Los Nexos Políticos y Familiares de Joaquín Lavín con el Caso Caval

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Cuando el rio suena, piedras trae. A medida que avanza la investigación, se escucha con intensidad antecedentes que ligan el escándalo con una operación desde el mundo UDI. El bullicio proviene del círculo familiar de Joaquín Lavín. El primer ruido de piedras que alertó sobre la presencia de personeros del gremialismo en el origen del negocio provino del nombre de Juan Díaz Sepúlveda, un oscuro operador político de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que juega a diferentes bandas y que tiene una condena por estafa.

 

Natalia Compagnon, en su declaración ante la Fiscalía, aseguró que él le ofreció la oportunidad del lucrativo negocio de las 44 hectáreas de Machalí, paño que incrementaría su plusvalía con la promesa en el cambio de uso de suelo.

¿Por qué Díaz va donde Compagnon?

Según develó Josefina Montenegro, Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Díaz trabajó a honorarios para Herman Chadwick Larraín, el síndico de quiebras de la causa Wiesner S. A. Curiosamente, le pagó 415 millones de pesos por gestión inmobiliaria y cambio en el uso de suelo en la comuna de Machalí, transformación que no se ha realizado.

Para concretar su gestión, Díaz subcontrató a Cynthia Ross, arquitecta en el Departamento de Obras Municipales (DOM), quien a la vez es sobrina del endeudado empresario agrícola, Patricio Wiesner, dueño en ese momento de los predios.

Al interior del municipio, tanto Díaz como Ross, se pasearon como “Pedro por su casa” en la DOM, para visitar al entonces director del departamento, Jorge Silva, quien enfrenta un sumario decretado por el alcalde UDI, José Miguel Urrutia, jugada notable que usó para intentar esquivar el bulto.

¿Dónde y cómo entra la arista Lavín?.

El nombre de Joaquín Lavín aparece en la trama del caso Caval de dos formas. La más directa es a través del vínculo familiar que mantiene con su yerno, Isaac Givovich, mientras que la política es a través de su amigo Patricio Cordero.

Según consta en documentos en poder del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, la empresa de Givovich, Asesorías en Gestión Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Ltda., emitió una factura a Chadwick de 300 millones de pesos por cambio en el uso de suelo en Machalí. Sin embargo, su giro son las luminarias eléctricas LED, pero gozaba desde el 2006 de buena reputación en el registro de consultores del Ministerio de Vivienda.

De acuerdo a la versión de Givovich, el servicio se lo pidieron desde el entorno del síndico. El documento, según él, lo anuló tras darse cuenta que no daba el ancho con la solicitud.

“GES presta asesorías urbanas (…) no en el cambio mismo del uso de suelo, sino que es algo netamente técnico. Analizar todo el cambio de plan regulador intercomunal que se había hecho de antes y que factibilidad técnica tenía más que nada. Estaba tan avanzado el tema y en ese minuto no había arquitectos y constructores específicos con capacidad para hacer los análisis. Me di cuenta de que no tenía la capacidad de hacerlo”, fue la respuesta que entregó al decano de las mentiras.

La coincidencia es que la factura de GES tiene manuscrita la siguiente anotación: “Boleta n°53 (de Díaz) reemplaza fact. 92 (de GES)”. Ambos documentos fueron emitidos el 1 de julio de 2014 y se consigna la similar cifra de 300 millones.

Según fuentes judiciales, Díaz consiguió la factura con Givovich, pero Chadwick se la habría objetado, porque supuso que le traería problemas para justificar el servicio.

De todas formas, a Chadwick también se le investiga por qué pagó a Díaz los 415 millones de pesos a través de 5 cheques emitidos desde el 7 de septiembre de 2012, al 1 de julio de 2014, en circunstancias que las dos boletas de honorarios fueron fechadas el 1 de julio de 2014.

Otra de las dudas del proceso de liquidación, que debe esclarecer aún más el síndico, es saber cómo y quiénes más, aparte de Díaz, Ross y Silva, participaron en las gestiones para el cambio de uso de suelo.

En un acta de reunión de acreedores del convenio judicial preventivo Wiesner S. A. del 30 de enero de 2013, la sindico delegada del titular, Mariclara González, obtuvo una prórroga de 12 meses del acuerdo de liquidación que vencía en dos meses más.

La razón, según consta en el documento, expresa “que se encuentra aún pendientes los trámites para el cambio de uso de suelo y hay ofertas de compra por los inmuebles”.

Givovich será invitado próximamente a dar su testimonio a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Caval.
 
Parentela y amigos en problemas

Givovich está casado con María Asunción Lavín, la cuarta hija del ex alcalde de Las Condes y Santiago. Ella fue una de las socias de GES, empresa que presta servicios a municipios en el cambio de luminarias convencionales a otras con ahorro de energía.

En febrero del 2013, una firma china de exportación, Info Technology Chile SpA, presentó una querella en su contra por los delitos de apropiación y estafa.

La firma oriental reclama que Givovich evadió la rendición de cuenta sobre un millón de dólares de inversión que giraron a GES mediante cheques. En algunos de los comprobantes de entrega de los documentos bancarios figura la firma de María Lavín.

Si bien no existió un contrato legal de por medio, la empresa china alega que el trato se realizó mediante correos electrónicos. Givovich en todo momento hizo alarde de que tenía poderosos contactos y redes para llegar con el negocio a diferentes municipios.

La variable política de Lavín en el caso Caval se expresa también mediante el vínculo de amistad con Patricio Cordero, su ex administrador municipal en Las Condes y Santiago. Además, fue su generalísimo en la aventura presidencial.

De acuerdo al testimonio judicial de Compagnon, “respecto de Patricio Cordero lo conocí la última semana de febrero de este año, porque pedí conocerlo ya que él era parte del negocio de Machalí. Sabía que Cordero existía, que había sido el generalísimo de Joaquín Lavín, pero no lo conocía”.

“Cuando ellos (Díaz y Patricio Cordero) traen el negocio proponen un acuerdo que era: 50% de las utilidades del negocio para Patricio y Juan; el otro 50% para Caval. Ese acuerdo lo realizó Mauricio y yo no participé. Lo acepté aunque me parecía injusto, porque nosotros pusimos la cara y nuestro patrimonio y ellos sólo cooperaron en traer el negocio”, afirmó la socia de Caval ante el Ministerio Público.

En abril pasado, el Fiscal que investiga Caval, Luis Toledo, ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) para saber si Cordero, Ross, Díaz y Silva recibieron honorarios desde el año tributario 2013.

El persecutor tiene en la mira pagos efectuados por Díaz a funcionarios municipales como Ross y el ex director de la DOM.

Una veta que hace más complejo el entramado de Caval se produjo recientemente cuando Cordero presentó una querella en contra de uno de los socios de Caval y a quien conoce hace 15 años, Mauricio Valero, por los delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil y falsificación de instrumento privado mercantil.

Según la investigación, existen convenios por 270 millones de pesos, entre Caval y la firma Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada y Lo Beltrán, de propiedad de Cordero.
Estos contratos son del 1 de marzo de 2012 y fueron supuestamente firmados por la ex mano derecha de Lavín.

Cordero denuncia en la querella que su contador, Roberto Castro, en acuerdo con Valero «emitieron y utilizaron facturas sin su autorización ni conocimiento, documentos que por cierto no reflejan servicios realmente prestados, con el único objeto de justificar gastos en la contabilidad de Caval».

Caval responde que los trabajos se hicieron y que existen contratos firmados con la huella digital de Cordero.

El ex administrador municipal ya declaró como imputado ante el Fiscal Toledo durante 8 horas y su testimonio se encuentra bajo reserva.

Guerra UDI en Huechuraba

En marzo del 2008, la ex alcaldesa de la UDI en Huechuraba, Carolina Plaza, denunció ante el Concejo Municipal a Isaac Givovich e Ignacio Urzúa de “negligencia inexcusable y falta de probidad”.

Ambos militantes de la UDI y ex funcionarios municipales, fueron acusados de evaluar mal la propuesta que indujo a renovar el contrato con la empresa GTD Manquehue, la que hasta el año anterior proveía de servicios de telefonía e internet. El proceso no se hizo a través del portal Chilecompra.

Por su parte, Givovich sacó a la luz supuestas irregularidades en los contratos con la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), la que entregaba programas de gestión municipal. Iñaki Busto, empleado de GMA era también en ese minuto un asesor informal de Plaza desde el año 2000.

De esta forma, la acción de Plaza desató una verdadera guerra con Lavín y al interior del gremialismo. “Él cree que no voy a hacer nada porque es yerno de Lavín”, declaró la ex jefa municipal.

Durante este conflicto, Cordero movió sus piezas para ir en ayuda de Givovich, ex encargado de informática del municipio. Contactó a un conocido, Mauricio Valero, quien en ese momento era director de Tech Data Chile. La ayuda consistió en una asesoría computacional para evaluar la calidad de los programas contratados por GMA.

Posteriormente, la Contraloría General de la República decretó que Givovich había “prestado servicios sin que se acreditara la experticia que lo habilitaba para desarrollar las actividades encomendadas”.

La empresa GMA, posteriormente, se vio involucrada en numerosos casos de corrupción en varios municipios controlados por la UDI.

Iñaki Busto, Juan Díaz y Christian Espejo formaron el 2003 -a solicitud de Pablo Longueira- un grupo para desacreditar la acusación de abuso sexual que pesaba sobre Jovino Novoa en el caso Spiniak.

Fuente: El Siglo

La artimañas de Juan Díaz, el operador UDI que gestionaba los terrenos de Caval en Machalí

Ricardo Ahumada

Hijo de la oportunidad, convertido en gestor inmobiliario y operador para agilizar cambios de uso de suelo, el exdirigente poblacional gremialista que vio morir “en sus brazos” a Jaime Guzmán, cumplía condena por estafa mientras buscaba compradores para los predios del polo de Machalí a nombre del síndico Herman Chadwick. Canchero, conocido por su simpatía, por manejar grandes sumas de dinero en efectivo y ostentar los contactos políticos trasnversales que tenía, fue sindicado por Natalia Compagnon como el destinatario del 50% de las ganancias de la controvertida venta de terrenos. Todo esto luego de ser condenado por estafar a un matrimonio en Curicó, precisamente por la compra de un terreno.

“Si fuera un cuartito más grande, yo sería Presidente de Chile”. Aunque así lo conocen amigos, clientes y conocidos, a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, el ex operador UDI que buscó compradores para los terrenos de la empresa Caval en Machalí, le carga que le digan “chico”.

Siempre de terno, corbata y abrigo, con fajos de billetes en los bolsillos, invitando a comer, a tomar un café, haciéndose pasar por Ingeniero Civil de la Universidad de Concepción, piropeando secretarias y ostentando contactos políticos en las más altas esferas, Juan Díaz “aparece siempre cuando hay un negocio que involucre contactos políticos”, según relata un antiguo amigo.

Así estafó a un empresario agrícola de Curicó y le presentaron juicios por otras estafas, apropiación indebida, giro dolos de cheques y hurto simple durante los últimos 10 años. Clasificado como un “entrador” al que le gusta el buen comer, tomar bien y conversar sobre política y contingencia nacional -la que dice manejar al dedillo- Juan Díaz se configuró como un articulador especialista para negocios complicados.

“Es un hijo de la oportunidad, una persona que siempre aparece en el momento y lugar indicado para destrabar lo que está complicado”, dice un examigo. Luego de aparecer involucrado por Natalia Compagnon en su declaración al fiscal Luis Toledo y de que la superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, revelara a la comisión investigadora del caso Caval en la Cámara de Diputados que recibió 415 millones por la venta esos terrenos y la modificación al plano regulador, su pequeña pero vistosa figura volvió a destacar.

Para mañana (jueves 2 de julio) está previsto que preste declaración y aclare la suma y participación que tuvo en la venta de los predios del polo de Machalí, el negocio por el que la Fiscalía Regional de O’Higgins investiga los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, revelación de secreto, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito.

Su rol en Caval

Once meses antes que Caval adquiriera los tres predios en Machalí gracias al polémico crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, el exoperador político Juan Díaz terminó de pagar una condena por estafa.

Cuatro años de libertad vigilada y la obligación de pagar 184.410.000 pesos fue lo que se resolvió la Segunda Sala del Tribunal Oral de Curicó en mayo de 2008 tras acreditarse la estafa consumada en contra del matrimonio compuesto por Ricardo Ormaza?bal y Silvia Méndez Baeza.

Un juicio donde se revelaron las artimañas de uno de los hombres que derrumbó la tesis de Gemita Bueno y el cura José Luis Artiagoitía (Jolo) contra Jovino Novoa, en el marco del caso Spiniak, y por el que tuvo que firmar hasta inicios de 2013 mientras se dedicaba junto a la arquitecto y ex funcionaria de la municipalidad de Machalí, Cynthia Ross, a “agilizar” cambios de uso de suelo en diversos municipios.

Según la información publicada por Ciper, Díaz y Ross trabajaron en dupla al menos desde el año 2008 en gestión inmobiliaria vinculada a varios municipios. Ahí es donde Díaz ocupaba sus contactos, los que ostentaba con clientes y amigos. Un excolaborador señala a The Clinic Online que a pesar de ser una persona muy ordenada, que llevaba las cuentas por sí sola, tenía un problema: “es muy bocón. No es de andar acusando a la gente, pero habla demasiado”.

Cuando Díaz prestó declaración por supuesta obstrucción a la justicia en el marco del caso Spiniak, debido a la investigación paralela que realizó la UDI para desmontar la versión del cura Jolo y Gema Bueno, la jueza Eleodora Domínguez lo retó por la forma de presentarse al tribunal.

Canchero, Díaz subió al estrado, se sacó la chaqueta de piel de alpaca que llevaba, estiró sus brazos mostrando las colleras de su camisa y juntó sus pies para acomodarse en la silla. Entonces la jueza le dijo que se sentara bien, que esa no era su oficina, que estaba en un tribunal. A Díaz no le quedó otra que sentarse bien y responder.

Estafa consumada

Fue a fines de 2004 cuando Díaz se presentó ante el matrimonio de Silvia Méndez Baeza y Ricardo Ormazábal Loyola como socio y dueño del 50% de la inmobiliaria Coyancura. De impecable terno, estirando sus brazos cortos para que las mangas de la camisa no escondieran sus manos ni sus colleras, se presentó como ingeniero, una persona solvente, de buenos contactos y con gran interés en desarrollar un proyecto en la propiedad que Méndez quería vender: los lotes “A” y “B” de la parcela 31, Viña Paris, ubicados en la localidad de Sarmiento, en la comuna de Curicó.

Según consta en la sentencia del juicio, cuando ya había acordado fijar el precio del terreno en 180 millones de pesos, Díaz convenció a última hora al matrimonio Ormazábal-Méndez que supuestamente por razones tributarias y para conseguir un crédito para pagar la totalidad del predio debían firmar una compraventa por un tercio de ese precio: 60 millones de pesos. Parte de esa supuesta “solvencia”, sus contactos con senadores UDI y ex ministros de la Concertación y la promesa de reconocer la deuda en otra escritura convencieron a los dueños.

De esa forma, el 5 de enero de 2005 Méndez y Díaz firmaron una escritura pública a favor de Inmobiliaria Coyancura por dicho terreno. Casi dos semanas después, el día 17 de enero de 2005, en la misma notaría, se firmó una segunda escritura en la que se dieron por pagados íntegramente los 60 millones de pesos.

Un día después, el gestor inmobiliario reconoció en una tercera escritura pública -haciendo referencia a la escritura de compraventa inicial- la deuda completa por 180 millones, comprometiéndose a pagar 65 millones para el día 25 de enero de ese mismo año y el saldo de 115 millones en cuotas mensuales de 3.500.000 cada una.

El problema, que no advirtió Silvia Méndez, fue que el reconocimiento de la deuda de Díaz fue a título personal, no como representante de Inmobiliaria Coyancura. Un año después de la compra, cuando ya arrastraban varios problemas por el no pago de lo adeudado, los antiguos dueños del terreno se dieron cuenta que Díaz no tenía bienes para pagar lo que les debía. Estando a nombre de una tercera persona la deuda no se podía cobrar. Así, el comprador que decía tener contactos con varios senadores UDI y que les relató la historia de la muerte en sus brazos de Jaime Guzmán, los había estafado.

Las víctimas intentaron que se pagará de diversas formas, incluso “suplicando” que les cancelara lo adeudado y recurriendo al otro socio de la inmobiliaria, Patricio Salomón, hasta que interpusieron la querella. Antes de eso, los Méndez Ormaza?bal recibieron poco más de 22 millones de pesos: 10 correspondientes cuando acababan de cerrar el trato y el resto en depósitos “que se obtuvieron luego de que ella suplicara su cancelación”.

Parte de ellos vinieron luego que los estafados lograran contactarse con Salomón Morales, quien les señaló que Díaz le había explicado que el precio total de la compra era de 60 millones de pesos y no los 180 que acordó en Curicó. Salomón, según declaró en el juicio, estuvo dispuesto a entregar los 60 millones, adelantando 10 de ellos para cerrar el trato y los otros 50 más adelante. Sería el inicio de una serie de litigios entre ambos socios.

Los contactos

Dice el estafado Ricardo Ormazábal, que hubo dos puntos claves para que se acreditara a Juan Díaz como un estafador: la confirmación de que no era ingeniero civil titulado de la Universidad de Concepción y su propia declaración ante el tribunal, al término de los alegatos del juicio.

Entonces Juan Díaz comenzó a relatar su versión de los hechos. Rechazó los cargos y cuestionó la acusación de querer estafar a alguien. Dijo que sería el peor de los estafadores, sino para qué habría firmado un reconocimiento de deuda y agregó que a Ricardo Ormaza?bal, uno de los dueños de la parcela, lo conocía de antes y durante el año 2004 había intercedido por el problema que tenía una hija del matrimonio con una universidad por medio de su amigo, un tal “Sr. Cordero”.

Quizás refiriéndose a su socio, Patricio Cordero -exadministrador municipal de Joaquín Lavín-, quien junto a Díaz recibirían el 50% de las ganancias por la venta de los terrenos de Machalí, según declaró en abril de este año, la nuera de Michelle Bachelet y dueña de la empresa Caval, Natalia Compagnon, al fiscal Toledo. Cordero, eso sí, negó que hubiera acuerdo en la distribución de las ganancias y señaló que hace nueve años estaba retirado de actividades políticas, en una entrevista posterior a El Mercurio.

Pero más allá de eso, en su declaración quedó documentado todo el histrionismo y simpatía que Díaz ocupa para sacar adelante sus trabajos. Dijo que sentía dañada su imagen porque lo llamaban operador político en los diarios, que se le acusaba de haber amenazado a su socio con citas como “voy a cepillar al judio”, en referencia a Salomón, y de tratar mal a la gente Curicó.

También sacó a colación su discurso de meritrocracia que según varios consultados suele mencionar en casi todos lados: que venía de una familia muy esforzada, que era hijo de transportista y que trabajaba desde los 10 años para lograr lo que ahora tenía. Pero además, como en tantas otras ocasiones, sacó a relucir sus contactos con el partido del que se dice fundador: la Unión Demócrata Independiente.

Ese día, como tantos otros, Díaz dijo tener “grandes amigos senadores, a uno de los dueños de la Universidad San Sebastián quien tiene negocios importantes en una minera” y que “es fundador de la UDI, cuando conoció al ex senador Jaime Guzmán Errázuriz y cuando este fue baleado al llegar a la sede, fue quien le recibió y vio morir a uno de los hombres más íntegros de este país”, una de sus historias favoritas.

También aludió a las menciones en prensa de la época relativas al caso Spiniak, no por ser pedófilo o proxeneta, sino al asegurar que “él encontró la verdad” e incluso el juez Muñoz le dio las gracias y le regaló un galvano. Agregó que todo esto le había ocurrido por tener un socio como Salomón -con el que arrastraba problemas desde 2006-, que está convencido de que grandes amigos “lo esperan” como el Senador Guzmán y su madre, y que “en la tierra se paga todo, hay que actuar con la verdad recta, es lo que se puede dejar en la vida”.

Según Ormazábal, con esa declaración selló su destino. “¿Por qué el juez Muñoz le iba a regalar un galvano, si incluso fue acusado de extorsión y amenazas en ese mismo caso?”, dice el agricultor. Eso sí, su abogado defensor, el exjefe jurídico de la municipalidad de Providencia con Cristián Labbé, Cristián Espejo, señaló que éste “colaboró en forma importante a desvirtuar las aseveraciones de Gema Bueno que afectaban a senadores de la República, hechos respecto de lo cual se dio profusa publicidad”.

Uno de los testigos, que realizaba una asesoría frutícola en una parcela contigua a los defraudados, señaló en el juicio que en una oportunidad acompañó a una de las víctimas a Santiago a buscar un jeep y un dinero de Díaz, que no se concretó y que en otra oportunidad fue a buscar 2 millones de pesos y Díaz “les manifestó que Ricardo no debía preocuparse porque el manejaba las platas de un gran partido”.

Ese mismo testigo relató que Díaz decía que estaba construyendo casas en Chillan y después lo haría en Curicó. Y que cuando era requerido por sus deudas, el gestor inmobiliario señaló que estaba haciendo unas 1.000 casas en Chillan “pero que no se preocuparan porque explotaba un bosque, de ahí saldría la plata, él no engañaba a nadie”.

Salomón, quien era socio de Juan Díaz desde octubre de 2004, aseguró en su declaración que su socio manifestaba tener contactos que le permitirían hacer cambio de uso de suelo para efectuar el proyecto habitacional que pretendía. De hecho, así lo había conocido.

Pero además agregó que se enteró de la estafa en marzo de 2005 por intermedio de las víctimas, que estuvo por rescindir el contrato y devolver el terreno y que recibió amenazas por parte de Díaz, haciéndose acompañar por un funcionario de investigaciones, denominado “Sr. Barraza”.

En 2003, cuando estalló el caso Spiniak, el ex comisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Arnoldo Barraza Riveros, alias “El Zambra”, fue sindicado como autor de algunos informes de la investigación paralela en la que participó Díaz. Barraza era un viejo conocido ya que también estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro del gerente de El Mercurio Cristián Edwards del Río, hasta que Nelson Mery desarmó su equipo y lo llamó a retiro en 1994.

Con todos esos testimonios, más el del propio Díaz, el Tribunal Oral de Curicó llegó a la conclusión de que “la intención de Díaz Sepúlveda al presentarse ante los vendedores en la forma en que lo hizo, aparentando contactos, poder, solvencia, tenía por único fin engañar a la vendedora, haciéndola incurrir en una percepción errónea de lo que realmente sucedía, con el fin de que ésta, motivada por este error, dispusiese patrimonialmente de parte de sus bienes”.

El tribunal además señaló que el engaño o maquinación fraudulenta de Díaz “refirió influencias que se sustentan en contactos con un determinado partido político de entre cuyos militantes él tiene influencias, y una destacada participación en relevantes juicios ventilados y de conocimiento público”. Además se comprobó que no era ingeniero civil de la Universidad de Concepción, como decía serlo.

Finalmente, Díaz fue condenado por estafa consumada a cuatro años de libertad vigilada y el pago de 159.410.000 pesos por el daño emergente, más 25 millones de daño moral. En la sentencia consta el voto en contra del magistrado Roberto García Gil, quien estaba por absolverlo dado que sí existían dudas razonables por el delito de estafa.

El bosque talado

Durante el juicio en Curicó, quedó registro de amenazas a ciertos testigos por parte de un exdetective y saltaron a la vista otros juicios en los que Díaz se veía implicado, y saltaba a la luz su manera de negociar. Es el caso de una querella aún en causa que le interpuso su examigo en la UDI, Pablo Jofré, por la clonación de la inscripción de un terreno vendido en Vitacura, por el que tiempo después Jofré fue incluso demandado por ocupación ilegal.

También fue acusado de un supuesto robo de vales vista a su mismo socio y los problemas que tuvo un mega proyecto inmobiliario que no se concretó en Chillán. Pero también se enfrentó a Salomón y Díaz por la supuesta apropiación indebida por parte del operador, de un predio llamado “San Juanito” en la zona precordillerana de Coihueco. Precisamente, del predio que el gestor aseguraba era suyo y del que podría sacar dinero para cumplir con los pagos al matrimonio que defraudó en Curicó.

En esa oportunidad, Díaz y Naamán Fuentes, uno de sus más estrechos colaboradores, fueron acusados de concertarse para explotar dolosamente los bosques existentes en el predio forestal San Juanito, del que Salomón era dueño. La tala también fue objeto de una denuncia criminal presentada por la Conaf. Esto habría ocurrido durante los años 2003 al 2006, supuestamente a espaldas de Salomón, quien al percatarse de la tala del bosque acusó a su socio de defraudarlo y perjudicarlo por una suma de 233.016.000 pesos, 750 millones de pesos por lucro cesante y 400 millones de pesos por daño moral.

Sin embargo, en este juicio no se acreditó el supuesto fraude. Aún cuando tampoco se acreditó que Salomón recibiera los dineros generados por la tala de árboles, él mismo le había entregado dos mandatos especiales al supuesto ingeniero -uno con fecha 4 de junio de 2003 y otro el 6 de junio de 2003- que permitían al gestor inmobiliario explotar y eventualmente vender los bosques existentes en ese predio.

“Juan Díaz se presentó ante mi representado como una persona honorable, dirigente nacional de la UDI (Unión Demócrata Independiente) con muchos contactos a nivel nacional e internacional, ya que dirigía también algunas inversiones que se realizaban en el extranjero, que fue muy amigo del ex Senador Jaime Guzmán Errázuriz quien había muerto en su brazos cuando se atentó contra su vida, por lo que con todos esos antecedentes no cabía para mi representado más que confiar en su declarada honestidad y que cumpliría todo lo pactado”, dijo la defensa de Salomón en ese juicio.

Durante esos años, Díaz se vanagloriaba por trabajar para ambos bandos del duopolio político y de ser “transversal” a la hora de los negocios. En efecto, en ese litigio fue defendido por el exministro de Justicia y asesor histórico de Angela Jeria, Isidro Solís Palma. El abogado prestó declaración a favor de Díaz, señalando que lo había defendido en otros dos juicios y que tenía la impresio?n de que los conflictos con Salomón eran una sucesio?n de conflictos comerciales judicializados en sede penal. A su representado lo describió como “un empresario, un cliente con problemas”, aunque su declaración no fue tomada en cuenta finalmente por el tribunal.

En definitiva, Díaz señaló que el dinero de la explotación del bosque en Coihueco tenía como propósito los gastos operaciones del proyecto inmobiliario de Chillán. De hecho, en el libelo Naaman Fuentes dijo que nunca depositó los dineros de explotación, pero tampoco los entregó a Patricio Salomón sino que los usó como caja chica para el proyecto del Fundo El Mono.

Ese proyecto, por el que habían creado la Inmobiliaria, fue la gran apuesta de la dupla Díaz-Salomón. Proyectaban 1.000 casas y 3 edificios de departamentos, en Andre?s Bello, colindando con la Universidad del Biobío, que se vinieron abajo luego de que el concejo municipal de Chillán detectara la entrega de un permiso de edificación en cuotas y se abriera un sumario contra la Dirección de Obras del municipio.

Los nexos con Longueira

La aparición de Díaz en el caso Caval, dio pie a especular que la operación podría estar destinada directamente a la UDI, en específico al excandidato presidencial Pablo Longuiera. Además de ser acusado por Victorino Arrepol de ser el destino de una parte de las ganancias de la venta de los predios de Machalí, el exministro de Economía prestó declaración voluntaria ante el fiscal Toledo respondiendo por sus vinculaciones con Juan Díaz, quien en innumerables ocasiones dijo ser su asesor.

“Juan Díaz era un militante de la UDI, no me acuerdo de cuando lo conozco, tuvo un rol importante cuando tuvimos que enfrentar la situación del caso Spiniak aportando información útil a las policías, jamás ha sido mi asesor o colaborador, nunca he tenido una relación contractual con él. E´l se crió y vivió en el entorno de la parroquia del Cura Jolo y Gemita Bueno en Quinta Normal, en el referido caso y a propósito de eso lo conocimos. Nos aportó antecedentes muy útiles para desmontar la farsa que fue ese caso, nos permitió tener acceso a una reunión privada en que quedó claro que todo era falso, no obstante que todo el caso y problemática duró diez meses. A propósito de esa intervención el obtuvo algún reconocimiento de la prensa. Me relacioné con él en su calidad de dirigente de la UDI como he hecho con muchas personas del país. Después de ese caso no me vinculé personalmente con él, incluso desde que surgió el caso Caval nunca me he contactado o reunido con él. No tengo ninguna relación con él ni de asesor, ni de amigo, ni de trabajo”.

De la investigación paralela del caso Spiniak, Díaz, el excandidato a diputado UDI Pablo Jofré y Cristián Leay, trabajaron intensamente para esclarecer la participación de Novoa de las acusaciones del cura Jolo y Gema Bueno y le reportaban a éste último o al mismo Longuiera. De hecho, es sindicado -según fuentes cercanas a ese trabajo- como uno de los que detectó a una expareja de Bueno, que a la larga prestaría declaración y echaría por tierra la imputación contra el exsenador por Santiago Poniente.

Según información revelada por Ciper, en la constitución de sociedad de la “Compañía Minera Maagal”, en octubre de 2003, aparece el ingeniero Benjamín Rochenszwalb Korman e Inversiones Maagal, representada por el exsocio de Patricio Salomón Morales. En esta empresa participa Inversiones Las Azaleas, donde Pablo Longueira y su esposa, María Cecilia Brinkmann Estévez, son accionistas mayoritarios.

Además, una semana antes de la declaración de Longueira, Carlos Jiménez también declaró voluntariamente ante el fiscal Toledo. En su testimonio, Jiménez señala que trabajó con Juan Díaz Sepúlveda en la minera Maagal y en el proyecto de viviendas en Chillán que se ubicaría en el Fundo El Mono.

Pero Jiménez también declaró en el juicio del predio de Coihueco, señalando que trabajó en el truncado proyecto en el Fundo El Mono, para el que “se necesitaba puente y madera para el proyecto, esa madera salio? del predio San Juanito, la autorizacio?n para explotar la teni?a Naamán”.

Además, dijo que creía que uno de los asesores de Salomón, Alfonso Demanet, “meti?a en la cabeza” de Salomo?n que sacara a Di?az de la sociedad y de ahí surgieron algunos juicios entre los socios. En su testimonio sobre el caso Caval, cuatro años después, declaró que Luis Cordero Barrera -hermano de Patricio Cordero, fundador de la UDI y actual presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián- y Juan Díaz aún le debían dinero por trabajos a la minera de Longueira.

Fuente: The Clinic

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