¿Qué peso tiene realmente la ley en Chile? Depende, no hay respuesta única, aunque se sorprenda más de alguien. Lo cierto es que esta relatividad que hace que no sea cierto aquello de que “la ley es pareja para todos”, sucede en toda sociedad dividida en clases; pero muchísimo más cuando se trata de países, como Chile, con tales brutales diferencias entre las grandes mayorías a las que no se les permite acceso alguno a las monstruosas ganancias del 0,1% de la población, esa minoría privilegiada que creció desorbitadamente al amparo de la dictadura militar y al costo de la desaparición, asesinato o torturas horrorosas a miles y miles de chilenas y chilenos.

Aquellos enunciados de igualdad ante la ley, derecho al trabajo, libertad de expresión, de enseñanza y otros, son letra muerta en la realidad. Del mismo modo que, salvo muy escasas y honrosísimas excepciones, lo usual sigue siendo que en  los tribunales pese más el poder e influencia de un litigante que las razones de hecho y de derecho del otro contendor.

Los poderes fácticos de que alguna vez habló Allamand siguen vivos y actuantes. Sólo así se puede entender la reciente canallada mediante la que se concedió salida dominical al coronel (r) Guillermo González Betancourt  y al sargento (r) José Fuentes Castro, sentenciados a presidio perpetuo por el  secuestro y posterior degollamiento de los inolvidables José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en 1985. Lo hizo el gobierno a través de Gendarmería, y lo santificó la Corte Suprema.

No es un caso único. Otros  condenados por graves violaciones a los derechos humanos fueron igualmente agraciados en su oportunidad, como Otto Trujillo Miranda, condenado por el secuestro calificado seguido de homicidio de David Urrutia Galaz, o el mayor de Ejército y agente de la CNI Emilio Neira, condenado como autor de los homicidios calificados de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky y José Joaquín Valenzuela Levi. Igual concesión se tuvo para con César Palma Ramírez, ex agente del Comando Conjunto y autor de varios crímenes.

Con razón, Manuel Guerrero, hijo, afirmó: «El Estado primero nos arrebata, a través de sus funcionarios, a nuestros familiares, y ahora el propio Estado borra la sentencia y empieza a darles beneficios. Esto es volver a abrir todo, volver a fojas cero».

¿Por qué no se dio una reacción masiva ante este nuevo atentado a la dignidad humana? ¿Es que el “tanto tienes tanto vales” persiste como algo natural en un país que la dictadura transformó – dicho por cierto sólo de un modo general- de un país amable, alegre, solidario, que éramos, en una nación de consumistas enajenados, adoradores  de cuanto espantoso  “mall” se construye hasta en  nuestros más bellos lugares y parajes, esclavos de modernos aparatejos que no sueltan ni en reuniones de trabajo, ni en clases, ni en la intimidad del hogar,  a ratos más interesados en la TV que da cuenta del último amante de la más espantosa farandulera o de la última pareja del más bobo comentarista?

Todo, planificado para una idiotización generalizada con apoyo de los grandes medios de comunicación para levantar un país de los que “no están ni ahí” con  nada de fondo.

Pero les ha fallado el cálculo, erraron el tiro.

Porque desde los más diversos lugares de trabajo, desde las aulas de los estudiantes, vuelven a las calles los que sí están ahí, donde hay que estar, en la defensa de los derechos del pueblo, en la exigencia de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, en el clamor por el cambio del sistema económico, social y político.

Lindo ejemplo la movilización de las compañeras de la AFEP y de otras organizaciones el pasado fin de semana contra el enclave yanqui en fuerte Aguayo de Concón.

Hay que recuperar el peso de la ley, igual para todos, con la fuerza de las masas.

 

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