresarial en los montos a cotizar, lo que debe compatibilizar con el  aumento de impuestos.

Estamos ciertos que el modelo financiero de las AFP sólo ha terminado en definitiva por beneficiar a los conglomerados económicos que los controlan.  Debe crearse un nuevo sistema de pensiones que exprese la solidaridad social, mientras se comience a estudiar mejor

Fuente: El Mostrador

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