Todo sistema económico-social se reproduce sobre la base de dos componentes: convencimiento y dominación. Ningún sistema, sea cual sea su naturaleza, puede sobrevivir únicamente mediante la represión de su población; necesita desde luego convencerla (o demostrarle) que con la continuidad del mismo y su colaboración, ella misma se ve beneficiada.

Para ponerlo en términos gramscianos, el sistema necesita de hegemonía, forma de legitimidad que convierte el interés de una capa de la sociedad en bien común. Cuando esta hegemonía entra en crisis, la coacción estatal se convierte en un repertorio cada vez más recurrente para asegurar la persistencia de ese orden.

Lejos de concordar con los vaticinios de la inminente caída del modelo, los síntomas de la crisis de hegemonía del neoliberalismo chileno parecen evidentes. Lo que antes era visto como legítimo ahora se percibe como injusto y se le condena.

En estos momentos están en tela de juicio varios de los pilares del modelo económico ideado por la dictadura y continuado por los gobiernos democráticos que le sucedieron: la Constitución de la república, el sistema educacional, el sistema tributario, el sistema de pensiones, el Código del Trabajo, etc.

Sin duda, el actor que más contribuyó a este quiebre del consenso neoliberal fue el movimiento estudiantil: al desvendar el carácter mercantil del Sistema Educacional y evidenciar su carácter reproductor de la desigualdad social, desnudó también la lógica desigual del modelo chileno.

Aunque las cifras que convertían a Chile en uno de los países con peor distribución de renta del mundo eran de hace mucho conocidas, recién hoy parecen cobrar sentido en la población, que no solo ha apoyado los estudiantes en sus reivindicaciones, sino que además ha dado muestras de una desafección creciente con el sistema que ayer parecía avalar o, al menos, aceptar.

El modelo de (sub)desarrollo chileno, para usar una categoría de los teóricos de la dependencia, más que producir bienestar para el país, ha producido super-ricos que han concentrado y acumulado la mayor parte de la riqueza nacional. La llegada al poder de uno de esos super-ricos evidentemente ha contribuido a incrementar el malestar social frente a esta situación.

Y es que más allá de los pintorescos desaciertos que cada cierto tiempo provienen de La Moneda, el actual gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de construir hegemonía, sobrestimando la inercia de la ya existente y desnudando la parcialidad que la animaba.

En otras palabras, el interés de aquellos sectores que han sido los grandes beneficiarios del sistema ahora es percibido como tal y no como el interés común de la sociedad.

No solo el conflicto de interés se ha banalizado en buena parte de los nombramientos de cuadros claves del actual gobierno (comenzando por el mismísimo Presidente de la República), sino que además muchos de sus funcionarios han actuado abiertamente en beneficio de sus ex patrones o sus antiguas empresas.

Los casos más emblemáticos son el de las universidades privadas que han violado la ley al lucrar con la educación y la condonación de deudas millonarias a las empresas del retail por parte del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira.

Por tales motivos, no debería sorprendernos la exacerbación de los trazos represivos del actual gobierno. Ante la incapacidad de convencer, la utilización de la violencia parece un paso natural. Y bien lo ha expresada la actual Ministra de Educación Carolina Schmidt: “No hay una medida que uno pudiera hacer más que reprimir este tipo de movilizaciones, que creemos que no se debe hacer”.

Más elocuentes fueron las Fuerzas Especiales de Carabineros al violar la autonomía de la Universidad de Chile e ingresar sin autorización a su Casa Central como respuesta a una supuesta agresión por parte de un “encapuchado” que se habría encontrado en dicho establecimiento.

Al justificar la acción de la policía, el Ministro del Interior Andrés Chadwick declaró

“Ninguna persona está por encima de la ley, ningún lugar está por encima de ley (…) No es necesario pedirle permiso ni al dueño de casa, al rector de la Universidad o al párroco de la iglesia si hay un delito flagrante desde el interior de un inmueble”.

El monopolio estatal de la violencia, para ser legítimo, precisa del respeto de un marco de normas y procedimientos claramente definidos, de lo contrario nada la separa de otras formas de violencia. En ese sentido, resulta problemático que el Ministro del Interior no cuestione la desproporcionada violación del procedimiento en la Universidad de Chile.

Las normas que el propio Estado de Chile se otorga para su funcionamiento deben ser respetadas por la policía y la autonomía universitaria es una de ellas. Por lo demás, el ingreso de Carabineros ni siquiera significó la identificación y detención del hipotético agresor: su modo de actuar pareció mostrar que el objetivo no era directamente el involucrado, sino los estudiantes que se encontraban en el recinto.

Un agravante de la situación descrita es que esta invasión a la Universidad de Chile se dio en un marco de excesos generalizados por parte de Fuerzas Especiales en el empleo de la violencia durante la marcha estudiantil.

Entre dichos episodios, la agresión sufrida por Pedro Aguilera (16 años), Presidente del Centro de Alumnos de Liceo Barros Borgoño, fue una de las más impactantes: luego de ser detenido y reducido por un grupo de cinco o más efectivos, fue golpeado hasta quedar inconsciente.

De no condenarse este tipo violación de los procedimientos policiales, las autoridades del Ejecutivo dan una fuerte señal de impunidad y de permisividad frente a las normas que deberían regir el comportamiento policial. Para defender la ley, la policía no puede estar por sobre ella y un delito no debe ser combatido con otro delito, más aún en un marco democrático.

Aunque la violencia estatal desmedida puede llegar a ser efectiva para combatir una demanda social en condiciones autoritarias, en contextos democráticos suele tener el efecto contrario.

Si ello de por sí amplifica el descontento y comporta altos costos para un gobierno, el escenario se complejiza cuando la reivindicación social que motiva la protesta es percibida como justa por la mayor parte de la comunidad política. Considerando el año electoral en curso, es bastante probable que los estudiantes hayan sellado la suerte de la continuidad del actual gobierno.

Por lo pronto, con la opción represiva, más que proteger al modelo, las autoridades gubernamentales parecen empecinadas en convertirse en los agoreros del fin de su hegemonía.

Fuente: Red Seca

http://www.redseca.cl/?p=4181

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